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Jurisprudencia al día

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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-El ahora recurrente, planteó demanda de reconocimiento de error judicial, al amparo de lo previsto en los artículos 292 y 293.1.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial , respecto a la sentencia Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 19 de mayo de 2016 , y el Auto de 13 de julio de 2016, que deniega la petición de nulidad formulada contra aquélla, recaídos en el Recurso de Apelación 4237/2015, mediante escrito de fecha 30 de octubre de 2017.

SEGUNDO.-Conferido traslado al Abogado del Estado para el trámite de contestación a la demanda, solicitó sentencia desestimatoria, con imposición de las costas causadas en este proceso a la parte demandante.

TERCERO.-Asimismo, el Ministerio Fiscal, en el informe emitido, mantuvo la procedencia de desestimar la pretensión por inexistencia de error judicial, con la preceptiva imposición de costas que dispone el art. 293.1 e) de la LOPJ .

CUARTO.-Por escrito de fecha 26 de marzo de 2018, la recurrente a través del procurador don Noel de Dorremochea Guiot, y defendido por el Letrado De la Ballina Martínez Jorge, formalizó su oposición solicitando la desestimación del recurso con imposición de costas.

QUINTO.-Señalada, para votación y fallo, la audiencia del día 17 de julio de 2018 de 2018, tuvo lugar en esa fecha la referida actuación procesal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.-1.- La representación procesal de doña Estela interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Salceda de Caselas por vía de hecho consistente en la ocupación de parte de terrenos pertenecientes a una finca de titularidad de la citada doña Estela , como consecuencia de la ejecución de obras de acondicionamiento en camino público.

2.- El citado recurso contencioso-administrativo se siguió, por el cauce procesal del Procedimiento Abreviado -previa transformación de Procedimiento Ordinario- y con el núm. 169/2016, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm° 3 de Pontevedra que, con fecha de 26 de julio de 2017, dictó Sentencia en la que se estimaba el recurso y, en consecuencia, se declaraba la actuación municipal del Ayuntamiento de Salceda de Caselas constitutiva de vía de hecho, al ocupar 24'75 m2 de una finca propiedad de la recurrente, con condena a indemnizar a dicha recurrente en la cantidad de 22.404'94 ? y al abono de intereses legales devengados y costas. La citada Sentencia de 26 de julio de 2017 declaraba también su firmeza al no caber frente a ella recurso alguno.

3.- Ayuntamiento de Salceda de Caselas no promovió en su día incidente de nulidad de actuaciones por entender, -y así se manifiesta en la demanda, que no se trataba en esta ocasión de un supuesto que exija previamente dicho requisito, por cuanto que se trataba de un defecto de fondo y no procesal.

Es en definitiva es a la indicada Sentencia de 26 de julio de 2017 a la que se atribuye el error judicial determinante del presente procedimiento.

La representación procesal del Ayuntamiento de Salceda de Caselas, con posterioridad a la notificación de la sentencia de 26 de julio de 2017 ha presentado demanda de error judicial, con entrada el día 2 de noviembre de 2017 en la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

SEGUNDO.-Doctrina general acerca del error judicial.

Recuerda el Fiscal que en el presente caso, no concurren los requisitos necesarios para que pueda apreciarse la existencia de error judicial, tal y como el mismo ha sido caracterizado por la jurisprudencia de la Sala.

En efecto, la jurisprudencia de esta Sala, acerca del proceso por error judicial, regulado en el art. 293 LOPJ como consecuencia del mandato contenido en el art. 121 CE , sostiene que no es una tercera instancia o casación encubierta «en la que el recurrente pueda insistir, ante otro Tribunal, una vez más, en el criterio y posición que ya le fue desestimado y rechazado anteriormente», sino que este sólo puede ser instado con éxito cuando el órgano judicial haya incurrido en una equivocación «manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos o en la interpretación o aplicación de la Ley».

En particular, esa Sala viene señalando con carácter general (por todas, Sentencia de 3 de octubre de 2008 recurso nº 7/2007 ), que «no toda posible equivocación es susceptible de conceptuarse como Error Judicial, sino que esta calificación ha de reservarse a supuestos especiales cualificados en los que se advierta en la resolución judicial un error «craso», «patente», «indubitado»,«incontestable», «flagrante», que haya provocado «conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas.Y, en relación con el error judicial en la interpretación o aplicación de la Ley, hemos señalado que sólo cabe su apreciación cuando el órgano judicial ha «abiertamente fuera de los cauces legales», realizando una «aplicación del Derecho basada en normas inexistentes o entendidas fuera de todo sentido».

En todo caso, esta Sala ha dejado claro que no existe Error Judicial«cuando el Tribunal mantiene un criterio racional y explicable dentro de las normas de la hermenéutica jurídica», «ni cuando se trate de interpretaciones de la norma que, acertada o equivocadamente, obedezcan a un proceso lógico»,o, dicho de otro modo, que no cabe atacar por este procedimiento excepcional «conclusiones que no resulten ilógicas o irracionales», dado que «no es el desacierto lo que trata de corregir la declaración de Error Judicial, sino la desatención, la desidia o la falta de interés jurídico, conceptos introductores de un factor de desorden, originador del deber, a cargo del Estado, de indemnizar los daños causados directamente, sin necesidad de declarar la culpabilidad del juzgador» [en este sentido, entre muchas otras, las Sentencias de esta Sala y Sección de 27 de marzo de 2006 (rec. núm. 6/2004), FD Primero ; de 20 de junio de 2006 ( rec. núm. 20 de marzo de 2006 (rec. núm. 13/2004), FD Primero ; de 15 de enero de 2007 (rec. núm. 17/2004), FD Segundo ; de 12 de marzo de 2007 (rec. núm. 18/2004), FD Primero ; de 30 de mayo de 2007 (rec. núm. 14/2005), FD Tercero ; de 14 de septiembre de 2007 (rec. núm 5/2006), PD Segundo ; de 30 de abril de 2008 (rec. núm. 7/2006), FD Cuarto ; y de 9 de julio de 2008 (rec. núm. 6/2007 ), FD Tercero].

TERCERO.-Falta de promoción del incidente preceptivo de nulidad de ecuaciones.

Como admite la recurrente y subraya el Fiscal, en el presente caso, la parte actora no ha promovido incidente de nulidad de actuaciones, al entender que en esta ocasión no se trata de un supuesto que exija previamente dicho requisito, ya que se trataría -el error denunciado- de un defecto de fondo y no procesal.

Ahora bien, como ha recordado recientemente esta Sala -ATS de 26 de septiembre de 2017 (Error judicial N°.7 / 2017 , F. D. 2°), es su criterio claro y constante que el requisito de haber"agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento"-establecido en el Art. 293. 1. f) LOPJ - incluye el incidente de nulidad de actuaciones, dado que iniciar un procedimiento específicamente destinado a declarar el error judicial no tiene sentido cuando la equivocada apreciación de los hechos o aplicación del derecho puede aun ser remediada dentro del proceso.

Y es que cuando se achaca a una resolución judicial un error de la naturaleza del previsto en el art. 293 LOPJ se le imputa, realmente, la vulneración de un derecho fundamental, de manera que el requisito procesal de agotamiento de los recursos incluye también el incidente de nulidad de actuaciones, que ha de reputarse remedio procesal idóneo para obtener la reparación de la conculcación de derechos fundamentales y, por tanto, una exigencia previa inexcusable antes de la reparación excepcional del derecho que supone la declaración de error judicial - STS de 20 de noviembre de 2017 (Error judicial N°. 51 /2016 , F. D. 2°) Y STS de 18 de abril de 2016 (Error judicial N°. 30/2014 , F. D. 3°) -. A fin de cuentas, lo que motiva jurídicamente la posibilidad de acudir a un procedimiento como el presente es la denuncia de un error de hecho jurídico que, para que prosperase la acción, habría de ser necesariamente claro, manifiesto y grosero; y que, de ser así, se seguiría, como consecuencia necesaria, que el fundamento de la pretensión, por tal error de la sentencia, comportaría la lesión del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva consagrado en el articulo 24 CE - STS de 20 de marzo de 2018 (Error judicial N°. 57/2016 , F. D. 2°) Y STS de 6 de febrero de 2018 (Error judicial N°. 24/2017 , F. D. 3°).

Como recuerda el Fiscal, el error denunciado en los presentes autos por el Ayuntamiento de Salceda de Caselas, y en el que pretendidamente incurriría la Sentencia de 26 de julio de 2017 , consiste en que tal Sentencia condena al citado Ayuntamiento -por ocupar 24'75 m2 de una finca propiedad de doña Estela - al pago de una cantidad, que se dice, determinada por un perito -cuyo informe aportó la representación procesal de la referida señora a los autos N°. 169 / 2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N° 3 de Pontevedra- en función de una valoración por completo errónea, al haberse realizado dicha valoración sobre la base de un suelo de naturaleza urbana, en lugar de suelo rústico, cuando en realidad la parte de la parcela objeto de ocupación es suelo rústico, y, en consecuencia, la indemnización es absolutamente elevada e injustificada, ya que la valoración de la indemnización precisa ser claramente menor que la dictaminada por el perito al tratarse de suelo rústico.

CUARTO.-Inexistencia de error.

Como recuerda el Fiscal, la demanda con la que se inician los presentes autos califica el pretendido error - o confusión- descrito en el párrafo precedente, como error material, de hecho, manifiesto, clarísimo, flagrante y evidentísimo.

Conforme a la jurisprudencia precedentemente expuesta, el acudir a la vía -no intentada- del incidente de nulidad de actuaciones -con la finalidad de reparar la pretendida equivocación padecida en el propio proceso en que se produce- resultaría inexcusable, y la demanda resultaría inadmisible al no haber acudido dicho Ayuntamiento -antes de deducirla- al indicado incidente de nulidad de actuaciones -previsto en el art. 241 LOPJ -, con lo que falta el agotamiento de los recursos previstos en el ordenamiento - art. 293. 1. f) LOPJ -; procediendo por ello ahora declarar la inadmisión del presente procedimiento para la declaración de error judicial - STS de 6 de febrero de 2018 (Error judicial N°. 24 / 2017 , F. D. 3°) y STS de 16 de enero de 2018 (Error judicial N°. 35/2016 , F. D. 3°)_.

En el presente caso, tampoco existe tal error judicial. En efecto, dicho en su esencia, el error que se imputa en la demanda es la valoración del terreno ocupado en términos de urbano, que no de rústico; y ella sobre la premisa de distinguir la Sentencia -según la demanda-,como hecho probado, que la parcela propiedad de doña Estela es en una parte suelo urbano y en otra rústico.

La Sentencia de 26 de julio de 2017 no recoge expresamente, con valor que quepa tener de hecho probado, que la parcela en cuestión sea en parte suelo urbano y en parte suelo rústico; todo lo mas -F. D. 1° dicha Resolución judicial refiere -en manifestación que atribuye al representante de la Administración- que dicha parcela consta en el"Padrón de IBI de rústica",para poner luego en manifestación del letrado del Concello que"las NNSS de Planeamiento del Concello de Salceda ..... clasifican una porción de la parcela como suelo urbano y otra como suelo no urbanizable (suelo rústico...).

En la demanda, la afirmación de efectuarse la valoración sobre suelo urbano y no rústico se limita, en la práctica, a un mero enunciado que no va mas allá, pues siendo la valoración de terrenos una actividad compleja en la que pueden concurrir técnicas dispares -de urbanismo, agrimensura, etc.-, dicha demanda no ahonda en la refutación, desde un plano técnico, de la valoración que ahora tacha de errónea, ni de ninguna de las maneras justifica la diferencia de valoración con la que el citado Concello habría resultado perjudicado.

En la demanda que dio lugar a los autos núm. 169 / 2016 se solicitó -por la representación procesal de doña Estela - el recibimiento a prueba sobre los hechos en ella recogidos y en particular sobre la suficiente acreditación del valor del terreno, en tanto que la contestación a la demanda del Ayuntamiento de Salceda de Caselas, a la hora de articular su proposición de prueba, no hace cuestión de dicha valoración, ni tampoco con ulterioridad en el acto de la vista oral, una vez transformados los autos de Procedimiento Ordinario a Procedimiento Abreviado.

Es la misma Sentencia sujeta a estas actuaciones -F. D. 3°-la que refiere que no se ha intentado poner en duda por el Concello el importe de la indemnización solicitada con apoyo en informe de perito, y que"No se ha aportado al respecto ninguna prueba contradictoria o valoración alternativa, y se adivina incluso de la contestación a la demanda (tanto la escrita como fa oral) que ninguna oposición material al respecto se pretende por la representación procesal[del Concello]"; entendiendo el Fiscal que dicha Sentencia se ajusta escrupulosa y correctamente en su confección a los límites sentados por los arts. 33. 1 -las pretensiones formuladas por las partes y los motivos que fundamenten el recurso y la oposición- y 67. 1 -decisión de todas las cuestiones controvertidas en el proceso- LRJCA .

En consecuencia, no cabe pues apreciar error judicial de los previstos en el art. 293 LOPJ , en la Sentencia de 26 de julio de 2017 y del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo N° 3 de Pontevedra .

Como apunta el Fiscal, si parece que la parte actora en estas actuaciones pretende reabrir el debate de la instancia con un nuevo objeto de controversia -la valoración del terreno ocupado- que en su día no consideró; pero lo cierto es que el proceso en que estamos sólo propicia un conocimiento limitado que no puede ser considerado, ni suponer una instancia revisora de la función jurisdiccional realizada, un control del acierto o desacierto de una resolución jurisdiccional, sino únicamente comprobar si la resolución a la que se contrae se ha mantenido en los limites de la lógica y racionalidad en la declaración de hechos e interpretación del derecho - STS de 26 de septiembre de 2017 y de la Sala Especial (Error judicial N°.2 /2017 , F. D. 2° y STS de 21 de octubre de 2016 y de la Sala Especial (Error judicial N°.9 /2016, F. D. 2° )-.

QUINTO.-De conformidad con lo dispuesto en las letras c ) y e) del art. 293.1 LOPI -en relación con los arts. 139 LRICA y 516. 2 LEC -, procede condenar en costas a la parte demandante, y acordar la pérdida del depósito constituido.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

Que debemos desestimar, y desestimamos, el presente recurso de revisión recurso de revisión nº 6/48/2017 para el reconocimiento de error judicial, interpuesto por doña María del Carmen Pérez Saavedra, procurador de los Tribunales, en nombre y representación del Ayuntamiento de Salceda de Caselas, en relación con la contra la Sentencia de 26 de julio de 2017, dictada esta por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N°.3 de Pontevedra en autos de Procedimiento Abreviado -previa transformación de Procedimiento Ordinario- N°. 169/2016.

Con condena en las costas procesables al recurrente en los términos del último fundamento jurídico, con la pérdida del depósito constituido.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

D. Nicolas Maurandi Guillen, D. Jose Diaz Delgado

D. Angel Aguallo Aviles D. Francisco Jose Navarro Sanchis

D. Jesus Cudero Blas.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Jose Diaz Delgado, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079130022018100189