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Jurisprudencia al día

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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-En el recurso contencioso-administrativo núm. 264/2015 seguido en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, con fecha 16 de marzo de 2017, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"FALLO: Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso interpuesto por Dª Coro contra la Resolución citada en el fundamento de derecho primero que anulamos por no ser ajustada a derecho. Con costas (máximo 1000 euros)".

SEGUNDO.-El Letrado de la Junta de Andalucía, presentó con fecha 8 de abril de 2016 escrito de preparación del recurso de casación.

La Letrada de la Administración de Justicia de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, acordó por providencia de fecha 12 de abril de 2016 tener por preparado el recurso de casación, remitir los autos jurisdiccionales de instancia y el expediente administrativo a la Sala Tercera del Tribunal Supremo y emplazar a las partes interesadas ante esta Sala.

TERCERO.-La parte recurrente, presentó con fecha 15 de junio de 2016 escrito de formalización e interposición del recurso de casación -cuyos motivos se reseñarán más adelante-, en el que solicitó se estime el recurso y casando la sentencia recurrida, y en consecuencia declare ajustada a Derecho la actuación impugnada, absolviendo a la Junta de Andalucía de cualquier pedimento.

CUARTO.-El procurador de los tribunales D. Ramiro Reynolds Martínez en representación de Dª Coro,compareció y se personó como parte recurrida.

QUINTO.-La Sala Tercera -Sección Primera- acordó, por providencia de fecha 6 de septiembre de 2016, admitir a trámite el presente recurso de casación y remitir las actuaciones a la Sección Cuarta de conformidad con las Normas de reparto de los asuntos entre las Secciones.

SEXTO.-Dado traslado del escrito de formalización e interposición del recurso de casación, al Abogado del Estado, en representación de la Administración General del Estado, parte recurrida, presentó en fecha 19 de diciembre de 2016 escrito de oposición al recurso, formulando los argumentos de contrario que consideró convenientes a su derecho, suplicando a la Sala dicte sentencia mediante la que acuerde desestimar el recurso de casación formulado de contrario, dada la evidente conformidad a derecho de la resolución judicial impugnada, con expresa imposición de las costas procesales causadas a la recurrente.

SÉPTIMO.-Por providencia de 26 de octubre de 2018, se acordó que, debido a la reestructuración de la Sala, y en aplicación de las nuevas normas de reparto vigentes en la Sala a partir del 16 de octubre de 2018, aprobadas por Acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal de 10 de octubre de 2017 y publicado en el BOE de 11 de diciembre de 2017, remitir el presente recurso a esta Sección Tercera.

OCTAVO.-Terminada la sustanciación del recurso, y llegado su turno, se señaló para deliberación, votación y fallo el siguiente día 19 de febrero de 2019, fecha en la que tuvo lugar el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Sobre el decreto impugnado, la sentencia recurrida y la cuestión litigiosa.

El recurso de casación que enjuiciamos, interpuesto por el Letrado de la Junta de Andalucía, tiene por objeto la pretensión de que se case la sentencia recurrida, de fecha 16 de marzo de 2017, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, en el recurso núm. 264/2015 , a instancia de Dª Coro , y declare ajustado a derecho el Decreto de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 17/2015, de 20 de enero,"por el que se inscribe en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con tipología de Sitio Histórico, los lugares vinculados con Raimundo sitos en el término municipal de Moguer, Huelva".

La sentencia de instancia, en su fundamento de derecho segundo, expone los antecedentes de este asunto y la posición de la demandante sobre la falta de trámite de audiencia, así como la vinculación de este asunto con el resuelto por la sentencia de 18 de septiembre de 2007 -recurso núm. 1030/2004- de la misma Sala y Sección, dictada en la impugnación del Decreto 520/2004, de 2 de noviembre,"por el que se declaran, como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, los lugares vinculados con Raimundo , en Moguer (Huelva)"y confirmada por esta Sala en sentencia de 12 de noviembre de 2010 -recurso de casación núm. 210/2009 -:

"SEGUNDO.- La actora es la propietaria de la finca rústica y edificaciones situadas en la parcela catastral nº NUM000 del polígono NUM001 del término municipal de Moguer, al sitio de Fuentepiña incluida como lugar vinculado y por tanto declarado e inscrito como Bien de Interés cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, y considera que el presente asunto es idéntico al que fue conocido y resuelto por esta Sala en el recurso nº 1030/2004 deducido contra el Decreto 520/2004 por la que se declaraban Bienes de Interés Cultural en la categoría de sitio Histórico los lugares vinculados a Raimundo y en el que se estimó la demanda por omisión del trámite de audiencia a los propietarios del inmueble, al considerarlo esencial para asegurar la adecuada defensa de los propietarios interesados en el procedimiento de declaración e inscripción de Bienes de Interés Cultural y por tanto, con infracción del art. 11.2 del Decreto 19/1995 de 7 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento de Patrimonio Histórico de Andalucía, que exigía la notificación de la incoación del procedimiento de inscripción a los interesados, sentencia que fue confirmada por la del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2010, recurso de casación 210/2009 .

La Administración tal como se deduce del apartado expositivo tercero del Decreto 17/2015, reconoce que se ha omitido el trámite de audiencia a los propietarios de los inmuebles afectados por la inscripción por lo que a juicio de la actora, vuelve a incurrir en la misma ilegalidad del trámite de audiencia exigido por el art. 11.2 del Decreto 19/1995 , provocando una real y efectiva indefensión ya que dicha declaración establece grave limitación al goce y disfrute de los bienes a los que afecta, sin poder combatir con anterioridad a su aprobación las previsiones técnicas o aspectos diversos en orden a la delimitación y catalogación de los bienes y derechos de su titularidad afectados, por lo que vuelve a instar su nulidad".

A continuación, en el fundamento de derecho tercero, reseña la posición de la Administración demandada:

"TERCERO.- La Administración conociendo las sentencias citadas y el principio general de que nadie debe ser privado del derecho que como interesado posee en un procedimiento que le afecten, justifica la ausencia de dicho trámite en la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía 14/2007, de 26 de noviembre, que ha simplificado el procedimiento aunando declaración e inscripción y en cuyo art. 9.3 no contempla que haya de comunicarse el expediente ni otorgar trámite específico de audiencia a los propietarios de bienes que puedan verse afectados (solo exige un trámite de información pública, así como la audiencia al municipio donde radique el bien o la actividad y a otros organismos públicos afectados). Por tanto, el art. 11.2 del Decreto 19/1995 no resulta aplicable por ser de rango inferior y entrar en contradicción con la Ley, por lo que ha de entenderse derogado conforme a la Disposición Derogatoria Única de la Ley 14/2007, de tal modo que la sentencia anterior que se sustentaba en dicho precepto derogado, no es trasladable al supuesto actual, donde la propia Exposición de Motivos de Ley explica la simplificación del procedimiento de inscripción de estos bienes, dando trámite de audiencia a las personas afectadas solo para el supuesto de Monumentos y Jardines Históricos, a diferencia de las tipologías de carácter colectivo (Conjuntos Históricos, Zonas Arqueológicas, Lugares de Interés Etnológico y Zonas Patrimoniales) todo ello sin perjuicio del trámite de información pública y de audiencia al municipio correspondiente. Por tanto, con esta Legislación vigente, la actora cuenta con el derecho a formular alegaciones mediante el trámite de información pública".

Finalmente, en los fundamentos de derecho cuarto y quinto razona porqué acoge la demanda:

"CUARTO.- Planteado en estos términos el debate, debemos destacar que aunque se trate de una tipología de carácter colectivo como es un Sitio Histórico, en la delimitación del Bien que se realiza en el Decreto se identifica perfectamente el bien de titularidad de la actora y se describe detalladamente en el apartado 4 como paraje y casa de Fuente piña. Así mismo en el Decreto se establecen unas Instrucciones Particulares al amparo de la ley y del Decreto 19/1995 de 7 de febrero para concretar las obligaciones generales que afectan a los propietarios consistentes en:

-Condicionamientos previas a la intervención (autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio para cualquier cambio o modificación en los inmuebles).

-Limitación en las intervenciones.

-Medidas a adoptar que preservan el bien de acciones contaminantes, incluido contaminación ambiental, visual perceptiva.

-Régimen de investigación y técnicas de análisis que resultan adecuadas.

-Señalamiento de inmuebles.

-Determinación consecuencia de los deberes de conservación, mantenimiento y custodia que se consideren necesarios o concretos.

Es decir, con dicho Decreto se afecta y limita el derecho de propiedad de la actora, lo que supone un indudable interés en el procedimiento mediante el cual se llega a la declaración e inscripción del bien de interés cultural. Y como tal interesada tiene un derecho que le reconoce la Constitución ( artículo 105) y la propia ley de Procedimiento que ha sido desconocida por la Administración demandada, no pudiendo suplirse dicho principio general con un trámite de información pública, máxime cuando aunque se trate de una tipología colectiva, el bien inmueble afectado resulta individualizado en la delimitación y descripción que se efectúa en el Decreto.

QUINTO.-Por otra parte, estimamos con la defensa de la recurrente, que el nuevo marco normativo de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, mantiene la misma redacción al respecto, que la Ley 6/85 de Patrimonio del Estado y la Ley anterior Autonómica de 1991, ya que ninguna de estas normas establecía expresamente el trámite de audiencia a los interesados en la tipología colectiva, salvo Monumentos y Jardines Históricos, y muebles, y por tanto el Decreto 19/1995 sigue plenamente vigente (a su amparo se dictan las instrucciones particulares en el Decreto 17/2015) incluido su art. 11.2 pues no entra en contradicción con la Ley 14/2007, ni se opone a ella, ya que por elevación, la Constitución y la Ley 30/92 reconocen su derecho a ser oído en todo procedimiento que afecte a los interesados e indudablemente el procedimiento por el que se declaraba la inscripción del Bien de interés cultural en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz de la finca de la actora como sito histórico, debió ser notificado a la propietaria concediéndole audiencia para combatir los diversos aspectos tomados en consideración en orden a la delimitación y catalogación y por supuesto respecto de las limitaciones o instrucciones concretas que van afectar al Bien de su titularidad. Máxime cuando ya existía un precedente judicial que obligaba a ello respecto del mismo bien y titular.

Debemos concluir que la omisión de dicho trámite ha causado indefensión material lo que afecta a la validez del Decreto respecto al bien de su titularidad, y que debe ser anulado".

En síntesis, la sentencia razona que el Decreto 17/2015 no entra en colisión con el nuevo marco normativo derivado de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía ya que, por elevación, la Constitución y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reconocen el derecho a ser oído en todo procedimiento que afecte a los interesados e, indudablemente, en el de referencia, que afectaba a la finca de la actora, debiendo haber sido notificada concediéndole audiencia para combatir los diversos aspectos tomados en consideración en orden a la catalogación, máxime cuando existía un precedente judicial, recurso contencioso-administrativo núm. 1030/2004, que obligaba a ello respecto del mismo bien y titular (la citada sentencia de 18 de septiembre de 2007 que dio lugar al recurso de casación núm. 210/2009, interpuesto por la Junta de Andalucía y rechazado por la sentencia de esta Sala de 12 noviembre de 2010 ).

Y es esa falta del trámite de audiencia, atendido, por un lado, el precedente judicial invocado por la parte recurrida y, por otro, la incidencia de las modificaciones normativas alegadas por la Junta de Andalucía, la cuestión litigiosa que se dirime en este recurso.

SEGUNDO.- Los motivos del recurso de casación.

Aduce la Junta de Andalucía dos motivos de casación al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción en su versión entonces vigente.

1º) En el primero invoca la infracción del artículo 2.2 del Código Civil .

Sostiene que el Decreto que fue objeto del recurso contencioso-administrativo núm. 1030/2004 y el que ha sido anulado por la sentencia ahora recurrida (recurso núm. 264/2015 ) tienen contenido diverso. El Decreto 520/2004 que fue el objeto del primer recurso contencioso, declaró, como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, determinados lugares vinculados con Raimundo en Moguer (Huelva), entre ellos, el paraje y la casa de Fuentepiña situados, por lo que aquí interesa, en la parcela NUM000 del polígono NUM001 . Por su parte, el Decreto 17/2015 inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Sitio Histórico, los lugares vinculados con Raimundo sitos en el término municipal de Moguer, Huelva, entre ellos, el paraje y la casa de Fuentepiña situados en la parcela NUM000 del polígono NUM001 .

La normativa aplicable a ambos procedimientos administrativos además es distinta. Mientras que en el Decreto 520/2004 se aludía, en cuanto a la cuestión procedimental, a la aplicación de la Ley del Patrimonio Histórico Español, en el Decreto 17/2015 se menciona, para los aspectos procedimentales, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía que, en el año 2004, no estaba vigente.

La sentencia infringe a su juicio el artículo 2.2 del Código Civil , pues atribuye vigencia a una norma que contemplaba la obligación específica de comunicar la incoación de un expediente de inscripción en el Catálogo al propietario afectado, pero que se encontraba derogada por una norma posterior de rango legal que no contemplaba esa comunicación particular al propietario. Además, la Ley 14/2007 declaraba expresamente derogada tanto la norma legal en desarrollo de la cual se dictó el precepto aplicado y que reconocía un trámite de audiencia específico, como los reglamentos de ejecución de la Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en cuanto se opongan a lo establecido en la nueva ley. Y no cabe duda que el artículo 11.2 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero , por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, se opone a la nueva ley en cuanto que ésta no obliga a la Administración a observar un derecho específico a que le sea notificada al propietario la incoación del expediente de inscripción en el Catálogo. En definitiva, la sentencia recurrida infringe el artículo 2.2 del Código civil pues considera que se encuentra vigente una norma reglamentaria que está derogada por una norma de rango superior y a la que se opone.

2º) En el segundo denuncia la infracción al artículo 105 CE , sobre el principio de audiencia, en relación con lo dispuesto en los artículos 35 y 86 de la Ley 30/1992 y el artículo 9.3 CE que consagra los principios de legalidad y jerarquía normativa y el artículo 9.1 CE , sobre el sometimiento de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Ni la Constitución ni la Ley 30/1992 reconocen el derecho a ser oído en todo procedimiento que afecte a los interesados sino tan sólo cuando el mismo proceda, y en la forma que venga garantizado en la ley que regule el procedimiento, lo que no ocurre en el presente caso, en el que la normativa autonómica sólo preveía el derecho a que se comunicase al propietario afectado la incoación del procedimiento de inscripción en una norma reglamentaria que además se encuentra ya derogada. La Ley 30/1992, a la que también se refiere la sentencia, se debe entender vulnerada pues se invoca genérica e indebidamente para fundamentar la decisión pero la misma no contempla un derecho de audiencia con la amplitud que pretende la sentencia. La Ley 30/1992 prevé en el artículo 86 un trámite de información pública que en este caso era el previsto en el expediente enjuiciado y que fue debidamente observado. En definitiva, la sentencia vulnera el principio de jerarquía normativa y el de legalidad pues acuerda anular un Decreto por el que se decide la inscripción en el Catálogo por la supuesta vulneración de un trámite de audiencia, a pesar de que la norma que actualmente regula el procedimiento, la Ley 14/2007, es de rango superior, y sólo contempla un trámite de información pública.

TERCERO.- Sobre la infracción delartículo 2.2 del Código Civil.

A)El motivo de la estimación del recurso fue la omisión del trámite de audiencia a los propietarios del inmueble para asegurar la adecuada defensa de los propietarios, interesados en el procedimiento de declaración e inscripción de Bienes de Interés Cultural. En consecuencia, con las normas reguladoras del procedimiento, se ha causado indefensión al recurrente.

La argumentación de la Sala"a quo"puede sintetizarse así:

(i) aunque se trate de una tipología de carácter colectivo como es un Sitio Histórico, en la delimitación del Bien que se realiza en el Decreto se identifica perfectamente el bien de titularidad de la actora y se describe detalladamente.

(ii) en el Decreto se establecen unas Instrucciones Particulares al amparo de la ley y del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, para concretar las obligaciones generales que afectan a los propietarios.

(iii) con dicho Decreto se afecta y limita el derecho de propiedad de la actora, lo que supone un indudable interés en el procedimiento mediante el cual se llega a la declaración e inscripción del bien de interés cultural.

(iv) como tal interesada tiene un derecho que le reconoce la Constitución (artículo 105 ).

(v) la propia Ley 30/1992 ha sido desconocida por la Administración demandada.

(vi) no puede suplirse dicho principio general de audiencia al interesado con un trámite de información pública, máxime cuando aunque se trate de una tipología colectiva, el bien inmueble afectado resulta individualizado en la delimitación y descripción que se efectúa en el Decreto.

(vii) el nuevo marco normativo de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía mantiene la misma redacción al respecto, que la Ley 6/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley anterior autonómica (Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía); ninguna de estas normas establecía expresamente el trámite de audiencia a los interesados en la tipología colectiva, salvo Monumentos y Jardines Históricos, y muebles.

(viii) el Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, sigue plenamente vigente (a su amparo se dictan las instrucciones particulares en el Decreto 17/2015), incluido su artículo 11.2 pues no entra en contradicción con la Ley 14/2007.

(ix) la Constitución y la Ley 30/1992 reconocen su derecho a ser oído en todo procedimiento que afecte a los interesados e indudablemente el procedimiento por el que se declaraba la inscripción del Bien de Interés Cultural en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz de la finca de la actora como sitio histórico, debió ser notificado a la propietaria concediéndole audiencia para combatir los diversos aspectos tomados en consideración en orden a la delimitación y catalogación y por supuesto respecto de las limitaciones o instrucciones concretas que van afectar al Bien de su titularidad.

(x) ya existía un precedente judicial que obligaba al trámite de audiencia respecto del mismo bien y titular.

(xi) la omisión de dicho trámite ha causado indefensión material lo que afecta a la validez del Decreto respecto al bien de su titularidad.

B)Tal omisión supuso la infracción de lo establecido en el artículo 11.2 del Decreto 19/1995 , según el cual "2. La incoación del procedimiento de inscripción será asimismo notificada a los propietarios de los bienes o titulares de otros derechos sobre los mismos que se pudieran ver afectados".

C)Esta Sala en la citada sentencia de 12 de noviembre de 2010 -recurso de casación núm. 210/2009 - dijo para rechazar el recurso de la Junta de Andalucía:

"CUARTO.-El motivo no puede estimarse. La Sentencia razona con toda claridad que la interpretación conjunta de los preceptos de las normas que en el supuesto concreto rigen la actuación de la Administración autora del Decreto 520/2004, de 2 de noviembre, que declaró Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, los lugares vinculados con Raimundo , en Moguer (Huelva), imponía además del trámite de información pública y la audiencia al Ayuntamiento la notificación personal a los interesados, por cuanto la declaración que se efectuó llevaba consigo determinados efectos que afectaban a los derechos de los titulares de los bienes, que, en consecuencia, debían ser oídos.

Sin perjuicio de que al exponer lo que sigue reiteremos los argumentos de la Sentencia de instancia que confirmamos, resulta evidente que lo por ella declarado era de obligada realización por la Administración demandada.

Así dando por supuesto que era de aplicación la Ley 16/1985 para la declaración como bien de interés cultural con la categoría de sitio histórico de los lugares de Moguer vinculados con el poeta Raimundo , y, por tanto, que era obligado cumplir con lo dispuesto en el Art. 9.2 de la Ley citada, también lo era que la Comunidad Autónoma recurrente aplicara su propia normativa, y dado que según el Art. 8 del Decreto 19/1995 "la declaración de un bien de interés cultural determinará su inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Asimismo la incoación del expediente de declaración determinará la anotación preventiva del bien de que se trate" y que según el Art. 11.2 del propio Decreto "la incoación del procedimiento de inscripción será asimismo notificada a los propietarios de los bienes (...) que se pudieran ver afectados" es obvio que al no proceder de ese modo fue conforme a Derecho la declaración de nulidad acordada por la Sentencia de instancia del Decreto recurrido.

En cuanto a la cita que contiene el motivo de la Sentencia de esta Sala de 2 de julio de 2001 , la misma no guarda relación con la cuestión aquí debatida, porque aún cuando menciona el Art. 12.2 del Real Decreto 111/1986 para afirmar que cuando se trata de la declaración de sitios históricos no es precisa la notificación a los interesados puesto que el precepto excluye a esa categoría de bienes, el examen del precepto se hace aislado del contexto en el que se mueve el pleito que resolvió la Sentencia de instancia, y que, acertadamente, conjugó la incoación del expediente de declaración de bien de interés cultural con la inclusión del mismo en el catálogo y con los efectos que de ello derivan con la consiguiente y necesaria notificación a los interesados.

Y lo mismo puede decirse en cuanto a la también citada Sentencia de esta Sala de 14 de mayo de 2007 en la que se utiliza el mismo argumento y en relación con el mismo precepto del Real Decreto 111/1986 por lo que la razón para rechazarlo es la ya expuesta".

No es ocioso señalar que la misma posición y doctrina de esta Sala se mantiene luego en un asunto sustancialmente igual por sentencia de 23 de marzo de 2011 -recurso de casación núm. 4264/2009 - también sobre declaración de Sitio Histórico y falta de audiencia del interesado, confirmándose la anulación del correspondiente decreto autonómico andaluz.

D)La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha incurrido en la misma infracción que dio lugar a los pronunciamientos judiciales antes referidos: la omisión del esencial trámite de audiencia a los propietarios del inmueble afectado por la inscripción propiciada por la Administración autonómica demandada.

Como reseña la parte recurrida, la interesada tuvo conocimiento, a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 30 de enero de 2015, que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó el día 20 de enero de 2015 inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Sitio Histórico, los Lugares Vinculados con Raimundo sitos en el término de Moguer (Huelva), entre los que figuran unos bienes inmuebles que le pertenecen: la finca rústica y edificaciones situadas en la parcela catastral número NUM000 del polígono NUM001 del término municipal de Moguer, al sitio de Fuentepiña.

Pese a los anteriores pronunciamientos judiciales, la mencionada Consejería de la Junta de Andalucía ha tramitado el procedimiento sin conferir la interesada el preceptivo trámite de audiencia, en orden a que pudiera alegar lo que estimara oportuno y presentar los documentos e informaciones que considerara pertinentes, causándole, pues, indefensión.

La interesada pretende ser llamada expresamente al procedimiento en orden a ejercer los derechos que le corresponden en tanto que propietaria de bienes inmuebles afectos a la inscripción pretendida por la Administración autonómica.

E)Frente a lo que aduce la Junta de Andalucía, no resulta decisivo el cambio normativo alegado pues tanto la anterior legislación estatal como la actual legislación autonómica presentan un contenido semejante. En efecto, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, dispone, en su artículo 9.2, que "... Cuando el expediente se refiera a bienes inmuebles se dispondrá, además, la apertura de un período de información pública y se dará audiencia al Ayuntamiento interesado"; y en su artículo 12.1 señala que "Los bienes declarados de interés cultural serán inscritos en un Registro General".

Por su parte, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, establece, en su artículo 9.3 , que "En el procedimiento para la inscripción de los Bienes de Interés Cultural, en el caso de bienes inmuebles y de actividades de interés etnológico, será preceptivo un trámite de información pública, así como de audiencia al municipio del término donde radique el bien o la actividad y a otros organismos públicos afectados"; y en el apartado 9 de dicho precepto añade que "De las inscripciones y anotaciones preventivas de los Bienes de Interés Cultural y de los bienes del Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español se dará traslado a la Administración General del Estado para su constancia en el Registro y en el Inventario correspondientes".

El cambio normativo que alega la Junta no reviste el alcance que pretende otorgarle, habida cuenta que, además, ambos cuerpos normativos cohabitan con un ordenamiento jurídico que exige de modo expreso que se confiera un esencial y básico trámite de audiencia a los propietarios de los bienes afectados, cual es el Decreto 19/1995, y su artículo 11.2 , antes transcrito, que impone la notificación de la incoación del procedimiento de inscripción a los propietarios de los bienes o titulares de otros derechos sobre los mismos que se pudieran ver afectados.

En definitiva, el alegado cambio normativo no viene a alterar la conclusión que ya fue alcanzada en el precedente citado - recurso núm. 1030/2004-, y sentencia de esta Sala de 12 de noviembre de 2010 -recurso de casación núm. 210/2009 - cual es la necesidad de escuchar a los propietarios de los bienes afectados al tiempo de la tramitación del procedimiento de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bienes de Interés Cultural.

F)Así las cosas, no se infringe el artículo 2.2 del Código Civil . El artículo 11.2 del Decreto 19/1995 no colisiona ni entra en contradicción con la normativa invocada por la Junta. Además no cabe desconocer ni la Constitución Española, ni la entonces vigente Ley 30/1992.

G)No cabe entender derogado en este punto el Decreto 19/1995. Es imposible desconocer que el Decreto 17/2005 impugnado recoge en sus Instrucciones Particulares que su contenido "se ajusta a las directrices generales especificadas en el artículo 16 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía , aprobado por el Decreto 19/1995, de 7 de febrero. Dada la complejidad del bien y la articulación de diversos valores patrimoniales con diferente incidencia en lo territorial y lo urbanístico, las instrucciones particulares se concretan en directrices generales de aplicación a la totalidad del ámbito del Sitio Histórico de los Lugares vinculados de Raimundo y determinaciones particulares para los sectores patrimoniales identificados", siendo varias las remisiones a dicho Decreto 19/1995.

H)A propósito del trámite de audiencia, no existe diferencia entre la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

En consecuencia, este primer motivo debe ser rechazado.

CUARTO.- Sobre la infracción de losartículos 105 CE,35y86 de la Ley 30/1992y9.1y3 CE.

La Administración recurrente, reconociendo expresamente, en su recurso de casación, que la actividad administrativa impugnada conlleva "...algunas limitaciones de su derecho de propiedad ...",esto es, de los derechos que pertenecen a la interesada, sostiene que la sentencia impugnada contraviene el artículo 105 de la Constitución Española y los artículos 35 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común .

Debe advertirse que el artículo 105.c) de la CE acoge el derecho de audiencia de los interesados como pieza angular del procedimiento administrativo.

La Administración autonómica, al margen de los pronunciamientos judiciales reseñados ha tramitado un nuevo procedimiento de inscripción sin respetar los derechos e intereses de la interesada, a quien se le privó del elemental y básico trámite de audiencia que busca garantizar los principios de contradicción y defensa.

De este modo, se ha colocado de nuevo a la interesada en una situación de efectiva indefensión, como ya apreciara esta Sala en su sentencia de 12 de noviembre de 2010 - recurso de casación núm. 210/2009 -.

Como denuncia la parte recurrida dicha situación de indefensión supone la vulneración de lo establecido en el artículo 11.2 del Decreto 19/1995 , así como resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 31 , 79 , 84 y 85.3 de la Ley 30/1992 , que, como se afirma en su exposición de motivos, "... regula el procedimiento administrativo común, de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y fija las garantías mínimas de los ciudadanos respecto de la actividad administrativa", así como del artículo 105.c) de la Constitución Española .

La Administración demandada ha desconocido tales garantías mínimas, pues, ignorando los pronunciamientos judiciales ya producidos, ha privado a la interesada de su derecho elemental a ser oída en el procedimiento.

La invocación por la Junta recurrente de los demás preceptos constitucionales ( artículo 9.1 y 3) resulta irrelevante pues, por un lado, no aparecen especialmente desarrollados en el escrito de casación, que se ciñe a la supuesta vulneración del artículo 105.c) CE y, por otro lado, descartada en el fundamento de derecho anterior la vulneración del artículo 2.2. del Código Civil y en este del artículo 105 CE , carece ya de relevancia.

QUINTO.- Las costas.

Al declararse no haber lugar al recurso de casación, procede imponer a la parte recurrente las costas procesales del recurso de casación ( artículo 139.2 de la LJCA ).

Al amparo de la facultad prevista en el artículo 139.3 de la citada Ley , se determina que el importe de las costas procesales, por todos los conceptos, no podrá rebasar la cantidad de 4.000 euros más el IVA que corresponda.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido :

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía, contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, de fecha 16 de marzo de 2017, dictada en el recurso núm. 264/2015 , sobre inscripción de bien de interés cultural. Con imposición de las costas a la parte recurrente, con el límite que fijamos en el último fundamento de derecho de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

D. Eduardo Espin Templado D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat

D. Eduardo Calvo Rojas D. Jose Maria del Riego Valledor

D. Diego Cordoba Castroverde D. Angel Ramon Arozamena Laso

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Angel Ramon Arozamena Laso, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.

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