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Jurisprudencia al día

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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-En el recurso nº 653/2014, seguido en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el día 28 de abril de 2016 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " Que debemos estimar el recurso interpuesto por la Compañía General de Canteras S.A. representada por la Procuradora Sra. Cabello Sánchez y defendida por el Letrado Sr. Nogués Callejón contra Resolución de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía por ser contraria al Ordenamiento Jurídico que se anula por contraria a derecho. El procedimiento se retrotrae para que se resuelva sobre las prórroga solicitada. No se condena en costas a ninguna de las partes.".

SEGUNDO.-Contra la referida sentencia anunció recurso de casación la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que la Sala de instancia tuvo por preparado acordando el emplazamiento a las partes y la remisión de las actuaciones a este Tribunal Supremo.

TERCERO.-La recurrente formalizó el recurso anunciado que lo articula en único motivo alegado al amparo del artículo 88.1,d de la Ley Jurisdiccional, suplicando que se dicte sentencia que " estime dicho recurso, casando la mencionada Sentencia, y en consecuencia desestime la demanda en su integridad declarando ajustada a Derecho los preceptos reglamentarios impugnados.".

CUARTO.-Evacuando el traslado conferido, la representación de la parte recurrida se opuso efectuando las alegaciones que estimó ajustadas a su derecho y terminó solicitando el dictado de una sentencia que " desestimándolo en su integridad y confirmando la Sentencia impugnada.".

QUINTO.-Mediante providencia de 5 de julio de 2018 se designó nuevo magistrado ponente y señaló para votación y fallo el día 23 de octubre de 2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.-Se impugna en este recurso la sentencia dictada el 28 de abril de 2016 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sede de Sevilla, y recaída en el recurso nº 653/2014, sentencia que estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil "Compañía General de Canteras, S.A." contra la Resolución dictada el día 21 de mayo de 2013 por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, en la que se desestimaba la solicitud de prórroga de concesión directa de explotación para aprovechamiento de recurso mineros de la sección C, denominada Santa Isabel número 7204, en el término municipal de Montellano (Sevilla).

La Administración denegó la prórroga por considerar que no había sido solicitada con los tres años de antelación que, como mínimo, exige el artículo 81 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería (RGRM) cuando dispone que "Para la obtención de cada prórroga, el concesionario deberá presentar, tres años antes, como mínimo, de la terminación de la vigencia de la concesión, la correspondiente solicitud dirigida a ...". Parte para ello de que (1) el título concesional fue entregado a la concesionaria el 17 de abril de 1980, siendo esta la fecha de inicio de vigencia de la concesión; (2) la concesión de explotación estaría vigente hasta el día 17 de abril de 2010, es decir durante los 30 años que reconoce el citado artículo 81 del RGM; (3) la solicitud de prórroga fue presentada el 21 de mayo de 2007 y, por tanto, cuando ya había finalizado el plazo reglamentario mínimo de tres años de antelación a la terminación de la vigencia (17 de abril de 2007).

La sentencia recurrida considera que no puede admitirse como fecha de terminación de la vigencia de la concesión el día 17 de abril de 2010, ello porque en el expediente administrativo existe una divergencia sobre la fecha de inicio de vigencia de la concesión: figura como retirado el título de la concesión el día 17 de abril de 1980 y como fecha de notificación de la concesión el 15 de abril. Ante ello, a la vista de los artículos 86.1, 90.2 y 101.5 del RGRM, considera que debe tomarse como fecha de inicio de la vigencia de la concesión la de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que tuvo lugar el 25 de agosto de 1980, y reconoce que la solicitud fue presentada en plazo.

SEGUNDO.- En el recurso de casación interpuesto por la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la vía del artículo 88.1,d) de la ley jurisdiccional, se denuncia la infracción del artículo 81 del RGM, en relación con el artículo 77 de la Ley de Minas 22/1973 y el artículo 100 del RGRM; así mismo, la infracción de los artículos 57.2 y 58 de la Ley procedimental 30/1992.

En el recurso se afirma que un análisis del título concesional -documento nº 1 del expediente- pone de manifiesto que la concesión fue otorgada el 25 de marzo de 1980, inscrita en el Libro de Concesiones Mineras el 28 de marzo de 1980, y entregado a la concesionaria el 7 de abril de 1980. Sostiene que esta fecha es la que ha de tomarse en cuenta como día inicial de la vigencia de la concesión y no la de su publicación en el BOE, que tiene efectos meramente informativos y no carácter constitutivo.

Añade que la sentencia vulnera el propio título concesional pues no contiene referencia alguna a que deba ser publicado y, menos aún, a que se condicione o subordine el inicio de su vigencia a la previa publicación.

TERCERO.- La respuesta sobre la corrección o incorrección de la solicitud de prórroga de la concesión directa de explotación que ostentaba la mercantil aquí recurrida pasa necesariamente por concretar cuál es la fecha a tomar en consideración como día inicial de la vigencia de la concesión, cuestionando la administración el criterio fijado en la sentencia impugnada -día 25 de agosto de 1980, que se corresponde con la fecha de la publicación de la concesión en el BOE- por considerar que el ajustado a derecho es el día en que el título concesional fue entregado a la concesionaria.

Ley de Minas, después de regular la autorización de la concesión en su artículo 65.1 ("Terminada la tramitación del expediente, que se someterá a información pública, la Delegación Provincial lo elevará con su informe a la Dirección General de Minas, la cual, en el caso de que no se hubiera formulado oposición o haya sido desestimada, otorgará o denegará la concesión, con informe del Instituto Geológico y Minero de España"), contempla en su artículo 78.2 como regla general para todos los permisos y concesiones, que "El otorgamiento de los permisos y concesiones citados se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la provincia o provincias correspondientes.".

El artículo 86.1 del RGRM, dentro de la regulación de las concisiones directas de explotación, dispone que "1.Terminada la tramitación del expediente, que se someterá a información pública, la Delegación Provincial lo elevará con su informe a la Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción, la cual, en el caso de que no se hubiere formulado oposición o haya sido desestimada, previo informe del Instituto Geológico y Minero de España, denegará u otorgará la concesión siguiendo, en este segundo caso, el procedimiento establecido en el artículo 90, punto 2, para el otorgamiento de títulos mineros.

Esta resolución se notificará a los interesados y se publicará en el "Boletín Oficial del Estado", enviándose copia de la misma con el expediente a la Delegación Provincial, que ordenará su publicación en el "Boletín Oficial" de la provincia o provincias que resulten afectadas".

El artículo 90.2 del RGRM dispone que " ... En el título de concesión de explotación que se otorgue, se hará constar lo siguiente: nombre y apellidos, o razón social, y domicilio del peticionario; nombre, número y recurso de la Sección C) objeto de la concesión; extensión que corresponda y situación, así como términos municipales y provincias; fecha y referencia del plano de demarcación y nombre del Ingeniero que lo haya extendido; condiciones especiales que se consideren convenientes y, entre ellas, las adecuadas a la protección del medio ambiente.

Al título se acompañará una copia del mismo autorizada por el Director general de Minas e Industrias de la Construcción, la cual se unirá al expediente.

La Delegación Provincial comunicará al interesado que en el plazo de treinta días deberá presentarse a recoger el título y la copia del plano de demarcación, de cuya entrega se tomará nota en el expediente, firmando el interesado su recepción en la copia de dicho título

....

Los títulos se inscribirán en los correspondientes Registros de la Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción y en los de las Delegaciones Provinciales a que afecten las concesiones.".

Finalmente, el artículo 101.5 del RGRM, dentro de las disposiciones generales para permisos y concesiones establece que " El otorgamiento de los permisos y concesiones citados se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" y en el "Boletín Oficial" de la provincia o provincias correspondientes.".

Con esta normativa queda claro que el acto de otorgamiento de la concesión debe ir seguido de su inscripción en el correspondiente registro minero, con notificación al interesado y posterior publicación en el BOE y en el Boletín Oficial de la provincia o provincias correspondientes. Ello sin perjuicio del acceso al Registro de la Propiedad de acuerdo con el artículo 62 del Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario.

CUARTO.- Un examen del título concesional (documentos 1 del expediente administrativo y 5 de su ampliación) pone de relieve que fue otorgado el 25 de marzo de 1980, siendo inscrito en el correspondiente registro minero el siguiente día 28 de marzo de 1980, sin que en estas fechas exista controversia entre las partes.

Existe discordancia en cuál sea la fecha de la notificación al concesionario, por entrega material del título, discrepancia que tiene su origen en que mientras en el título concesional figura la del 7 de abril de 1980, por el contrario, en el libro registro (documento 7 de la ampliación del expediente) figura el día 17 de abril de 1980. Además, la concesionaria pone en relación esa discordancia con otra fecha diferente de notificación, la del 15 de abril de 1980, y con la fecha del 8 de abril de 1980 que figura en la autorización dada al representante de la concesionaria para recoger materialmente el título (incorporada al documento 1 del expediente administrativo), esta para cuestionar la validez de la notificación del día 7 anterior. Por ello dicho concesionario mantiene que debe tomarse en consideración la fecha de publicación en el BOE.

La decisión sobre este dato esencial pasa (i) por poner de relieve que la fecha del 15 de abril de 1980 no puede ser admitida como posible fecha de notificación de la concesión pues según el libro de registro en esa fecha se notificó al interesado que podía recoger el título; (ii) y, si ello es así, ya no puede caber duda de que la fecha de entrega y notificación del título fue la del 17 de abril de 1980, que es la que figura en el libro de registro en coincidencia plena con el iter registral que contiene. No puede por ello tomarse como fecha de notificación la de 7 de abril de 1980 que, sin duda por error, contiene el título concesional y, además, deja de tener relevancia la fecha de 8 de abril de 1980 que tiene la autorización para que el representante recoja el título concesional.

No existe así ninguna oscuridad que haga necesario atender a la fecha de publicación de la concesión en el BOE, que era la razón por la que el concesionario y la Sala Territorial acudían a ella para determinar la fecha de comienzo de la vigencia del título a efectos del cómputo del plazo de presentación de la solicitud de prórroga.

QUINTO.- Alcanzada la anterior conclusión resta analizar si la necesidad de publicación de la concesión tiene o no carácter constitutivo, ello porque eso mantiene la concesionaria recurrida y dado que sostiene la administración recurrente que la sentencia impugnada, al tomar como fecha de vigencia de la concesión la de su publicación en el BOE, vulnera los artículos 57.2 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Más concretamente, afirma que el título concesional contiene referencia alguna a que deba ser publicado y, menos aún, a que se condicione o subordine el inicio de su vigencia a la previa publicación en el BOE.

Según el artículo 57.2 de la ley 30/1992, después de establecer el apartado 1º que "Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa", dispone que " La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior".

Junto a ello el artículo 60.1 dice que "Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente".

Como hemos visto anteriormente, tanto 78.2 de la Ley de minas como los artículos 86.2 y 101.5 del RGRM contiene la exigencia de que el otorgamiento de la concesión directa de explotación, además de inscribirse en los correspondientes registros mineros se notifique y se publique en el BOE y en el Boletín Oficial de la provincia o provincias correspondientes.

Ahora bien, una cosa es que el acto de otorgamiento o título concesional deba publicarse y otra que esa publicación sea necesaria para su nacimiento a la vida jurídica, que no lo es porque la exigencia de publicación debe entenderse como de eficacia frente a terceros pues la concesión demanial confiere de forma exclusiva un derecho de naturaleza real con eficacia frente a todos siendo necesaria a tal efecto la publicación una vez que se ha dado cumplimiento a los requisitos de carácter solemne: otorgamiento e inscripción.

Por ello, la mera notificación determina la vigencia de la concesión para el concesionario.

SEXTO.- De conformidad con lo anteriormente razonado procede la estimación del motivo casacional empleado por la administración recurrente y, con ello, casar la sentencia impugnada.

A su vez, en aplicación del artículo 95.2,d) de la ley jurisdiccional 29/1998, procede desestimar el recurso contencioso administrativo de la instancia.

SÉPTIMO.- De conformidad con el artículo 139 de la ley jurisdiccional, la estimación del recurso determina que no deba hacerse imposición de las costas de este recurso ni de las correspondiente a la instancia.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

1º.-HABER LUGARal recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía contra la sentencia dictada el 28 de abril de 2016 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sede de Sevilla, y recaída en el recurso nº 653/2014, casando la citada sentencia.

2º.-DESESTIMARel recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil "Compañía General de Canteras, S.A." contra la Resolución dictada el día 21 de mayo de 2013 por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, en la que se desestimaba la solicitud de prórroga de concesión directa de explotación para aprovechamiento de recurso mineros de la sección C, denominada Santa Isabel número 7204, en el término municipal de Montellano (Sevilla).

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Antonio Jesus Fonseca-Herrero Raimundo, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079130042018100476