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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción nº 1 de La Almunia de Dª Godina, instruyó Procedimiento Abreviado nº 91/2008, contra Dª Irene Herminia, D. Adriano Eleuterio, D. Julio Iñigo, D. Felipe Ovidio, D. Gines Segundo, D. Anselmo Victorino, D. Hipolito Evelio, D. Sergio Victorino, D. Jacinto Bernardino, D. Humberto Isidro, D. Romeo Ovidio, D. Donato Emiliano, D. Torcuato Hector, D. Isidro Camilo, D. Pedro Porfirio, D. Jacobo Marcos, D. Bartolome Victorino, D. Ricardo Torcuato, D. Victor Carlos, D. Cornelio Ricardo, D. Mariano Oscar, D. German Nicolas, D. Serafin Nicolas, D. Virgilio Cecilio, D. Nicolas Norberto, D. Marino Hector, D. Desiderio Sabino, D. Abilio Candido, D. Nemesio Emiliano, D. Agustin Urbano, Dª Begoña Emma, D. Saturnino Leandro, D. Abelardo Marcelino, D. Angel Humberto, Dª Gregoria Florinda, D. Alexander Norberto, D. Alexander Sergio, D. Onesimo Leovigildo, D. Leon Eleuterio, D. Alexis Teodoro, y como responsables civiles subsidiarios «EL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA», «ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL», «EMCOZASA», «ARANADE PROYECTOS E INVESIONES S.L.U.», «ARAGÓN NAVARRA DE GESTIÓN S.L.», «TUDELA INMOBILIARIA Y GESTIÓN S.L.U.», «CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA S.A.», «CAJA RURAL DE ARAGÓN S.C.C. (CAJALON)», «FERDERGROUP BROTHERS INVERSIONES S.L.», «FERDEGROUP BROTHERS HOUSE S.L.», «CONSTRUCCIONES SAGAIN S.L.» Dª Amanda Martina, «INMUEBLES EL RASO S.L.», «ENTE GESTOR DE NUEVAS TECNOLOGIAS DEL AGUA S.L.», «BROCOVER S.A.», «CONCILIO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L.», «PVL VIVIENDAS DE ESPAÑA S.L.,» Y «COMOFER S.L.», «EIS ARAGÓN, S.L.» y Dª Esperanza Olga, por delitos de estafa, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, falsedad, exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a los funcionarios, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, estafa, tenencia ilícita de armas e información privilegiada, y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Zaragoza, que en la causa nº 46/2014, dictó sentencia que contiene los siguientes hechos probados:

«ÚNICO.- BLOQUE A

El proceso de corrupción urbanística que durante más de una década afectó al Ayuntamiento zaragozano de la Muela tuvo como antecedente previo la constitución por parte de la acusada y Alcaldesa de dicho municipio Irene Herminia de la denominada "SOCIEDAD URBANÍSTICA DE LA MUELA S.L." (SULM), mera sociedad instrumental y en principio sometida a la legalidad, constituida por escritura de fecha 18 de julio de 1.997, siendo su objeto social, tal y como se describe en sus estatutos, la mayor eficacia en la acción municipal del fomento de la industria, la vivienda, y, en general, las edificaciones y la urbanización del suelo. Su Consejo de Administración estaba formado por cinco concejales del Ayuntamiento, correspondiendo la presidencia del citado Consejo a la Alcaldesa y a su vez Presidenta del Ayuntamiento de La Muela, según se hacía costar en los mismos, y siendo el Secretario el concejal que se decidiese entre los vocales por el propio consejo de administración. Los vocales eran a su vez elegidos por la Junta General de socios que era la corporación municipal reunida en pleno de La Muela como se recoge en los Estatutos.

Entre sus funciones el Consejo tenía la de representar, dirigir y administrar los negocios de la sociedad urbanística, así como la de celebrar toda clase de contratos y realizar actos de administración y disposición. No se nombró Consejero Delegado y el Consejo venía actuando en las contrataciones efectuadas por representación de dos vocales mancomunados, en general la Presidenta del Consejo y otro. Se reunía a lo sumo una o dos veces al año y en sus reuniones no se levantaban actas, sino que se confeccionaban posteriormente y se trasladaban a sus miembros para que las firmaran.

En fecha 16 de septiembre de 1.997 Irene Herminia, en nombre de la "SULM", sin acuerdo previo ni delegación del Consejo de Administración, suscribió un contrato con la mercantil "ARANADE S.L.", representada por el también acusado y constructor Pedro Porfirio, por el que se le encomendaba la realización de las gestiones necesarias para adquirir terrenos de la Diputación General de Aragón, así como la gestión y promoción de los inmuebles que se construyeran en el citado suelo, la realización de las gestiones necesarias para adquirir suelo para el polígono industrial y la gestión y promoción de lo allí construido, así como la realización de las gestiones necesarias para adquirir suelo para "URCAMUSA NORTE" y su posterior gestión, encomendándosele igualmente la construcción de un colector para resolver el problema de los vertidos de aguas residuales. Por las citadas gestiones cobraría el 10% del precio final de la venta de los inmuebles, parcelas resultantes de "URCAMUSA NORTE" y polígono industrial, así como el 10% del presupuesto de ejecución de las obras para resolver "el problema de los vertidos". Dicho contrato fue seguido de otros tres más; uno de 3 de diciembre de 1.999 por el que se vendían a "ARANADE" las parcelas resultantes de la segunda fase para construir en ellas las naves necesarias a fin de poder llevar a cabo la segunda fase y el correspondiente proyecto de reparcelación, así como la venta de las mismas a terceros, de tal manera que debía abonársele a "ARANADE S.L. "el 50% del 10%" que tenía pactado de remuneración sobre el precio final de las parcelas vendidas, y que compraba ella misma; otro de 7 de enero de 2.002, en el que se ampliaba el contrato de 16 de septiembre de 1.997 para la planificación, desarrollo y ejecución de "URCAMUSA NORTE", planificación de las fases III y IV del polígono "CENTROVIA", incluidas las obras de edificación y, en su caso, ejecutar el colector y la contratación de las obras del complejo deportivo, plaza de toros y equipamientos públicos y por lo que "ARANADE" recibiría el 10% del precio final de la venta de inmuebles y el 10% del coste total de las obras de equipamiento; y otro de 2 de febrero 2.002, por el que la "SULM" vendía a "ARANADE" las parcelas resultantes de la 2ª fase del polígono industrial, comprometiéndose, pues, en tal sentido.

A cambio de ello el acusado Pedro Porfirio como administrador de "ARANADE. S.L." desde septiembre de 1.998 hasta diciembre de 2.007 como consecuencia de los favores prestados y las prebendas concedidas, hizo entrega a Irene Herminia y a su familia de la cantidad de 480.621.138 millones de ptas., es decir, 2.895.308,06 ?, bien en metálico, bien mediante el pago de gastos de Irene Herminia, su familia o de la mercantil "EMBARBA PINILLA S.L." propiedad al 98% del matrimonio Jacobo Marcos Irene Herminia, y creada en septiembre de 1.998 con el objeto de comprar, arrendar y gestionar inmuebles, y cuyos gastos de constitución sufragó Pedro Porfirio con los beneficios por él obtenidos a través de la mercantil "ARANADE S.L.".

Asimismo, consta contabilizada por Pedro Porfirio como administrador de "ARANADE S.L." la cantidad de 146.961.155 pts., es decir, 885.308,16 ? como pagos que debía asumir "ARANADE" en las naves que iba a adquirir Irene Herminia a sus hijos y construidas en las parcelas cuya venta aseguró Irene Herminia a la citada mercantil mediante la suscripción de los contratos suscritos en 1.999 y febrero 2.002.

Igualmente, Pedro Porfirio, administrador de "ARANADE S.L." invitó a Irene Herminia y su marido Jacobo Marcos a un viaje, del 25 al 31 de julio de 2.005, a Montevideo y Río de Janeiro, junto al propio Pedro Porfirio y su esposa, y que costó 24.418,18 ?, cantidad que posteriormente Pedro Porfirio intentó desgravar como gasto de la Sociedad. Tanto estas invitaciones como el resto de los pagos y dádivas con los que obsequió a la Alcaldesa le fueron hechas en agradecimiento a las contrataciones, así como para asegurarse el trato de favor de la misma. También el acusado Sr. Pedro Porfirio sufragó los gastos del picadero y caballos de la familia Jacobo Marcos Irene Herminia en La Muela.

El registro practicado en las oficinas de "ARANADE" en fecha 19 de marzo de 2.009 arrojó entre otros hallazgos un listado "Resumen de pagos hasta la fecha" con anotaciones desde 1.997 hasta el 2.004 y hasta el apunte 112 que era básicamente coincidente con el resultado del efectuado en el domicilio de Irene Herminia y Jacobo Marcos, encontrándose anotados diferentes pagos realizados por Pedro Porfirio en su condición de administrador de "ARANADE" a Irene Herminia o a su familia, en 134 anotaciones que van desde septiembre 1.997 a el 5 de diciembre de 2.007. En la columna correspondiente a de "Concepto" aparecen cuestiones como " pago cuenta abogados" " reforma casa 10 (1ª fase)", "regalo Lola", "P(BMW)", "P (PAMPLONA HOSPITAL)","P (Seguro BMW hij)" referidos a pagos efectuados por cuenta de Irene Herminia ". La otra columna lleva el epígrafe "Entregado" y a su vez se subdivide en "fecha" e "importe" expresa alusión a "Datos polígono MV ( Irene Herminia) Confidencial" "Resumen de pagos hasta la fecha", que son actualizaciones sucesivas hasta llegar a diciembre de 2.007 con expresa indicación de la cantidad e importe de cada uno de ellos, bodega hijo, vehículos adquiridos, entregas en metálico para la realización de regalos, admitiéndose el haber efectuado pagos desde el año 1.998 al año 2.002 por importe de 2.288.000 ?

Asimismo, por escritura del 24 de marzo de 2.004 Irene Herminia y su marido entonces, el también acusado Jacobo Marcos, adquirieron el 48% de la mercantil "TUDELA INMOBILIARIA Y GESTIÓN S.L." propiedad de Pedro Porfirio y sus hijos. Irene Herminia y Jacobo Marcos debían aportar 449.111,30 ? para la adquisición del citado 48% en "TUDELA INMOBILIARIA Y GESTION S.L.", si bien aportaron 221.172,64 ?, mediante varias transferencias entre el 1 y 3 de marzo de 2.004, a una cuenta de "TUDELA INMOBILIARIA Y GESTION SL", y un total de 70.180,00 ? cuyo origen no se conocía, pues no salieron de ninguna cuenta ni se justifica su procedencia, quedando pendientes de aportar 147.758,84 ?, de procedencia delictiva por los cohechos de la Alcaldesa, que no se llegaron a dar porque se debían descontar del beneficio total obtenido por la mercantil, en la venta de unas parcelas que fueron el objeto de compra al entrar el matrimonio Jacobo Marcos Irene Herminia en la sociedad. El rendimiento neto obtenido por la venta de las parcelas se cuantifica en 1.775.175,22 ? (en la parte que le corresponde al matrimonio) y se derivaba de la venta de las parcelas NUM000 y parte de las NUM001 y NUM002 del polígono NUM001 a "BROCOVER S.L.", dentro del sector SR1 y a cuya delimitación y aprobación del plan parcial se había comprometido Irene Herminia como alcaldesa de La Muela y que luego se describe en el la letra D. Esta venta se efectuó con la intermediación de Catalina Mariana, ya fallecida, con quien el 10 de noviembre de 2.005 se suscribió un contrato privado escriturándose la venta el 22 de mayo de 2.006.

Consta como entregada por Pedro Porfirio en su condición de administrador de la mercantil "TUDELA INMOBILIARIA Y GESTION SL" (contabilizada en "ARANADE") a Irene Herminia y su marido Jacobo Marcos en concepto de beneficios obtenidos por éstos al participar como socios de dicha mercantil en la venta de las parcelas NUM000 y parte de las NUM001 y NUM002 del polígono NUM001 a "BROCOVER S.L." dentro del sector SR1 de La Muela, la cantidad de 1.256.000 ? la cual se hizo efectiva mediante cinco entregas: El 21 de diciembre de 2.004 se dieron 50.000 ?, (el 23 Irene Herminia fue a guardar dinero a la caja de seguridad nº NUM003 de Cajalón), el 29 de mayo de 2.006 se entregaron 300.000 ?, (el 30 de mayo Jacobo Marcos fue a guardar dinero a la caja de seguridad NUM004 en Cajalón), el 26 de septiembre de 2.006 se dieron 306.000 ?, (el mismo día Jacobo Marcos fue a la caja de seguridad NUM004 en Cajalón), el 24 de enero de 2.007 se entregaron 300.000 ? y el 24 de julio de 2.007 se dieron 300.000 ? (el 25 Jacobo Marcos fue a guardar dinero a la caja NUM004 de Cajalón). El beneficio así obtenido no se declaró y se ha ocultado.

De los 134 apuntes referidos además de los que llevan aparejado el destino de la cantidad anotada, hay otros apuntes en las que solo consta la entrega de dinero. En estos casos Irene Herminia o los miembros de su familia guardaron el dinero en las cajas de seguridad que tenían alquiladas en los bancos, efectuaron ingresos en efectivo en sus cuentas bancarias o hicieron pagos en metálico en sus consumos y compras de bienes muebles e inmuebles.

Irene Herminia recibió en las cuentas bancarias de las que era titular única o junto a su marido e hijos los siguientes ingresos de ilícita procedencia al resultar consecuencia del trato de favor dispensado al acusado Sr. Pedro Porfirio antecedentemente referido. En el 2.004 de 93.405,47 ?, en el 2.005 de 169.243,95 ?, en el 2.006 total de 104.000 ?, en el 2.007 de 84.020 ?, en el 2.008 de 101.750,00 ? y en el 2.009 la cantidad de 52.344,01 ?, haciendo un total en estos 5 años de 604.783,42 ?

También se efectuaron ingresos por igual motivo a través de las cuentas de los hijos, y así en las cuentas de Saturnino Leandro constaban los siguientes: En el 2.004 de 7.150,00 ?, en el 2.006 de 99.212,16 ?, en el 2.007 de 69.290,00 ?, en el 2.008 de 15.000,00 ? y en el 2.009 de 32,200,00 ? descontándose ya las cantidades imputadas al matrimonio Jacobo Marcos Irene Herminia por aparecer como cotitulares en algunas de las cuentas ascendiendo a un total 222.656,16 ?, sucediendo lo mismo con las cuentas de Sergio Victorino y su mujer en que se ingresaron las siguientes cantidades de ilícito origen: En el 2.004 de 78.750,00 ? (se incluyen los 66.000 ? ingresados en la cuenta corriente terminada en NUM005, que comparte con su madre), en el 2.005 la cantidad de 106.020 ?, (incluidos los 61.020 ? ingresados en la cuenta corriente terminada en NUM005, que comparte con su madre) y descontados los ingresos por 90.268,00 ? que parecen ingresos por regalo de boda, en el 2.006 la cantidad de 76.100,00 ?, (incluidos los 8.000 ?, ingresados en la cuenta corriente terminada en NUM005, que comparte con su madre), en el 2.007 la cantidad de 37.000,00 ? (incluidos los 23.500 ? ingresados en la cuenta corriente terminada en NUM005 que comparte con su madre), en el 2.008 la cantidad de 31.000 ?, (incluidos los 11.000 ? ingresados en la cuenta corriente terminada en NUM005, que comparte con su madre), en el 2.009 la cantidad de 2.900 ? (incluidos los 2.400 ? ingresados en la cuenta corriente terminada en NUM005, que comparte con su madre). Las cantidades no justificadas imputables en la cuenta de Sergio Victorino ascendieron a 252.095 ? Al igual que sus hermanos, Angel Humberto percibió sumas de ilícito proceder y así a lo largo de los años investigados ingresó en sus cuentas la cantidad de 654.593,84 ?.

En las cuentas de la acusada Begoña Emma hermana de Irene Herminia y titular de la caja de seguridad número NUM006 de la que estaba autorizada Irene Herminia, se ingresaron las siguientes cantidades de ilícito origen: En el 2.004 de 31.280,54 ?, en el 2.005 de 31.275,00 ?, en el 2.006 la cantidad de 11.900,00 ?, en el 2.007 de 50.250,00 ?, en el 2.008 de 17.200,00 ? y en el 2.009 de 7.200,00 ?, entendiendo la Agencia Tributaria que las cantidades no justificadas imputables a Begoña Emma ascendieron a 45.297,77 ?

En la cuentas de la mercantil "EMBARBA PINILLA S.L." administrada por Jacobo Marcos constaban ingresos de procedencia asimismo ilegal por los siguientes importe de: En el 2.003 de 292.232 ?, en el 2.005 de 3.000,00 ?, en el 2.007 de 2.000,00 ?, en el 2.008 de 79.000,00 ?, y en el 2.009 de 1.000 ?.

En las cuentas de la mercantil "OLVIC 2005 S.L." propiedad de Sergio Victorino constaban ingresadas sin origen justificado: En el 2.007 la cantidad de 24.000,00 ?, en el 2.008 la cantidad de 25.000,00 ? y en el 2.009 la cantidad de 12.500 ? Por estas cantidades la Agencia Tributaria inició los expedientes correspondientes de regularización.

Asimismo y con tales ganancias ilícitas provenientes de los cohechos en que la Alcaldesa incurría, el matrimonio Jacobo Marcos Irene Herminia, por escritura de 7 de mayo de 2.003 adquirió la vivienda unifamiliar número NUM007 en Sotogrande, (Cádiz), por el precio escriturado de 553.900 ? que se abonó de la siguiente forma: Por entrega de un cheque de 253.390 ? que se suscribió tras la concesión de una préstamo de 200.000 ? que se canceló en noviembre de 2.003, por el pago por parte de Bernabe Hernan de las parcelas NUM008, NUM009 y NUM010 adquiridas por "EBROGAN S.L." a Irene Herminia; además se entregó un cheque por 46.100 ? al que precedió el correspondiente ingreso en efectivo, 7.920 ? de los que se desconoce el medio de pago, y la subrogación en el préstamo hipotecario que gravaba la vivienda por 300.510 ? en la cuenta corriente NUM011 del BARCLAYS. De esta hipoteca se amortizaron 73.600 ? en 32 ingresos de 2.300 ? de origen acreditadamente ilícito, y previos al recibo de cada mes, hasta el 1 de agosto de 2.007, en donde se canceló la hipoteca mediante el ingreso de 220.000 ? provenientes de la previa venta de fondos de inversión constituidos en su día por depósitos en efectivo no justificados. En total pagaron, al menos 119.700 ? por la compra de la casa de Sotogrande cuyo origen no quedó justificado (73.600 ? más 46.100 ?.) pagados en efectivo.

Irene Herminia en el año 2.003 hizo reformas en su casa facturadas en 136.741,32 ? que pagó a través de sus cuentas previo ingreso del dinero en efectivo.

Además, Irene Herminia y Jacobo Marcos, con iguales fondos ilícitamente obtenidos, adquirieron el inmueble denominado " DIRECCION000 " situado en la URBANIZACIÓN000 ", en la República Dominicana, el 21 de febrero de 2.005, por precio escriturado de 295.785,11 ? El único pago que consta efectuado a la propietaria del inmueble, Maribel Inmaculada, fue una transferencia desde el BANCO POPULAR efectuada por Jacobo Marcos el 3 de enero de 2.005 de 29.337 ? en concepto de señal. No existe constancia de la forma en la que se produjo el pago del resto del precio, dado que el mismo se pagó con dinero no declarado. Los gastos de mantenimiento de la vivienda se cuantificaron en unos 154.500 ? desde el 2.005 al 2.008 (una media de 29.000 ? al año) lo que se desprende de las anotaciones encontradas en el domicilio de Irene Herminia y que también se pagaron con un dinero no declarado. En la escritura figuraba como propietario el acusado Sergio Victorino hijo de los anteriores, lo que se hizo con la clara intención de ocultar la auténtica titularidad de la vivienda dada la condición de cargo público de la Alcaldesa.

Asimismo, consta que por escritura del 29 de junio de 2.006, Jacobo Marcos adquirió a "INMUEBLES EL RASO SL", representada por Leon Eleuterio, un local de 174,45 m2 por 150.253,00 ? más IVA, pagando 116.206 ?, en dinero aparte no escriturado, y que procedía del dinero procedente de los cohechos de la Alcaldesa. La mercantil "TINSA", el 31 de diciembre de 2.005, efectuó una valoración en función de la cual el valor del m2 era de 900 ?, por lo que el precio escriturado fue muy inferior al de mercado. Asimismo "INMUEBLES EL RASO S.L." le vendió en marzo un local en el mismo inmueble y más pequeño, de 143 m2, por 300.000 ?, si bien se pagaron 62.038,67 ? más y no escriturados, sumas igualmente de ilícita procedencia. En la escritura de compraventa del inmueble encontrada en el domicilio de Irene Herminia aparecía anotada la cantidad escriturada de 150.253 más el IVA, 24.040 ? más la cantidad 116.602 ? y al lado la letra B y la suma de ambas cantidades de 290.895 ? Para el pago del precio escriturado se realizaron dos ingresos, uno el 27 de septiembre de 2.005 por 6.000 ? y otro el 29 de junio de 2.006 por 168.293,52 ? (entre los dos el precio más el IVA). El 29 de junio de 2.006 Jacobo Marcos fue a la caja de seguridad número NUM004 en "Cajalón", en la que él esta autorizado, y la titularidad es de su hijo Saturnino Leandro; también está acreditado que el día anterior, 28 de junio, una persona no identificada accedió a la caja de seguridad a nombre de "ARANADE" número NUM012 en caja Rioja. El 29 de junio de 2.006 fecha de la compra del local se produjeron diferentes ingresos en efectivo en la cuenta de Irene Herminia y Jacobo Marcos en la cuenta corriente NUM013 de Cajalón en total 53.000 ?, en 17 ingresos en efectivo sucesivos de 3.000 ? cada uno y otro de 2.000 ?.; un ingreso de 5.000 ? en la cuenta corriente de Jacobo Marcos número NUM014 de Cajalón, y 11.000 ? en la cuenta corriente de Ibercaja número NUM015 de la que era titular el matrimonio haciendo un total de 68.000 ? No consta la forma de pago de tales ilícitas cantidades por, siéndolo por un importe total de 284.895,52 ? que se dijo recibido y por el que se escrituró el local.

Epígrafe A.1:

En escritura pública de 30 de septiembre de 2.008, Irene Herminia y su marido Jacobo Marcos adquirieron de la entidad "INMUEBLES EL RASO S.L." ocho plazas de aparcamiento y un local en el edificio "ARBORCLA" de la Avenida Zaragoza en La Muela, por un precio escriturado de 540.911,00 ? más IVA cuya cantidad provenía igualmente de las cantidades obtenidas por la Alcaldesa en concepto de prebendas. "INMUEBLES EL RASO S.L." estuvo representada en el acto de la escritura pública por el acusado Leon Eleuterio, administrador de la entidad junto al acusado Alexis Teodoro. El dinero en efectivo pagado fue de 27.456 ?, desembolsados por Jacobo Marcos. Otros 300.000 ? se pagaron por cheque y del resto la parte compradora se subrogó en la parte restante de hipoteca; además se pagaron 661.113 ? que no se declararon. En julio de 2.007 se emitió una factura por "INMUEBLES EL RASO S.L." por importe total de 6.000 ? en concepto de señal en relación a un contrato privado que la mercantil había manifestado haber perdido en una inundación y que se encontró en el domicilio del matrimonio Jacobo Marcos Irene Herminia, junto a una hoja en la que se establecía la entrega de los 6.000 ? incluido IVA, aludidos como arras penitenciarias y se establecía un precio de 830.608,85 ? El contrato era de 3 de julio de 2.007 y estaba firmado por ambas partes. Asimismo, se encontró en el ordenador de Sergio Victorino un contrato en relación a este local y garajes, en donde apareciendo Jacobo Marcos ya como vendedor, el precio de venta se establece en 1.762.287 ? Si bien la valoración de "TINSA" de 6 de mayo de 2.008, otorgaba un valor a los citados inmuebles de 1.254.328,80 ? En la escritura de compraventa de estos inmuebles que se encontraba en el domicilio del matrimonio Jacobo Marcos Irene Herminia, existen unas anotaciones en donde junto al precio escriturado se hacía costar 661.113 ? en dinero no declarado (ND) y en la misma línea la cantidad total en pesetas, esto es 214.400.000 de pesetas; a la cantidad total aparecían sumados 7.450 ? que son los que se habían pagado como gastos de registro, tal y como se hace costar en el apunte, es decir, además del precio escriturado se pagó la cantidad de 661.113 ? No declarados y que Irene Herminia habría obtenido de sus actividades ilícitas. Como en el caso anterior, el día anterior a la compra Jacobo Marcos fue a la caja de seguridad NUM004, de la que es autorizado y titular su hijo Saturnino Leandro.

Entre el año 2.006, en que se produjo la anterior venta por parte de "INMUEBLES EL RASO S.L." y el año 2.008 constan ingresos de idéntico origen a los anteriores en las cuentas bancarias de la citada mercantil por un total de 308.804,00 ? y, además, constan ingresadas sin justificar en el mismo periodo en las cuentas personales de los administradores, la cantidad total de 162.930,00 ? provenientes de estas operaciones de venta. Al rehacer la declaración del Impuesto de Sociedades de 2.008, incluyendo los 661.113 ? cobrados sin declarar en el ejercicio, resultó una cuota defraudada a la Hacienda Pública de 129.317,59 ?, a la que había que sumar los 46.902,40 ? que la Hacienda Pública devolvió a "INMUEBLES EL RASO" como consecuencia de la declaración presentada en plazo, y conforme a la decisión de sus administradores Leon Eleuterio y Alexis Teodoro, quienes escrituraron las ventas de la forma descrita para eludir el pago del impuesto.

Leon Eleuterio y Alexis Teodoro antes del inicio de las sesiones del juicio oral reconocieron los hechos ingresando en la Hacienda Pública el dinero debido más los intereses.

Jacobo Marcos en el acto de la vista reconoció asimismo los hechos

Epígrafe A2

El 4 de noviembre de 2.008 Irene Herminia hizo entrega al acusado Anselmo Victorino, administrador de "BROCOVER S.L." de la cantidad de 250.000 ? de ilícita procedencia al provenir de los cohechos de la Alcaldesa y que como tal no tenía declarada ni provenía de ninguna cuenta bancaria registrada, y que posteriormente junto con su hermano introdujo en el circuito económico para hacer frente a parte de unos préstamos que tenía pendientes como más adelante se describirá. Consta como una vez recibidos por Anselmo Victorino los 250.000 ?, éste se los entregó a su hermano y también acusado Bartolome Victorino para que los guardase haciendo llegar a "BROCOVER" dicho metálico de la siguiente manera: primero inyectó 88.000 ? en la cuenta NUM016, abierta a nombre de "BROCOVER PROYECTOS INMOBILIARIOS" en la CAM, y otros 12.000 ? los hizo llegar a la cuenta de BROCOVER número NUM017 en el Banco Sabadell. Para hacerlo de forma justificada Anselmo Victorino solicitó un préstamo a su padre Ricardo Torcuato, quien el 6 de noviembre de 2.008, ordenó una transferencia de 70.000 ? desde su cuenta terminada en NUM018 en "IBERCAJA" a la cuenta terminada en 2062 abierta a nombre de "COMOFER S.L." en el Banco Guipuzcoano. Con fecha valor de 6 de noviembre de 2.008, se cargó en la cuenta de Ricardo Torcuato, en el Banco Santander terminada en NUM019, un cheque por 30.000 ? que fue abonado en la misma cuenta del Banco Guipuzcoano de "COMOFER" de cuya cuenta el 7 de noviembre de 2.008, se transfirieron 70.000 ? a la cuenta de "BROCOVER" terminada en NUM016 en la CAM, y el 10 de noviembre de 2.008 se efectuaron dos transferencias, una por 12.000 ? a la cuenta de "BROCOVER" en el "BANCO SABADELL" terminada en NUM017, y otra por 18.000 ? a la cuenta de "BROCOVER" en la CAM (100.000 ? en total). El 12 de noviembre de 2.008, Bartolome Victorino, hermano de Anselmo Victorino, ingresó en la cuenta de "COMOFER" terminada en NUM020 en el banco Sabadell, 6.000 ? y en el mismo día y cuenta Ricardo Torcuato abonó otros 6.000 ? Desde esta cuenta de "COMOFER" el mismo día 12 se transfirieron 12.000 ? bajo el concepto préstamo, a la cuenta de "BROCOVER" en la CAM. Finalmente se hicieron llegar 120.000 ? a la cuenta de "BROCOVER" en la CAM y otros 18.000 ? en la cuenta dicha que dicha entidad tenía abierta en el "BANCO SABADELL". Para ello Anselmo Victorino remitió una factura por fax a "ESPACIO 2.000" y consiguió que bajo el concepto "pago factura 2007 2010" el 18 de noviembre (fecha valor 19 de noviembre) se ingresara la cantidad de 174.000 ? en la cuenta de Caja Madrid de "COMOFER" terminada en NUM021 por la mercantil "ESPACIO

2.000 SA". El mismo 19 de noviembre, desde la citada cuenta de "COMOFER" Anselmo Victorino ordenó una transferencia OMF por 120.000 ? a la cuenta de la CAM de "BROCOVER", en concepto préstamo, y otra de 18.000 ? con el mismo concepto a la cuenta de "BROCOVER" en el Sabadell, haciendo un total de 150.000 ? En el domicilio social de "COMOFER" se encontró un documento, fechado el 16 de febrero de 2.009, con el título "BROCOVER PROYECTOS INMOBILIARIOS SA DETALLE CUENTA CON COMOFER" conteniendo un listado de aportaciones socios y en un detalle aparte, bajo el título préstamo financiación, las transferencias referidas. En un listado encontrado en "COMOFER" de "Relación de aportaciones para el pago de intereses", de forma manuscrita y aparte sin contabilizar, aparece "Comofer 250.000", y en un correo electrónico encontrado en el ordenador de "COMOFER", remitido el 11 de febrero de 2.009, por el asesor fiscal de Anselmo Victorino aparece un cobro contabilizado el 12 de diciembre de 2.008 de 250.000 ? como "préstamo Irene Herminia " y a continuación aparecen cantidades pendientes de devolución en donde aparece este préstamo.

Asimismo, se pagó en efectivo proveniente de las mencionadas ilícitas actividades la adquisición de los siguientes vehículos: Fueron abonados 41.900 ? de los que 40.900 ? fueron pagados por Jacobo Marcos y 1.000 ? por su hijo Sergio Victorino en la compra del mercedes SLK matricula....XNF y puesto a nombre de Jacobo Marcos matriculado el 25 de mayo de 2.005. También se abonaron 14.000 ? en efectivo para la compra del Volswagen Golf matricula....NND y puesto a nombre de Irene Herminia y que ella misma pagó, matriculado el 15 de noviembre de 2.005. Abonaron 6.779,01 ? en efectivo por la compra del Honda trx 350te matricula U....HNX puesto a nombre de Irene Herminia en julio de 2.004. Se pagaron 10.000 ? en efectivo por la compra del Honda crv 2.ovtec matricula....WYG puesto a nombre de Irene Herminia el 31 de octubre de 2.008. Se abonaron 8.000 ? en efectivo por la compra del vehículo Grand Cherokee matrícula Y-.... puesto a nombre de Irene Herminia, y que ésta pagó en 2.006. Pagaron 4.500 ? en efectivo el 30 de noviembre de 2.006 por la compra del Nissan Trade 3.0 matricula D-.... puesto a nombre de Jacobo Marcos. Pagaron 41.490 ? en efectivo por la compra del tractor John Deere mat. U....DWR matriculado el 18 de junio de 2.003 y puesto a nombre de la mercantil Embarba Pinilla SL. El 29 de noviembre de 2.004 pagaron 57.000 ? por la compra del vehículo BMWX-5 matricula.... HVN a nombre de Saturnino Leandro ( Irene Herminia pagó 15.000 ? en efectivo constando ingresados los otros 42.000 ? por Saturnino Leandro en efectivo en la cuenta de la mercantil. El Toyota Rav 4, matrícula....QYG puesto a nombre de Saturnino Leandro consta comprado con la entrega del VOLSWAGEN GOLF matricula....NND (valorado en 8.000 ? y a nombre de Irene Herminia y los 27.000 ? restantes constan pagados por Jacobo Marcos, en dos pagos de 2.000 ? y los otros 25.000 ? Saturnino Leandro, ambos en efectivo y de origen desconocido. Pagaron los 27.526,35 ? del BMW matricula....RXD, puesto a nombre de Angel Humberto y comprado en Goya Automoción con la intermediación de Alexander Norberto constando abonado este dinero por Angel Humberto y procediendo de un pago hecho por Pedro Porfirio a Irene Herminia según se desprende de los apuntes de "pagos hasta la fecha" de éste, según se ha descrito. Pagaron 26.865,24 ? del BMW mat.....KNW puesto a nombre de Sergio Victorino y comprado en Goya Automoción con la intermediación de Alexander Norberto, constando abonado este dinero por Angel Humberto, pero procede de un pago hecho por Pedro Porfirio a Irene Herminia según se desprende de los apuntes de éste, según se ha descrito. En total por estos dos vehículos consta ingresado por Angel Humberto en efectivo la cantidad de 54.918,22 ?

En total, los pagos efectuados por el matrimonio Jacobo Marcos Irene Herminia y la mercantil Embarba Pinilla en concepto de adquisición de vehículos ascendieron a 177.362,17 ?

El 18 de enero de 2.006 Jacobo Marcos pagó en efectivo la cantidad de 3.485,87 ? como pago de una cisterna de 12.000 litros de agua a "TALLERES AGUDO". El 8 de julio de 2.005 desde la cuenta en CAJALÓN de Irene Herminia y Jacobo Marcos se efectuó una transferencia de 4.418,54 ? a "PUERTAS NUEVA CASTILLA SA", como pago de unas puertas de garaje. Previamente había un ingreso de 6.000 ? de ilícito origen.

El 30 de septiembre de 2.005 pagaron en efectivo a "EBRO RESTAURACIONES S.L. (EL CACHIRULO)" 24.079,28 ? en concepto de la parte proporcional del banquete de boda de Sergio Victorino.

De los 45.237,68 ? que costó la pista de tenis de la casa de Sergio Victorino, se pagaron 34.000 ? mediante tres ingresos previos sin justificar en la cuenta de "CAJA RIOJA" en febrero y marzo de 2.008. Esta obra fue encargada por la SULM a C.M.V. SA, facturándose el trabajo a nombre de la mercantil "Embarba Pinilla" bajo el concepto "arreglos de la de red de saneamiento interior y solera en naves 4 y 5 de Solar balsa de la Jupe". Esta reforma derivaba de la venta hecha por la mercantil "EMBARBA PINILLA SL" a "OLVIC 2005 SL" (de Sergio Victorino) de una vivienda sita en Residencial DIRECCION001 de La Muela. La mercantil Embarba Pinilla antes de venderla incrementó el valor contable de la vivienda en 39.998 ? bajo el concepto reforma DIRECCION001 cuando en realidad se trataba de la construcción de una pista de tenis.

El día 2 de agosto de 2.004 se pagó en efectivo la suma de 42.000 ? a "CAMINOS Y CONSTRUCCIONES S.L." (CODESPORT) por la reforma de la casa unifamiliar de la Alcaldesa en CALLE000 y ejecución de trabajos en vivienda CAMINO000 de La Muela.

De la misma forma, se utilizaron ingresos en efectivo de ilegal origen para pago de impuestos en cantidad de 137.500 ?, habiéndose ingresado un total de 84.000 ? de ilícita procedencia para la constitución de IPF y fondos o compras de valores entre otros. Así, en la cuenta corriente NUM022 de "IBERCAJA", el 29 de junio de 2.006, fueron ingresados 11.000 ? de origen no justificado para hacer frente al pago ese mismo día del pago del impuesto. Entre los años 2.002 y 2.005 se ingresaron 24.000 ? en la compra del plan de pensiones de Ibercaja NUM023. El 20 de mayo de 2.002 se constituyó el IPF número NUM024 en "CAJALON", previo ingreso de 12.000 ? que se correspondían con una entrega anotada en los registros "de pagos hasta la fecha". Con la cancelación de este IPF el 14 de octubre de 2.003 se emitió un cheque por 11.569,48 ? que sirvió para pagar la casa de San Roque, (Cádiz). El 22 de enero de 2.009 se abrieron las cuentas terminadas en NUM025 y NUM026 en "LA CAIXA", ingresando en cada una 30.000 ? en total (60.000 ?.) con los que se invirtieron en un fondo de inversión entre otros.

Entre los años 2.004 a 2.008 se realizaron ingresos en las cuentas bancarias por un total de 68.282,47 ? de origen ilícito que tenían como finalidad hacer frente a compras previas efectuados con tarjeta VISA.

Solo entre el 2.008 y 2.009 el matrimonio Jacobo Marcos Irene Herminia viajó a Polinesia, Italia, Argentina y República Dominicana. El viaje a Argentina de 17 a 25 de noviembre de 2.008 por 10.298 ? facturado por "VIAJES HALCÓN", lo pagó Jacobo Marcos en efectivo. Asimismo aparecen viajes pagados en efectivo a la empresa "SAUCO VIAJES", el vuelo a la Republica Dominicana (expediente NUM027 de 22 de febrero de 2.005) fue pagado por Irene Herminia en efectivo en total 4.860 ?, quedando pendientes 916,06 ? en el expediente nº NUM028; consta que el vuelo a la Republica Dominicana de 18 de marzo 2.005, por importe de 6.330 ? fue pagado en efectivo por Jacobo Marcos. Los billetes a Sevilla de 29 de Abril de 2.004, (expediente nº NUM029 por 1.449,60 ?.) fueron pagados en efectivo por Irene Herminia. El vuelo del 3/06/06 a Punta Cana, (expediente NUM030 de 3.000 ?.) fue pagado en efectivo por Jacobo Marcos; los vuelos contratados a Santo Domingo el 22 de junio de 2.006 (expediente nº NUM031 por 11.415 ?.) (expediente nº NUM031) fueron pagados en efectivo por Jacobo Marcos en la cantidad de 9.530 ? quedando pendientes 1.885 ? En el expediente NUM032 de 20 de marzo de 2.007, constan pagados en efectivo 6.000 ? por el vuelo Madrid Santo Domingo. El total del dinero pagado en efectivo a "VIAJES SAUCO" ascendió a 31.169,6 ?.

La mercantil "EMBARBA PINILLA", representada por Jacobo Marcos adquirió el 30 de julio de 2.002 un inmueble en Madrid CALLE001 NUM033, para cuyo pago utilizó 90.000 ? en efectivo de origen delictivo. El 22 de julio de 2.002 consta anotado en el registro "Pagos a hasta la fecha" aludido entrega de 47.377,23 ? a " Irene Herminia ". Asimismo dicha mercantil adquirió el 15 de octubre de 2.003 dos inmuebles en la Línea de la Concepción (Cádiz); se pagaron 11.569,48 ? que provenían de la cancelación de un plazo que se había hecho el 20 de mayo de 2.002 con 18.000 ? de los que 12.000 ? provenían de un ingreso efectivo previa entrega por parte de Pedro Porfirio de 24.040 ? según apunte de 13 de mayo de 2.002. Estos inmuebles se vendieron en marzo y septiembre de 2.004. El matrimonio Jacobo Marcos Irene Herminia adquirió tres apartamentos en Manilva a la mercantil "METROVACESA S.A." (apartamentos NUM001, NUM034, NUM035 DIRECCION002 NUM036) habiendo efectuado Jacobo Marcos, marido entonces de Irene Herminia, el ingreso en efectivo de 160.920 ?, en dos veces: la primera el 3 de junio de 2.005 en donde ingresó 30.000 ? en concepto de reserva, y otro ingreso de 136.920 ? el 15 de julio de 2005, en concepto de señal; ambas cantidades se reconocieron como recibidas en el momento de la escritura.

No se ha justificado el origen de los citados fondos. Los apartamentos se pusieron a nombre de la mercantil "EMBARBA PINILLA S.L.".

En el registro practicado en el domicilio de Irene Herminia y su marido Jacobo Marcos, en Nuestra Señora La Sagrada, se encontraron 11.500 ? en 23 billetes de 500 ? en el cajón de la mesa utilizada como despacho, en los dormitorios de los hijos Angel Humberto y Saturnino Leandro un billete de 500 ? en cada uno; en el dormitorio del matrimonio se encontraron en una caja fuerte 34.500 ? dispuestos en 69 billetes de 500, en el vestidor junto al dormitorio dos monederos uno con 7.280 ? y otro con 910 ?, haciendo un total la cantidad encontrada en el domicilio de 55.190 ? Todas estas cantidades provenían igualmente de la actividad delictiva de la Sra. Irene Herminia a través de la aceptación de cohechos.

En la caja de seguridad de CAJALÓN nº NUM003, en la que aparece como autorizada Irene Herminia y consta a nombre de su hermana la también acusada Begoña Emma, se encontraron 378.000 ? en billetes de 500 ? de igual procedencia.

El matrimonio Jacobo Marcos Irene Herminia poseía, además de los inmuebles mencionados, dos inmuebles sitos en La Muela CALLE002 y DIRECCION001 y 30 parcelas rústicas, todas ellas en la Muela.

A Jacobo Marcos le consta, en régimen privativo, el inmueble sito en CALLE003 de La Muela y 8 parcelas rústicas todas en La Muela. Además le constan a su nombre el camión Nissan modelo TRADE 3.0 matricula D-...., un turismo Mercedes modelo SLK 200 matrícula....XNF, vehículo Derbi, modelo Sendar, matrícula N....mFQX. Asimismo, le constan cuentas corrientes en; tres en "LA CAIXA", una en "LA CAI", una en la "SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO", dos en "CAJA RIOJA", cuatro en "BARCLAYS", 7 en "CAJA DUERO", dos en "CAJA RURAL DE

TERUEL", una en "BBVA", siete en "CAJALON" y siete en "IBERCAJA".

A Irene Herminia le constan como privativas 10 parcelas rústicas, todas en La Muela. Tiene además a su nombre un todo terreno marca Jeed Grand Cherokee matricula Y-...., un vehículo especial Honda TRX350TE matricula U....HNX, un turismo Honda CRV 2,0 matricula....WYG, un turismo Volkswagen matricula....NND (que vendió en enero 2.008). Asimismo se le encontraron dos cuentas en "MULTICAJA", otras dos en "BANESTO", una en "BANCO DE CRÉDITO LOCAL", cinco en "BANCO POPULAR ESPAÑOL", cuatro en "CAJA RIOJA", dos en "BARCLAYS", 6 en "CAJA DUERO", dos en "BANCO DE SANTANDER", cuatro en "CAJA RURAL DE TERUEL", una en el "BBVA", ocho en "CAJALÓN", y dos en la "CAI".

A la mercantil "EMBARBA PINILLA S.L." constituida en 1.998, y a cuya constitución ayudó a sufragar Pedro Porfirio como administrador de "ARANADE", mediante la entrega de dinero no declarada, le constan a su nombre un inmueble en la AVENIDA000 de La Muela y 14 parcelas rústicas, todas en La Muela, además, a su nombre, el BMW 320-D matricula.... RKJ, el tractor marca Jonh Deere modelo 6620 matricula U....DWR y tres cuentas corrientes en "IBERCAJA", "CAJA SUR" y "CAJA RIOJA".

En la cuenta NUM037 de "CAJA RIOJA", de la que es titular la mercantil Embarba Pinilla, se fueron ingresados en el 2.003 un total de 292.232 ? con los que se hicieron frente a 111.480,56 ? facturados por "COCINAS ARTEMARK SA" por trabajos realizados en la casa sita en la AVENIDA000 de Aragón de La Muela y por otro lado 25.260,76 ? por trabajos realizados por "AZULEJOS SAN JOSÉ" también en la misma casa.

Conforme a lo anterior, se desprende que el matrimonio Jacobo Marcos Irene Herminia, bien a título personal o bien a través de la mercantil "EMBARBA PINILLA" desde el 2.002 y hasta el 2.009 dispuso de 3.495.226,14 ? obtenidos en su gran mayoría mediante la tan reiterada actividad delictiva que la Alcaldesa desarrolló a lo largo de todos estos años y que introdujeron en el circuito financiero mediante compras de inmuebles, vehículos, constitución de depósitos financieros, ingresos en cuentas bancarias y pagos en general, habiendo recibido de Pedro Porfirio, desde 1.998 en concepto de pagos la cantidad de 2.888.591,21 ? tal como se describe en los resúmenes de pagos hasta la fecha, a lo que hay que sumar el beneficio obtenido por la compra de la NAVE por parte de Angel Humberto, el dinero recibido por la venta de "TUDELA INMOBILIARIA Y GESTIÓN" y la previsión que existía en relación a la compra de las naves.

Epígrafe A-3

Como consecuencia del afloramiento de las cantidades citadas, la Agencia Tributaria procedió a regularizar las declaraciones tributarias de los miembros de la familia Jacobo Marcos Irene Herminia, resultando defraudada en una cuota superior a 120.000 ? Así, la cuota defraudada en el IRPF de 2.005 fue de 321.853,14 ? respecto a Irene Herminia y respecto a Jacobo Marcos de 222.955,72 ? Estas cuotas resultaron de rehacer las declaraciones presentadas, añadiendo las cantidades afloradas pagadas en B por "ARANADE", que se cuantifican para el 2.005 en 207.020,38 ? Las cantidades reales obtenidas como consecuencia de la venta de las participaciones de "TUDELA INMOBILIARIA Y GESTIÓN", empresa de Pedro Porfirio cuya valoración se determina por los suelos adquiridos y el beneficio obtenido por la venta del mismo a "Brocover" a través de Catalina Mariana por "TUDELA INMOBILIARIA Y GESTIÓN" en el SR1 se han calculado en 1.775.175,22 ? El dinero aflorado para pagar la DIRECCION000 en la República Dominicana y calculado conforme a lo escriturado 320.594,54 ? (si bien se calcula que el valor real del inmueble es de 1.378.000 ?.) y los ingresos de origen desconocido habidos en las cuentas titularidad del matrimonio, se cuantifican en 108.200 ? Otros ejercicios no se han podido denunciar por estar prescritos y en otros las actuaciones tributarias están paralizadas hasta que se concluya el presente procedimiento.

Al inicio de las sesiones del juicio oral Jacobo Marcos reconoció los hechos imputados, exculpando a su hijo Sergio Victorino en cuanto que al mismo no se le consultaba como hacer la declaración de la renta ni conocía como tributaban los progenitores y no se le consultó la titularidad de la casa de la República Dominicana, habiendo pagado antes del inicio de las sesiones del juicio oral el principal con la deuda tributaria más los intereses

Epígrafe A-4

El acusado Angel Humberto en su negocio "FORMULARIOS LA MUELA" ingresó la suma de 624.000 ? de ilícita procedencia disponiendo de 299.000 ? en compras, no justificadas, inmuebles y bonos, y sin que tampoco quedara justificada la procedencia del dinero que le daba su madre. Asimismo, adquirió un vehículo BMW comprado con dinero en efectivo al igual que su hermano Saturnino Leandro que también abonó vehículos pagados en efectivo. Este último era también titular junto con su tía Begoña Emma de la tienda "VICTOR, S DECORACION" facturando grandes cantidades para artículos de ornamentación. Por su parte, Sergio Victorino era cotitular junto con su esposa de la mercantil constructora "OLVIC S.S." teniendo ingresos en sus cuentas de ilegal origen, figurando igualmente como titular de la casa de Punta Cana con el fin de colaborar con sus padres en la ocultación del citado bien. Asimismo Angel Humberto compareció en la Notaria junto con su madre, pagando en concepto de señal 12.000 ? en metálico en fecha 27-5-09 por la compra de un piso en la CALLE004 de Zaragoza. Asimismo, "VIAJES SAUCO" facturaba viajes al Ayuntamiento sin expediente como el que organizó para unos concejales del Ayuntamiento muelano a la República Dominicana, a Argentina y a Berlín. También fueron adquiridas en la tienda "VICTOR, S DECORACION" tres esculturas de gran valor para adornar el edificio del Ayuntamiento.

Asimismo y a través de la colaboración del acusado Abelardo Marcelino tal y como más adelante se expondrá, los miembros de la familia Angel Humberto Jacobo Marcos Irene Herminia Sergio Victorino efectuaron los ingresos fraccionados que seguidamente se reseñarán en diferentes cuentas bancarias con la única intención de ocultar la entidad real de lo ingresado y así evitar las normas relativas al control del blanqueo de capitales

Tal aluvión de opacos ingresos y que en su inmensa mayoría provenían de la antecedente dinámica delictiva resultó asimismo extensible, como miembro del clan familiar, a la también acusada y hermana de la Alcaldesa, Begoña Emma, titular de la caja de seguridad número NUM006, de la que estaba autorizada Irene Herminia, y en la que fueron las siguientes cantidades: en el 2.004 de 31.280,54 ?, en el 2.005 de 31.275,00 ?, en el 2.006 la cantidad de 11.900,00 ?, en el 2.007 de 50.250,00 ?, en el 2.008 de 17.200,00 ? y en el 2.009 de 7.200,00 ?

Igualmente por escritura del 29 de junio de 2.006 Jacobo Marcos adquirió a "INMUEBLES EL RASO SL", un local de 174,45 m2 por 150.253,00 ? más IVA, pagando 116.206 ? en dinero aparte no escriturado, y que procedía de dinero no declarado por Irene Herminia y obtenido ilícitamente, siendo el precio escriturado fue muy inferior al de mercado. El pago del precio escriturado se hizo mediante dos ingresos, uno el 27 de septiembre de 2.005 por 6.000 ? y otro el 29 de junio de 2.006 por 168.293,52 ? (entre los dos el precio más el IVA). El 29 de junio de 2.006 Jacobo Marcos fue a la caja de seguridad número NUM004 en "CAJALÓN", en la que él esta autorizado, y la titularidad es de su hijo Saturnino Leandro; también está acreditado que el día anterior, 28 de junio, una persona no identificada accedió a la caja de seguridad a nombre de "ARANADE" número NUM012 en caja Rioja. El 29 de junio de 2.006, fecha de la compra del local, se produjeron diferentes ingresos en efectivo de igual procedencia en la cuenta de Irene Herminia y Jacobo Marcos en la cuenta corriente NUM013 de Cajalón en total 53.000 ? en 17 ingresos en efectivo sucesivos de 3.000 ? cada uno y otro de 2.000 ?.; un ingreso de 5.000 ? en la cuenta corriente de Jacobo Marcos número NUM014 de Cajalón, y 11.000 ? en la cuenta corriente de "IBERCAJA" número NUM015 de la que es titular el matrimonio, haciendo un total 68.000 ?, no constando la forma de pago.

Asimismo, en la cuenta número NUM038 de dicha entidad de la que eran titulares Sergio Victorino y Carina Debora, el 21 de noviembre de 2.006 fue ingresada la suma de 30.000 ? mediante diez ingresos sucesivos en efectivo por importe de 3.000 ? sirviendo este importe para pagar un recibo de la compañía "MAFRE INVERSIONES" de 31.000 ? En la cuenta número NUM039 de la citada entidad financiera a nombre de Sergio Victorino y Carina Debora, el 6 de octubre de 2.006 se ingresaron 24.000 ? en efectivo, mediante 8 ingresos sucesivos por 3.000 ? cada uno, sirviendo esta cantidad para pagar a diferentes proveedores por un total de 18.530,58 ? El 11/10/2006 fueron ingresados 23.000 ? mediante ocho ingresos sucesivos en efectivo realizados por 3.000 ? cada uno de ellos menos uno que era de 2.000 ? En la cuenta número NUM040, a nombre de "OLVIC 2005 S.L.", en la que figuran como autorizados Sergio Victorino y su esposa Carina Debora, el día 31 de enero de 2.007 se ingresaron 10.000 ? mediante 4 ingresos sucesivos de 2.500 ? sirviendo este importe para pagar un cheque de 9.532,51 ? El 25 de octubre de 2.007 se ingresaron 9.000 ? mediante tres ingresos sucesivos, dos por 2.500 ? cada uno y otro por 1.500 ? Sirviendo este importe para pagar una factura de construcciones y reformas. En la cuenta NUM041 a nombre de "Formularios La Muela SC" y en la que figura autorizado Angel Humberto, el 3 de agosto de 2.005 se ingresaron 11.000 ? mediante tres ingresos consecutivos, 2 de 3.000 ? y uno de 5.000 ? El 13 de marzo de 2.008 se efectuó un ingreso de 5.900 ? mediante dos ingresos consecutivos de 2.950 ? cada uno.

Igualmente consta que el 2 de febrero de 2.006, Abelardo Marcelino autorizó el ingreso de 300.000 ? en la cuenta NUM042, abierta en la sucursal de "CAJALÓN" en La Muela, a nombre de Torcuato Hector, apareciendo como ordenante "CONSTRUCCIONES SAGAÍN". Torcuato Hector, primo de Irene Herminia, actuó de intermediario en compraventas de suelo en La Muela en donde han intervenido "BROCOVER S.L.", "SULM", "EBROGAN S.L.", "SAGAIN S.L.", Irene Herminia y su marido y otras más. La falta de identificación adecuada y con todas las garantías del ordenante del citado ingreso imposibilitó el adecuado seguimiento del origen del mismo, del que además no se dio cuenta conforme a la normativa de prevención de blanqueo de capitales.

El acusado Abelardo Marcelino, desde el año 1.991 hasta el año 2.009 ostentó la condición de Director de la Sucural de La Muela de la entidad "CAJALON". Durante este tiempo los ingresos efectuados por el entorno de Irene Herminia en la citada entidad bancaria fueron los siguientes: El 2 de febrero de 2.006, (referencia informe policial tomo 117 folio 40.795) Abelardo Marcelino autorizó el ingreso de 300.000 ? en la cuenta NUM042, abierta en la sucursal de "CAJALÓN" en La Muela, a nombre de Torcuato Hector en pago de la factura NUM043; en la cuenta número NUM044, la sucursal de Cajalón en La Muela, y de la que eran titulares Jacobo Marcos y Irene Herminia, el 29 de junio de 2.006 se ingresaron en metálico 53.000 ? en 18 ingresos sucesivos, (diecisiete de 3.000 ?.y otro de 2.000 ?.) sirviendo el mismo para hacer frente a dos pagos de Hacienda, uno de 25.454,87 ? y otro de 27.702,66 ? que fueron cargados al día siguiente en la cuenta número NUM038 de dicha entidad de la que son titulares Sergio Victorino y Carina Debora; el 21 de noviembre de ese mismo año se ingresaron 30.000 ? mediante 10 ingresos sucesivos en efectivo por importe de 3.000 ?, sirviendo tal importe para pagar un recibo de la compañía "MAFRE INVERSIONES" de 31.000 ? en la cuenta número NUM039 de la citada entidad financiera a nombre de Sergio Victorino y Carina Debora; el l6 de octubre de 2.006 se ingresaron 24.000 ? en efectivo mediante 8 ingresos sucesivos por 3.000 ? cada uno, sirviendo dicha cantidad para pagar a diferentes proveedores por un total de 18.530,58 ?; el 11/10/2006 se ingresaron 23.000? mediante ocho ingresos sucesivos en efectivo realizados por 3.000 ? cada uno de ellos menos uno que era de 2.000 ?.; en la cuenta número NUM040, a nombre de "OLVIC 2005 SL" en la que figuraban como autorizados Sergio Victorino y su esposa Carina Debora el día 31 de enero de 2.007 se ingresaron 10.000 ? mediante 4 ingresos sucesivos de 2.500 ? sirviendo tal importe para pagar un cheque de 9.532,51 ?.; el 25 de octubre de 2.007 se ingresaron 9.000 ? mediante tres ingresos sucesivos, dos por 2.500 ? cada uno y otro por 1.500 ?, lo que sirvió para pagar una factura de construcciones y reformas, en la cuenta NUM041 a nombre de "Formularios La Muela SC" y en la que figuraba autorizado Angel Humberto; el 3 de agosto de 2.005 se ingresaron 11.000 ? mediante tres ingresos consecutivos, 2 de 3.000 ? y uno de 5.000 ?.; y 13 marzo de 2.008 se efectuó un ingreso de 5.900 ? mediante dos ingresos consecutivos de 2.950 ? cada uno.

No todos estos ingresos se hicieron en la terminal del director, sino también en la oficina aún con la autorización de éste, pudiendo ser utilizada por todos los empleados la terminal de ventanilla.

No fue sino hasta finales 2.007 cuando se implantó la alarma informática que detectaba los ingresos irregulares, de forma que hasta ese momento era decisión de la persona que se encontraba al frente de la terminal en donde se verificaba el ingreso el identificar a la persona que le hacía y el dar cuenta de cualquier operación sospechosa.

Ante tal forma de proceder el subdirector de la oficina Sr. Sabino Teodoro que había sido recientemente destinado a la oficina de la Muela preguntó al acusado si era normal el fraccionamiento de 53.000 ? en diecisiete ingresos de 3.000 ?, obteniendo por toda respuesta que efectivamente lo era y que se trataban de clientes habituales.

Epígrafe A.5:

Las declaraciones tributarias presentadas por Pedro Porfirio como administrador de "ARANADE", presentan irregularidades, pues no declaraba el dinero con el que se efectuaban los pagos aludidos. La Agencia Tributaria denunció que en el año 2.005 la cuota defraudada era superior a 120.000 ?, habiendo solicitado la paralización de los expedientes incoados respecto al Impuesto de Sociedades del año 2.004 a 2.007 e IVA en los mismos ejercicios, hasta la resolución del presente procedimiento.

En el registro practicado en la caja de seguridad alquilada por "ARAGON NAVARRA DE GESTION S.L., ARANADE", de la sucursal de "Caja Rioja" de la Plaza Aragón de Zaragoza, el 20 de marzo de 2.009 fueron ocupados 500.800 ? en efectivo, en diferentes sobres, y cuatro lingotes de oro de 995 gramos cada uno estando valorados en 45.036,62 ?.. Esta cantidad no fue declarada y el dinero con el que se compró el oro tampoco, sin que Pedro Porfirio haya justificado su procedencia. No consta sin embargo que la misma fuera ilícita.

Como se ha expuesto, Pedro Porfirio, administrador de "ARANADE S.L.", efectuaba pagos y cobros al margen de la contabilidad oficial, ascendiendo los pagos efectuados a Irene Herminia y su familia, cuyo control se llevaba mediante las anotaciones antes referidas, en el año 2.005, a 207.020,38 ? Asimismo se encontró junto al listado "resumen pagos hasta la fecha", otro listado de pagos realizados a "C" desde 1.997 a 12 de diciembre de 2.006, tratándose de dinero oculto y que no había declarado de la actividad de "ARANADE", abonando a "C" las cantidades anotadas por lo que su declaración tributaria en el Impuesto de Sociedades debía incrementarse en las cantidades correspondientes de cada ejercicio.

Además de los registros de pagos aludidos, se llevaba también en contabilidad aparte de la oficial el control del dinero que se ingresaba en la caja de seguridad del banco y de la caja de la oficina que no se declaraba "Dinero XLM", contabilizándose como saldo en la caja de seguridad el 22 de julio de 2.005 el de 427.945,45 ? Desde el 1 de enero de 2.004 hasta esta fecha 22 de julio 2.005 constan hechos pagos por 451.799,40 ?, quedándole los citados 427.945,45 todavía el 22 de julio, desde cuya fecha hasta el 20 de marzo de 2.009 cuando se abrió la caja hizo pagos no declarados por 1.793.705,39 ? y el 20 de marzo aún le quedaban en caja 500.800 ?.

Dentro de la caja se ocuparon sobres vacíos con fecha, cantidad de dinero y destinatario. Uno de estos sobres estaba fechado el 24 de enero de 2.007 y escrita en él la cantidad 300.000 ? que es el dinero entregado a Irene Herminia) como pago del precio de la recompra de las participaciones de "TIG S.L." al que ya se ha aludido. Asimismo, las participaciones constan compradas por Alexander Sergio y Alexander Norberto, por un precio escriturado de 2.596,32 ?, si bien el precio real abonado fue de 1.206.000,00 ? que no salió del patrimonio personal de los mismos sino que, conforme a las anotaciones encontradas, fue entregado por Pedro Porfirio y obtenido desde "ARANADE S.L.". Estas cantidades no habían sido declaradas por Pedro Porfirio sino que las mantenía ocultas.

En total, sumando lo gastado más lo encontrado, menos lo que tenía en caja en 2.005 la cantidad en la que se incrementa la base imponible es de 1.866.559,94 ?

Además, Pedro Porfirio hizo aparecer como aportaciones de socios cantidades ingresadas en caja, con derecho a devolución a los mismos, que en realidad no eran tales aportaciones, dado que no se ha podido justificar que las citadas aportaciones derivasen del patrimonio particular de los mismos. En el año 2.005 se ingresaron en este concepto 6.026 ? (en el 2.004 fueron 15.693,93 ?.) por los que se debía tributar.

Asimismo, Pedro Porfirio como administrador de "ARANADE S.L." en el Impuesto de Sociedades de 2.005 se dedujo 61.098,94 ? por gastos de las viviendas particulares de sus hijos y la propia que, estando a nombre de la mercantil, usaba la familia. De igual forma, no procedía la deducción por los gastos de las viviendas sitas en Palma de Mallorca, Candanchú, Calafell y La Línea de Concepción (Cádiz).

Tal y como se ha expuesto, Pedro Porfirio sufragaba los gastos de los caballos de la familia Jacobo Marcos Saturnino Leandro Irene Herminia Sergio Victorino y luego pretendía deducírselos como gastos necesarios para el buen fin de la mercantil. En el año 2.005 en la declaración presentada se dedujo 3.761,44 ? (en el año 2.004 fueron 11.640 ?.)

En el año 2.005 se dedujo en concepto regalos de empresa 39.710 ? que en realidad eran compras de su familia en joyerías para uso personal, así como la de 26.512,29 ? en concepto de viajes que no eran de empresa sino particulares y entre los que se incluía la invitación hecha al matrimonio Jacobo Marcos Irene Herminia aludida anteriormente.

Además, no pudieron reconocerse las deducciones practicadas en concepto de tabaco alimentos y bebidas por 1.230 ? ni las facturas emitidas por "ATOBI" por 300.000? en el año 2005, por considerar que los mismos no estaban justificados. Tampoco se reconoció la deducción de 692,98 ? derivados del pago de una sanción y una amortización de 22.338,17 ?, por no acreditar la depreciación de la que derivaba.

En total, la cantidad defraudada por "ARANADE S.L." conforme a la declaración presentada conforme a los criterios de su administrador Pedro Porfirio en el Impuesto de Sociedades de 2.005 fue de 820.772,93 ?

Pedro Porfirio en el acto de la vista reconoció la totalidad de los hechos que se le imputan, reconociendo los documentos de los que se desprenden los citados pagos, los pagos hechos a Irene Herminia para que le mantuviera en la gestión de la sociedad, los pagos hechos por la participación en "TUDELA INMOBILIARIA Y GESTIÓN" y demás regalos, reconociendo la cuota defraudada al erario público e ingresando antes del inicio de las sesiones del juicio oral 400.000 ? para el pago de las indemnizaciones al Ayuntamiento cuyas cuantías también ha reconocido en los hechos correspondientes.

Pedro Porfirio se dedujo indebidamente 66.431,81 ? del IVA soportado en las facturas por viajes, vivienda, alimentos, regalos y demás que no se reconocen como deducibles en el Impuesto de Sociedades de 2.005, lo que se conoce en el expediente administrativo correspondiente al no ser la cuota defraudada delito.

BLOQUE B

Epígrafe B-1

A instancias de la Alcaldesa de La Muela en sesión extraordinaria de 20 de marzo de 2.003 el Pleno del Ayuntamiento de La Muela adoptó el acuerdo de transmisión a la "SOCIEDAD URBANISTICA DE LA MUELA" (en adelante "SULM") de determinadas fincas de propiedad municipal. Las parcelas de las que era titular el Ayuntamiento integraban los bienes con aprovechamiento urbanístico del proyecto de Reparcelación de la antigua Zona Norte, Sector U-19, sector I del P.G.O.U. de La Muela. Las fincas resultantes sobre la aportación municipal tenían los números de orden de proyecto 14.6.a; 14.7; 25.3; 31.1; 31.2; 36.5; 37.1; 37.2; 38-39; 40-41; 43-44-45-46-47-48; 50.2; 50.3; 57.2; y 57.3.y las fincas de cesión obligatoria tenían los números de orden: 10-11-12-13; 28- 29-30; y 33-34.

Todo ello se hizo sobre la base de que las mismas ostentaban la naturaleza de bienes patrimoniales, integrados automáticamente en el patrimonio público de suelo, y que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 89-1 de la Ley 5/99, los bienes de patrimonio público de suelo tenían que ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social, estableciéndose que el producto de la enajenación de estos bienes se destinaba a la financiación de obras de interés social: ciudad deportiva y construcción de la nueva Casa Consistorial y Centro de Interpretación de la Energía Eólica.

De esta forma y al amparo del artículo 92 de la Ley 5/99 se procedió a la transmisión directa de las fincas municipales por un precio de 2.253.795,95 ? y cuyo acuerdo adoptado de transmisión directa a la Sociedad Urbanística La Muela S.A. fue comunicado a la Diputación General de Aragón a los efectos del artículo 186 de la Ley 7/99, otorgándose la autorización de transmisión por el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, publicándose la orden de fecha 28 de abril de 2.003 en el Boletín Oficial de Aragón de fecha 7-5-2003 y estableciéndose que estando los bienes a enajenar por el Ayuntamiento de La Muela integrados en el patrimonio municipal de ese municipio y de acuerdo con el artículo 118 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, dicha enajenación se regiría por su normativa específica, contenida en el artículo 92 de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón, que preveía la transmisión directa de terrenos entre los Ayuntamientos y sus respectivas sociedades instrumentales, con fines de promoción pública de viviendas, construcción de equipamiento comunitario u otras instalaciones de uso público o interés social, finalidad que se entendía acreditada en la documentación remitida por el Ayuntamiento de La Muela. Sin embargo, dicha orden fue modificada por la de 2 de julio de 2.003, publicada en el BOA de fecha 18-7-2003 por la que aplicándose la excepción legal referida modificaba la anterior, haciéndose constar la aplicación de la excepción prevista en el artículo 89.2 del mismo texto legal, en relación con el destino de dichos bienes, por ser incompatible la finalidad de la construcción de viviendas de protección pública con el planeamiento de aplicación por las circunstancias existentes de situación, precio y costes de urbanización, según quedaba reflejado en el Informe del Arquitecto Municipal Cecilio Claudio remitido por el Ayuntamiento. El artículo 89.2 de la Ley 5/1.999 aplicado establecía no obstante que la enajenación de los bienes acogidos a la excepción debería ser mediante subasta pública.

No ha quedado acreditado que el arquitecto municipal Sr. Cecilio Claudio hubiera efectuado deliberadamente el indicado informe con la finalidad de favorecer los intereses de la Sra. Irene Herminia, así como tampoco, que esta última ejerciera presión alguna sobre dicho arquitecto para que emitiera su informe en un determinado sentido.

Tampoco ha sido posible acreditar que dicho acusado faltara propiamente a la verdad, ni que albergara la intención de hacerlo, en la emisión de su informe.

Sin embargo y contrariamente a ello, parte de estas fincas (concretamente las num. NUM114 - NUM046 - NUM064 - NUM054 - NUM115 y NUM117) no fueron objeto de subasta pública, como si lo fueron el resto de parcelas transmitidas a la "SULM" por el acuerdo del Ayuntamiento, sino que se enajenaron directamente el 2 de agosto de 2.004 por la "SOCIEDAD URBANÍSTICA" representada en el citado acto por Irene Herminia y previo acuerdo de Pedro Porfirio y Irene Herminia, produciéndose tal enajenación al margen del procedimiento establecido en la normativa urbanística y por un precio inferior al de terrenos subastados en el mismo sector, a la mercantil "EBROGAN S.L..", con CIF B- 50150481 cuyo administrador único lo era el acusado ya fallecido Bernabe Hernan

.

Asimismo, las fincas en cuestión fueron vendidas a un precio muy inferior (la perdidas para el Ayuntamiento derivaban de los bajos precios en que se le vendió cuya media fue de 49,25 ? el metro cuadrado) y con el exclusivo propósito de favorecer los intereses particulares de la Alcaldesa y de los Sres. Bernabe Hernan y de Pedro Porfirio, siendo de significar que las parcelas num. NUM114 - NUM046 - NUM064 - NUM054, NUM115, y NUM117 que se enajenaron directamente a "EBROGAN" fueron vendidas el mismo día de su adquisición, tras una segregación y un préstamo en protocolos notariales continuos, a la entidad "ARANADE", mercantil de Pedro Porfirio, quien tal y como se expone en el apartado A de estos hechos probados se encargaba de la gestión de la "SOCIEDAD URBANÍSTICA" y que de esta forma veía favorecidos sus intereses al ser colindantes con otras fincas de su propiedad.

Las cinco fincas descritas, como procedentes del Patrimonio Público del Suelo del Ayuntamiento de La Muela, estaban sujetas a los derechos legales de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento de La Muela, previsto en el artículo 93 bis de la Ley 5/1.999 de 25 de marzo, Urbanística de Aragón. A pesar de que se advirtió por el Notario que no se había justificado que el Ayuntamiento hubiera tenido conocimiento de la venta a "ARANADE", y renunciado al citado derecho, se comunicó por los apoderados de ambas mercantiles que la venta se había puesto en conocimiento del Ayuntamiento. Consta en la escritura que solicitaron al Notario que no fue aquel quien notificó la escritura de compraventa al Ayuntamiento y que serían las mercantiles quienes lo comunicarían, sin que la citada comunicación se realizara. Irene Herminia, conocedora de esta situación, no informó al Ayuntamiento de la venta ni convocó el pleno correspondiente, evitando de esta forma que el Ayuntamiento pudiera reivindicar su derecho.

Torcuato Hector intervino como mediador o comisionista en las citadas operaciones percibiendo en concepto de comisiones la cantidad de 1.297.690,79 ? Para justificar su existencia el Sr. Carina Debora ordenó confeccionar y presentó a la parte compradora una serie de facturas cuyos conceptos nada tenían que ver con la comisión contando para ello, entre otros, con la colaboración del acusado Agustin Urbano que emitió en nombre de la entidad "ARTEBIT" las facturas de fechas 20 de mayo de 2.004 por importe de 135.000 ? y de 21 de mayo de 2.004 por importe de 108.000 ? Además presentó seis facturas más a nombre de diferentes personas físicas o jurídicas las cuales desconocían su existencia, ascendiendo lo así facturada a un total de 726.517,68 ? más IVA.

No consta que el Acusado Torcuato Hector hubiera ejercido presión alguna sobre la Alcaldesa para hacer posible su intervención como comisionista en las mencionadas cooperaciones inmobiliarias.

Epígrafe B-2

Torcuato Hector fue incluido en el plan de inspección en junio de 2.008 respecto al IRPF del 2.003 y 2.004. También fue incluida en dicho plan la mercantil de su propiedad "ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL S.L." de la que Torcuato Hector era administrador y propietario en un 50% junto a su hermano, si bien la gestión y administración siempre la ha llevado él. Personada la Inspección en la sede social de la citada entidad se encontró un documento manuscrito del que desprendía el pago de la comisión anteriormente señalada.

El 17 de febrero de 2.009 se iniciaron actuaciones inspectoras fiscales respecto a "PUYADAS EMBID SERVICIOS S.L." (CIF Nº B-50178805) mediante personación en la misma sociedad, siendo propiedad del acusado Onesimo Leovigildo, gestor además de Torcuato Hector, también de "ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL", "PVL S.L." y "CASTELONOVO S.L".

En la citada inspección, se encontró un documento igual a otro encontrado en "ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL" propiedad de Torcuato Hector, dentro de un fichero informático bajo el nombre de " Torcuato Hector pago parcelas" en donde se describe el pago de la comisión pagada por Bernabe Hernan.

En ambos documentos la cantidad que figura como comisión a pagar por Bernabe Hernan en nombre de "EBROGAN S.L." a Torcuato Hector era la de 1.453.036,32 ?, superior a la que se ha reconocido como pagada por Bernabe Hernan de 1.297.690,79 ?, que es la que se tomó como recibida por Torcuato Hector sobre la base de las facturas aludidas.

Además, durante el ejercicio 2.004, según también refiere la Agencia Tributaria en el informe 208/2.009, el propio Torcuato Hector, (que habría presentado declaración individual del IRPF 2.004 con un resultado a pagar de 100.171,39 ?.), a través de la mercantil "PVL VIVIENDAS ESPAÑA S.L"., percibió cantidades no declaradas por importes de 2.605.582 ? correspondientes a su actividad de intermediación en la compraventa de las parcelas NUM045, NUM046 y NUM047 del polígono NUM048 que adquirió finalmente la mercantil "NYESA VIVIENDAS ZARAGOZA S.L." el día 24 de septiembre de 2.004.

Torcuato Hector contactó con los propietarios de las citadas parcelas, ofreciéndoles un comprador, que en principio era la mercantil "SAGAIN S.A". Desiderio Sabino, como administrador y propietario de dicha mercantil, convino con Torcuato Hector que el pago de las señales por las compras de las parcelas ofrecidas por éste se haría a través de "PVL VIVIENDAS", como forma de evitar que en la operación apareciera Torcuato Hector, quien de esta forma ocultaría que era él quien realizaba las labores de intermediación y cobraba la correspondiente comisión, con las consiguientes consecuencias que ello tiene en la declaración de impuestos, defraudar al erario público.

Así, el 3 de junio de 2.004 se suscribió un contrato privado entre "PVL" representada por el acusado Nemesio Emiliano y "SAGAIN", representada por el también acusado Desiderio Sabino por la compra de las parcelas, estableciéndose como precio de compra 11.938.414 ? a razón de 210,35 ? por m2, y estipulando que se realizaría una medición definitiva antes de la escritura, entregándose en ese momento 600.000 ? como señal y reserva. No existió ningún contrato entre PVL y los propietarios, solo el pago de los cheques que se dirán, una vez fueron ingresados los 600.000 ? en la cuenta corriente de "PVL".

El 22 de junio de 2.004, Desiderio Sabino en nombre de "SAGAIN" efectuó la cesión de sus derechos sobre las fincas al "GRUPO INMOBILIARIO NYESA S.L.", representada por Marcos Valentin (NIF nº B20734521) en una operación en la que aparecían también otras fincas, estableciéndose un precio de 312,53 ? por metro cuadrado, acordando que "NYESA" del precio resultante total descontaría los gastos y el pago a los titulares regístrales de las fincas, a los que se pagaría conforme a lo pactado en los documentos privados, y acordando el pago de la diferencia de ambos precios a favor de "SAGAIN" (un total de 13.863.583,56 ?.). Este documento privado se protocolarizó ante notario el 25 de junio de 2.004 y en ese mismo día y en otra escritura "SAGAIN" autorizó la cesión de los derechos de "GRUPO INMOBILIARIO NYESA" a un tercero, encontrándose representadas las expresadas mercantiles por los anteriormente señalados.

El 24 de septiembre de 2.004 "NYESA GRUPO INMOBILIARIO" cedió sus derechos a la entidad "NYESA PROMOCIONES ZARAGOZA S. XXI S.L." (NYESA VIVIENDAS ZARAGOZA) (NIF nº B99025413) quien el mismo 24 de septiembre efectuó las escrituras de compra con los propietarios de las tres fincas.

Nemesio Emiliano en nombre de "PVL" y por orden de Torcuato Hector emitió una factura con el número NUM049 a "NYESA" por 2.836.336,56 ?, incluido IVA, en concepto de intermediación, haciendo costar que debía descontarse del total el dinero adelantado por "SAGAIN" (600.000 ?.) y otra cantidad, quedando en total pendiente de pago 2.675.871,74 ?, efectuándose el citado pago por la emisión de dos cheques de 2.650.197,31 ? y otro por importe de 25.684,70 ? que se ingresaron en la cuenta de "PVL" el 28 de septiembre de 2.004.

"PVL VIVIENDAS ESPAÑA S.L." se constituyó el 26 de febrero de 1.995 por tres socios entre los que se encontraba Andres Angel quien era el habitual testaferro de Torcuato Hector, nombrándose administrador de la misma el 7 de mayo de 1.998 al acusado Nemesio Emiliano que por escritura inscrita el 14/03/04, adquirió la totalidad de las participaciones sociales, no conociéndose respecto de tal mercantil medios materiales ni personales para el desarrollo de actividad alguna.

Respecto a esta sociedad se iniciaron actuaciones inspectoras en enero de 2.007. De las mismas se desprendía que dicha mercantil abrió en "CAJALON" la cuenta corriente NUM050 que registró los siguientes movimientos: El 3/06/04 se ingresaron en la misma las cantidades de 600.000 ? de principal y 96.000 ? en concepto de IVA, provenientes de 2 cheques emitidos por "SAGAIN" a su nombre por orden de su administrador Desiderio Sabino, como pago inicial de las tres parcelas señaladas. Nemesio Emiliano en nombre de la mercantil y por orden de Torcuato Hector, dado que no conocía a los propietarios de las parcelas que adquiría "SAGAIN", emitió tres cheques nominativos para pagar a los propietarios de las parcelas la señal correspondiente, uno por 251.060,79 ? para Eulalia Petra, Reyes Regina y Emma Nuria (esta además resultó ser la suegra de Sergio Victorino, hijo de Irene Herminia y quien el 10 de Abril de 2.006 ingresó 60.000 ? en efectivo con destino a la república Dominicana y a nombre de Sergio Victorino), otro por 137.388,36 ? para Nicolas Urbano y Florinda Leocadia, y otro por 51.086,03 ? para Jacobo Marcos y Irene Herminia.

El resto del dinero se retiró (dejando solo la cantidad de 1.376 ?.) por cheques al portador.

Una vez ingresados los dos cheques de "NYESA" aludidos, Nemesio Emiliano presentó un cheque a cargo de "PVL" por dos millones de euros y al portador, y que cobró el mismo 28 de septiembre de 2.004, en efectivo por ventanilla en cuatro mil billetes de 500 ? que se mandaron traer a la entidad el mismo día, en trasporte aparte, en el que no se enumeraron los billetes y en el que como acreditación de la identidad de quien lo cobraba, constaba el número del DNI escrito a mano de Nemesio Emiliano, tras un escrito tachado y de cuya circunstancia no dio cuenta por la entidad al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, habiendo manifestado los responsables de la entidad "CAJALON", sucursal Coso de Zaragoza, que esta operación no era algo anormal para la entidad por lo que no dieron cuenta de ello al "SEPLAC".

El resto de dinero de la citada cuenta siguió siendo sacado mediante cheques emitidos al portador, efectuándose solo los pagos del IVA de la factura, ya que no se efectuó declaración del impuesto sociedades de 2.004. No consta ningún pago o cuenta abierta a nombre de Nemesio Emiliano, quien no posee bienes ni oficina donde desarrollar su actividad ni medios materiales o humanos para ello, no siendo más que un testaferro de Torcuato Hector que es quien realmente cobró el dinero.

El 30 de septiembre de 2.004 Torcuato Hector, como ideólogo de la operación e intermediario, remitió un fax a Desiderio Sabino con el justificante bancario de la devolución de 278.413,25 ? por parte de Florinda Leocadia, ya que los metros comprados una vez medidos no se correspondieron con los vendidos.

En el año 2.003 Torcuato Hector ideó un plan por el que una vez adquiridas las parcelas NUM046, NUM051, NUM046 del polígono NUM052, U.E 12 de La Muela se las transmitiría junto a otras ya de su propiedad a "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES S.L." y para evitar tributar por el beneficio obtenido en esta operación decidió que, de las tres parcelas citadas, aparecería como propietario David Martin (el socio fundador de PVL) y testaferro de Torcuato Hector. Las otras tres parcelas eran la NUM053, NUM054 NUM055 siendo propietario de estas dos últimas Torcuato Hector junto a su esposa Amanda Martina, también en el polígono NUM052 de La Muela que fue adquirida por el matrimonio en escritura de 15 de noviembre de 2.002. La NUM053 fue adquirida por Torcuato Hector junto a otras fincas en fecha 25 de abril de 2.003. Todas las parcelas formaban parte de la Unidad de ejecución 12 en La Muela

Así las cosas Torcuato Hector pactó con los representantes legales de "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES S.L." Abilio Candido y Donato Emiliano la venta de las citadas fincas por un precio conjunto de 3.786.376,22 ? si bien para evitar tributar por los beneficios que se generaban con la venta, evitó aparecer como el propietario de las tres primeras fincas, interponiendo un testaferro, como se ha dicho, y escriturando la venta total por menor dinero del que recibió.

Por escritura de 27 de noviembre de 2.003 se escrituró la compra de las fincas NUM046, NUM051, NUM056 por "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES S.L." (apareciendo como vendedor Andres Angel y representando a dicha mercantil Donato Emiliano) y pactando que parte del resto del precio se pagaría en noviembre del 2.003 como señal y el resto ( NUM053, NUM054 y NUM055) en 2.004, de forma que la venta de estas tres últimas, propiedad del matrimonio, se escriturarían en el 2.004.

El 27 de noviembre de 2.003 los compradores pagaron "como adelanto del precio de estas tres últimas" la cantidad de 360.847 ? que se pagó por cheque emitido por "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES".

Conforme a la escritura de 27 de noviembre de 2.003, las fincas NUM046, NUM051, NUM056 se vendieron por 1.321.986,22 ? y ese mismo día y ante el mismo notario, previamente a su venta a "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES", y como paso previo, se escrituró la compra de las fincas a "FRENOS ZARAGOZA S.L." y Geronimo Doroteo (propietario de Frenos Zaragoza) y esposa (titulares regístrales de las mismas) por un precio escriturado de 701.019,92 ? También ese mismo día la CAI urbana 40 de Zaragoza concedió un préstamo a "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" de 400.000 ?, estableciendo una hipoteca sobre la finca NUM057 que se valoró en 2.102.297 ?

La venta de la fincas NUM054, NUM055 y NUM053 se escrituró el 21 de octubre de 2.004 por un precio de 945.733 ? que Torcuato Hector y su esposa manifestaron haber recibido. Por "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" actuó Donato Emiliano. El mismo día la CAI concedió una novación del anterior préstamo, ampliando el préstamo concedido en 2.500.000 ? (total entre los dos 2.900.000 ?.) valorando la totalidad de las fincas en 6.450.097 ?.

Como se ha dicho, el precio total pactado con Donato Emiliano y Abilio Candido como administradores de "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" para la compra de la totalidad de las fincas fue de 3.786.376,22 ? si bien se escrituró la totalidad de la compra en 2.267.719,22 ?.

Torcuato Hector no declaró por la totalidad el dinero recibido en el 2.004. En la venta de las fincas de la escritura de 21 de octubre de 2.004 el beneficio total obtenido por la venta de estas fincas, solo por Torcuato Hector fue: Por la finca NUM053, privativa, 1.011.933,20 ? y por la parte que le corresponde de la venta NUM054 y NUM055 (vendidas junto a su mujer) 209.854,00 ?, lo que le supuso un beneficio total por la venta de ambas fincas de 1.1180.879,42 ? descontados los gastos.

Onesimo Leovigildo, gestor de Torcuato Hector, confeccionó las diferentes declaraciones y asesoró la forma de efectuar la operación contribuyendo con ello a la defraudación tributaria de Torcuato Hector.

Donato Emiliano en representación de "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" aportó a las actuaciones inspectoras un contrato de 27 de noviembre de 2.003 en el que se pactaba la compra de la tres fincas del matrimonio (ventas escrituradas en 2.004) por 945.733 ?, apareciendo en el mismo que se cobra por anticipado 360.847 ?.. Los 360.847? como se ha dicho, constaron cobrados el 27 de noviembre de 2.003. Sin embargo este contrato no era real, sino que se confeccionó para hacerlo coincidir con lo escriturado en 2.004 y la parte pagada en 2.003, apareciendo firmado por Torcuato Hector y Donato Emiliano.

En la inspección efectuada en las oficinas de "PUYADAS EMBID" anteriormente descrita, se encontró también un fichero informático en donde aparecía un contrato privado de 19 noviembre de 2.003, sin firmar, entre Andres Angel y "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" de las fincas NUM046, NUM051, NUM056 (escriturada el 25 de noviembre de 2.003) por importe de 1.321.986 ?

Onesimo Leovigildo es gestor de Torcuato Hector, y no se tiene constancia de que lo sea de Andres Angel o "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" más que en aquellas operaciones que afectan a Torcuato Hector.

En la actuación inspectora efectuada en "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES", se encontró un contrato privado sin firmar de 28 de octubre 2.003 en donde el matrimonio vendía las fincas NUM054 y NUM053 por 23.376,26 ?, si bien se hacía constar que la cantidad a escriturar sería el resultado de multiplicar el m2 por 54,091 ?, por lo que resultaba incongruente en atención a los metros vendidos.

En la inspección llevada a cabo en "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" se encontró también en la misma carpeta un contrato privado de 28 de octubre de 2.003 entre David Martin y dicha entidad por la venta de las fincas NUM046, NUM051, NUM056 por un precio de 3.760.000 ?, estableciéndose como precio a escriturar el resultado de multiplicar el m2 por 54,091 ?.

Se encontró también, en la misma carpeta, otro contrato de 19 de noviembre de 2.003 remitido por fax desde "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" a Torcuato Hector el 20 de septiembre de 2.004 por el que Torcuato Hector y su mujer vendían las parcelas NUM054 y NUM053 en total 8.726m2 por un precio de 2.464.390 ?, estableciéndose que la cantidad que aparecería en la escritura sería el resultado de multiplicar los metros por 54,091 ? por m2. (así resultarían 471.998,066 ?.). Este contrato aparecía firmado por Torcuato Hector, su mujer y Donato Emiliano en representación de la mercantil. En la escritura de 21 octubre de 2.004 no se vendían solo las parcelas NUM054 y NUM053 sino también la NUM055 que era privativa de Torcuato Hector.

Según la escritura de 27 de noviembre de 2.003, las fincas NUM046, NUM051, NUM056 se vendieron por 1.321.986,22 ?, lo que supone 54,091 ? Por m2, que es lo que aparecía en el contrato privado de 19 de noviembre. Como se ha dicho, en el mismo día y previamente se escrituró la compra a "FRENOS ZARAGOZA" y a Geronimo Doroteo y esposa de la citadas fincas que se pagaron con un cheque por la cantidad de 701.019,92 ?, contra la cuenta corriente de Andres Angel, sin que conste devolución por precio adelantado alguno, en concepto de señal entregada previamente a Geronimo Doroteo. En esta cuenta se ingresó el cheque emitido por "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" por la posterior compra de la misma y por un importe de también 1.321.986,22 ?, gracias a lo que se pudo pagar el anterior.

En total, el beneficio obtenido en esta venta, según precio escriturado, fue de 620.966,30 ? Una vez pagado el ITP se retiró el resto del dinero en efectivo mediante cheques al portador que, según se ha manifestado por David Martin, fallecido, se emitieron para pagar una serie de facturas que resultaron ser falsas, y que lo que pretendían es, en primer lugar, que David Martin no se viera perjudicado en su declaración tributaria del IRPF de 2.003, ya que él no era el auténtico beneficiario de la venta, y en segundo lugar, se que se conociera quien era el destinatario final del dinero que no era otro que Torcuato Hector.

Según los contratos privados, el montante de la operación de la venta de las seis fincas ascendió a 3.786.376,22 ? que se pretendieron repartir de diferente forma, siendo al final la que se plasmó en el fax remitido como propuesta de financiación de la CAI, coincidiendo todos los documentos en que el dinero no declarado, por la venta y que obtenía Torcuato Hector, y en una mínima parte su mujer, era de 1.518.657 ?, que constituía la diferencia entre los pagos justificados y los 3.786.376,22 ? del montante total de la operación.

En la Inspección en "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" se encontró un fax de 20 octubre de 2.004, remitido por la Cai Urbana 40, en donde en una propuesta de financiación de los terrenos que se compraban, el precio de las fincas coincidía con los contratos privados de 19 de noviembre de 2.003, existiendo una diferencia de 630.000 ?, que en la propuesta aparecía como dinero B y que la Agencia Tributaria imputó como pago a Geronimo Doroteo, administrador de "Frenos Zaragoza" y respecto al que se sobreseyeron las actuaciones al haber fallecido.

Asimismo, se encontraron en "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" dos documentos, en los que aparecían unas anotaciones manuscritas con unas cantidades que coincidían con lo expuesto, en cuanto al dinero pagado sin declarar. Estos documentos junto al fax de la CAI se encontraron en la misma carpeta de los contratos privados anteriormente aludidos.

Para la adquisición de las citadas fincas, "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" pidió un préstamo y su novación como se ha descrito con la CAI. El 21 de octubre de 2.004 se ingresó en la cuenta corriente de dicha entidad nº NUM058, la cantidad de 2.500.000 ?, que excedía del dinero que realmente se necesitaba, conforme a los precios escriturados. De hecho, el remanente del préstamo de la CAI por importe de 1.518.657 ? no fue devuelto al banco, sino que se sacó por Donato Emiliano y Abilio Candido, en concepto de préstamo de la mercantil a sus socios, y quienes los sacaron de sus cuentas corrientes sin haber justificado donde fue a parar el citado dinero, manifestando que lo tuvieron guardado en la caja fuerte del domicilio particular de Donato Emiliano de donde lo fueron sacando a lo largo de cuatro años para ir amortizando el préstamo a la CAI con sus correspondientes intereses. Este dinero se utilizó para pagar a Torcuato Hector conforme al precio total pactado.

Además de lo expuesto, Torcuato Hector en sus cuentas corrientes en el año 2.004 presentó ingresos que no fueron declarados por importe de 48.563,65 ?.

El 12 de julio de 2.010, la Agencia Tributaria, emitió un nuevo informe rectificando el anterior sobre la base de la documentación encontrada en "ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL S.L." mercantil de Torcuato Hector, en la que aparecían apuntados unos supuestos préstamos para la compra de fincas en el 2.004 por parte de Torcuato Hector, en concreto un préstamo 206,388,00 ? para la compra de las parcelas NUM002 y NUM001 a Camilo Teofilo que luego vendió a "BROCOVER"; 128.400,00 ? por la compra a "ORDISA", y 119.830,00 ? por una compra a "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES", en total 454.618 ?.. La transmisión de las citadas cantidades no eran auténticos préstamos ni se había pactado en su momento plazo de devolución o intereses ya que de hecho el dinero no se devolvió. Conforme a ello y teniendo en cuenta lo no declarado por su intermediación con "EBROGAN", la venta a "NYESA" y la venta a "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" aludidas y añadiendo estos 454.618 ? en los rendimientos de capital mobiliario resultaba una cuota defraudada por Torcuato Hector en el IRPF del año 2.004 de 2.032.001,93 ?

Torcuato Hector reconoció los hechos y mostró su conformidad con la pena para aquel solicitada.

Epígrafe B-2.1

Torcuato Hector tampoco declaró el dinero recibido por la venta de las tres primeras fincas escrituradas el 27 noviembre de 2.003 en el IRPF de 2.003, ya que como se ha expuesto, hizo constar como propietario a David Martin, quien si declaró la venta si bien nada tributó por ella, dado que a través de facturas falsas se descontó gastos inexistentes. En el mismo día 27 de noviembre de 2.003 se ingresó el cheque de "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" y se descontó el cheque para pagar a Geronimo Doroteo, quedando 620.966,30 ? de beneficio. David Martin firmó una serie de cheques al portador con los que se retiró casi toda la cantidad quedando sólo 79.053 ?, que es lo realmente obtenido por David Martin por su labor.

David Martin presentó ante la inspección, como forma de justificar los cheques al portador cobrados a través de su cuenta, facturas supuestamente emitidas por "FLOWER POWER SL", por 130.000 ? de 31/12/03, de "EXCLUSIVAS JEROS" por 83.520,00 ? de 3/12/03, de Ignacio Ismael por 41.261,20 ? de 23 de diciembre de 2.003, de "TRANSPORTES OLIVEIRA" de fecha 31/07/03 por 12.180 ?, de 30/09/03 por 23.316,00 ?, de 31/10/03 por 13.920,00 ?, de 29/11/03 por 20.880,00 ?, de "CONSTRUCCIONES ALCODEZ" de 30/09/03 por 79.634,00 ?, de 30/11/03 por 27.840,00 ?, de "AEDEMO" de 3/03/03 por 2.917,40 ?, de "AGENCIA PUBLICITARIA" de 12/11/03 por 2.946,40 ? y de "EXPOASIA" de 20/11/03 por 2.990,60 ? que, o no han sido reconocidas por sus supuestos emisores, o son inexistentes.

En definitiva David Martin en su declaración del IRPF de 2.003 declaró como ingresos derivados de una segunda actividad económica de promoción de terrenos por un total de 1.321.986,22 ?, en la que estarían incluidos los 620.966,30 ? aludidos de beneficio tras la compra de los terrenos a Geronimo Doroteo su mujer y "FRENOS ZARAGOZA" y para evitar tributar conforme a los citados ingresos, declaró como gastos un total de 1.242.933,02 ? de los que la Agencia Tributaria no reconoce la cantidad de 492.051,12 ?

El precio total imputado en el IRPF 2.003 de Torcuato Hector por la venta de las fincas a través de David Martin es de 2.354.692,20 ?, conforme se desprende del documento de financiación de la CAI encontrado en las oficinas de "ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL", resultando como ganancia (descontados los gastos) 1.603.811,29 ? no declarados por Torcuato Hector en el IRPF de 2.003 lo que unido a unos ingresos no justificados de 7.996,66 ?, resulta que defraudó al erario público (IRPF de 2.003) la cantidad de 772.302,59 ?

Para que la entidad "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES S.L." pasara a ser propietaria de todas las parcelas integrantes de la Unidad de Ejecución 12 de La Muela Torcuato Hector transmitió a dicha entidad las parcelas NUM054, NUM053 y NUM055 que ya eran de su propiedad o del matrimonio junto a las recién adquiridas NUM051, NUM046 NUM056, lo que se hizo a través del testaferro ya fallecido David Martin que aparecía como propietario de las tres primeras a fin de que Torcuato Hector no tributara por el beneficio obtenido por tal operación. Además pactó con los acusados Donato Emiliano y Abilio Candido como propietarios de "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" un precio de venta de 3.786.376,22 ? si bien la venta de las fincas NUM051, NUM046 y NUM056 se escrituró en 1.321.986,22 ? (escritura de 27 de noviembre de 2003) y la de las otras tres fincas en 945.733 ? (Escritura 21 de octubre de 2004).

Torcuato Hector reconoció los hechos y mostró su conformidad con la pena para aquel interesada.

Epígrafe B-2.1.a

Los acusados Donato Emiliano y Abilio Candido actuando en nombre de la entidad "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" y en su condición de administradores solidarios de la misma tenían que pagar por la compra de unas parcelas al también acusado Torcuato Hector sobre la cantidad oficial escriturada de 945.733 ? la suma de 1.518.657,00 ? y para poder financiar la expresada operación solicitaron un préstamo a la CAI por el importe total de la venta, esto es, 2.464.390 ?, del cual detrajeron la suma de 945.733 ? para hacer frente al pago del precio escriturado y quedándose los restantes 1.518.657,00 ? Con el fin de justificar su existencia idearon un préstamo simulado de fecha 19 de noviembre de 2.003 que su propia sociedad "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" les concedía a cada uno de ellos y que fue presentado a la DGA el 21 de febrero de 2.005, de tal manera que en su condición de administradores solidarios cada uno de ellos se comprometía a devolver su mitad, esto es, la suma de 759.328,5 ? La existencia de tal opaca cantidad de 1.518.657,00 ? intentó justificarse ante la Agencia Tributaria aduciéndose que la necesitaban para hacer inversiones inmobiliarias en Rumania y que también ello se debía a que el comprador Torcuato Hector les rebajó el precio de la venta en la indicada cantidad de 1.518.657,00 ? porque se había producido un error y les vendía 2.087 m2 más.

Para dotar de verosimilitud al expresado préstamo ambos socios devolvieron durante los años 2.005 a 2.007 la indicada cantidad de 1.518.657,00 ? con fondos propios mediante pagos en beneficio de las cuentas de la sociedad sin que quedara adecuadamente justificado el origen de dichos fondos.

En relación al IRPF de los ejercicios 2.005 y 2.006 no consta acreditada la procedencia u origen de las cantidades con las que ambos acusados amortizaron las cantidades correspondientes al préstamo simulado y que se concretan en las 325.165,26

? y 285.428,77 ? y que resultaron ingresadas en efectivo en las cuentas de AIS en los años 2.006 y 2.007 respecto del Sr. Donato Emiliano y de 325.165,26 ? ingresados en el año 2.006 respecto del Sr. Abilio Candido, con lo que al dejar de declarar esas cantidades defraudaron con alcance penal la cuota resultante de serle restada la suma límite de 120.000 ?.

De acuerdo con lo contabilizado en el 2.005, con una corrección hecha en enero de 2006, cada uno de los socios devolvió en el 2.005 la cantidad de 162.100 ?, en total la cantidad de 324.200 ?

De acuerdo con las anotaciones contables del 2.006, cada uno de los socios devolvió 308.000 ?, en total entre los dos la cantidad de 616.000 ?.

De acuerdo con las anotaciones contables de la mercantil, en el 2.007 cada uno de los socios devolvió la cantidad de 278.205 ?, en total entre los dos la cantidad de 556.410?.

Las sucesivas cantidades que se fueron entregando por los acusados Abilio Candido y Donato Emiliano para pagar los supuestos préstamos lo fueron en efectivo.

Aparte se contabilizó el pago de los supuestos intereses.

En el año 2.004 se contabilizaron en concepto cobro intereses 11.864,16 ? correspondiendo según los apuntes contables a 5.932,08 ? de cada socio.

En el año 2.005 se contabilizaron 55.310,23 ? en concepto cobro intereses.

En el año 2.006 se contabilizaron en concepto de cobro intereses la cantidad de 34.330,52 ?.

En el año 2.007 se contabilizaron en concepto de cobro intereses la cantidad de 14.447,54 ?.

En total el dinero ingresado por Abilio Candido y Donato Emiliano, en concepto pago principal más intereses fue: En el 2.004 de 11.864,16 ?, en el 2.005 la cantidad de 377.510,23 ?, en el 2.006 el total ingresado fue 650.330,42 ? y en el 2.007 la cantidad de 570.857,54 ?.

En el Impuesto de Sociedades de la mercantil "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" ejercicios tributarios de 2.006 y 2.007, los acusados Abilio Candido y Donato Emiliano como administradores de la mercantil, presentaron declaraciones tributarias en las que en el ejercicio 2.006 defraudaron al erario público en la cantidad de 684.966,04 ? y en el ejercicio 2.007 defraudaron al erario público en la cantidad de 194.451,12 ?

Asimismo, en el Impuesto de Sociedades de 2.007 defraudaron la cantidad de 194.451,12 ?, cantidad que le fue devuelta por el erario público.

Epígrafe B-2-1.a.a)

Como ya se ha expuesto, Donato Emiliano ingresó en efectivo en la cuenta de la mercantil como pago del supuesto préstamo concedido por la misma. El dinero que ingresaba era de procedencia desconocida y no estaba declarado en sus declaraciones tributarias, de tal forma que incluido resulta que en el IRPF de 2.006 y de 2.007 la cantidad defraudada superaba los 120.000 ? por ejercicio.

Donato Emiliano presentó las correspondientes declaraciones tributarias del IRPF 2.6 con un resultado a su favor de 1.736,83 ? y la de 2.007, con un resultado a su favor de 7.332,22 ?, cantidad que le fue devuelta por el erario público.

Para el pago de las cantidades pagadas por Donato Emiliano, en concepto de pago de préstamo más intereses, utilizó dinero del que se desconoce su procedencia o forma de obtención y que ha introducido en el circuito económico mediante su ingreso en la cuentas de su mercantil como pago de préstamo de lo que resulta beneficiado.

De las nueve cuentas de ahorro de las que era titular Donato Emiliano entre el 2.004 al 2.008 solo se le conocen en el año 2.006 y 2.007 cinco salidas de dinero en efectivo desde la cuenta nº NUM059, tres en el 2.006 por 9.240 ? y dos en el

2.7 por 1.120 ? En el año 2.006 Donato Emiliano ingresó en la cuenta de "Construcciones Nuevos Hogares" la cantidad en efectivo de 325.165,26 ? y en el 2.007 la cantidad de 285.428,77 ?, ambas en concepto de pago principal e intereses del supuesto préstamo.

Donato Emiliano no declaró en el IRPF de cada uno de los ejercicios la tenencia del citado dinero ni tampoco efectuó declaración en el Impuesto de Patrimonio. Efectuada la inspección sobre los citados ejercicios resulta que una vez descontadas las cantidades que si fueron sacadas de la cuenta citada resulta que en el 2.006 existe un incremento de patrimonio no justificado de 315.925,26 ? y en el 2.007 de 284.308,77 ?

Incluidas las citadas cantidades en las correspondientes declaraciones resulta que Donato Emiliano defraudó al erario público en el IRPF 2.006 la cantidad de 142.166,37 ? y en el 2.007 la cantidad de 122.252,77 ?.

Epígrafe B-2.1.a.b):- Tal y como ya se ha expuesto, Abilio Candido ingresó en efectivo en la cuenta de la mercantil "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES S.L." entre los años 2.004 y 2.008 dinero en efectivo como pago del supuesto préstamo concedido por la mercantil. El dinero que ingresaba era de procedencia desconocida y no estaba declarado en sus declaraciones tributarias y lo introducía en el circuito económico al ingresarlo en la cuenta de su mercantil. Al incluirlo en la declaración del 2.006, resulta que en el IRPF de 2.006 defraudó al erario público en una cantidad superior a los 120.000 ?

Abilio Candido presentó junto a su mujer la declaración del IRPF de 2.006, en la que resultó un resultado a su favor de 5.454,61 ?, cantidad que le fue devuelta por la Agencia Tributaria; en esta declaración no constan los 325.165,26 ? que fueron ingresados en la cuenta de "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES S.L." como pago del préstamo en el 2.006.

Abilio Candido tenía junto a su mujer abiertas entre 2.004 y 2.008, 21 cuentas, aparte de las imposiciones a plazo. A lo largo del 2.006 solo se sacó en efectivo de la cuenta NUM060 la cantidad de 32.600 ? en 10 extracciones.

No ha quedado acreditado ni el origen ni la forma de obtención de los 292.565,26 ?, (una vez descontados los citados 32.600 ?.) que ingresó en la cuenta de "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" como pago del supuesto préstamo concedido por la mercantil, por lo que se considera incremento de patrimonio no justificado que al no ser incluido en la declaración IRPF 2.006 resulta una cuota defraudada de 131.654,37 ?.

Consta acreditada la operación de compraventa de las parcelas del polígono NUM052 en los años 2.003 y 2.004 por la que el Sr. Torcuato Hector y su esposa transmitían a AIS las dos fincas en cuestión por el precio de 2.464.390 ?.

Consta acreditado que de dicha cantidad, la de 1.518.657 ? salió a través de dos transferencias iguales de 759.328,50 ? efectúadas desde AIS a cada uno de los dos administradores, lo que venía reflejado en el "manuscrito dos" intervenido con motivo de la personación de la Agencia Tributaria.

Consta acreditado que no se establecieron plazos concretos para amortización del "préstamo" frente a la sociedad.

Consta acreditado que los supuestos viajes a Rumania no fueron demostrados, encontrando su única referencia en las manifestaciones del acusado.

Consta acreditado que la expresada cantidad fue extraída de la cuenta corriente y depositada en metálico en la caja fuerte de uno de los acusados.

Epígrafe B.3

La sociedad "INVERSIONES EN ACTIVOS INMOBILIARIOS CASTELONOVO S.A".

se constituyó mediante escritura pública el día 17 de septiembre de 2.004, por idea de Torcuato Hector en connivencia con Romeo Ovidio y Humberto Isidro, ante la posibilidad de negocio que ofrecía la forma en que se estaba gestionando el desarrollo urbanístico de La Muela.

A la cuenta de esta mercantil fueron a parar 326.517,68 ? que Bernabe Hernan pagó por la intermediación de Torcuato Hector en la venta a "EBROGAN" de las parcelas de "URCAMUSA NORTE", antes referidas, y para abonar el pagaré antes mencionado, de 1 de enero de 2.005.

Fueron socios constituyentes de la misma Torcuato Hector, Serafin Nicolas y German Nicolas, designándose administradores solidarios a los tres, y estableciéndose como domicilio fiscal la oficina de Onesimo Leovigildo. También formaban parte Romeo Ovidio y Humberto Isidro, Arquitecto y Secretario del Ayuntamiento respectivamente, si bien estos últimos no figuraban formalmente como socios dada su condición de técnicos del Ayuntamiento de La Muela. La citada sociedad adquirió el día 1 de marzo de 2.005, de Arcadio Sergio y su esposa, una porción de terreno rústico ubicada en el polígono NUM048, parcela NUM061, de 1.572 m2 por un valor declarado de 90.000 ? Sobre la parcela originaria, y en la misma escritura de compra, se procedió a segregar la parcela NUM062 que aparecía unida a la anterior y en la que se encontraba ubicada una vivienda unifamiliar, cuya segregación se hizo sin la oportuna licencia municipal conforme al informe realizado por el Secretario del Ayuntamiento y acusado Humberto Isidro y con el visto bueno de Irene Herminia como Alcaldesa del municipio. La parcela NUM061 se integró en la reparcelación de la Unidad de ejecución 12, quedando la NUM062 en terreno rústico. Compareció en nombre de la mercantil

German Nicolas. Del precio escriturado se desprende se pagó a 57,25 ? m2.

El 1 de julio de 2.005, la mercantil, representada por German Nicolas adquirió otras dos fincas más, de 1.877 m2 y 2.500 m2, respectivamente, que habían sido aportadas al Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución número 12 del PGOU de La Muela, por un precio total de 773.378,82 ? por "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES S.L.", mercantil de Donato Emiliano y con quien Torcuato Hector mantenía una relación de amistad. Estas fincas fueron compradas el mismo día. En protocolo notarial anterior (protocolo notarial 4635) se escrituró la compra de la parcela NUM047 polígono NUM052 a Luz Leticia y hermanos Gimeno García, y en protocolo 4636 se escrituro la compra de la parcela NUM063 polígono NUM052 a Herminia Fatima y su esposo. Con protocolo 4637 se escrituró la venta desde "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" a "INVERSIONES EN ACTIVOS CASTELONOVO". El precio satisfecho por "INVERSIONES EN ACTIVOS PRODUCTIVOS CASTELONOVO" fue el mismo abonado por "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES" siendo el real comprador de las fincas "INVERSIONES EN ACTIVOS PRODUCTIVOS CASTELONOVO", pero interponiendo a la otra mercantil.

Todas las fincas adquiridas por "INVERSIONES EN ACTIVOS PRODUCTIVOS CASTELONOVO" se integraron en la Unidad de Ejecución número 12 de La Muela, que tras la correspondiente reparcelación, dieron lugar a las fincas números NUM064 - NUM054 - NUM053. De ellas, en fecha 19 de abril de 2.007 fue enajenada la número NUM064 a la mercantil "URBANIZACIÓN CRISÁLIDA" por un precio escriturado de 1.406.179 ? más IVA.

Cecilio Claudio y Humberto Isidro, conocedores del proyecto de reparcelación y utilizando su cargo, participaron en la mercantil que se constituyó para el fin descrito, encontrándose presentes en el acto de su constitución con los otros tres socios, siendo asimismo conscientes de que por razón del cargo que ambos ostentaban en el Ayuntamiento de la Muela y debido a su condición de funcionarios públicos debían abstenerse de participar en la citada iniciativa, siendo esta la razón por la que no aparecían como accionistas de la sociedad. Parte de la contabilidad, inversiones y del préstamo de un millón de euros obtenido por la mercantil en IBERCAJA, fue encontrado en el domicilio y en el despacho profesional de Cecilio Claudio, habiéndose encontrado también en un archivo informático el proyecto de 49 viviendas unifamiliares que pensaba ejecutarse en las parcelas que las parcelas NUM064, NUM054 y NUM053 hecho por el colaborador de Cecilio Claudio, Raimundo Segundo.

BLOQUE C

Epígrafe C.

Tal y como ya se ha expuesto en el "epígrafe A", la "SOCIEDAD URBANÍSTICA DE LA MUELA" estaba gestionada por la mercantil "ARANADE" representada y administrada por el acusado Pedro Porfirio, constituyéndose la misma como cualquier entidad pública para gestionar de una forma más eficaz y criterios más profesionales los intereses del Ayuntamiento de La Muela, tratando de evitar que la excesiva burocratización de los trámites administrativos perjudicasen los intereses económicos del Ayuntamiento, siendo en definitiva el objeto de su gestión fondos y suelos públicos de cuyo rendimiento positivo se debía beneficiar el Ayuntamiento de La Muela. En este sentido, la Sociedad Urbanística estaba obligada a respetar los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia que presiden el derecho público.

Por su parte, "CONSTRUCCIONES SAGAIN S.L." con CIF B-20641080, fue constituida en virtud de escritura otorgada en San Sebastián, el 22-10-1998, siendo una sociedad familiar y nombrándose administrador único al acusado Desiderio Sabino. Como objeto social de la misma se establecía la promoción de planes generales parciales de ordenación urbana, el saneamiento y urbanización de fincas; la construcción, compraventa y arrendamiento de fincas rústicas o urbanas, y la edificación de toda clase de edificios, pabellones industriales, viviendas y locales comerciales.

El 5-7-2.006, se inscribió el acuerdo, de fecha 24-5-2006, de escisión total de "CONSTRUCCIONES SAGAIN S.L.", que se extinguió sin liquidación, transmitiendo su patrimonio a cinco entidades beneficiarias que fueron: "SAGAIN PROYECTOS S.L." (sociedad de nueva creación), "IRAMENDI DESARROLLO S.L." (sociedad existente que amplió su capital), "SAGAIN GESTION S.L." (sociedad de nueva creación), "SAGAIN SIGLO XXI S.L." (sociedad de nueva creación), y "CONSTRUCCIONES SAGAIN S.L." (que anteriormente se denominaba "LAKARRI DESARROLLO 2.005 S.L.) que modificó su denominación y amplió su capital social, siendo su CIF B-20884052. En todos los casos se nombró administrador único al acusado Desiderio Sabino.

Las operaciones de la entidad escindida se consideraron realizadas a efectos contables por cuenta de las sociedades beneficiarias, desde el día 1-1-2.006.

Así las cosas, mediante escritura de 29-11-2.004 "CONSTRUCCIONES SAGAIN S.L." representada por su administrador único Desiderio Sabino adquirió de la "SOCIEDAD URBANÍSTICA LA MUELA S.A." a su vez representada por Irene Herminia, con CIF A-50727114, por un valor declarado a efectos fiscales de 1.752.816,50 ? y por un precio escriturado de 150,25 euros/m2 la finca con referencia catastral NUM065 (polígono NUM066, parcela NUM051) la cual pertenecía a la "SULM" por compra a D. Ivan Manuel, según escritura de 8-3-2001, apareciendo descrita en la escritura de compraventa como: "Olivar secano en término municipal de La Muela, partida " DIRECCION003 ", con una superficie de 1 hectárea, 16 áreas y 66 centiáreas (11.666 m2)". Dicha finca que se encontraba en fase de urbanización en el momento de su transmisión, tenía, en cuanto a una porción de 5.746,57 m2 la calificación urbanística de suelo urbano consolidado, y en cuanto a la restante porción de 5.919,43 m2, la calificación urbanística de suelo urbano no consolidado.

De dicha finca matriz "CONSTRUCCIONES SAGAIN S.L." segregó posteriormente una porción con una superficie de 5.746 m2, con calificación urbanística de suelo urbano consolidado, valorándose dicha segregación en 4.750.153 ?, cuya parte segregada fue a su vez transmitida a la sociedad "PROMOCIONES INMOBILIARIAS LANUZA S.A." mediante escritura otorgada el 18 de enero de 2.005, actuando el acusado Desiderio Sabino en nombre y representación de la compañía mercantil "CONSTRUCCIONES SAGAIN S.L." por un valor declarado a efectos fiscales de 4.750.153 ? que la parte vendedora manifestó haber recibido íntegramente de la compradora "PROMOCIONES LANUZA", reconociendo aquélla haber recibido de la sociedad compradora el importe correspondiente al IVA, que ascendió a 760.024,48 ? El precio medio pagado (sin incluir el IVA) a "CONSTRUCCIONES SAGAIN S.L." por parte de "PROMOCIONES INMOBILIARIAS LANUZA S.A." en esta compra fue de 826,69 euros/m2.

De la misma forma, la parte de suelo que quedó y que tenía calificación urbanística de suelo urbano no consolidado y una superficie de 5.920 m2 (4.736 m2 de techo edificable) fue vendida mediante escritura de fecha 3-2-2.005 por "CONSTRUCCIONES SAGAIN S.L.", a la que igualmente representaba su administrador único Desiderio Sabino por un valor declarado a efectos fiscales de 2.134.546,64 ? a la mercantil "PROMOCIONES INMOBILIARIAS LANUZA S.A." manifestando la parte vendedora haber recibido íntegramente de la compradora el precio y el importe correspondiente al IVA, que ascendió a 341.527,46 ? El precio medio pagado (sin incluir el IVA) a "CONSTRUCCIONES SAGAIN S.L." por parte de "PROMOCIONES INMOBILIARIAS LANUZA S.A." en esta compra fue de 360,56 euros/m2.

En ninguna de estas dos operaciones aparece acreditado que hubiera mediado concierto previo entre los acusados Irene Herminia, Pedro Porfirio, Desiderio Sabino y Isidro Camilo con la finalidad de perjudicar los intereses del Ayuntamiento de La Muela.

Ambas parcelas se encontraban integradas dentro de la Unidad de Ejecución nº 14 del PGOU de La Muela.

La plusvalía generada en esta operación a favor de "SAGAIN" fue de 5.131.883,14 ? en dos meses y cuatro días.

Asimismo, Irene Herminia en solitario y en representación de la Sociedad Urbanística, suscribió un contrato privado con el acusado Desiderio Sabino en representación de "SAGAÍN", de fecha 25 de octubre respecto de la parcela NUM067 de nueva creación en el ámbito del plan parcial del sector 4 a la "SOCIEDAD URBANÍSTICA DE LA MUELA S.A.", 200.000 m2, por un precio de 72,12 ? m2, en total 14.424.000 ? y por lo tanto de la sociedad urbanística, a quien Desiderio Sabino comunicó el 19 de octubre de 2.004 la aceptación enviada a Irene Herminia, de la misma forma que Irene Herminia y Pedro Porfirio a través de "ARANADE" le comunicaban, una vez suscrito el contrato, los gastos reclamados que también se reclamaban directamente a "SAGAIN".

En el contrato privado se estableció un pago de 500.000 ? en el momento de la suscripción del contrato privado, la entrega de un pagaré por 2.000.009 ? con vencimiento el 25 de enero de 2.005, la entrega de un pagaré por 2.000.009 ? con vencimiento el 25 de abril de 2.005, el pago de 1.506.000 ? al 75% de las obras de urbanización, el pago de 1.506.000 ? al 100% de las obras de urbanización, y el pago de

6.894.000 ? en el momento de la escritura por subrogación del préstamo que gravaba el suelo. En definitiva mediante el pago así pactado "SAGAIN" sufragaba las obras de urbanización y posteriormente pagaba el préstamo, de tal forma que el beneficio obtenido por la Sociedad Urbanística no queda bien determinado.

La mercantil "CONSTRUCCIONES SAGAIN S.L." el 24-5-2.005 representada por su administrador único Desiderio Sabino escrituró la compra de la parcela NUM067 de nueva creación en el ámbito del plan parcial del sector 4 a la "SOCIEDAD URBANÍSTICA DE LA MUELA S.A.", 200.000 m2 de suelo, por un precio declarado a efectos fiscales de 14.424.000 ?, (precio medio de 72,12 ?./m2) y vendió el 17-2-2.006 (apenas nueve meses después) esa misma finca a "INVERSIONES AGUINA S.L." por un importe de 26.444.532,59 ?, es decir a 132,22 ?./m2. Dicho precio fue inferior en 593.874 ? al valor que se le había dado a la finca en el mes de julio de 2.003 que era de 15.017.874 ?, cuando se constituyó hipoteca sobre ésta y ocho fincas más, a favor de "CAJA RIOJA", en garantía de un préstamo de 24.000.000 ?, perjudicando a la sociedad y con ella al Ayuntamiento como único socio, y favoreciendo con ello a Desiderio Sabino.

La finca aparece descrita en la escritura de compraventa como: PARCELA NUM067 (INDUSTRIAL DE EDIFICACIÓN AISLADA). Parcela de nueva creación en el ámbito del Plan Parcial del Sector 4-I de suelo urbanizable de uso industrial aislado, divisible, de 200.238,20 m2 según título, si bien su superficie real según medición realizada fue de 200.000 m2. La finca pertenecía a la "SOCIEDAD URBANÍSTICA DE LA MUELA S.A." por adjudicación en el Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial del Sector 4-I de Suelo Urbanizable Industrial de la Muela, aprobado por decreto de Alcaldía de fecha 27-8-2003. La finca estaba afecta, con carácter real, a favor del Ayuntamiento de La Muela, al pago del saldo de la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial del Sector 4-I de Suelo Urbanizable e Industrial de La Muela, en una cuantía de 7.114.367,39 ? y le correspondía una cuota en el pago de la liquidación definitiva por

los gastos de urbanización del 22,34 %.

Además, estaba sujeta por razón de procedencia de las fincas aportadas a la reparcelación del Sector 4 del polígono industrial del Plan Parcial de suelo urbanizable de La Muela, a los derechos legales de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento de La Muela, previstos en el artículo 93 bis de la Ley 5/1.999, de 25 de marzo, urbanística de Aragón.

En el momento de su venta, la finca estaba gravada, junto con otras fincas, con una hipoteca a favor de "CAJA RIOJA", en garantía de un préstamo de 26.999.000 ? en total, de los que la finca objeto de esta escritura respondía, como consecuencia de la distribución de responsabilidad hipotecaria formalizada en escritura autorizada el 27-5- 2004, de 6.894.000 ? de principal, más otras cantidades de intereses, costas y otros gastos; siendo ese (6.894.000 ?.) el saldo pendiente del préstamo en el momento de la venta.

El precio acordado por las partes para la transmisión de esta finca fue de 14.424.000 ?, de los que la parte vendedora reconoció haber recibido antes de ese acto, 7.530.000 ? mientras que los restantes 6.894.000 ? los retuvo la parte compradora para satisfacer el débito hipotecario que gravaba la finca objeto de la transmisión, en el que se subrogó la parte compradora, consintiendo en ello los representantes de "CAJA RIOJA" que también concurrieron al otorgamiento de esta escritura.

La parte vendedora reconoció haber recibido de la compradora el importe correspondiente al IVA que grava la compraventa que se formalizó en ese contrato, al tipo del 16% sobre la base del precio de venta.

La acusada Irene Herminia, en representación de la "SOCIEDAD URBANÍSTICA DE LA MUELA S.A" en la escritura de venta, se obligó en nombre de la sociedad al pago de la totalidad de los gastos de urbanización correspondientes a la finca que se vendía, conforme a las previsiones del Planeamiento Municipal del Ayuntamiento de La Muela a "CONSTRUCCIONES SAGAIN S.L.". Como ya se ha expuesto, la finca estaba afecta, con carácter real, a favor del Ayuntamiento de La Muela, al pago del saldo de la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial del Sector 4-I de Suelo Urbanizable e Industrial de La Muela, en una cuantía de 7.114.367,39? y le correspondía una cuota en el pago de la liquidación definitiva por los gastos de urbanización del 22,34 %. Conforme a lo estipulado era la "SULM" la que asumía el pago de los gastos de urbanización que, por otra parte, estaba concluida según la certificación de 22 de abril de 2.005. De ese modo se perjudicaron los intereses económicos del Ayuntamiento y por ello no se redactó en la escritura la existencia de los contratos privados anteriores ni la forma de pago.

El Ayuntamiento de La Muela había renunciado a la cesión del 10% del Aprovechamiento del sector, (las fincas que integraban la 4ª fase del Polígono CENTROVÍA (89.620,40 m2), a cambio del pago del equivalente económico correspondiente, que fijaron ambas partes, esto es, la "SOCIEDAD URBANÍSTICA DE LA MUELA" y el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA, en 12.316.743,24 ?, lo que representa un precio medio de 137,43 euros/m2; Tomando como referencia este precio el perjuicio económico para la "SOCIEDAD URBANÍSTICA DE LA MUELA S.A." era todavía mayor, dado que si se hubiera vendido al citado precio por m2 el valor obtenido haría sido el de 27.486.000 ?

Ni Pedro Porfirio como gerente de la sociedad ni Irene Herminia como presidenta de la entidad y en nombre de la "SOCIEDAD URBANÍSTICA" publicitaron la venta de las citadas parcelas, ofreciéndolas al mejor postor; no se efectuaron ofertas, sino que directamente se vendieron las parcelas a Desiderio Sabino como administrador de "Sagaín", y por un precio menor al que se podía haber obtenido, tal como habían acordado.

Con anterioridad a inicio de las sesiones de la vista oral Pedro Porfirio procedió a consignar en la cuenta de la Audiencia Provincial de Zaragoza 400.000 ? a favor del Ayuntamiento para el pago de las indemnizaciones correspondientes, reconociendo los hechos en el acto de la vista.

Epígrafe C.1

El acusado Torcuato Hector, como administrador de "ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL S.L." suscribió un contrato con el acusado Desiderio Sabino en nombre de "SAGAIN" de fecha 5 de mayo de 2.005 firmado unos días antes de elevar a escritura pública y que fue encontrado en las oficinas de "ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL" y en las oficinas de "SAGAIN" en el registro efectuado el 19 de marzo de 2.009 en el que se reconocía una comisión de 2.404.048 ? por la actividad desarrollada durante los meses anteriores, y que se ha expuesto, tendente a posibilitar la adquisición de terrenos en el término de La Muela por parte de construcciones "SAGAIN" y haber llegado a buen fin la adquisición de terrenos prevista como base y finalidad de la colaboración empresarial. En el citado contrato se establecía que el precio se pagaría mediante la cesión de los derechos de adquisición de "SAGAIN" sobre unas viviendas que construiría "CONSTRUCCIONES LANUZA" y si éstas no llegaban a buen fin se pagaría en metálico la cantidad acordada. El 13 de mayo y el 28 de julio de 2.005 Desiderio Sabino en nombre de "SAGAIN" emitió dos cheques por 300.000 ? cada uno a nombre de Activos Productivos Mirasol que Torcuato Hector, en nombre de "ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL", manifestó correspondían a otras labores de intermediación diferentes a la del contrato de 5 de mayo de 2.005. Ha de imputarse al ejercicio de 2.005 la totalidad del precio fijado, dado que entiende que nada se ha declarado, y en tanto que al tratarse de una prestación de servicios el devengo se produjo en el mismo año 2.005.

Por otra parte Torcuato Hector, para cobrar la comisión que le pagó Bernabe Hernan por la compra hecha por "EBROGAN" a la "SULM" y en la que también actuó como intermediario, (descrita letra B) emitió una factura a nombre de "ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL" por 244.654,95 ? que declaró en el impuesto de sociedades de 2.005. Sin embargo, ha de imputarse esa cantidad a la renta personal de Torcuato Hector en el IRPF, dado que en aquella ocasión no existió contrato alguno en el que se determinara alguna prestación por parte de "ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL", por lo que al rehacer el Impuesto de Sociedades de 2.005 no se había de tener en cuenta esa cantidad.

Torcuato Hector suscribió un contrato privado de opción de compra, de fecha 23 de agosto de 2.005, en nombre de "ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL S.L." sobre las participaciones sociales de la mercantil "CONSTRUIMOS A SU FAVOR S.L." (CIF B99017782) con el objeto de hacerse propietario de un inmueble, principal activo de la citada mercantil. El precio sobre las participaciones estipulado fue de 721.214,53 ? y el de la opción de compra fue 120.202,00 ? Este contrato se elevó a público el 2 de agosto de 2.006 a nombre de Torcuato Hector a título particular. No consta la procedencia de los 120.202,00 ? pagados por "ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL" el 23 de Agosto de 2.005 ya que no figuraban en la contabilidad de la mercantil, por lo que hubieron de incluirse al rehacer la declaración del Impuesto de Sociedades de 2.005.

Declaró también en nombre de la mercantil ingresos y gastos diferentes de los contabilizados, por lo que había de ajustarse en 35.261,33 ?.

Rehecha la declaración del Impuesto de Sociedades de 2.005, sobre la base de todo lo expuesto y teniendo en cuenta los 229.829,92 ? que ingresó como consecuencia de la declaración hecha inicialmente, "ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL", por decisión de su administrador Torcuato Hector, defraudó al erario público en la cantidad de 785.516,95?.

El

I.V.A. de los 2.404.048 ? fijados en el contrato de 5 de mayo de 2.005, calculado al 16%, que estaba vigente en el 2.005, da una cantidad de 384.647,63 ? Rehecha la declaración presentada por Torcuato Hector como administrador de "ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL S.L." respecto al IVA 2.005 introduciendo la citada cantidad resulta una cuota defraudada de 282.555,53 ?

En el acto de la vista oral Torcuato Hector reconoció los hechos que se le imputan en relación a los delitos contra la Hacienda Pública.

El acusado Onesimo Leovigildo, gestor de Torcuato Hector y condenado como cómplice en un delito contra la agencia tributaria cometido por Torcuato Hector por sentencia del JP nº 5 en el PA nº 336/11 confirmada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, estaba al tanto de las ganancias de Torcuato Hector y confeccionó las declaraciones tributarias sobre la base de los datos obtenidos sin cuestionarse la realidad u oportunidad de los mismos contribuyendo con ello en la defraudación a la hacienda pública, hecho que reconoció en el acto de la vista oral.

Epígrafe C-2

Para justificar los 500.000 ? que Torcuato Hector no declaró a la Hacienda Pública en el IRPF de 2.005, pactó con Desiderio Sabino como administrador de "SAGAIN", la simulación de un préstamo por dicho importe, recibiendo efectivamente una transferencia por tal cantidad desde la cuenta corriente que dicha mercantil tenía abierta en la "KUTXA" en la cuenta de IBERCAJA NUM068 abierta a tal efecto día anterior. Dicho préstamo simulado se materializó en un contrato firmado por ambos acusados el día 13 de diciembre 2.005.

Epígrafe C-3

De la misma forma en fecha 2 de febrero de 2.006 el acusado Torcuato Hector recibió otro ingreso en efectivo de 300.000 ? en su cuenta de Cajalón terminada en NUM042, sucursal de La Muela, pretendiendo justificarse sobre la base de otro contrato de préstamo supuestamente firmado entre Desiderio Sabino como administrador de "SAGAIN" y Torcuato Hector en esa misma fecha. Al igual que en el supuesto anterior, el ingreso de tal cantidad no respondía a ningún préstamo y la redacción del documento efectuado el 17 de febrero de 2.006 se hizo solo para justificar la entrega de ese dinero que no fue declarado por dicho acusado en el IRPF de 2.006. De hecho y de la misma forma que en el supuesto anterior, a la vez que se redactó la supuesta concesión del préstamo se redactó otro documento en el que se reconocía la inexistencia de tal préstamo.

Igualmente, en una declaración complementaria presentada por Torcuato Hector en el mes de diciembre de 2.008 respecto al IRPF de 2.006, se introdujo la declaración de 275.229,36 ? más IVA, según se dice, por intermediación inmobiliaria (factura NUM069) justificando el ingreso en efectivo de 300.000 ?, manifestando posteriormente el Sr. Torcuato Hector que el ingreso se debía al préstamo citado. La factura NUM070 alegada resultó ser una factura pagada por construcciones "SAGAIN" por su labor de intermediación en la compra de unas parcelas en La Puebla y que fue abonada por ingreso en la cuenta de Cajalón de

327.000 ? 16 de febrero, comprobándose que en el libro de facturas no existe ninguna con la nomenclatura NUM069.

Epígrafe C-4

Torcuato Hector actuó de comisionista en la venta de una mitad indivisa de la finca registral nº NUM071 propiedad de "SAGAIN" a "CAJALON", lo que se hizo mediante escritura de fecha 30 de marzo de 2.007. Como quiera que las condiciones e importe de la comisión a percibir por Torcuato Hector se encontraban determinadas en un documento de fecha 30 de enero de 2.007 (inspección Hacienda Tributaria en Activos Mirasol) por las que todo lo que éste obtuviera por encima de los 12.000.000 ? constituiría la comisión a percibir por aquel, al conseguir vender su mitad indivisa por 6.870.000 ?, su comisión quedaba determinada en 870.000 ? En pago de tal gestión Torcuato Hector emitió una factura, pero no a su nombre sino al de una empresa propiedad de la familia denominada "GRUPO INMOBIIARIO AURCASA S.L.", haciéndolo no contra "SAGAIN" sino contra otra empresa de su grupo denominada "AURRERRABIRE S.L." quien emitió un cheque por importe de 947.586,60 ? que fue ingresado en una cuenta a nombre de "GRUPO INMOBILIARIO AURCASA S.L." abierta el 19 de abril de 2.007. Como quiera que la gestión efectuada por Torcuato Hector respecto de la venta de la citada parcela lo fuera a título personal, la comisión obtenida por la misma integraba el concepto de renta de tal suerte que a través de su ingreso en una sociedad pantalla, pasaba desapercibida para Hacienda permitiendo la impunidad fiscal ante la ausencia de declaración.

El acusado Onesimo Leovigildo, gestor de Torcuato Hector, estaba al tanto de las ganancias obtenidas por Torcuato Hector y confeccionó las declaraciones tributarias sobre la base de los datos obtenidos sin cuestionarse la realidad u oportunidad de los mismos, contribuyendo con ello en la defraudación a la Hacienda Pública.

Torcuato Hector reconoció los hechos en el acto de la vista y se conformó con las penas interesadas por el Ministerio Fiscal.

Epígrafe C.5

La entidad "CONSTRUCCIONES SAGAIN S.L." representada por el acusado Desiderio Sabino adquirió del Ayuntamiento de La Muela el día 19 de diciembre de

2.005 en la partida conocida como DIRECCION004 un total de 2.397.500 m2, considerado como suelo industrial no delimitado y destinado a la aprobación de la Fase Sexta, tras lo cual y en fecha 30 de marzo de 2.007, "CONSTRUCCIONES SAGAIN" vendió una mitad indivisa de tal propiedad a la entidad "CAJALÓN".

En fecha 21 de mayo de 2.008 Isidro Camilo actuando en nombre de "SAGAIN" de quien era apoderado verbal, como quiera que estuviera interesado en el cambio de la calificación urbanística del suelo para que pasase a ser suelo industrial delimitado y así poder construir, presentó una petición para la delimitación del citado suelo ante el Ayuntamiento de La Muela a la que adjuntó una justificación técnica a su pretensión, siendo remitida por el Ayuntamiento a la Comisión de Urbanismo quien en fecha 4 de julio de 2.008 emitió informe técnico firmado por Celso Octavio, en el que "se informaba favorablemente a la delimitación, condicionada al inicio de la tramitación del plan parcial de desarrollo a la efectiva urbanización de la quinta fase del polígono Centrovía". El 23 de julio de 2008, reunida la ponencia técnica previa a la Comisión, acogió el informe técnico y emitió un informe en el mismo sentido. Sin embargo reunida nuevamente la Comisión el 29 de julio de 2.008, ésta entendió no justificada la petición considerando que con el suelo que ya había se aseguraba suficientemente el desarrollo industrial de La Muela.

Recibida la notificación de la denegación de delimitación, el acusado Isidro Camilo en nombre de "SAGAIN", interpuso el 11 de septiembre ante el Ayuntamiento un recurso contra la misma y directamente en alzada para ante el Consejero de Ordenación Territorial con entrada en la Dirección General de Urbanismo el 19 de septiembre, adhiriéndose Irene Herminia, convencida de que Isidro Camilo intercedería en relación a la aprobación del SR1, que en ese momento aún no había sido llevado a ningún orden del día, alegando que ya se había procedido a los movimientos de tierra y a las obras de urbanización de la Quinta fase del polígono Centrovía promovidas por la mercantil "INBISA", si bien desistió seguidamente del mismo.

Asimismo, Isidro Camilo, en la conversación mantenida el 23 de abril de 2.008 con Irene Herminia, le manifestó que... "había un problema con el Plan Parcial, que estaba en la Ponencia y que había que sacarlo ya", pidiéndole que... "hablara con el Presidente para que lo metiera en la Comisión..." y quedando para hablar. En muy parecido sentido se desarrollaron la conversaciones entre los mismos intervinientes de fechas 30 de abril, 17 de junio y 19 de agosto de 2.008 en que ambos acusados mostraban coincidencia de intereses y se espetaban mutuamente para que el asunto fuera de nuevo a la Comisión, pidiendo la alcaldesa a su interlocutor que... "intermediara ante Bartolome Belarmino, pidiéndose cuentas de lo que había hecho cada uno"..." ¿Le ves el punto a esto?...Yo quiero ver lo que has hecho tú..." -conversación 17 de junio de 2.008- o insistiendo Irene Herminia en la conversación 19 de agosto de 2.008 ante Isidro Camilo para que Bartolome Belarmino hiciera fuerza, a lo que el otro le respondía que..."Le había dado una serie de claves...".

El 3 de junio de 2.008 se reunió la Ponencia Técnica en la que se encontraba el acusado Mariano Oscar como director de la misma, y Landelino Leovigildo y Donato Conrado, entre otros, tratándose en el punto 8 la justificación de delimitación de los sectores SR1 - SR2 - SR3 y emitiéndose por unanimidad informe desfavorable. El 27 de junio de 2.008 se reunió la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, presidida por Miriam Joaquina, estando presentes Mariano Oscar, Irene Herminia, Argimiro Laureano y Donato Conrado. Al tratarse de la delimitación de los sectores SR1 - SR2 - SR3 y tras una propuesta inicial de denegación por no considerar adecuado el modelo propuesto correspondiente a los tres sectores y otra realizada por la Sra. Pinilla proponiendo la aprobación de la delimitación de los tres, el Sr. Argimiro Laureano, abogado urbanista, propuso que se informara favorablemente a la delimitación solo de un sector SR1, no oponiéndose Mariano Oscar quien en la ponencia del día 23 había votado en contra de la misma, propuesta que prosperó... "siempre que quedara garantizada la adecuada inserción del sector SR-1 en la estructura urbanística municipal, de acuerdo con las necesidades existentes y otras actuaciones previstas, en aras a mantener el equilibrio territorial y desarrollo racional del municipio".

Durante todo este tiempo, la Alcaldesa mostró un gran interés para que se llevara a cabo la aprobación tanto de los Sectores SR1 - SR2 - SR3 como de la denominada Sexta Fase debido a sus intereses económicos derivados del incumplimiento de sus promesas de recalificación de los terrenos, toda vez que la recién aprobada LUA (Ley Urbanística de Aragón) había desposeído de tales atribuciones a los Alcaldes para otorgárselas a las Comisiones de Urbanismo.

La Alcaldesa Sra. Irene Herminia previo informe favorable del arquitecto Cecilio Claudio dictó el Decreto de Alcaldía de 23 de septiembre de 2.008 y por el que se acordaba la aprobación definitiva del proyecto de urbanización condicionada a la aprobación definitiva de la modificación del plan parcial, estableciéndose que... "las obras de urbanización por ende se entienden condicionadas y por tanto no se podrán iniciar hasta que se alcance dicho hito, a excepción del movimiento de tierras que se entiende autorizado con la presente".

El acusado y arquitecto municipal Romeo Ovidio extendió un documento de fecha 11 de noviembre de 2.008 que dio en llamar sin serlo realmente "acta de alineaciones y rasantes" y que fue adjuntado a la petición presentada por el también acusado Isidro Camilo ante el Ayuntamiento de La Muela en fecha 11 de diciembre de ese mismo año para delimitar el suelo, quien la cursó a la Diputación General de Aragón, todo ello con la intención de favorecer al asimismo acusado Sr. Isidro Camilo para conseguir que la Comisión de Urbanismo cambiara de criterio e informara favorablemente a la delimitación. De dicha acta se desprendía claramente, cuando ello no era cierto, que la constructora "INBISA" había comenzado con las obras de urbanización, lo que resultaba imprescindible para que la Comisión emitiera su informe favorable, al expresar literalmente que..."Encontrándose aprobado el PROYECTO DE URBANIZACIÓN URBANA EN SUELO URBANIZABLE GENÉRICO COLINDANTE

CON CENTROVÍA, que ha sido promovido por INBISA GRUPO EMPRESARIAL S.L., y habiendo sido realizadas las verificaciones oportunas de replanteo general y alineaciones exteriores, SE INFORMA FAVORABLEMENTE".

En la primera mitad del año 2.009 Desiderio Sabino en nombre de "CONSTRUCCIONES SAGAIN S.L." hizo entrega al Club de Fútbol de La Muela la suma de 200.000 ? Era costumbre de tal mercantil patrocinar deportes de base y de hecho constan acreditados contratos de patrocinio entre ambas entidades en temporadas anteriores.

BLOQUE D

Epígrafe D

Mediante escritura pública de fecha 24 de marzo de 2.004, Irene Herminia, Alcaldesa del Municipio de La Muela, junto con su marido Jacobo Marcos, adquirieron el 48% del accionariado de la entidad "TUDELA INMOBILIARIA DE GESTION" propiedad del acusado Pedro Porfirio y de sus hijos y también acusados y administrada por el primero, de los citados Alexander Norberto y Alexander Sergio, habiéndose realizado previamente, en concreto los días 1 y 2 de marzo, cinco transferencias por Jacobo Marcos por un importe total de 254.000 ? que resultaron ingresadas en la cuenta corriente de la sociedad. El interés de entrar el matrimonio Jacobo Marcos Irene Herminia en la mencionada mercantil venía determinado por las expectativas de negocio existentes, ya que la indicada sociedad albergaba la intención de comprar, tal y como efectivamente se hizo, las parcelas NUM072 y NUM001 del sector SR1 así como la NUM000 que estaban pendientes de ser recalificadas según la propuesta previamente enviada a la comisión.

Por aquellas fechas la acusada Sra. Irene Herminia, en su condición del Alcaldesa del municipio zaragozano de La Muela tenía un gran interés en que se llevara a cabo la aprobación tanto de los sectores SR-1, SR-2 y SR-3 del Plan General, así como la delimitación de la denominada la Sexta Fase debido a sus intereses económicos derivados básicamente del incumplimiento de sus promesas en cuanto a la recalificación de los terrenos, dándose, además, la circunstancia de que la aprobación de los sectores SR-1, SR-2 y SR-3, además de favorecer lógicamente los intereses de la entidad compradora "BROCOVER", condicionaba la delimitación de la Sexta Fase tal y como seguidamente se expondrá, cuyos terrenos había adquirido la entidad "SAGAIN" con idénticos intereses a los de "BROCOVER".

Así las cosas y en cuanto a los intentos dirigidos a conseguir la aprobación de los sectores SR-1, SR-2 y SR-3 del Plan General, se ha de partir del Pleno celebrado en el Ayuntamiento de la Muela en fecha 24 de julio de 2.002 en que se acordó la revisión del PGOU para continuar exponiendo los trámites administrativos que sucedieron a la expresada decisión y la ejecución del plan preconcebido por los acusados Irene Herminia y Pedro Porfirio para, aprovechando la función pública que desempeñaba la Alcaldesa, asegurarse ambos sus intereses particulares y privados y en cualquier caso ajenos a la función pública, ya que la acusada Irene Herminia y Alcaldesa de la Muela en las citadas fechas, interesada en favorecer los intereses de Pedro Porfirio y los suyos propios, adquirió el compromiso de obtener la delimitación del sector a fin de que se pudiera edificar en el mismo, a cambio de lo cual Pedro Porfirio le garantizaba su participación en los beneficios derivados de la posterior venta de los terrenos adquiridos, haciéndola socia tanto a ella como a su marido, de la mercantil "TUDELA INMOBILIARIA Y GESTION S.L." CIF-B31380942 (en adelante "TIG S.L.") de la que era administrador Alexander Norberto y accionistas los también acusados e hijos del mismo Alexander Norberto y Alexander Sergio.

Una vez que la citada mercantil se hizo con la titularidad de los terrenos a recalificar junto con otros colindantes (parcelas NUM002 y NUM001) que adquirió de Torcuato Hector con intervención del testaferro Andres Angel, procedió a transmitir, tal y como se decía, el 48% de su accionariado por compra a los hijos del acusado Pedro Porfirio, a la acusada Irene Herminia y a su marido, lo que se hizo mediante escritura pública de 24 de marzo de 2.004, culminándose de esta forma el expresado plan por el que la Alcaldesa y su esposo pasaban a ser propietarios de casi el 50% del accionariado de la empresa propietaria de los terrenos objeto de recalificación. Asimismo y como quiera que la Comisión de Urbanismo mediante acuerdo de fecha 4 de noviembre de 2.004 denegó la aprobación de la revisión del P.G.O.U. propuesto para una serie de ámbitos, entre los que se incluían los sectores del 5 al 10 (SR1, SR2, SR3) alegándose que en el citado plan no se justificaba el modelo territorial escogido ni la ordenación equilibrada del mismo ya que la previsión de crecimiento de población estaba suficiente y sobradamente solucionada con los suelos ya delimitados y no existía un estudio sobre los sistemas generales necesarios para dar servicios a los diferentes asentamientos poblacionales propuestos, la acusada Sra. Irene Herminia a través de la intermediaria fallecida Catalina Mariana, transmitió a la empresa "COMOFER S.L." (CIF B-81014219) la cesión de las correspondientes opciones de compra, no sin antes "revender" su accionariado a sus iniciales propietarios, lo que se hizo mediante escritura de 5 agosto de 2.005 para no aparecer en la escritura de venta, pasando finalmente a ser propietaria la entidad "BROCOVER" en los términos expuestos.

A su vez y ante las sucesivas resoluciones dictadas por la Comisión Urbanística contrarias a los intereses de Irene Herminia, el contenido del informe encargado por la Sra. Irene Herminia a la entidad "INTECSA-INARSA" sobre viabilidad jurídica y técnica del plan parcial relativo al proyecto de circunvalación, su remisión a la Comisión por Decreto de 22 de noviembre que dio lugar al Expediente NUM073 y su devolución al Ayuntamiento ante la necesidad de justificar la delimitación y la nueva propuesta de "INTECSA-INARSA" de fecha 29 de mayo de 2.008, es cuando la Alcaldesa comenzó a ejercer influencias en las autoridades intervinientes en los procesos de calificación, bien en forma directa, bien indirectamente a través de otras personas y autoridades con la evidente intención de conseguir que la Comisión Provincial de Urbanismo aprobara la delimitación del plan parcial antes del verano de 2.008 instando al hijo de Catalina Mariana, Jacinto Bernardino, para que influyera sobre el Consejero de Medio Ambiente de quien era escolta, así como a otros cargos de la DGA, con lo que finamente se consiguió que la propuesta se llevase al orden del día de la Comisión de 27 de junio de 2.008, lo que suponía que previamente había de pasar por la Ponencia Técnica de fecha 23.

El 27 de junio de 2.008 se reunió la Comisión Provincial de Urbanismo en la que estuvieron presentes los acusados Mariano Oscar, Irene Herminia y otras tres personas más. Tras diferentes intervenciones, incluida la de Irene Herminia quien pretendía la delimitación de los tres sectores, prosperó la propuesta del abogado urbanista de que se informara favorablemente, pero solo respecto del SR1, viniendo a expresar la Comisión que aunque no quedara justificado el desarrollo residencial a través de los tres sectores, sí podría considerarse correcta la delimitación del nuevo sector SR1 siempre y cuando quedara garantizada la adecuada inserción del mismo en la estructura urbanística municipal, produciéndose la certificación de dicho acuerdo en fecha 10 de julio de 2.008. Ello hizo posible que Irene Herminia, con el fin de conseguir la definitiva aprobación del Plan, ordenara la remisión de la separata del Plan parcial para la SR1 a la Comisión Provincial de Urbanismo, cuando para ello hubiera sido necesario un acuerdo del Pleno, matizando que había de ser llevada en mano a Mariano Oscar, resultando subsanada tal actuación mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de la Muela de fecha 21 de julio en el que, por una parte, se aprobaba la realización de la separata y, por otra, se abordaba al asunto relativo a la indemnización por exceso de cesión obligatoria por el que se había interesado el acusado Sr. Mariano Oscar y respecto del cual... "se reconocía la indemnización que correspondiera y que se haría efectiva cuando las previsiones presupuestarias lo hicieran posible".

Tras algunas vicisitudes y subsanaciones administrativas, en fecha 3 de setiembre se remitió a la Comisión Provincial la citada separata redactada por la empresa "INTECSA INARSA" y firmada por el acusado Cecilio Claudio y a la vez que Irene Herminia, influida por las presiones que sobre ella ejercía Anselmo Victorino trataba de conseguir que introdujera el Plan en el orden del día de la Comisión más próxima.

En cuanto a la inicial aprobación de los tres sectores, SR-1 SR-2 y SR-3, no pude llegar a afirmarse que la Alcaldesa ejerciera efectiva presión sobre los miembros de la Comisión de la que ella también formaba parte. Sin embargo, fueron muchas y variadas las influencias ejercidas sobre otras autoridades. Así, la Alcaldesa de la Muela, mediante conversación telefónica de fecha 13 de junio de 2.008, no solo solicitó información sobre tal asunto al entonces Consejero D. Segismundo Dionisio, sino que, además, le pidió que..."Llamara al Director Provincial que está en la Comisión..." a lo que este último le contesto que..."Iba a la semana primera de julio y vamos a hacerlo esta semana...". Como quiera que no fue así, la Alcaldesa acusada volvió a ponerse en contacto telefónico con el Sr. Segismundo Dionisio en fecha 24 de octubre de ese mismo año indicándole que..."Había que dar una orden a la COP para que metan el tema del SR1... que la Sabina Noemi no lo quiere meter y Irene Herminia no hace nada...", y la réplica dada por la Alcaldesa al expresarle Segismundo Dionisio que había una situación de bloqueo y que nadie podía hacer nada, en el sentido de..." Jobar, Segismundo Dionisio, échame una mano, copón, habla con..." contestando el otro que... "esas cosas no se podían hablar por teléfono", y respondiendo ella..."Habla con Gustavo Urbano para que insista ante la tipa esa, o la tía lo lleva o que de explicaciones, por que no lo lleva por mis cojones...el Isaac Patricio, llama a Maximo Faustino, llama al Consejero, en este partido solo pinta Isaac Patricio...". En ese mismo sentido se condujo ante el Sr. D. Isaac Patricio que por entonces ostentaba el cargo de Vicepresidente de la DGA, pidiéndole en conversación telefónica de 24 de julio de 2.008 que..."Le hiciera un favor muy grande y vital ya que Miriam Joaquina (entonces Presidenta de la Comisión Provincial de Urbanismo) no lo quiere meter en la comisión" insistiendo en dicho sentido cuando su interlocutor le expresaba que... "no conocía el problema".

Irene Herminia actuaba asimismo ciertamente influida por las presiones que sobra aquélla ejercía el también acusado y socio de "BROCOVER", Anselmo Victorino ya que como los meses pasaban y los intereses de los préstamos solicitados por los socios de "BROCOVER" y la propia mercantil estaban generando problemas de solvencia, dicho acusado conminó a Irene Herminia a que le diera una solución, recordándole todo el dinero que ya le había pagado y su compromiso personal, respondiendo Irene Herminia en la forma descrita en el epígrafe A y haciendo entrega a los hermanos acusados Bartolome Victorino Anselmo Victorino el día 4 de noviembre de

2.008 de la suma de 250.000 ? en su despacho del Ayuntamiento a fin de que éstos pudieran hacer frente a los préstamos solicitados para la adquisición de los terrenos.

Finalmente, la separata del plan parcial SR1, se introdujo en el orden del día de la Comisión del día 28 de noviembre tras su estudio en la Ponencia Técnica previa del día 24 de ese mismo, en la que se emitió informe parcialmente favorable. En Pleno de 22 de diciembre de 2.008 se aprobó definitivamente el plan subsanando los reparos existentes en el acuerdo de la Comisión y remitiendo el citado plan a la Comisión en enero de 2.009. Unos días antes el Sr. Mariano Oscar le había comentado al arquitecto municipal el problema que tenían unos allegados suyos con el Ayuntamiento de la Muela en relación a una indemnización que éste les debía por un exceso de cabida mal determinado en su día, exponiéndole la necesidad del reconocimiento de la indemnización por parte del Ayuntamiento por dicho exceso de cabida en la entrega de suelo de obligado cumplimiento a "TR CORPORACION", (Inmobiliaria Arlet) de la que era Consejero Hernan Torcuato que, como representante de TR Corporación (Inmobiliaria Arlet) había pedido el reconocimiento de la indemnización el 6 de julio de 2.007 sin que se hubiera resuelto nada. En la sesión ordinaria del Pleno Municipal de fecha 21 de julio de 2.008 fue tratado el citado punto, estableciéndose en el acta de la sesión que "se reconocía la indemnización que correspondiera y que se haría efectiva cuando las previsiones presupuestarias lo hicieran posible". Ello fue seguido del Convenio de fecha 2 de octubre de 2.008 en el que figura Irene Herminia de una parte y de otra el representante de "TR CORPORACIÓN INMOBILIARIA" por la que se reconocía la indemnización de 432.105,1 ? conforme al acuerdo del pleno de 21 de julio y, además, se establecía que la citada deuda se haría efectiva "antes de que finalice el presente 2.008".

Con anterioridad a la adopción del acuerdo, el acusado y arquitecto municipal D. Romeo Ovidio contactó con algunos miembros de la Comisión y, en concreto, con Mariano Oscar a quien transmitió la necesidad de introducir la aprobación de la delimitación de los sectores en el orden del día de esa comisión. En otras ocasiones la información que Mariano Oscar le proporcionaba se la transmitía a la Alcaldesa o viceversa. Sin embargo, no consta que el indicado acusado llegara a ejercer presión sobre algún o algunos miembros de la comisión.

No ha quedado acreditado que Irene Herminia exigiera a Anselmo Victorino, Hipolito Evelio, Victor Carlos y Cornelio Ricardo, socios todos ellos de la entidad "BROCOVER" que se procediera al reparto de las primas de cesión debidas a la aprobación del plan.

Con anterioridad al inicio del juicio los hermanos Bartolome Victorino Anselmo Victorino procedieron a indemnizar al Ayuntamiento de La Muelas en la suma de 332.495,38 ? por los perjuicios ocasionados al mismo, reconociendo la entrega de los 250.000 ?.

Epígrafe D.1Habida cuenta de que los acusados Alexander Norberto y Alexander Sergio, al hacerse de nuevo con las participaciones de" TIG S.L." conforme a la escritura de 5 de agosto de 2.005, no pagaron con dinero cuya procedencia fuera posible justificar como saliente de su propio patrimonio ya que el dinero abonado durante el 2.006 al matrimonio Jacobo Marcos Irene Herminia (600.006,00 ?.) provenía de fondos ocultos de "ARANADE" (conforme a la contabilidad llevada por Pedro Porfirio) la renta no declarada fue los 300.003,00 ? que cada uno recibió de Pedro Porfirio para efectuar el pago al matrimonio Jacobo Marcos Irene Herminia. A su vez, la transmisión efectuada por Alexander Norberto y Alexander Sergio de las participaciones sociales en TIGSL a su hermana Sonsoles Marisa, el 4 de mayo de 2.006, conforme al Informe de la Agencia Tributaria, supuso 1.402.573,89 ? de renta no declarada puesta de manifiesto en la alteración patrimonial consecuencia de la transmisión de las participaciones a su hermana, (que en realidad fue una Dªción puesto que Sonsoles Marisa nada pagó por hacerse con el 100% de la mercantil al hacerse con todas las participaciones) y ello porque el valor de la participación conforme al valor del suelo que se vendía no era de 6 ? por participación, sino de 5.988,65 ? Las citadas cantidades debían integrar la renta del 2.006, que no las contenía. Además, se incluyeron otras cantidades que tampoco se declararon y que resultaban de la consideración como renta del uso que hacían a nivel particular de los pisos puestos a nombre de "ARANADE" en Palma de Mallorca, Candanchu, Calafell y La Línea de la Concepción en Cádiz, y de la deducción que se hacían a través del impuesto de sociedades de todos los gastos de la vivienda particular. La renta del 2.006 debía incluir también el pago que efectuó Pedro Porfirio en nombre de "ARANADE" a cada uno de sus hijos Alexander Norberto y Alexander Sergio de 10.859,96 ? y que se pagaron como derechos de los socios por presuntas aportaciones anteriores de estos que no eran ciertas, por lo que la citada cantidad era renta a incluir en la declaración del IRPF de 2.006. De esta forma Alexander Norberto defraudó al erario público en la renta del 2.006 la cantidad de 485.876,66 ? y Alexander Sergio defraudó al erario público en la renta del 2.006 la cantidad de 487.762,49 ?

BLOQUE E

Epígrafe E.1.

La acusada Irene Herminia había decidido en su condición de Alcaldesa del Municipio de la Muela, que había que lograr el rescate del servicio de abastecimiento de aguas que venía prestando al municipio la entidad "GESTIÓN DE AGUAS DE ARAGÓN" desde el año 1.998, siendo que en el contrato entonces suscrito con dicha entidad se estableció un régimen de sanciones para caso de incumplimiento o deficiencias en la prestación del servicio contratado por parte de la mercantil, y sin que constara ningún tipo de requerimiento o sanción por parte del Ayuntamiento que justificase la decisión de rescatar el citado servicio, dando por resuelto el contrato tal y como recoge la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de los de Zaragoza, de fecha 29 de septiembre de 2.008, que declaró nulo el citado acuerdo municipal.

Así las cosas, el Pleno Municipal de 20 de julio de 2.007 del que igualmente formaban parte los concejales acusados Virgilio Cecilio y Gines Segundo, a instancias de la Alcaldesa adoptó el acuerdo del rescate del servicio sin previa audiencia del interesado ni advertencia de ningún tipo, obviándose igualmente el preceptivo informe de la Comisión Jurídica asesora de la Comunidad Autónoma, conforme al artículo 60 Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos de la Administración Pública, por lo que se anuló el acuerdo del Pleno de fecha 20 de julio de 2.007. Remitido el expediente administrativo al Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma en cumplimiento de la sentencia aludida en dos ocasiones, en las dos se informó desfavorablemente al acuerdo, (dictamen 28/10 de 29 de septiembre de 2.010 y aclaración al citado dictamen de fecha 9 de noviembre de 2.010).

En el mismo Pleno, y a instancias de Irene Herminia, se acordó que sería el Ayuntamiento quien directamente se encargaría del funcionamiento del servicio. Irene Herminia tomó la decisión citada con el único fin de sustituir en el servicio a Gestión de Aguas de Aragón, cuyo contrato terminaba en junio de 2.008, por la mercantil representada por el acusado Adriano Eleuterio, "ENTE GESTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.L.", en la que el hijo de la Alcaldesa Sergio Victorino tenía cedidos por Adriano Eleuterio unos derechos de opción de compra sobre sus participaciones, entidad que se había constituido el 16 de septiembre de 2.005, con 3.020 participaciones, siendo socios constituyentes Justo Domingo y el propio Adriano Eleuterio, éste con 1.480 participaciones, quien el mismo día de la constitución de la mercantil y en protocolo siguiente, otorgó la opción de compra de sus participaciones a Sergio Victorino hijo de Irene Herminia. En ese momento Sergio Victorino aún estaba trabajando en "GESTIÓN DE AGUAS DE ARAGÓN", que entonces prestaba el servicio, donde trabajó salvo cuatro meses en 2.003 desde el 22 de febrero de 2.000 hasta el 20 de julio de 2.006.

Seguidamente, Irene Herminia como Alcaldesa del Ayuntamiento de La Muela, por Decreto de 25 de julio de 2.007 y tras haber conseguido que el Pleno rescatase el servicio como se ha expuesto, acordó convocar mediante el procedimiento de carácter excepcional, negociado y sin publicidad, la adjudicación del servicio público de abastecimiento y saneamiento de agua, aprobándose el pliego de las cláusulas administrativas y concertándose con Adriano Eleuterio para que fuera él quien, por medio de la mercantil "ENTE GESTOR DE NUEVAS TEGNOLOGIAS S.L." se adjudicara el servicio, ofreciendo dos mercantiles conocidas por él, "NOSSLIN S.L." y "LA CENTRAL DESTILADORA ARAGONESA S.L." y que no tenían interés en la prestación del servicio, para que aparecieran como interesadas quienes retiraron sus candidaturas. Finalmente, la mesa de contratación, en fecha 6 de agosto de 2.007 en que estaban presentes los concejales acusados Virgilio Cecilio y Gines Segundo adjudicó el servicio a la única empresa concurrente, ya que las otras habían renunciado como era sabido de antemano, "ENTE GESTOR DE NUEVAS TEGNOLOGIAS S.L.", sin que por ésta se presentara garantía alguna ni formalizada la póliza de seguro.

El Secretario del Ayuntamiento Sr. Humberto Isidro no emitió informe alguno en relación a esta cuestión.

E.2.

El acusado Adriano Eleuterio, en contraprestación a su contratación y para mantener el apoyo del concejal Gines Segundo, también acusado, el 18 de julio de 2.008, le hizo entrega de la suma de 2.000 ? que no se utilizaron para hacer frente a parte del precio de una nave adquirida por NTA a "TABYCON S.C.". Entre los días 19 y 31 de diciembre de ese mismo año le hizo entrega de otros 12.940 ?, habiendo extraído de la cuenta de la CAI terminada en NUM074 el día 19 de diciembre 3.940 ?, y el 31 de diciembre la cantidad de 9.000 ? en dos reintegros de 3.000 y 6.000 ?.. Las citadas cantidades se las pagó a Gines Segundo a título particular en su calidad de concejal del Ayuntamiento de La Muela en contraprestación por la contratación efectuada en interés de mantenerla En esta cuenta de la CAI, el 29 de diciembre de 2.008 se ingresó por el Ayuntamiento de La Muela y por orden que ya había dado Irene Herminia a Gines Segundo el importe de dos facturas emitidas por Adriano Eleuterio en nombre de NTA, la NUM075 de 43.120,05 ?, "Mejora abastecimiento calle Barrio san Clemente y camino Real" y la NUM076 de 49.984,82 ?, "Mejora abastecimiento calle Gil Tarín y Dionisio Laguen" y que se pagaron por la intermediación de Gines Segundo. De la factura NUM075 por 43.120,05 ? el Instituto Aragonés del Agua solo reconoció como ejecutado lo correspondiente a 33.281,54 ? y de la factura NUM076 el Instituto Aragonés del Agua informó que no se ha ejecutado ningún trabajo.

Igualmente, el Concejal Gines Segundo pactó con el Concejal Gines Segundo la redacción de facturas al alza de forma que, faltando a la verdad en el coste real de los trabajos y conceptos en la misma reflejados y perjudicando los intereses del Ayuntamiento, se incrementase el citado coste, apropiándose de la diferencia Gines Segundo. Así, Adriano Eleuterio emitió por medio de la empresa "ENTE GESTOR NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA S.L." la factura número 08/124 de fecha 2 de diciembre de 2008, y con cargo al Ayuntamiento de La Muela por importe de 10.614

? más IVA total 12.312,24 ? donde aparecían conceptuados los trabajos realizados por una motoniveladora 19TN durante un total de 183 horas a 58 ? la hora. Los trabajos de la motoniveladora fueron ejecutados por "EXCAVACIONES ABENOZA&PORTOLES" a quien Adriano Eleuterio alquilaba la máquina y cuya mercantil le facturó por el trabajo a NTA 62 horas a un precio de 57 ? según factura NUM077 de 25 de noviembre de 2.008 emitida por dicha mercantil a "NTA", siendo el coste real para la empresa "NTA" de 3.534 ? más I.V.A. La cantidad de 12.312,24 ? fue pagada por el ayuntamiento el 4 de diciembre de 2.012 en la cuenta de la CAI de "NTA" en la que Adriano Eleuterio figura como autorizado. Sobre esta factura y otras de "NTA" la interventora del Ayuntamiento había puesto reparo por entender que la contratación de dicha mercantil era irregular a la vista del importe conjunto de las facturas y la continuidad en la contratación, no obstante lo cual Irene Herminia por decreto de 2 de diciembre de 2.008 levantó el reparo y ordenó el pago dada la especial relación que tenía con Adriano Eleuterio, como se ha expuesto, y porque se había concertado con él para que emitiese con cargo al Ayuntamiento una serie de facturas por importe total de más de 700.000 ?, a fin de presentarlas como justificación de la realización de unas obras, no ejecutadas en una parte y parcialmente ejecutadas en otra parte, incluidas en una Subvención concedida por el Instituto Aragonés del Agua a cobrar en diciembre de 2.008 como se expondrá en el epígrafe E-3 de estos hechos probados.

De la misma forma, el acusado Sr. Gines Segundo se concertó igualmente con el también acusado Felipe Ovidio como administrador de "CONCILIO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L." emitiendo éste la factura nº NUM078 al Ayuntamiento de La Muela, de fecha 1 de febrero de 2.008 y con entrada en el Ayuntamiento de La Muela en fecha 25 de febrero de ese año, por un importe de 10.556

? bajo el concepto de "piedras en la escollera de la Balsa de la Jupe", factura que fue certificada por el propio concejal Gines Segundo y facturándose al alza el precio de los trabajos relacionados respecto del coste real de los mismos, de forma que fue de

3.185 ?, siendo la diferencia, 5.900 ?, que Felipe Ovidio como habían previamente acordado, entregó a Gines Segundo una vez hubo cobrado la misma. En el registro practicado en el domicilio de Gines Segundo se encontró la primera factura emitida en donde se hizo costar como cliente a la "SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE LA MUELA", entidad en la que no certificaba Gines Segundo, razón por lo que se repitió la factura a cargo del Ayuntamiento.

Con carácter previo al inicio de la vista oral Gines Segundo efectuó un ingreso en la cuenta del Juzgado para entregar al Ayuntamiento de La Muela devolviendo los 9.200 ? cargados en la factura emitida por NTA, así como los 14.141,20 ? en compensación por el cobro de las cantidades indebidamente cobradas. Asimismo junto a Felipe Ovidio devolvió los 5.900 ? por la factura emitida por Concilio. Ambos acusados reconocieron la totalidad de los hechos.

Epígrafe E.3.

En el año 2.005 los acusados Irene Herminia y Adriano Eleuterio, Alcaldesa y Concejal del Consistorio de La Muela, urdieron un plan consistente en interesar del "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" una subvención basada en facturas falsas cuyo importe revertiría en beneficio propio. Así las cosas y tras la presentación en abril de 2.005 de una memoria de inversiones e informe elaborada por de la mercantil "GESTIÓN DE AGUAS DE ARAGÓN", por orden del 27 de abril de 2.005 el "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" concedió al Ayuntamiento de La Muela la ayuda de 980.000 ? para el acondicionamiento de las redes de abastecimiento de saneamiento de La Muela, que por orden de 20 de marzo de 2.007 amplió su horizonte temporal hasta el 2.009, estableciéndose expresamente que en ningún caso podría darse al dinero recibido de la subvención un destino diferente al objeto de la misma. La subvención se distribuía en 50.000 ? para el año 2.005, 30.000 ? para el 2.006, 30.000 ? para el 2.007, 670.000 ? para el 2.008 y 200.000 ? para el año 2.009. El 28 de abril de 2.005 se firmó el convenio de cooperación entre el "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" representado por Segismundo Dionisio y el Ayuntamiento de la Muela representada por la acusada Irene Herminia, aceptándose la subvención por Pleno de 17 de junio de 2.005.

Así las cosas, por orden de la acusada Irene Herminia el Ayuntamiento de La Muela presentó ante el "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA", el 10 de noviembre de 2.008, la documentación relativa a un total de 27 actuaciones llevadas a cabo en el término municipal de La Muela por un importe de 793.822,53 ? Las facturas se confeccionaron por NTA a con los conceptos y obras relacionados por el acusado Adriano Eleuterio, en concierto con Irene Herminia. Algunas de las obras no se habían ejecutado y otras no en su totalidad, siendo las siguientes:

- Factura NUM076 de 9 de octubre de 2.008, "Mejora de abastecimiento calle Gil Tarín y Dionisio Laguen" por 49.984,82 ?, incluido IVA. Conforme al informe del Instituto Aragonés del agua la obra no está ejecutada. La factura integra fue pagada el día 29 de diciembre de 2.008 por el Ayuntamiento a la cuenta de NTA en la CAI terminada en NUM074, autorizado Adriano Eleuterio, una vez recibida la subvención en la cuenta del ayuntamiento el 24 de diciembre.

- Factura NUM079, de 9 de octubre de 2.008, "Mejora abastecimiento de la calle Moncayo y cuesta de la Colasa" por 36.238,06 ? incluído IVA. A la vista de que se facturan obras por un metro cuando solo se ha obrado 60 cm se admiten solo 27.820,40 ? de lo facturado.

- Factura NUM080, de 9 de octubre de 2.008, "Mejora abastecimiento de la calle Francisco de Goya" por 34.565,44 ?, incluido IVA. Se informa por el "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" que está sin ejecutar.

- Factura NUM081, de 9 de octubre de 2.008, "Mejora abastecimiento de la calle Camino de las Banquetas" por 57.114,35 ? incluído IVA. Se facturaron 41 acometidas cuando se ha comprobado que solo hay 7, tampoco están las bocas de riego y la anchura se ha recalculado a 60 cms. por lo que solo se aceptan de la factura 39.824,57 ? La factura integra fue pagada el día 30 de enero de 2.009 por el Ayuntamiento a la cuenta de "NTA", autorizado Adriano Eleuterio, una vez recibida la subvención en la cuenta del Ayuntamiento el 24 de diciembre de 2.008.

- Factura NUM082, de 9 de octubre de 2.008, "Mejora abastecimiento de la calle San Francisco de Asís y María de Ávila" por 57.774,19 ?, incluido IVA. Conforme al informe del "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" está sin ejecutar.

- Factura NUM083, de 9 de octubre de 2.008, "Mejora abastecimiento de la calle Neveria" por 37.573,91 ?, incluido IVA. Se facturaron 5 válvulas cuando solo hay 2 y se ha recalculado la obra que se dice sobre un metro cuando se ha comprobado por el "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" que la zanja es de 60 cms., por lo que solo aceptan 28.725,97 ?

- Factura NUM084, de 9 de octubre de 2.008, "Mejora abastecimiento de la Calle Miguel de Cervantes" por 35.311,66 ? incluido IVA. Conforme al informe del "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" la obra está sin ejecutar.

- Factura NUM085, de 9 de octubre de 2.008, "Mejora abastecimiento de la calle Antonio Machado" por 39.881,84 ? incluido IVA. Conforme al informe del "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" la obra está sin ejecutar.

- Factura NUM075, de 9 de octubre de 2.008, "Mejora abastecimiento de la calle Barrio de San Clemente y Camino Real", por 43.120,05 ? incluido IVA. Se han recalculado por el "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" las mediciones facturadas que están por encima de lo realmente ejecutado, aceptando solo el importe de 32.281,54 ? La factura integra fue pagada el día 29 de diciembre de 2.008 por el Ayuntamiento a la cuenta de NTA en la CAI terminada en NUM074, autorizado Adriano Eleuterio, una vez recibida la subvención en la cuenta del ayuntamiento el 24 de diciembre.

- Factura NUM086, de 9 de octubre de 2.008, "Mejora abastecimiento de la calle Gustavo Adolfo Bécquer" por 10.603,15 ? incluido IVA. Conforme al informe del "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" la obra está sin ejecutar. La factura integra fue pagada el día 2 de febrero de 2.009 por el ayuntamiento, a la cuenta de NTA en la caja rural de Soria terminada en NUM087, autorizado Adriano Eleuterio, una vez recibida la subvención en la cuenta del ayuntamiento el 24 de diciembre 2.008.

- Factura NUM088, de 9 de octubre de 2.008, "Mejora abastecimiento de la calle Agustina de Aragón y Justicia de Aragón" por 48.456,56 ? incluido IVA. Se comprueba que solo hay 2 válvulas de las 3 facturadas y se recalcula por el "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" la medición de la tubería y de la zanja que no es de un metro sino de 60 cms. aceptando solo 33.281,54 ? La factura integra fue pagada el día 30 de enero de 2.009 por el Ayuntamiento a la cuenta de NTA, autorizado Adriano Eleuterio, una vez recibida la subvención en la cuenta del ayuntamiento el 24 de diciembre de 2.008.

- Factura NUM089, de 9 de octubre de 2.008, "Mejora abastecimiento de la calle Zaragoza" por 38.309,60 ? incluido IVA. Conforme al informe del "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" la obra está sin ejecutar.

- Factura NUM083, de 9 de octubre de 2.008, "Mejora abastecimiento de la calle La Balsa II" por 34.135,67 ? incluido IVA. Conforme al informe del "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" la obra está sin ejecutar.

- Factura NUM090, de 9 de octubre de 2.008, "Mejora abastecimiento de la calle La Balsa I" por 49.669,92 ? incluido IVA. Conforme al informe del "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" la obra está sin ejecutar.

- Factura NUM091, de 9 de octubre de 2.008, "Recuperación agua sucia" por 45.240,00? incluido IVA. De la obra ejecutada se acepta por el "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" solo 18.797,56 ?, ya que se considera que la obra es en terreno normal, no se

aprecia la existencia de codos o manguitos facturados y comprueba que hay 3 arquetas y no 4.

- Factura NUM092, de 25 de agosto 2.008, "Cuadro equipado con variador de frecuencia y automatización para conjunto de tres bombas trifásicas. Alimentación al cuadro mediante protección magnetotérmica y diferencial 125 A 380V" por 19.713,04 ? incluido IVA. El "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" aceptó 17.110,06 ? al descontar la partida de sustitución del cuadro. La factura integra fue pagada el día 3 de diciembre de 2008 por el Ayuntamiento a la cuenta de NTA en la CAJA RURAL DE SORIA terminada en NUM087 autorizado Adriano Eleuterio.

- Factura NUM093, de 23 de julio 2.008, "Acometida de DN 300 de la quinta fase del polígono Centro Vía" por 8.696,64 ? incluido IVA. Se comprueba su ejecución y se acepta la factura.

- Factura NUM094, de 29 de septiembre de 2.008, "Acometida de DN 300D quinta fase del polígono Centro Vía por 8.696,64 ?, incluido IVA. Se comprueba su ejecución y se acepta la factura.

- Factura NUM095, de 29 de septiembre de 2.008, "Acometida de DN 300D quinta fase del polígono Centro Vía" por 8.696,64 ? incluido IVA. Se comprueba su ejecución y se acepta la factura.

- Factura NUM096, de 21 de mayo 2.008, "Realización zanja deposito "URCAMUSA" por 6.945,93 ? incluido IVA. Se comprueba que solo hay una arqueta y está reutilizada aceptando la ejecución por un importe de 6.398,37 ?.

- Factura NUM097, de 29 de abril de 2.008, "Realización cambio hidráulico y mejores deposito URCAMUSA" por 41.590,62 ? incluido IVA. Por el "Instituto aragonés del Agua" se informa que las válvulas colocadas son reutilizadas, por lo que no se acepta su facturación ni las piezas a ellas asociadas; se comprueba que la tubería de fundición dúctil es de 10 metros y no de 15 y no acepta otros conceptos facturados por lo que valora lo ejecutado en 4.330,48 ? La factura integra fue pagada el día 29 de agosto de 2008 por el Ayuntamiento a la cuenta de NTA en la CAI terminada en NUM098, autorizado Adriano Eleuterio.

- Factura NUM099, de 10 de octubre de 2.008, "Cargadero de agua sita en balsa del Esparto" por 2.624,47 euros incluido IVA. Se comprueba que la tubería es de polietileno no de acero, y se disminuyen los codos de acero, considerando no ajustadas las horas de oficial aceptando solo el "Instituto Aragonés del agua" 1.957,26 ? Esta obra en realidad a NTA le costó la suma de 1.000 ? más IVA, conforme al acuerdo telefónico habido directamente con Gines Segundo y Adriano Eleuterio, el mismo día 10 de octubre fecha de la emisión de la factura.

- Factura NUM100, de 12 de agosto de 2.008, "Caseta protección valvulería" por 3.998,00 ? incluido IVA. Se aceptan 1.957,26 ? porque no es una caseta sino una arqueta.

- Factura NUM101, de 20 de octubre de 2.008, "Obra saneamiento calle Antonio Machado" por 9.507,75 ? incluido IVA. Se comprueba su ejecución y se acepta la factura.

- Factura NUM102, de 9 de octubre de 2.008, "Mejora servicio telecontrol" por 24.369,28

? incluido IVA. El "Instituto Aragonés del agua" acepta solo 4.079,08 ? como ejecutado correspondiendo al polígono "Centrovía" deposito tercera fase bombas cuarta fase.

- Factura NUM103, de 28 de febrero de 2.008, "Mejora y acondicionamiento de captación del canal" por 6.686,24 ? incluido IVA. El "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" no localizó las válvulas facturadas, aceptando solo ejecución de la obra por importe de 1.791,04 ? La factura integra fue pagada el día 22 de abril de 2.008 por el Ayuntamiento a la cuenta de NTA en "Ibercaja" terminada en NUM104, autorizado Adriano Eleuterio.

- Factura NUM105, de 9 de octubre de 2.008, "Impermeabilización deposito tercera fase" por 34.317,96 ?, incluido IVA. Se comprueba su ejecución y se acepta la factura.

El Secretario Municipal y acusado Humberto Isidro libró un informe jurídico de 7 de noviembre de 2.008, por el que era requisito para el cobro de la Subvención, por el que venía a exponer que los contratos de obra, a los que se refieren las facturas individualmente contabilizadas, no superaban los 50.000 ?, por lo que la competencia para contratar era de la Alcaldesa al tratarse de contratos menores. El Servicio de Intervención del Ayuntamiento en relación a varias facturas entre las que se encontraba una de NTA la 08/41 (de 23 de julio 2.008 acometida de DN 300 de la quinta fase del polígono centro vía por 8.696,64 ? incluido IVA) emitió por su parte el informe de fecha 3 de noviembre de 2.008 en el sentido de "que las facturas recogidas en el cuadro individualmente no superaban el importe del contrato menor, pero son trabajos continuos a lo largo de los últimos doce meses, sin que se haya seguido el procedimiento establecido para su contratación y en ejercicios precedentes se ha superado la cuantía establecida en la Ley, por lo que debería procederse a la tramitación del correspondiente expediente".

Se adjuntó resolución de Irene Herminia, de 7 de noviembre de 2.008, aprobando el gasto reflejado en las facturas emitidas por NTA aludidas así como las certificaciones correspondientes a cada una de las 27 facturas presentadas, firmadas por el acusado Virgilio Cecilio en su condición de Concejal del Ayuntamiento. Dicho concejal certificó en 26 de las 27 facturas antedichas que el trabajo se había hecho y cumplido la finalidad de la subvención.

De esta forma y tras haberse presentado toda la documentación exigida, en fecha 24 de diciembre de 2.008, el "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" ingresó al Ayuntamiento de La Muela la parte de la subvención correspondiente al 2.008 por un importe de 635.058,03 ?

Todos los pagos detallados lo fueron por orden de la acusada Irene Herminia quien conocía el estado de las obras que se pagaban.

El "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" solicitó en un principio la devolución de los 432.737,61 ? que no debieron abonarse, conforme al informe ya expuesto al no estar ejecutadas las obras o estarlo en proporción y con material diferente al reflejado en las facturas. A día de hoy y como consecuencia de determinados pagos parciales, la deuda ha quedado reducida a 99.949 ?.

La Interventora del Ayuntamiento de La Muela, en fecha 17 de agosto de 2.009, informó que consta cobrado por el Ayuntamiento de La Muela, a cargo de la subvención "Acondicionamiento de las redes de abastecimiento y saneamiento de La Muela" entre el

2.005 y el 2.008 la cantidad total de 706.772,61 ? De esta cantidad consta pagada por el Ayuntamiento de La Muela la cantidad total de 382.554,73 ? en concepto de obra a cargo subvención, (cantidad en la que están incluidas los pagos efectuados por las obras no ejecutadas o ejecutadas a medias a Adriano Eleuterio) quedan obligaciones reconocidas por obra a cargo de la subvención por valor de 500.011,03 ?.

Epígrafe E.4.

La acusada Irene Herminia durante su mandato como Alcaldesa de La Muela destinó recursos públicos cuya tenencia y capacidad de disposición ostentaba en su calidad de Alcaldesa, para adquirir bienes y realizar gastos de naturaleza particular. Así, una vez obtenido el cobro de la subvención concedida por el Gobierno de Aragón, "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" que resultó ingresada en la cuenta corriente que el Ayuntamiento de La Muela tenía abierta en la "CAI", ordenó la transferencia desde esta cuenta a su cuenta particular, también en la "CAI", por un total de 872,17 ?, el día 8 de enero de 2.009, para abonar una serie de "tickets" que había pasado como gastos del Ayuntamiento, sin justificar concepto, y que no eran más que gastos personales por comidas privadas. Así se pagaron: el ticket de fecha 2 de noviembre de 2.008, para 9 comensales, por 260,70 ?, en el restaurante "Botero", el "ticket" de fecha 11 de noviembre de 2.008, por 46,10 ?, del restaurante "Pasta Nostra", el "ticket" de fecha 24 de octubre de 2.008, por 123,10 ?, del restaurante "Asador Aranda", el ticket de fecha 3 de diciembre de 2.008, por 75,50 ? del "Molino de Berola", el "ticket" de fecha 10 de diciembre de 2.008, por 155,55 ?, de la cafetería del "Corte Inglés", y el "ticket" de comida para 4 comensales, en la "Sidrería La Kupela", el 17 de octubre de 2.008 por 211,22 ? El abono de estos gastos se llevó a cabo el 13 de enero de 2.008.

Asimismo, el 17 de diciembre de 2.008 la acusada Irene Herminia ordenó la transferencia de 600 ? desde la cuenta de la "SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA DE LA MUELA" en la entidad "CAJALÓN" a su cuenta particular, en pago de una factura emitida por Óptica Mola, (la 214/08 de 16 de diciembre) a nombre de Irene Herminia, por la compra, según aparece en la factura, de 3 prismáticos y tres termómetros, aunque lo que realmente compró fueron unas gafas destinadas a ser regaladas a la Secretaria del Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón D. Eugenio Iñigo por hacerle un hueco en la agenda del mismo, certificando la misma acusada que el contenido de dicha factura cumplía la finalidad para la que se adquirió.

Desde el mes de septiembre de 2.008, Irene Herminia vino recibiendo clases de inglés a título particular en su despacho del Ayuntamiento, de una profesora facilitada a través de la academia "SYSTEM" en diferentes días y en horario de 10 a 11 de la mañana cuyos gastos fueron cargados a la cuenta corriente del Ayuntamiento.

De la misma forma, la acusada Irene Herminia adquirió a cargo del Ayuntamiento dos teléfonos móviles, marca IPHONE a la mercantil "CIC COMUNICACIONES" que luego regaló a sus familiares y lo hizo con la anuencia y colaboración del concejal también acusado Virgilio Cecilio. Así, fueron emitidas las siguientes facturas: Factura nº NUM106, de 30 de diciembre de 2.008, emitida por "CIC COMUNICACIONES" contra el Ayuntamiento de La Muela, por la adquisición de un Apple IPHONE 3G 8GB, por el que el Ayuntamiento pagó, el 22 de enero de 2.009, la cantidad de 263 ?, estando asociada tal terminal al número de teléfono NUM107, del que era usuaria Sabina Tomasa, nuera de Irene Herminia, estando a nombre el contrato de permanencia con "MOVISTAR" de "OLVIC S.L." que pertenece a Sergio Victorino, hijo de Irene Herminia, siendo la misma aceptada por el concejal acusado Virgilio Cecilio, que colaboró en el perjuicio causado al Ayuntamiento, a quien se lo había encargado telefónicamente la Alcaldesa el 12 de diciembre de 2.008, para hacerle un regalo a su nuera, de la que posteriormente facilitó los datos para efectuar el contrato de permanencia a su nombre; factura número NUM108, de 2 de octubre de 2.008, emitida por "CIC COMUNICACIONES", por un importe total de 1.018,38 ?, (albarán de fecha 9 de septiembre) a cargo del Ayuntamiento de La Muela, por un IPHONE 3G 8GB. Este teléfono fue encargado por Irene Herminia al acusado Virgilio Cecilio, que conocía el destino del mismo, telefónicamente, el 8 de septiembre de 2.008, para entregárselo a su hijo Angel Humberto, quien se lo regaló a su novia, averiándose dicha terminal y siendo reparada por la empresa "CIC COMUNICACIONES" que se emitió contra el Ayuntamiento la factura de reparación nº NUM109 por un importe de 71,55 ?

BLOQUE F

Epígrafe F-1

La acusada Irene Herminia mantenía una estrecha relación de amistad con la administradora de la mercantil "GRUPO ON CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN S.L.", (CIF 50932276), y también acusada Gregoria Florinda, empresa a la que el Ayuntamiento de la Muela, por indicación de Irene Herminia, encargaba asiduamente trabajos y a cuyas facturas se ponía reparos desde Intervención por no haber seguido el expediente correspondiente de contratación, atendiendo al montante total de las facturas y la continuidad en el tiempo de la contratación. Así las cosas, en el mes de julio de 2.008 se levantó acta de recepción de las obras del Centro Médico que se estaba construyendo en La Muela, habiéndose solicitado por el Ayuntamiento en relación al amueblamiento del citado edificio una subvención para cuya concesión se presentó una memoria del Arquitecto Municipal Cecilio Claudio por importe de 149.069?, que fue denegada en octubre de 2.008. El amueblamiento en cuestión fue adjudicado por decisión personal y unilateral de la Alcaldesa a la expresada mercantil "GRUPO ON CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN S.L." sin haber sido sacado a concurso y sin que tampoco constara contrato ni encargo alguno firmado.

Además y con el objeto de revestir a dichas operaciones de una cierta apariencia de legalidad se consiguió que otras dos empresas, "REVERSIBLE ART. S.L." con domicilio en Madrid, y "FERANT IDDA S.L", presentaran sendos presupuestos que fueron remitidos por correo a Gregoria Florinda. Así, ésta se puso en contacto en el mes de diciembre con Epifanio Francisco, representante de esta última mercantil, para manifestarle que necesitaba unos presupuestos, facilitándole las cantidades que quería que figurasen, sin más detalle, siendo Epifanio Francisco quien se puso en contacto con Segismundo Sabino, administrador de "REVERSIBLE ART. S.L.", para que también le confeccionase uno y ambos se lo remitieron directamente a ella.

La misma carta aparece como enviada a "ON COMUNICACIÓN S.L." que presentó presupuesto, por 119.984,43 ? sin IVA, sin fecha, pero con entrada el 19 de noviembre de 2.008.

Una vez hecho el amueblamiento del Centro de Salud se remitió por el Ayuntamiento fotocopia de una factura, la número NUM110, de fecha 11 de febrero de 2.009, con sello de entrada el 20 de ese mismo mes pero sin número de registro por importe de 139.181,95? que como informó la interventora del Ayuntamiento no se contabilizó por no aparecer el original de la factura.

El beneficio reconocido por Gregoria Florinda con el citado amueblamiento lo estableció en 22.000 ?.

Epígrafe F-2

Guadalupe Francisca era la administradora y principal accionista de la agencia de viajes "SAUCO S.L." cuyo volumen de ventas se correspondía en su gran mayoría con operaciones realizadas con el Ayuntamiento de La Muela y la "SOCIEDAD MUNICIPAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE LA MUELA". La acusada Irene Herminia, como Alcaldesa de La Muela y Presidenta de sus Sociedades, adjudicó las citadas ventas a dicha entidad por decisión personal y sin acogerse a ningún criterio de interés público o adecuada publicidad. Así, conforme a la certificación emitida por el Ayuntamiento de La Muela, de fecha 1 de diciembre de 2.010, en el citado Ayuntamiento no consta expediente alguno de contratación con "VIAJES SAUCO" entre 2.003 y 2.010 quien, sin embargo, imputó una venta por 468.130 ? a la Sociedad Urbanística, respecto a la que la sociedad tampoco ha aportado expediente alguno. En el año 2006, consta imputada al Ayuntamiento de La Muela otra venta por 11.011,20 ? de la que el Ayuntamiento tampoco ha aportado ninguna clase de expediente.

En la documentación presentada por "SAUCO VIAJES" se reflejan ventas efectuadas al Ayuntamiento de La Muela por viaje oficial de la Alcaldesa, Irene Herminia, a la República Dominicana, por 16.431,63 ? o a la Sociedad Municipal Cultural por viaje de delegación oficial de fecha 30/11/05 a Santo Domingo, por 3.930 ?, sin que se haya aportado nada cuando el Ayuntamiento fue requerido para justificar los viajes realizados, no constando tampoco como se aprobaron o se decidieron los citados viajes. La mayor parte de los viajes se abonaron por la "SOCIEDAD MUNICIPAL CULTURAL" en efectivo, siendo minoritarios, a pesar de los importes, los que se costearon por transferencia a la "CAI" o por un documento bancario. El viaje a Argentina contratado a "SAUCO VIAJES" se facturó por 750.000 ? a la "SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA", si bien se recaudaron únicamente 294.000 ?, sufragando el Ayuntamiento los otros 562.000 ?, sin que haya quedado acreditado cómo se aprobó la citada subvención por parte del Ayuntamiento, y obedeciendo el citado viaje a una iniciativa de Irene Herminia como Alcaldesa y regidora del Ayuntamiento de La Muela.

Epígrafe F-3

En fecha 31 de octubre de 2.007 el Pleno del Ayuntamiento de La Muela dispuso que había que edificar una pasarela para ganado sobre la Autovía A-2 incoándose a tal efecto el oportuno expediente administrativo por el que se acordaba la aprobación del pliego de cláusulas particulares y breve memoria técnica para la contratación de las obras, mediante concurso y procedimiento abierto, con un presupuesto de 1.200.000 ? Sin embargo, la Alcaldesa, al igual que en anteriores ocasiones, se había previamente concertado con el también acusado Nicolas Norberto para que, presentando una oferta en nombre de "CONSTRUCSA S.A.", fuera esta empresa la adjudicataria de la obra, independientemente de otras ofertas que pudieran presentarse.

De los expresados hechos era plenamente conocedor el acusado Sr. Gines Segundo en su condición de Concejal de Obras, participando en los mismos.

Así las cosas, en fecha 31 de enero de 2.008 el Pleno del Ayuntamiento de La Muela adjudicó a favor de la Unión Temporal de Empresas "CONSTRUCSA, OBRAS Y SERVICIOS S.L." y "CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BAZOLA S.L." el contrato para la elaboración del citado proyecto de ejecución de la pasarela, si bien esta última que no formaba aún la UTE al momento de los hechos desistió de la misma antes de la formalización del contrato suscrito en abril de 2.008 al advertir su representante legal la ausencia de proyecto y de autorización por parte del Ministerio de Fomento, así como su deficiente falta de ubicación.

El contrato de redacción del proyecto técnico, de seguridad y ejecución de la pasarela, se formalizó el día 17 de abril de 2.008 entre Nicolas Norberto, que representaba a la UTE "Construcsa, OBRAS Y SERVICIOS S.L." y "CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BAZOLA S.L." y Irene Herminia, en representación del Ayuntamiento, quien se encontraba asistida por el Secretario y acusado Humberto Isidro, sin que éste resultara requerido para la emisión de informe o asesoramiento alguno. Ambas partes contratantes eran conocedoras de que el Ministerio de Fomento había contestado a una consulta efectuada por "CONSTRUCSA, OBRAS Y SERVICIOS S.L." en el sentido de que la pasarela proyectada no era autorizable, recomendando su no ejecución hasta que el proyecto se modificase y recordando el informe efectuado en el mismo sentido a una consulta anterior.

En el contexto del indicado proyecto el Arquitecto Municipal Cecilio Claudio entró a valorar como aspecto técnico no incluido en las cláusulas particulares el que dicha pasarela permitiera igualmente el paso de vehículos.

Tras la adjudicación de las obras de la pasarela sobre la A-2, en la cuenta corriente de la entidad "BARCLAYS" de la que eran titulares Jacobo Marcos y Irene Herminia se produjeron tres ingresos en fecha 21 de abril de 2.008, siendo efectuado el primero por el Sr. Gines Segundo, el segundo por un tal Higinio Teodoro, y no constando la identidad de quien realizara el tercer ingreso. Tampoco es posible asegurar que tras estos pagos se encontrara Nicolas Norberto o la empresa "CONSTRUCSA S.A.".

BLOQUE G

Epígrafe G

El día 18 de marzo de 2.009, en la entrada y registro que se llevó a cabo en el domicilio particular del acusado Gines Segundo, sito en la CALLE005, número NUM111 de La Muela, fue hallada una pistola marca STAR, calibre 9 milímetros, corto, modelo SUPER S. La indicada arma, para la cual Gines Segundo no poseía la correspondiente guía de pertenencia ni la oportuna licencia de armas, presentaba alterado y destruido el número de serie y se encontraba apta para el disparo y en buen estado de funcionamiento, no constando que la misma fuera a ser utilizada con fines ilícitos.

Querella de BROSSE PROMOCION Y GESTION INMOBILIARIA S.A. VEREDA DE LA DEHESA S.L Y BROCOVER PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.

Los hermanos querellados Anselmo Victorino y Bartolome Victorino se encontraban interesados en la adquisición de unos terrenos rústicos en el término de La Muela, para lo cual entablaron una serie de contactos con la comisionista Sra. Catalina Mariana, persona ya fallecida, quien a su vez era titular de determinadas opciones de compra sobre los mismos con prima de cesión, lo que cristalizó en la formalización de los cinco acuerdos mencionados en los hechos probados por los que los hermanos querellados efectuaron dos pagos para, seguidamente, contratar a la sociedad "COMOFER" de la que ambos eran administradores mancomunados, e interesarse por la adquisición de esos terrenos, consiguiéndose que la Sra. Catalina Mariana en nombre de la entidad "GESTION URBANISTICA DE ZARAGOZA" (GUZ) aceptara prorrogar la reserva con "COMOFER" hasta el 11 de noviembre de 2.005 en cuya fecha se suscribió un contrato final por el que esta última entidad representada por los Sres. Anselmo Victorino Bartolome Victorino adquiría las expresadas opciones de compra con una prima de cesión de 2.895.020,52 ?

Dicho lo anterior, ante la importancia económica de la operación y la imposibilidad de hacer frente a la misma en solitario, Anselmo Victorino y Bartolome Victorino emprendieron una serie de contactos para que participaran en la operación de compra de los terrenos otras entidades, haciéndose ya formalmente con "COOPERATIVA DE VIVIENDAS ARMILLA" con quien se contrató, adjuntándose el contrato suscrito entre "COMOFER" y "GUD" en el que aparecía la prima de cesión a favor de dichas mercantiles por importe de 450.750 ? y, seguidamente, con las querellantes "BROSSE PROMOCION Y GESTION INMOBILIARIA S.A." y "VEREDA DE

LA DEHESA S.L." ante la resolución contractual producida respecto de "COOPERATIVA DE VIVIENDAS ARMILLA" por incumplimiento de sus obligaciones de pago. Por otra parte, los querellados conocían a las entidades querellantes de antes al haber contratado con las mismas unas obras en la localidad madrileña de San Juan de los Reyes.

Así las cosas, para poder hacer frente a la adquisición de los terrenos se pactó que cada una de dichas entidades asumiera el 25% del costo asumiendo "COMOFER" el 50% restante. Seguidamente estas tres sociedades cedieron sus respectivos porcentajes sobre las parcelas a una nueva sociedad creada al efecto, la también querellante "BROCOVER PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A." de la que entraron a formar parte como accionistas al 33% "COMOFER", "BROSSE" y "VEREDA DE LA DEHESA".

En este contexto, la mercantil "BROSSE PROMOCION Y GESTION INMOBILIARIA

S.A. VEREDA DE LA DEHESA S.L Y BROCOVER PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A." dedujo querella criminal por un presunto delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro delito de estafa frente a los acusados Anselmo Victorino, Bartolome Victorino y Catalina Mariana, ya fallecida, los dos primeros como autores directos y la última como cooperadora necesaria. La mencionada querella turnada al Juzgado de Instrucción nº 1 de La Almunia de Dª Godina e incorporada a la presente causa aparece articulada en una trama integrada por una supuesta falsificación del contrato por parte de Anselmo Victorino y Bartolome Victorino que los mismos tenían firmado con la entidad "GESTION URBANISTICA DE ZARAGOZA" (GUZ) mediante la cual y a través de la manipulación del documento en cuestión incrementaron en un millón de euros el precio pagado en concepto de prima de cesión. Conforme a los propios términos de la querella los querellados actuaron de esta forma con la intención de inducir a error a los querellantes y hacerles reintegrar a "COMOFER" tal cantidad que nunca fue desembolsada.

No existe constancia de que los querellados manipularan documento alguno o alteraran mendazmente sus condiciones.

Delito de uso de información privilegiada

La Alcaldesa de la Muela Irene Herminia contrajo el compromiso verbal de que las fincas NUM000, NUM112, NUM002, NUM001 y NUM034 del polígono NUM001 de sector SR1 -Pozo del Ahogado- que tenían la condición de suelo urbanizable no delimitado serían recalificados en muy poco tiempo como suelo urbanizable delimitado, dando ello lugar a que la entidad "COMOFER" quien había sido informada de tal intención de recalificación adquiriera tales fincas.

Delito contra la Hacienda Pública

El auto de 4 de enero de 2.016, hoy firme, dictado por la Sala y en que eran objeto de resolución las cuestiones previas planteadas por las partes, declaró prescritos dos delitos relativos a los ejercicios 2.003 y 2.004 respecto del IRPF y del ejercicio 2.005 respecto del IRPF, IS e IVA. de los que era objeto de acusación Onesimo Leovigildo en concepto de cooperador necesario con Torcuato Hector, acordándose en dicha resolución el sobreseimiento libre y parcial respecto de estos cinco delitos.

La Abogacía del Estado mantuvo la acusación en el juicio oral contra Onesimo Leovigildo respecto de estos cinco tipos delictivos.»

SEGUNDO.- La Audiencia de instancia, dictó el siguiente pronunciamiento:

«FALLAMOS

DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS A: Irene Herminia

a).- Como autora responsable de un delito continuado de prevaricación administrativa descrito en el epígrafe B-1 de los hechos probados de los que resulta acusada y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de ONCE AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE CARGO O EMPLEO PÚBLICO.

b).- Como autora responsable de un delito continuado de prevaricación administrativa descrito en el epígrafe F-2 de los hechos probados de los que resulta acusada y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de ONCE AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE CARGO O EMPLEO PÚBLICO.

c).- Como autora responsable de un delito de prevaricación descrito en el epígrafe F-1 de los hechos probados del que resulta acusada y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de OCHO AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE CARGO O EMPLEO PÚBLICO.

d).- Como autora responsable de un delito de prevaricación descrito en el epígrafe F-3 de los hechos probados del que resulta acusada y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de OCHO AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE CARGO O EMPLEO PÚBLICO.

e).- Como autora responsable un delito continuado de prevaricación administrativa descrito en el epígrafe E-1 del que resulta acusada y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de DIEZ AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE CARGO O EMPLEO PÚBLICO.

f).- Como autora responsable un delito de cohecho pasivo continuado descrito en el epígrafe A de los hechos probados del que resulta acusada y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE TRES

MILLONES DE EUROS (3.000.000 ?) con responsabilidad personal subsidiaria de un año INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE EMPLEO O CARGO PÚBLICO por

tiempo de OCHO AÑOS.

g).- Como autora responsable de un delito de blanqueo de capitales descrito en el epígrafe A de los hechos probados del que resulta acusada y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000 ?) con responsabilidad personal subsidiaria de un año e INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE EMPLEO O CARGO PÚBLICO por tiempo de OCHO AÑOS.

h).- Como autora responsable de un delito de tráfico de influencias descrito en el epígrafe C-5 de los hechos probados del que resulta acusada y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE UN MILLON QUINIENTOS MIL EUROS (1.500.000 ?) con responsabilidad personal subsidiaria de un año e INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE EMPLEO O CARGO PÚBLICO por tiempo de CUATRO AÑOS.

i).- Como autora responsable de un delito de tráfico de influencias descrito en el epígrafe D de los hechos probados del que resulta acusada y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE UN MILLON QUINIENTOS MIL EURO con responsabilidad personal subsidiaria de un año e INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE EMPLEO O CARGO PÚBLICO por tiempo de CUATRO AÑOS.

j).- Como autora responsable de un delito continuado de malversación de caudales públicos descrito en el epígrafe E-4 de los hechos probados del que resulta acusada y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, CUATRO MESES DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE SEIS EUROS con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuota impagadas, y SUSPENSIÓN DE EMPLEO O CARGO PÚBLICO por tiempo de DOS AÑOS.

k).- Como autora responsable de un delito contra la Hacienda Pública descrito en el epígrafe A-3 de los hechos probados del que resulta acusada y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE

TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL EUROS con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE OCHO MESES y PRIVACION DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS por tiempo de SEIS AÑOS.

l).- Como autora responsable de un delito contra la Hacienda Pública descrito en el epígrafe A-1 de los hechos probados del que resulta acusada por cooperación necesaria con "INMUEBLES EL RASO" y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE

DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE CUATRO MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN CASO DE IMPAGO y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS por tiempo de TRES AÑOS.

m).- Como autora responsable de un delito de fraude de subvenciones descrito en el epígrafe E-3 de los hechos probados del que resulta acusada y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL EUROS con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de SEIS MESES en caso de impago.

n).- Como autora responsable de un delito de fraude y exacciones ilegales descrito en el epígrafe B-1 de los hechos probados del que resulta acusada y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE EMPLEO O CARGO PÚBLICO POR TIEMPO DE SEIS AÑOS.

Asimismo deberá abonar las 14/147 partes de las costas causadas. Adriano Eleuterio

a).- Como autor responsable de un delito de cohecho continuado descrito en el epígrafe E-2 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de un mes e INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE EMPLEO O CARGO PÚBLICO por tiempo de CINCO AÑOS.

b).- Como autor responsable de un delito de malversación de caudales públicos descrito en el epígrafe E-2 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por tiempo de CINCO AÑOS.

c).- Como autor responsable de un delito continuado de falsedad documental descrito en el epígrafe E-3 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, MULTA DE VEINTICUATRO MESES con una cuota diaria de SEIS EUROS y la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas insatisfechas de multa.

d).- Como autor responsable de un delito de fraude de subvenciones descrito en el epígrafe E-3 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL EUROS con la responsabilidad personal subsidiaria de SEIS MESES de privación de libertad en caso de impago y pérdida el derecho a obtener subvenciones y ayudas públicas durante CUATRO AÑOS e indemnización al "INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA" en la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (432.737,61 ?.) conjunta y solidariamente con Irene Herminia, Gines Segundo Y Virgilio Cecilio, debiendo asimismo indemnizar al "AYUNTAMIENTO DE LA MUELA" por las cantidades que éste haya indemnizado al "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" y que se detraigan de la indemnización inicial.

Asimismo deberá abonar las 4/147 partes de las costas causadas. Humberto Isidro

Como autor responsable de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios descrito en el epígrafe B-3 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de DIECISEIS MESES MULTA con un a cuota diaria de SEIS EUROS, con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuota impagadas e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PÚBLICO durante DOS AÑOS.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas. Gines Segundo

a).- Como autor responsable de un delito continuado de fraude de subvenciones descrito en el epígrafe E-3 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL EUROS con la responsabilidad personal subsidiaria de SEIS MESES de privación de libertad en caso de impago y pérdida el derecho a obtener subvenciones y ayudas públicas durante CUATRO AÑOS e indemnización al "INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA" conjunta y solidariamente con Irene Herminia, Humberto Isidro, y Virgilio Cecilio, en la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS (432.737,61 ?.) debiendo asimismo indemnizar al "AYUNTAMIENTO DE LA MUELA" por las cantidades que éste haya indemnizado al "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" y que se detraigan de la indemnización inicial.

b).- Como autor responsable de un delito continuado de prevaricación ex. arts. 419 y 74 C. Penal descrito en el epígrafes E-1 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de DIEZ AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE EMPLEO O CARGO PÚBLICO.

c).- Como autor responsable de un delito continuado de prevaricación ex. arts. 419 y 74 C. Penal descrito en el epígrafes F-3 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de DIEZ AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE EMPLEO O CARGO PÚBLICO.

d).- Como autor responsable de un delito de cohecho descrito en el epígrafe E-2 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal de reparación y atenuante analógica de confesión a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PÀRA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE

LA CONDENA, MULTA DE DIECISIETE MIL EUROS con la responsabilidad personal subsidiaria de TRES MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD en caso de impago e INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE EMPLEO O CARGO PUBLICO por tiempo de SEIS AÑOS.

e).- Como autor responsable de un delito de malversación de caudales públicos concertado entre Adriano Eleuterio y Gines Segundo descrito en el epígrafe E-2 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal de reparación y atenuante analógica de confesión a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PÀRA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, E INHABILITACION ABSOLUTA DURANTE SEIS AÑOS.

f).- Como autor responsable de un delito de malversación de caudales públicos

concertado entre Gines Segundo y Felipe Ovidio descrito en el epígrafe E-2 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal de reparación y atenuante analógica de confesión a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PÀRA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, E INHABILITACIÓN ABSOLUTA DURANTE TRES AÑOS.

g).- Como autor responsable de un delito de tenencia ilícita de armas descrito en el epígrafe G de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, y PRIVACIÓN DEL DERECHO A LA TENENCIA DEL PORTE Y USO DE ARMAS durante TRES AÑOS.

Asimismo deberá abonar las 7/147 partes de las costas causadas. Virgilio Cecilio

a).- Como autor responsable de un delito de fraude de subvenciones continuado descrito en el epígrafe E-3 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA

DE CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL EUROS con la responsabilidad personal subsidiaria de SEIS MESES de privación de libertad en caso de impago y pérdida el derecho a obtener subvenciones y ayudas públicas durante CUATRO AÑOS e indemnización al "INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA" en la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS (432.737,61 ?.) conjunta y solidariamente con Irene Herminia, Humberto Isidro y Gines Segundo

debiendo asimismo indemnizar al "AYUNTAMIENTO DE LA MUELA" por las cantidades que éste haya indemnizado al "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" y que se detraigan de la indemnización inicial.

b).- Como autor responsable de un delito de prevaricación administrativa continuado descrito en el epígrafes E-1 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de OCHO AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL CARGO O EMPLEO PUBLICO.

c).- Como autor responsable de un delito continuado de malversación de caudales públicos descrito en el epígrafe E-4 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PÀRA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, CUATRO MESES MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE SEIS EUROS y la responsabilidad personal subsidiaria de UN DIA DE PRIVACION DE LIBERTAD por cada dos cuotas insatisfechas y SUSPENSIÓN DE CARGO PÚBLICO DURANTE TRES AÑOS.

d).- Como autor responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil descrito en el epígrafe E-3 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad penal a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, VEINTICUATRO MESES DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE SEIS EUROS con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas insatisfechas e INHABILITACIÓN PARA CARGO Y EMPLEO PÚBLICO DURANTE TRES AÑOS.

Asimismo deberá abonar las 4/147 partes de las costas causadas. Jacobo Marcos

a).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto de la defraudación del IS del año 2.008 descrito en el epígrafe A-1 de los hechos probados por cooperación necesaria del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE CIENTO CATORCE MIL QUINENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (114.542,97 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE TRES MESES DE PRIVACION DE LIBERTAD EN CASO DE IMPAGO Y LA PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PUBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de UN AÑO.

b).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto de la defraudación del IRPF del año 2.003 descrito en el epígrafe A-3 de los hechos probados por cooperación necesaria del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal atenuante analógica de confesión a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS

CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (144.921,22 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE TRES MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN CASO DE IMPAGO Y LA PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de UN AÑO Y SEIS MESES.

c).- Como autor responsable de un delito de blanqueo de capitales descrito en el epígrafe A de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal atenuante analógica de confesión a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, y MULTA DE TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS (3.495.226 ?.) con la responsabilidad personas subsidiaria de SEIS MESES de privación de libertad en caso de impago.

Asimismo deberá abonar las 3/147 partes de las costas causadas. Sergio Victorino

Como autor responsable de un delito de blanqueo de capitales descrito en el epígrafe A-4 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, y MULTA DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS (252.095 ?.) con

la responsabilidad personas subsidiaria de tres meses de privación de libertad en caso de impago.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas.

Angel Humberto

Como autor responsable de un delito de blanqueo de capitales descrito en el epígrafe A-4 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO EUROS (654.593,84 ?.) con la responsabilidad personal subsidiaria de SEIS MESES de privación de libertad en caso de impago.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas.

Saturnino Leandro

Como autor responsable de un delito de blanqueo de capitales descrito en el epígrafe A-4 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PÀRA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS (222.656

?.) con la responsabilidad personas subsidiaria de SEIS MESES de privación de libertad en caso de impago.

Asimismo deberá abonar 1/146 parte de las costas causadas.

Begoña Emma

Como autora responsable de un delito de blanqueo de capitales descrito en el epígrafe A-4 de los hechos probados del que resulta acusada y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (45.297.77 ?) con la responsabilidad personal subsidiaria de SEIS MESES de privación de libertad en caso de impago.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas.

Torcuato Hector

a).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2.005 descrito en el epígrafe C-1 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica de confesión a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE UN MILLÓN QUINIENTOS MIL EUROS (1.500.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE UN AÑO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN CASO DE IMPAGO y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS por tiempo de CUATRO AÑOS Y SEIS MESES. La entidad "ACTIVOS PRODUCTIVOS

MIRASOL" responderá directa y solidariamente de la multa solicitada a Torcuato Hector conforme al art. 31.2 C. penal vigente al momento de los hechos.

b).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IVA correspondiente al ejercicio del año 2.005 descrito en el epígrafe C-1 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (282.555,53 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE SEIS MESES y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PUBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS por tiempo de TRES AÑOS. La entidad "ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL" responderá directa y solidariamente de la multa solicitada a Torcuato Hector conforme al art. 31.2 C. penal vigente al momento de los hechos.

c).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.003 descrito en el epígrafe B-2.1 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE UN MILLÓN QUINIENTOS MIL EUROS (1.500.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de UN AÑO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD en caso de impago y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS por tiempo de CUATRO AÑOS Y SEIS MESES.

d).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.004 descrito en el epígrafe B-2 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de UN AÑO DE PRIVACION DE LIBERTAD en caso de impago y PRIVACION DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PUBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS por tiempo de CUATRO AÑOS.

e).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.005 descrito en el epígrafe C-2 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (406.225,50 ?) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE SEIS MESES y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS por tiempo de TRES AÑOS.

f).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.006 descrito en el epígrafe C-3 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES EUROS CON UN CÉNTIMO (285.903,01 ?) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE SEIS MESES y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS por tiempo de TRES AÑOS.

g).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.007 descrito en el epígrafe C-4 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (167.337,84 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de SEIS MESES y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PUBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS por tiempo de TRES AÑOS.

h).- Como autor responsable de un delito de falsedad documental descrito en el epígrafe B-2 de que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de VEINTIUN MESES Y UN DIA DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DOCE MESES con una cuota diaria de SEIS EUROS y la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

Asimismo deberá abonar las 8/147 partes de las costas causadas. Nemesio Emiliano Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.004 descrito en el epígrafe B-2 de los hechos probados del que resulta acusado en grado de cooperador necesario con Torcuato Hector y sin

la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000 ?) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria UN AÑO de privación de libertad en caso de impago y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS por tiempo de TRES AÑOS.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas. Pedro Porfirio

a).- Como autor responsable de un delito de cohecho continuado descrito en el epígrafe A de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de atenuante analógica de confesión y reparación del daño, a la pena de VEINTIDOS MESES DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE TRES MILLONES, SETECIENTOS OCHENTA MIL, TRESCIENTOS DISCISEIS EUROS (3.780.316 ?.) con la responsabilidad personal subsidiaria de UN AÑO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD en caso de impago y accesoria de INHABILITACIÓN PARA EL CARGO DE ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE DE CUALQUIER MERCANTIL, SOCIEDAD, FUNDACION O DE CUALQUIER OTRA PERSONA JURIDICA O FÍSICA por tiempo de OCHO AÑOS.

b).- Como autor responsable de un delito de blanqueo de capitales descrito en el epígrafe A de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica de confesión, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE CIENTO TREINTA Y OCHO MIL EUROS (138.000 ?.) con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de TRES MESES de privación de libertad.

c).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública en concepto de cooperador necesario con Irene Herminia respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.005 descrito en el epígrafe A.3 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS (321.853 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE TRES MESES y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de SEIS AÑOS debiendo responder directa y solidariamente de su pago "ARANADE S.L." conforme al art. 31.2 C. Penal vigente al momento de los hechos.

d).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública en concepto de cooperador necesario con Jacobo Marcos respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.005 descrito en el epígrafe A.3 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (144.921,22 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE TRES MESES y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de UN AÑO y SEIS MESES debiendo responder directa y solidariamente de su pago "ARANADE S.L." conforme al art. 31.2 C. Penal vigente al momento de los hechos.

e).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del Impuesto de Sociedades ("ARANADE S.L.") correspondiente al ejercicio 2.005 descrito en el epígrafe A-5 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica de confesión a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL EUROS (1.200.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de SEIS MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN CASO DE IMPAGO y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PUBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS por tiempo de CUATRO AÑOS Y SEIS MESES debiendo responder directa y solidariamente de su pago "ARANADE S.L."

conforme al art. 31.2 C. Penal vigente al momento de los hechos.

f).- Como autor responsable de un delito de fraude y exacciones ilegales descrito en el epígrafe B-1 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica de confesión, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, y SEIS AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE EMPLEO O CARGO PUBLICO y ACCESORIA DE DOS AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL CARGO DE ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE DE CUALQUIER MERCANTIL, SOCIEDAD, FUNDACIÓN O DE CUALQUIER PERSONA JURÍDICA O FÍSICA.

Asimismo deberá abonar las 6/147 partes de las costas causadas.

Alexander Norberto como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.006 descrito en el epígrafe D.1 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE CUATROCIENTOS OCHENTA MIL EUROS (480.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE NUEVE MESES en caso de impago y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de CUATRO AÑOS.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas.

Alexander Sergio como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.006 descrito en el epígrafe D.1 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE CUATROCIENTOS OCHENTA MIL EUROS (480.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE NUEVE MESES en caso de impago y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de CUATRO AÑOS.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas.

Isidro Camilo como autor responsable de un delito de tráfico de influencias descrito en el epígrafe C-5 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de UN AÑO en caso de impago.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas. Desiderio Sabino

a).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.005 descrito en el epígrafe C-2 de los hechos probados como cooperador necesario de Torcuato Hector del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (406.225,50 ?) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE SEIS MESES y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PUBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS por tiempo de TRES AÑOS. Del pago de la multa deberá responder conjunta y solidariamente la entidad "SAGAIN".

b).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.006 descrito en el epígrafe C-3 de los hechos probados como cooperador necesario de Torcuato Hector del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES

EUROS CON UN CÉNTIMO (285.903,01 ?) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE SEIS MESES y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS por tiempo de TRES AÑOS. Del pago de la multa deberá responder conjunta y solidariamente la entidad "SAGAIN".

c).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.007 descrito en el epígrafe C-4 de los hechos probados del que resulta acusado como cooperador necesario de Torcuato Hector y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (167.337,84 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE SEIS MESES y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS por tiempo de TRES AÑOS. Del pago de la multa deberá responder conjunta y solidariamente la entidad "SAGAIN".

Asimismo deberá abonar las 3/147 partes de las costas causadas. Donato Emiliano

a).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.003 como cooperador necesario de Torcuato Hector descrito en el epígrafe B.2.1. de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL EUROS (733.000 ?.)

con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE UN AÑO de privación de libertad en caso de impago y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de SEIS AÑOS.

b).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.004 como cooperador necesario de Torcuato Hector descrito en el epígrafe B.2. de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.032.001,93 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE UN AÑO de privación de libertad en caso de impago y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de SEIS AÑOS.

c).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del I.S. correspondiente al ejercicio 2.006 ("NUEVOS HOGARES") descrito en el epígrafe B.2.1.a. de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA de SEISCIENTOS OCHENTA MIL EUROS (680.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE NUEVE MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN CASO DE IMPAGO y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de TRES AÑOS.

d).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del I.S. correspondiente al ejercicio 2.007 (NUEVOS HOGARES) descrito en el epígrafe B.2.1.a. de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA de 195.000 ? con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE SEIS MESES de privación de libertad en caso de impago y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de TRES AÑOS.

e).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.006 descrito en el epígrafe B.2.1.a. de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL EUROS (143.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE SEIS MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN CASO DE IMPAGO y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de TRES AÑOS.

f).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.007 descrito en el epígrafe B.2 1.a.a. de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA de CIENTO VEINTITRÉS MIL EUROS (123.000?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE SEIS MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN CASO DE IMPAGO y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de TRES AÑOS.

Asimismo deberá abonar las 6/147 partes de las costas causadas. Abilio Candido

a).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.003 como cooperador necesario de Torcuato Hector descrito en el epígrafe B.2.1 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DOS AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL EUROS (773.000?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE UN AÑO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN CASO DE IMPAGO y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de SEIS AÑOS.

b).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.004 como cooperador necesario de Torcuato Hector descrito en el epígrafe B.2. de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DOS AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.032.001,93 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE UN AÑO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN CASO DE IMPAGO y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de SEIS AÑOS.

c).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del I.S. correspondiente al ejercicio 2.006 descrito en el epígrafe B.2.1.a. de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (195.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE SEIS MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN CASO DE IMPAGO y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de TRES AÑOS.

d).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del I.S. correspondiente al ejercicio 2.007 descrito en el epígrafe B.2.1.a. de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (195.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE SEIS MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN CASO DE IMPAGO y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PUBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de TRES AÑOS.

e).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.006 descrito en el epígrafe B.2.1.a.b. de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA de CIENTO TREINTA Y DOS MIL EUROS (132.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE SEIS MESES de privación de libertad en caso de impago y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de TRES AÑOS.

Asimismo deberá abonar las 5/147 partes de las costas causadas.

Agustin Urbano

Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.004 descrito en el epígrafe B.1. de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia modificativas de la responsabilidad criminal de confesión a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA de 1.320.801,205 ? con

aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE SEIS MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN CASO DE IMPAGO y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de UN AÑO Y SEIS MESES.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas.

Onesimo Leovigildo

a).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública como cómplice respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.006 descrito en el epígrafe C.3 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia modificativas de la responsabilidad criminal de confesión a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA de 185.836 ? con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE TRES MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN CASO DE IMPAGO y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de UN AÑO.

b).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública como cómplice respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.007 descrito en el epígrafe C.4 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia modificativas de la responsabilidad criminal de confesión, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA de CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS (108.769 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE TRES MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN CASO DE IMPAGO y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de UN AÑO.

Asimismo deberá abonar las 2/147 partes de las costas causadas.

Romeo Ovidio

a).- Como autor responsable de un delito de falsedad documental descrito en el epígrafe C.5 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de TRES AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA de DOCE MESES con una cuota diaria de SEIS EUROS con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de un dia de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y la accesoria de TRES AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PÚBLICO.

b).- Como autor responsable de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios descrito en el epígrafe B-3 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de VEINTICUATRO MESES DE MULTA con una cuota diaria de SEIS EUROS con aplicación de la responsabilidad personal de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y a la accesoria de TRES AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PÚBLICO.

Asimismo deberá abonar las 2/147 partes de las costas causadas.

Anselmo Victorino como autor responsable de un delito de blanqueo de capitales descrito en el epígrafe A.2 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PÀRA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000 ?.) con la responsabilidad personal subsidiaria de TRES MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD en caso de impago de la multa.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas.

Bartolome Victorino como autor responsable de un delito de blanqueo de capitales descrito en el epígrafe A.2 de los hechos probados del que resulta acusada y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000 ?.) con la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53.3 C. penal de TRES MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD en caso de impago de la multa.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas.

Gregoria Florinda como autora responsable de un delito de tráfico de influencias descrito en el epígrafe F-1 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA y MULTA DE VEINTIDÓS MIL EUROS (22.000 ?.) con la responsabilidad personal subsidiaria de TRES MESES DE PRISIÓN en caso de impago.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas.

Felipe Ovidio como autor responsable de un delito de malversación de caudales públicos concertado don Gines Segundo descrito en el epígrafe E-2 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal de reparación y atenuante analógica de confesión a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN, que se sustituye por la pena de doce meses de multa con cuota diaria de seis euros, con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PARA EMPLEO O CARGO PÚBLICO DURANTE UN AÑO.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas.

Leon Eleuterio como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del I.S. correspondiente al ejercicio 2.008 descrito en el epígrafe A.1 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal atenuante analógica de confesión y atenuante de reparación del daño a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA de CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (114.542,97 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE TRES MESES de privación de libertad en caso de impago y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de UN AÑO. Conforme al art. 31-2 C. Penal vigente al momento de los hechos "EIS S.L." responderá directa y solidariamente del pago de la multa.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas.

Alexis Teodoro como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del I.S. correspondiente al ejercicio 2.008 descrito en el epígrafe A.1 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal atenuante analógica de confesión y atenuante de reparación del daño a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN con la accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA de CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (114.542,97 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria DE TRES MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN CASO DE IMPAGO y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE OBTENER SUBVENCIONES, AYUDAS PÚBLICAS, INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES por tiempo de UN AÑO. Conforme al art. 31-2 C. Penal vigente al momento de los hechos "EIS S.L." responderá directa y solidariamente del pago de la multa.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas.

Abelardo Marcelino como autor responsable de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de OCHO MESES DE PRISIÓN y MULTA DE CUATROCIENTOS VEINTE MIL EUROS (420.000 ?.) con la responsabilidad personal subsidiaria de NUEVE MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD en caso de impago de la multa.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas.

Se hace expresa imposición a los condenados de las costas causadas por la Abogacía del Estado y por el "AYUNTAMIENTO DE LA MUELA" quedando excluidas las de la Acusación Particular ostentada por el "INSTITUTO DEL AGUA".

Consecuencias accesorias

SE ACUERDA el comiso del dinero y de los cuatro lingotes de oro intervenidos, así como el de los inmuebles de Sotogrande y la República Dominicana, del local comprado a "INMUEBLES EL RASO" el 29 de junio de 2.006 y de los ocho aparcamientos comprados a "INMUEBLES EL RASO" el 30 de septiembre de 2.008.

Respecto de los restantes bienes cuyo comiso se interesa por el Ministerio Fiscal quedan sujetos a resultas de la causa.

Responsabilidad civil

Asimismo y por vía de responsabilidad civil los acusados que se dirán deberán indemnizar a las personas que se mencionarán en las siguientes cantidades:

Indemnizacione s interesa das por el " AY U NT AM IEN T O DE L A M UEL A".

Irene Herminia, Virgilio Cecilio, Adriano Eleuterio y Gines Segundo indemnizarán conjunta y solidariamente al "AYUNTAMIENTO DE LA MUELA" en la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (298.950,41 ?.), respondiendo subsidiariamente la entidad "ENTE GESTOR NUEVAS TECNOLOGIAS DEL AGUA, S.L.".

Irene Herminia, Adriano Eleuterio y Gines Segundo indemnizarán conjunta y solidariamente al "AYUNTAMIENTO DE LA MUELA" en la suma a la que ascendieron los gastos provocados por el ejercicio de la acción de nulidad a determinar en ejecución de sentencia.

Irene Herminia indemnizará al "AYUNTAMIENTO DE LA MUELA" en la suma de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (2.753,17 ?.) más intereses legales, de cuyos primeros MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS (1.881 ?.) responderá conjunta y solidariamente con aquélla Virgilio Cecilio como cooperador necesario.

Indemnizacione s interesa das por el "INST IT UT O AR AGON ES DEL AG U A".

Irene Herminia, Virgilio Cecilio, Gines Segundo y Adriano Eleuterio deberán indemnizar conjunta y solidariamente al "INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA" en la cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (99.929,68 ?.) respondiendo subsidiariamente el "AYUNTAMIENTO DE LA MUELA" y la entidad "NUEVAS TECNOLOGIAS DEL AGUA S.L."(NTA), debiendo incrementarse en los intereses de demora aplicables conforme al artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Virgilio Cecilio conjunta y solidariamente con Irene Herminia, Humberto Isidro y Gines Segundo deberán indemnizar al "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" en la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (432.737,61 ?.) debiendo asimismo indemnizar al "AYUNTAMIENTO DE LA MUELA" en las cantidades que éste haya indemnizado al "INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA" y que se detraigan de la indemnización inicial.

Indemnización es interesad así por la " AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA"

Los acusados que a continuación se indican, deberán indemnizar la "AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA" en las cantidades defraudadas que respectivamente se señalan, más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria :

Torcuato Hector, Nemesio Emiliano, Alvaro Claudio, Agustin Urbano Donato Emiliano Y Abilio Candido, solidariamente, y subsidiariamente las mercantiles, "PVL VIVIENDAS ESPAÑA, S.L." Y "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES, S.L."

(ACTUALMENTE "EIS ARAGÓN 2.008 S.L.") deberán indemnizar a la "AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA" en la cantidad de DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.032.001,93?.) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Irene Herminia Y Pedro Porfirio, solidariamente, y subsidiariamente las mercantiles "TUDELA INMOBILIARIA Y GESTIÓN, S.L. Y LAS SUCESORAS DE ARAGÓN NAVARRA DE GESTIÓN, S.L. ("ARAGON NAVARRA DE GESTION SLU" y "ARANADE PROYECTOS E INVERSIONES S.L.U") deberán indemnizar a la "AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA" en la cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (321.853,14 ?.) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Jacobo Marcos Y Pedro Porfirio, solidariamente, y subsidiariamente las mercantiles "TUDELA INMOBILIARIA Y GESTIÓN, S.L." y las sucesoras de "ARAGÓN NAVARRA DE GESTIÓN, S.L." ("ARAGON NAVARRA DE GESTIÓN SLU" y "ARANADE PROYECTOS E INVERSIONES S.L.U"), deberán indemnizar a la "AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA" en la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (222.955,72 ?) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Cantidad que ya ha sido satisfecha.

Alexander Norberto y subsidiariamente las mercantiles "TUDELA INMOBILIARIA Y GESTIÓN, S.L." y las sucesoras de "ARAGÓN NAVARRA DE GESTIÓN, S.L." ("ARAGON NAVARRA DE GESTION SLU" y "ARANADE PROYECTOS E INVERSIONES S.L.U") deberá indemnizar a la "AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA" en la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (485.878,66 ?.) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Alexander Sergio, y subsidiariamente las mercantiles "TUDELA INMOBILIARIA Y GESTIÓN, S.L." y las sucesoras de "ARAGÓN NAVARRA DE GESTIÓN, S.L." ("ARAGÓN NAVARRA DE GESTION SLU" y "ARANADE PROYECTOS E INVERSIONES S.L.U"), deberá indemnizar a la "AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA" en la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (487.762,49 ?.) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Torcuato Hector y subsidiariamente la mercantil "ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL, S.L.", deberán indemnizar a la "AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA" en la cantidad de UN MILLÓN SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.068.072,48?.) (785.516,95 + 282.555,53) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Torcuato Hector, Donato Emiliano Y Abilio Candido, solidariamente, y subsidiariamente la mercantil "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES, S.L." (actualmente "EIS ARAGÓN 2.008, S.L."), deberán indemnizar a la "AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA" en la cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (722.302,54 ?.) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Donato Emiliano Y Abilio Candido, solidariamente, y subsidiariamente la mercantil "CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES, S.L.2" (actualmente "EIS ARAGÓN 2008, S.L."), deberán indemnizar a la "AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA" en la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (879.417,12 ? 684.966 + 194.451,12) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Abilio Candido y solidariamente su esposa, Esperanza Olga, deberán indemnizar a la "AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA" en la cantidad de CIENTO TREINTA Y UNA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (131.654,37 ?.) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Donato Emiliano deberá indemnizar a la "AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA" en la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (264.419,14 ?). (142.166,37 + 122.252,77) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Torcuato Hector y Desiderio Sabino, solidariamente, y subsidiariamente la mercantil "CONSTRUCCIONES SAGAIN, S.L.", deberán indemnizar a la "AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA" en la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON TRENTA Y CINCO CÉNTIMOS (859.466,35 ?.) (406.225,50 + 285.903,01+ 167.337,84) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Es responsable civil igualmente Amanda Martina con carácter solidario respecto de la cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (692.128,51 ?) 406.225,50 + 285.903,01) más los intereses de demora.

Es responsable civil también, con carácter subsidiario, el acusado Onesimo Leovigildo, respecto de la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (453.240,85 ?.) (285.903,01+ 167.337,84) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Pedro Porfirio, Alexander Norberto Y Alexander Sergio, solidariamente, y subsidiariamente las mercantiles "ARAGÓN NAVARRA DE GESTIÓN, S.L.U." y "ARANADE PROYECTOS E INVERSIONES, S.L.U." deberán indemnizar a la "AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA" en la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (820.772,93 ?.) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Leon Eleuterio, Alexis Teodoro, Irene Herminia y Jacobo Marcos, solidariamente, y subsidiariamente la mercantil "INMUEBLES EL RASO, S.L.", deberán indemnizar a la "AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA" en la cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (176.219,96 ?.) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Dicha cantidad ya ha sido abonada a la AEAT con carácter previo al inicio del juicio.

Donato Emiliano por la defraudación del I.S. del año 2.006 indemnizará a la HACIENDA PÚBLICA en la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (684.966,04 ?.)

e intereses legales, respondiendo conjunta y solidariamente Abilio Candido, siendo RCS la entidad "EIS S.L." sucesora de "NUEVOS HOGARES". Conforme al art. 31-2 C. Penal vigente al momento de los hechos "EIS S.L." responderá directa y solidariamente del pago de la multa.

Donato Emiliano por la defraudación del I.S. del año 2.007 indemnizará a la HACIENDA PÚBLICA en la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (684.966,04 ?.) e intereses legales, respondiendo conjunta y solidariamente Abilio Candido siendo RCS la entidad "EIS S.L." sucesora de "NUEVOS HOGARES". Conforme al art. 31-2 C. Penal vigente al momento de los hechos "EIS S.L." responderá directa y solidariamente del pago de la multa.

Donato Emiliano respecto de la defraudación del IRPF correspondiente al ejercicio 2.006 indemnizará a la HACIENDA PÚBLICA en la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (142.166,36 ?.) e intereses legales.

Donato Emiliano respecto de la defraudación del IRPF correspondiente al ejercicio 2.007 indemnizará a la HACIENDA PÚBLICA en la suma de CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (122.252,77 ?.) e intereses legales.

Abilio Candido respecto de la defraudación del respecto del I.S. correspondiente al ejercicio 2.006 indemnizará a la HACIENDA PÚBLICA en la suma de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (194.451,12 ?.) e intereses legales, respondiendo conjunta y solidariamente Donato Emiliano siendo RCS la entidad "EIS S.L." sucesora de "NUEVOS HOGARES". Conforme al art. 31-2 C. Penal vigente al momento de los hechos "EIS S.L." responderá directa y solidariamente del pago de la multa.

Abilio Candido respecto de la defraudación del respecto del I.S. correspondiente al ejercicio 2.007 indemnizará a la HACIENDA PÚBLICA en la suma de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (194.451,12 ?.) e intereses legales, respondiendo conjunta y solidariamente Donato Emiliano siendo RCS la entidad "EIS S.L." sucesora de "NUEVOS HOGARES". Conforme al art. 31-2 C. Penal vigente al momento de los hechos "EIS S.L." responderá directa y solidariamente del pago de la multa.

Abilio Candido respecto de la defraudación del respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.006 indemnizará a la HACIENDA PÚBLICA en la suma de CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (131.654,37 ?.) e intereses legales.

Onesimo Leovigildo respecto de la defraudación del IRPF correspondiente al ejercicio 2.006 indemnizará a la HACIENDA PÚBLICA en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES EUROS CON UN CÉNTIMO (285.903,01 ?.) de la que responderá como cómplice subsidiariamente respecto de Torcuato Hector e Alvaro Claudio.

Asimismo, el importe de dichas indemnizaciones deberá incrementarse en los intereses y forma previstos por el art. 576.1 L.E.Civ.

DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS A Irene Herminia

a).- Del delito de prevaricación administrativa que aparece descrito en el epígrafe C-5 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada.

b).- Del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe C-5 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada.

c).- Del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada.

d).- Del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe F-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada.

e).- Del delito de exacciones ilegales que aparece descrito en el epígrafe C del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada.

f).- Del delito de tráfico de influencias que aparece descrito en el epígrafe B-1 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada.

g).- Del delito de tráfico de influencias que aparecen descritos en el epígrafe C-5 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada.

h).- Del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada.

i).- Del delito de uso de información privilegiada del que aparece acusada por el "AYUNTAMIENTO DE LA MUELA" y del que resulta acusada.

Se declaran de oficio las 9/147 partes de las costas causadas.

"BANTIERRA" (antigua "CAJALON") del delito de blanqueo de capitales que aparece descrito en el epígrafe A-4 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal.

Se declaran de oficio la 1/147 parte de las costas causadas. Humberto Isidro

a).- Del delito de prevaricación administrativa que aparece descrito en el epígrafe E-1 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

b).- Del delito de prevaricación administrativa que aparece descrito en el epígrafe F-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

c).- Del delito de falsedad documental que aparece descrito en el epígrafe E-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

e).- Del delito de fraude de subvenciones que aparece descrito en el epígrafe E-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio las 4/147 partes de las costas causadas. Desiderio Sabino

a).- Del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe C-5 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

b).- Del delito de fraude y exacciones ilegales que aparece descrito en el epígrafe C del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio las 2/147 partes de las costas causadas. Isidro Camilo

a).- Del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe C-5 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

b).- Del delito de fraude y exacciones ilegales que aparece descrito en el epígrafe C del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio las 2/147 partes de las costas causadas.

Anselmo Victorino del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Anselmo Victorino del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por la acusación particular ostentada por el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Hipolito Evelio del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Victor Carlos del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Victor Carlos del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Cornelio Ricardo del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Cornelio Ricardo del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Nicolas Norberto del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe f-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Pedro Porfirio del delito de exacciones ilegales que aparece descrito en el epígrafe C del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Pedro Porfirio del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Pedro Porfirio del delito de tráfico de negociaciones prohibidas a los funcionarios que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Mariano Oscar del delito de tráfico de influencias que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas. Romeo Ovidio

a).- Del delito de prevaricación administrativa que aparece descrito en el epígrafe F-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

b).- Del delito de tráfico de influencias que aparece descrito en el epígrafe C-5 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

c).- Del delito de tráfico de influencias que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

d).- Del delito de falsedad documental que aparece descrito en el epígrafe B-1 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio las 4/147 partes de las costas causadas. Torcuato Hector

a).- Del delito de tráfico de negociaciones prohibidas a los funcionarios que aparece descrito en los epígrafes B-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

b).- Del delito de tráfico de influencias que aparece descrito en el epígrafe B-1 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

c).- Del delito de tráfico de influencias que aparece descrito en el epígrafe C del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

d).- Del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA.

Se declaran de oficio las 4/147 partes de las costas causadas.

Serafin Nicolas del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios que aparece descrito en los epígrafes B-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 partes de las costas causadas.

German Nicolas del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios que aparece descrito en los epígrafes B-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Jacobo Marcos del delito de tráfico de negociaciones prohibidas a los funcionarios que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Jacobo Marcos del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Anselmo Victorino del delito de falsedad documental del que es acusado por la acusación particular ostentada por "DE BROSSE PROMOCION Y GESTIÓN INMOBILIARIA S.A. VEREDA DE LA DEHESA S.L Y BROCOVER PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A."

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Anselmo Victorino del delito de estafa del que es acusado por la acusación particular ostentada por "DE BROSSE PROMOCION Y GESTION INMOBILIARIA S.A. VEREDA DE LA DEHESA S.L Y BROCOVER PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.".

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Sergio Victorino del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por la acusación particular ostentada por el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Cornelio Ricardo del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por la acusación particular ostentada por el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Onesimo Leovigildo del delito contra la Hacienda Pública relativo al IRPF en el ejercicio 2.003 del que resulta acusado por el Abogado del Estado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Onesimo Leovigildo del delito contra la Hacienda Pública relativo al IRPF en el ejercicio 2.004 del que resulta acusado por el Abogado del Estado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Onesimo Leovigildo del delito contra la Hacienda Pública relativo al IRPF en el ejercicio 2.005 del que resulta acusado por el Abogado del Estado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Onesimo Leovigildo del delito contra la Hacienda Pública relativo al IS en el ejercicio 2.005 del que resulta acusado por el Abogado del Estado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Onesimo Leovigildo del delito contra la Hacienda Pública relativo al IVA en el ejercicio 2.005 del que resulta acusado por el Abogado del Estado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Marino Hector, del delito de cohecho del que venia acusado y a "PROMOCIONES BALZOLA S.A." de los pedimentos civiles contra ella deducidos, y con relación a los hechos relatados en la letra F.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Alexander Norberto por delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios señalados en la letra D y por delito de tráfico de influencias

Se declaran de oficio 2/147 partes de las costas causadas.

Alexander Sergio por delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios señalados en la letra D y por delito de tráfico de influencias

Se declaran de oficio 2/147 partes de las costas causadas.

Ricardo Torcuato por delito de blanqueo de capitales imputado en la letra A.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas. Julio Iñigo por el delito de cohecho apartado F. Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Bartolome Victorino por un delito de falsedad en documento mercantil del artículo 392 del Código Penal, en relación el 390 apartados 1 ó 2, o subsidiariamente un delito de falsedad en documento privado de artículo 395 del Código penal, en concurso con un delito continuado de estafa agravada atendido el valor de la defraudación y al aprovechamiento de su credibilidad empresarial de los artículos 74, 77, 248, 249, 250 5º.

Se declaran de oficio 2/147 partes de las costas causadas.

Jacinto Bernardino por el delito de tráfico de influencias.

Se declaran de oficio 1/147 partes de las costas causadas. Compensación de medidas cautelares.-

Asimismo, deberán compensarse las medidas cautelares impuestas durante la instrucción de la causa de comparecer apud-acta los días 1 y 15 de cada mes a razón de un día de abono por cada diez comparecencias, totalizando NUEVE DIAS de abono de la pena de prisión impuesta a Irene Herminia; DOCE DIAS de abono respecto de la impuesta a Gines Segundo y DOS DIAS de abono respecto de la impuesta a Anselmo Victorino.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 76 del C. Penal, el cumplimiento de las penas impuestas no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que hayan incurrido los culpables, declarándose extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo que no podrá exceder de 20 años.

La presente resolución no es firme pudiéndose interponer frente a la misma recurso de casación ante la sala Segunda del Tribunal Supremo, debiendo anunciarse ante esta Sección Primera de esta Audiencia Provincial en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de su última notificación y de la que se llevará certificación al Rollo de Sala.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes se dictaron autos de aclaración con las siguientes parte dispositiva.

26/10/2016

«PARTE DISPOSITIVA

HA LUGAR A ACLARAR la Sentencia de fecha 23 de septiembre de 2016 dictada en la presente causa en el siguiente sentido:

3ª Alegación formulada por la PROCURADORA SRA. AMADOR GUALLAR en nombre y representación de D. Alexander Norberto y D. Alexander Sergio.- El párrafo..." Pedro Porfirio, Alexander Norberto Y Alexander Sergio, solidariamente, y subsidiariamente las mercantiles "ARAGON NAVARRA DE GESTION S.L.U. y ARANADE PROYECTOS DE INVERSIONES S.L.U. deberán indemnizar a la AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA en la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (820.772,93 ? más el interés de demora previsto en la disposición adicional novena apartado 1 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre. General Tributaria..." deberá ser suprimido del fallo al folio 356 de la sentencia.

4ª Alegación formulada por la PROCURADORA SRA. AMADOR GUALLAR en nombre y representación de D. Gines Segundo.- A la página 336 de la Sentencia, Epígrafe F-3, se sustituyendo la pena de DIEZ AÑOS DE INABILITACION por la de SIETE AÑOS DE INHABILITACION quedando inalterado el resto de dicho pronunciamiento como la condena por el delito descrito en el epígrafe E-1.

5ª Alegación formulada por el PROCURADOR SR. D. JUAN JOSE GARCIA GAYARRE en nombre y representación de D. Humberto Isidro.- En la pagina 336 de la Sentencia, como el apartado a) correspondiente a Virgilio Cecilio, folio 337, donde dice..."conjunta y solidariamente con Irene Herminia Humberto Isidro y Virgilio Cecilio..." deberá decir... "conjunta y solidariamente con Irene Herminia y Virgilio Cecilio..." y donde dice..."conjunta y solidariamente con Irene Herminia Humberto Isidro y Gines Segundo " deberá decir... "conjunta y solidariamente con Irene Herminia y Gines Segundo..."

7ª Alegación formulada por el PROCURADOR SR. JIMÉNEZ NAVARRO en nombre y representación de D. Anselmo Victorino.- Los particulares del fallo atinentes a dicha parte y que obran al folio 362 de la Sentencia quedaran redactados de la siguiente forma: "Debemos absolver y absolvemos.... A Anselmo Victorino del delito de falsedad documental del que es acusado por la acusación particular ostentada por VEREDA DE LA DEHESA S.L." y "Debemos absolver y absolvemos.... A Anselmo Victorino del delito de estafa del que es acusado por la acusación particular ostentada por VEREDA DE LA DEHESA S.L."

8ª Alegación formulada por el PROCURADOR SR. GARCÍA MEDRANO en nombre y representación de D. Onesimo Leovigildo.- Al folio 284, donde dice... "En relación a la defraudación del IRPF del 2006 y 2007 en concepto de cooperador necesario con Torcuato Hector..." deberá decirse... "En relación a la defraudación del IRPF del 2006 y 2007 en concepto de cómplice con Torcuato Hector..."

De igual manera, al folio 290 de la Sentencia, donde dice..."El hecho de que el Sr. Onesimo Leovigildo mostrara su conformidad... con la pena en relación al delito fiscal del que resultó acusado como cooperador necesario..." deberá decir..."El hecho de que el Sr. Onesimo Leovigildo mostrara su conformidad... con la pena en relación al delito fiscal del que resultó acusado como cómplice..."

Asimismo, a los folios 319 y 320 de la Sentencia, en el epígrafe 3º, Indemnizaciones interesadas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, donde dice... " Torcuato Hector, Onesimo Leovigildo, Nemesio Emiliano, Desiderio Sabino, Agustin Urbano, Donato Emiliano y Abilio Candido, solidariamente, y subsidiariamente las mercantiles EBROGAN S.L. PVL VIVIENDAS ESPAÑA S.L. y CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES S.L....", deberá decir..." Torcuato Hector,, Nemesio Emiliano, Desiderio Sabino, Agustin Urbano, Donato Emiliano y Abilio Candido, solidariamente, y subsidiariamente Onesimo Leovigildo y las mercantiles EBROGAN S.L. PVL VIVIENDAS ESPAÑA S.L. y CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES S.L....", 9ª Alegación formulada por el PROCURADOR SR. GARCIA GAYARRE en nombre y representación de D. Virgilio Cecilio.-

En la página 140 de la sentencia y bajo el epígrafe E.3 de los hechos probados, donde dice..."En el año 2005 los acusados Irene Herminia y Adriano Eleuterio, Alcaldesa y Concejal del Consistorio de la Muela, urdieron un plan..." deberá decir..." En el año 2005 los acusados Irene Herminia y Adriano Eleuterio, urdieron un plan..."

En la página 299, donde dice... "El expresado ilícito viene atribuido por el Ministerio Fiscal a Romeo Ovidio, epígrafes B-1 y C-5; Adriano Eleuterio, Virgilio Cecilio y Humberto Isidro, epígrafe E-3, y Torcuato Hector, epígrafe B-2 de su escrito de conclusiones...", deberá decirse..."El expresado ilícito viene atribuido por el Ministerio Fiscal a Romeo Ovidio, epígrafes B-1 y C-5, Adriano Eleuterio y Humberto Isidro, epígrafe E- 3, y Torcuato Hector, epígrafe B-2 de su escrito de conclusiones...".

Donde dice en la página 299 de la Sentencia..."El expresado ilícito viene atribuido por el Ministerio Fiscal a Romeo Ovidio, epígrafes B-1 y C-5; Adriano Eleuterio, Virgilio Cecilio y Humberto Isidro, epígrafe E-3, y Torcuato Hector, epígrafe B-2 de su escrito de conclusiones...", deberá decirse..."El expresado ilícito viene atribuido por el Ministerio Fiscal a Romeo Ovidio, epígrafes B-1 y C-5, Virgilio Cecilio y Humberto Isidro, epígrafe E-3, y Torcuato Hector, epígrafe B-2 de su escrito de conclusiones...".

De las páginas 245 y ss. deberá suprimirse la concurrencia de circunstancias modificativas en dicho Virgilio Cecilio.

El párrafo primero del folio 311 de la Sentencia que dice..."En Virgilio Cecilio como autor responsable del delito de malversación de caudales públicos descrito en el epígrafe E-2 de los hechos probados del que resulta acusado, concurre la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal de reparación y atenuante analógica de confesión, y como autor responsable del delito contra la Hacienda Pública descrito en el epígrafe A-3 de los hechos probados del que resulta acusado concurre la circunstancia atenuante analógica de reparación del daño..." queda suprimido.

10ª Alegación formulada por la PROCURADORA SRA. FERNANDEZ GOMEZ en nombre y representación de Irene Herminia.-

Se suprime del fallo de la sentencia la absolución de la Sra. Irene Herminia por el delito de tráfico de influencias al que se refiere el epígrafe C-5.

11ª Alegación formulada por la PROCURADORA SRA. REDONDO MARTINEZ en nombre y representación de la mercantil "ENT E GESTOR DE NUEVAS TECNOLOGIAS DEL AGUA S.L. (NTA).- En la pagina 190 de la Sentencia, tras la oración..."El Letrado Sr. Rodríguez Ramos como defensa de la entidad "CONSTRUCCIONES SAGAIN S.L."... deberá decirse..." El Letrado Sr. Esteban Pendas como defensa de la entidad ENTE GESTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA S.L. (NTA) elevaba a definitivas sus conclusiones provisionales. Asimismo en su escrito de conclusiones provisionales con entrada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la Almunia de Dª Godina en fecha 1 de septiembre de 2014 en lo relativo a NTA S.L., conclusión quinta, el Letrado Sr. Esteban Pendas interesó que procedía la libre absolución de D. Adriano Eleuterio con toda clase de pronunciamientos favorables e inherentes a dicha resolución.

12ª Alegación formulada por la PROCURADORA SRA. REDONDO MARTINEZ en nombre y representación de Adriano Eleuterio.-

Primera aclaración.- En el segundo párrafo de la página 139 de la Sentencia Donde dice..."Igualmente el concejal Gines Segundo pactó con el concejal Gines Segundo " deberá decir..."Igualmente el concejal Gines Segundo pactó con Adriano Eleuterio ".

Segunda aclaración.- En el primer párrafo de la página 285, apartado 9º, de la Sentencia Donde dice..."El expresado ilícito penal viene atribuido por el Ministerio Fiscal a Romeo Ovidio, epígrafes B-1 y C-5; Adriano Eleuterio, Virgilio Cecilio y Humberto Isidro, epígrafe E-3 y Torcuato Hector, epígrafe B-2, de su escrito de conclusiones"... deberá decir..."El expresado ilícito penal viene atribuido por el Ministerio Fiscal a Romeo Ovidio, epígrafes B-1 y C-5, Virgilio Cecilio y Humberto Isidro, epígrafe E-3 y Torcuato Hector, epígrafe B-2, de su escrito de conclusiones"...

13ª alegación formulada por la PROCURADORA SRA. AMADOR GUALLAR en nombre y representación de D. Pedro Porfirio y de las sociedades" TUDELA INMOBILIARIA Y GESTION, S.L.", " ARAGON NAVARRA DE GESTION S.L.U." Y " ARANAD E PROYECTOS E INVERSION ES S.L.U." En la página 90 de la sentencia, a continuación de donde dice..."El letrado Sr. Trebolle Lafuente como defensa de las entidades TUDELA INMOBILIARIA Y GESTION S.L.U. ARANADE PROYECTO E INVERSIONES S.L.U. y ARAGON NAVARRA DE GESTIÒN S.L. mostró

su conformidad con las peticiones del Ministerio Fiscal, Agencia Estatal Tributaria y Ayuntamiento de la Muela..." se inserta el siguiente texto: "Asimismo por la Procuradora Sra Amador Guallar en nombre y representación de Pedro Porfirio y de las Sociedades TUDELA INMOBILIARIA DE GESTIÓN S.L.U., ARANADE PROYECTOS E INVERSIONES S.L.U. y ARAGON NAVARRA DE GESTION S.LU. se

presentó escrito de fecha 10 de marzo de 2016 del siguiente tenor literal: "Que instruida esta parte del escrito de modificación de conclusiones provisionales de 9 de Marzo de 2016 presentado por la Abogacía del Estado y del escrito de conclusiones definitivas de fecha 8 de marzo de 2016 presentado por el Ayuntamiento de La Muela, y teniendo en cuenta nuestro escrito de adhesión de fecha 9 de Marzo de 2016 a las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal, y su subsanación, respecto a la persona física y jurídicas a las que represento, prestamos conformidad con el relato fáctico, calificación jurídica, circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, penas solicitadas y responsabilidades civiles, tanto en cuantías como en quiénes ostentan tales responsabilidades civiles, de aquellas conclusiones definitivas (Abogacía del Estado y Ayuntamiento de La Muela), siempre que tales extremos coincidan exactamente con las del Ministerio Fiscal, y dicho, claro está, en el ámbito de la participación de mi representado".

En la página 361 de la Sentencia donde dice..." Cornelio Ricardo del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por la Acusación Particular ostentada por el Ayuntamiento de la Muela" deberá decir..."..." Cornelio Ricardo del delito de uso de información privilegiada".

14ª Alegación formulada por la PROCURADORA SR. FARLETE BORAO en nombre y representación del " AYUNTAMIENTO DE LA MUELA": Se interesan catorce aclaraciones.-

Primera petición.- Se pide se proceda a la eliminación de la expresión que por error aparece recogida en la página 14 de la sentencia..."y contra Alexander Norberto y Alexander Sergio por delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios señalados en la letra D", ya que el expresado Ayuntamiento nunca ejercitó acusación contra éstos. Ha lugar a la aclaración

Segunda petición.- Se pide se especifique que en la página 14 de la sentencia que es el Ministerio Fiscal quien plantea la calificación de hechos, autoría, circunstancias modificativas, y solicitud de penas e indemnizaciones. No ha lugar a la aclaración por resultar claros e inequívocos los términos del apartado QUINTO, párrafos 2º y 3º de la pagina 14 de la sentencia.

Tercera petición.- Se elimina de la página 69..."Hecho F) Delito de prevaricación del art. 404 C. penal y Hecho G Delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos del art. 439 y 441 C. Penal ".

Cuarta petición.- En el apartado correspondiente al acusado Romeo Ovidio, página 70 de la sentencia, se deberá incluir..." Romeo Ovidio del delito de falsedad documental del art. 390-1-4 por el que se le acusó en relación al hecho A del escrito de conclusiones del Ayuntamiento de la Muela".

Quinta petición.- En el apartado correspondiente al acusado Desiderio Sabino, página 70 de la sentencia, se deberá decir..."Delito de cohecho en relación al hecho C2 del escrito de conclusiones del Ayuntamiento de la Muela

Sexta petición.- En la página 79 de la sentencia deberá añadirse..." Sergio Victorino, Hecho J) Por el delito de blanqueo de capitales del art. 301 C.P. a la pena de prisión de 9 meses y multa de 252.095 ?. con la responsabilidad personal subsidiaria de 6 meses de privación de libertad en caso de impago de la multa".

Séptima petición.- En la página 87 de la sentencia donde dice..."La letrada Sra. Sira Hernáez como defensa del Sr. Onesimo Leovigildo mostró su conformidad con las acusaciones formuladas por el Ministerio Fiscal, Agencia Estatal Tributaria y el Ayuntamiento de la Muela... y la letrada Sra. Armas Lerena como defensa del Leon Eleuterio y del Sr. Alexis Teodoro mostró su conformidad con las acusaciones formuladas por el Ministerio Fiscal, Agencia Estatal Tributaria y el Ayuntamiento de la Muela" deberá decir..."La letrada Sra. Sira Hernáez como defensa del Sr. Onesimo Leovigildo mostró su conformidad con las acusaciones formuladas por el Ministerio Fiscal y la Agencia Estatal Tributaria... y la letrada Sra. Armas Lerena como defensa del Leon Eleuterio y del Sr. Alexis Teodoro mostró su conformidad con las acusaciones formuladas por el Ministerio Fiscal y la Agencia Estatal Tributaria".

Octava petición.- Al folio 139 de la sentencia, donde dice..."Igualmente el concejal Gines Segundo pactó con el concejal Gines Segundo " deberá decir..."Igualmente el concejal Gines Segundo pactó con Adriano Eleuterio ".

Décima petición.- Las paginas 313 y ss. de la sentencia quedarán así redactadas:

En cuanto al A) HECHO 1 denominado VENTA DE TERRENOS EN LA ZONA DE URCAMUSA NORTE, se solicita se condene a Irene Herminia, Torcuato Hector, Pedro Porfirio, de forma directa y solidaria, a indemnizar al Ayuntamiento de La Muela en la cantidad de un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil treinta euros (1.453.036,32 ?) más los intereses legales, por los perjuicios ocasionados.

Responderá subsidiariamente de esta cantidad la mercantil ARANADE, S.L.

En cuanto al B) HECHO 2º denominado VENTA DE TERRENOS EN LA ZONA SR1 DE LA MUELA, habiéndose hecho efectiva en su totalidad la responsabilidad civil derivada de este hecho, que se fija en trescientos treinta y dos mil cuatrocientos noventa y cinco euros con treinta y ocho céntimos (332.495,38 ?), por parte de Anselmo Victorino y Bartolome Victorino, se renuncia a la petición de responsabilidad civil relacionada con los hechos del SR1, quedando a salvo, el derecho de repetición de Anselmo Victorino y Bartolome Victorino respecto del resto de acusados y responsables civiles ( Irene Herminia, Torcuato Hector, Pedro Porfirio, Anselmo Victorino, Hipolito Evelio, Victor Carlos, Cornelio Ricardo),

En cuanto al C) HECHO TERCERO (1) denominado VENTA DE TERRENOS A CONSTRUCCIONES SAGAIN S.L. se condene a Irene Herminia, Pedro Porfirio, Desiderio Sabino, de forma directa y solidaria, a indemnizar al Ayuntamiento de La Muela en las siguientes cantidades:

-En la cantidad de seiscientos noventa y ocho mil quinientos cuarenta y dos euros con cincuenta céntimos (698.542,50 ?), más los intereses legales, por los perjuicios ocasionados en la venta de la Parcela NUM051 del Polígono NUM066.

-En la cantidad de quinientos noventa y tres mil ochocientos setenta y cuatro euros (593.874 ?), más los intereses legales, por los perjuicios ocasionados en la venta de la Parcela NUM067 del POLÍGONO000.

Responderán subsidiariamente de esta cantidad las mercantiles ARANADE,

S.L. y CONSTRUCCIONES SAGAIN, S.L.

En cuanto a E) HECHO QUINTO denominado SUBVENCIÓN DEL INSTITUTO ARAGÓNES DEL AGUA AL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA, se condene a Irene Herminia, Virgilio Cecilio, Adriano Eleuterio, Gines Segundo, de forma directa y solidaria, a indemnizar al Ayuntamiento de La Muela, en concepto de daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento por la pérdida de subvención del Instituto Aragonés del Agua, por los importes abonados por el Ayuntamiento a NTA indebidamente y por la pérdida del valor de la subvención que hubiera correspondido por las nueve obras que no han sido realizadas, y que por tanto, están pendientes de realizar, en la cantidad de ochocientos cincuenta y cinco mil doscientos diez euros con cuarenta y seis céntimos (855.210,46 euros), más el importe reclamado por el Instituto Aragonés del Agua en concepto de intereses de demora (recargo) por la devolución de la subvención a determinar en ejecución de sentencia, más los intereses legales de dichas cantidades.

Responderá subsidiariamente de esta cantidad ENTE GESTOR NUEVAS TECNOLOGIAS DEL AGUA, S.L. 55

En cuanto a E) HECHO QUINTO ADJUDICACIÓN A LA EMPRESA ENTE GESTOR NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA S. L. DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y

SANEAMIENTO DE AGUA, E.2), se condene a Irene Herminia, Adriano Eleuterio, Gines Segundo y Humberto Isidro, de forma directa y solidaria, a indemnizar al Ayuntamiento de La Muela, en la cantidad que resulte a determinar en concepto de los gastos de representación y dirección letrada en el procedimiento contencioso-administrativo interpuesto por Gestión de Aguas de Aragón contra el Ayuntamiento, a determinar en ejecución de sentencia.

Asimismo, se condene a Gines Segundo a indemnizar al Ayuntamiento de La Muela en la cantidad de 14.141,20 euros más intereses legales en concepto en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento por este hecho.

Y también se condene a Irene Herminia, Adriano Eleuterio, Gines Segundo y Humberto Isidro, de forma directa y solidaria, a indemnizar al Ayuntamiento de La Muela en la cantidad de 9.200 euros, más intereses legales, correspondientes a la diferencia en la factura de la motoniveladora (factura NUM113). Responderá subsidiariamente de esta cantidad ENTE GESTOR NUEVAS TECNOLOGIAS DEL AGUA, S.L.

En cuanto a H) HECHO SEPTIMO denominado ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA Gines Segundo, H.1. Certificación de trabajos realizados por Concilio Construcciones y Contratas S.L. en la "Balsa de La Jupe" de La Muela, se condene a Gines Segundo y a Felipe Ovidio, de forma directa y solidaria, a indemnizar al Ayuntamiento de La Muela en la cantidad de 5.900 euros más intereses legales por los perjuicios ocasionados en relación a la factura emitida por Concilio Construcciones y Contratas SL al Ayuntamiento de la Muela por trabajos realizados en la Balsa de la Jupe de fecha 1 de febrero de 2008 (fra. NUM078).

Responderá subsidiariamente de esta cantidad CONCILIO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L.

En cuanto a I) HECHO NOVENO denominado UTILIZACION POR PARTE DE Irene Herminia DE RECURSOS MUNICIPALES PARA GASTOS

DE CARÁCTER PARTICULAR, se condene a Irene Herminia a indemnizar al Ayuntamiento de La Muela en la cantidad de 53.914,80 euros, más intereses legales.

En las páginas 313 a 315 de la sentencia se recogieron las indemnizaciones interesadas por el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA que se reflejaban el su escrito de conclusiones provisionales en lugar de quedar reflejadas las recogidas en su escrito de conclusiones definitivas de fecha 8 de marzo de 2016 por el que se rectifica dicho error material.

Décimo primera petición.- En la página 360 de la Sentencia donde dice..." Anselmo Victorino del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por la Acusación Particular ostentada por el Ayuntamiento de la Muela" deberá decir..."..." Anselmo Victorino del delito de uso de información privilegiada".

Décimo segunda petición.- En la página 360 de la Sentencia donde dice..." Victor Carlos del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por la Acusación Particular ostentada por el Ayuntamiento de la Muela" deberá decir..."..." Victor Carlos del delito de uso de información privilegiada".

Décimo tercera petición.- En la página 361 de la Sentencia donde dice..." Cornelio Ricardo del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por la Acusación Particular ostentada por el Ayuntamiento de la Muela" deberá decir..."..." Cornelio Ricardo del delito de uso de información privilegiada".

Décimo cuarta petición.- En la página 361 de la Sentencia donde dice..." Pedro Porfirio del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por la Acusación Particular ostentada por el Ayuntamiento de la Muela" deberá decir..."..." Pedro Porfirio del delito de uso de información privilegiada".

15ª Alegación formulada por el Ministerio Fiscal.

Primera petición.- Por error material se omitió en los antecedentes de hechos de la sentencia las responsabilidades civiles interesadas por el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones. Se incorporan, pues, dichas cantidades subsanándose de tal forma la expresada omisión, de tal forma que en todos los delitos fiscales debe hacerse constar que el Ministerio Fiscal interesó las mismas responsabilidades civiles que la Agencia Tributaria.

Segunda petición.- La absolución y condena de la Sra. Irene Herminia por el mismo delito de tráfico de influencias narrado en el epígrafe C-5 ya ha sido objeto de otras aclaraciones. Efectivamente se la condena por tal delito suprimiéndose el otro pronunciamiento absolutorio.

Tercera petición.- Efectivamente, en el apartado "consecuencias accesorias" del fallo de la sentencia (folio 352) se acuerda erróneamente el comiso del dinero y de los cuatro lingotes de oro intervenidos. Tal error es evidente ya que al folio 332 se justifica la exclusión del comiso de tales bienes por cuanto que no ha podido llegar a acreditarse su ilícita procedencia. En consecuencia se suprime del fallo de la sentencia, folio 352, el comiso del dinero y de los cuatro lingotes de oro intervenidos, quedando afectados exclusivamente por el comiso los inmuebles que en aquel se mencionan.

16ª Alegación formulada por el Ministerio Fiscal.

Primera petición.- Efectivamente, la mercantil que responde respecto de la condena de Leon Eleuterio y Alexis Teodoro es INMUEBLES EL RASO S.L. y no EIS como por error se expresó (ff. 351 y 352).

Segunda petición.- De igual manera, en el fallo de la sentencia y en lo relativo a la condena de Irene Herminia respecto del delito de fraude de subvenciones al que se refiere el epígrafe E3 se omitió involuntariamente la inclusión de la pena interesada por el Ministerio Fiscal de pérdida al derecho a obtener subvenciones y ayudas públicas durante CUATRO AÑOS. Se incluye pues la expresada pena.

NO HA LUGAR a efectuar aclaración alguna respecto de las restantes alegaciones realizadas por la PROCURADORA SRA. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ en nombre y representación de D. Romeo Ovidio (1ª alegación), PROCURADOR SR. GARCÍA GAYARRE en nombre y representación de D. Desiderio Sabino (2ª alegación), segunda alegación de la aclaración interesada por el PROCURADOR SR. GARCÍA MEDRANO en nombre y representación de D. Onesimo Leovigildo (octava alegación), por la PROCURADORA SRA. AMADOR GUALLAR en nombre y representación de D. Serafin Nicolas y D. German Nicolas (6ª alegación), PROCURADOR SR. GARCIA GAYARRE en nombre y representación de D Virgilio Cecilio (9ª Alegación) respecto de las peticiones 2ª, 3ª, 4ª y 6ª, PROCURADORA SRA. FERNANDEZ GOMEZ en nombre y representación de Irene Herminia a excepción de la primera petición y Ministerio Fiscal respecto del primer punto aclaración interesado en la quinceava alegación.

Asimismo el FDº QUINTO de la sentencia, página 323, se modifica "ex oficio" y así donde dice..."1º).- Irene Herminia ha sido condenada por catorce delitos y absuelta por nueve delitos (total 23 delitos)" deberá decir..."1º).- Irene Herminia ha sido condenada por catorce delitos y absuelta por ocho delitos (total 22 delitos)" y donde dice..."2º).- Adriano Eleuterio ha resultado condenado por trece delitos (total 13 delitos)" deberá decir..."2º).- Adriano Eleuterio ha resultado condenado por cuatro delitos (total 4 delitos)".

Ello trasciende naturalmente al fallo de la sentencia, de tal forma que donde dice..."Asimismo deberá abonar las.../147 partes de las costas causadas..." deberá decirse... "Asimismo deberá abonar las.../137 partes de las costas causadas", y donde dice..."Se declaran de oficio las.../147 partes de las costas causadas..." deberá decirse..." Se declaran de oficio las.../137 partes de las costas causadas...»

04/11/2016

«PARTE DISPOSITIVA

HA LUGAR A ACLARAR el auto fecha 26 de octubre dictada en la presente causa en el siguiente sentido.-

En la parte del auto que se refiere a la novena petición formulada por la representación del Ayuntamiento de La Muela y que a su vez viene referida a la página 310 de la Sentencia, párrafo primero, donde dice..."Como quiera que la acusación particular ostentada por el Ayuntamiento de La Muela no hizo referencia alguna a la concurrencia de circunstancias modificativas a excepción de la de confesión exclusivamente aplicada al Sr. Agustin Urbano situando el techo acusatorio..." deberá decir......"Como quiera que la acusación particular ostentada por el Ayuntamiento de La Muela no hizo referencia alguna a la concurrencia de circunstancias modificativas a excepción de la de confesión situando el techo acusatorio..." deberá decir..."Por el Ayuntamiento de La Muela se interesó la aplicación de las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad penal:

En el acusado Pedro Porfirio, la atenuante analógica de confesión y la atenuante analógica de reparación del daños de los arts. 21.7 en relación con 21-4 y 21-5 C. penal respecto del delito de cohecho continuado, a los delitos de fraude y exacciones ilegales y la atenuante analógica de confesión respeto al delito de blanqueo, al delito de negociaciones prohibidas.

En el acusado Jacobo Marcos la atenuante analógica de confesión del art. 21.7 en relación con 21-4 C. penal respecto del delito de blanqueo de capitales y al delito de negociaciones prohibidas.

En el acusado Saturnino Leandro la atenuante analógica de confesión del 21.7 en relación con 21-4 C. penal respecto al delito blanqueo de capitales.

En el acusado Sergio Victorino la atenuante analógica de confesión del art. 21.7 en relación con 21-4 C. penal respecto al delito blanqueo de capitales.

En el acusado Angel Humberto la atenuante analógica de confesión del art. 21.7 en relación con 21-4 C. penal respecto al delito blanqueo de capitales. En los acusados Anselmo Victorino y Bartolome Victorino, la atenuante analógica de confesión del art. 21.7 en relación con 21-4 C. penal y la atenuante muy cualificada de reparación del daño del 27.1 en relación con 21.5 CP.

En los acusados Gines Segundo y Felipe Ovidio la atenuante analógica de confesión del art. 21.7 en relación con 21-4 C. penal y la atenuante de reparación del daño del art. 21.5 CP.

Asimismo, en la parte dispositiva del auto de fecha 26 de octubre deberá añadirse dentro de la 14ª Alegación formulada por la PROCURADORA SR. FARLETE BORAO en nombre y representación del " AYUNTAMIENTO DE LA MUELA " la NOVENA PETICION DE ACARACIÓN..."Por el Ayuntamiento de La Muela se interesó la aplicación de las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad penal:

En el acusado Pedro Porfirio, la atenuante analógica de confesión y la atenuante analógica de reparación del daños de los arts. 21.7 en relación con 21-4 y 21-5 C. penal respecto del delito de cohecho continuado, a los delitos de fraude y exacciones ilegales y la atenuante analógica de confesión respeto al delito de blanqueo, al delito de negociaciones prohibidas.

En el acusado Jacobo Marcos la atenuante analógica de confesión del art. 21.7 en relación con 21-4 C. penal respecto del delito de blanqueo de capitales y al delito de negociaciones prohibidas.

En el acusado Saturnino Leandro la atenuante analógica de confesión del 21.7 en relación con 21-4 C. penal respecto al delito blanqueo de capitales.

En el acusado Sergio Victorino la atenuante analógica de confesión del art. 21.7 en relación con 21-4 C. penal respecto al delito blanqueo de capitales.

En el acusado Angel Humberto la atenuante analógica de confesión del art. 21.7 en relación con 21-4 C. penal respecto al delito blanqueo de capitales. En los acusados Anselmo Victorino y Bartolome Victorino, la atenuante analógica de confesión del art. 21.7 en relación con 21-4 C. penal y la atenuante muy cualificada de reparación del daño del 27.1 en relación con 21.5 CP.

En los acusados Gines Segundo y Felipe Ovidio la atenuante analógica de confesión del art. 21.7 en relación con 21-4 C. penal y la atenuante de reparación del daño del art. 21.5 CP.»

7/11/2016

«PARTE DISPOSITIVA

HA LUGAR A ACLARAR la Sentencia de fecha 23 de septiembre de 2016 recaída en la presente causa en el sentido siguiente:

En el folio 359 de la Sentencia, tras el párrafo..."i).- Del delito de uso de información privilegiada del que aparece acusada por el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA..." deberá añadirse..."k).- Del delito de prevaricación administrativa del que aparece acusada por el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones del Ministerio Fiscal".

Asimismo, donde decía el auto de 26 de octubre..."... deberá abonar las.../137 partes de las costas causadas", deberá decir "Asimismo deberá abonar las.../138 partes de las costas causadas", y donde decía..."Se declaran de oficio las.../137 partes de las costas causadas..." deberá decirse..." Se declaran de oficio las 10/138 partes de las costas causadas...»

CUARTO.- Notificados los autos a las partes, se prepararon recursos de casación, por infracción de ley, precepto constitucional y quebrantamiento de forma, que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.

QUINTO.- Las representaciones de los recurrentes, basan sus recursos en los siguientes motivos:

Recurso de Dª Irene Herminia

1º.- Al amparo del art. 852 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y art 24.2 de la CE., por vulneración del derecho de defensa

2º.- Al amparo del art. 852 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y art. 24.2 de la CE. por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

3º.- Con fundamento en el art. 850.1 de la LECrim., alega la denegación de práctica de prueba.

4º.- Al amparo del art. 851.1 de la LECrim., por no expresarse de forma clara y terminante algunos de los hechos.

5º.- Con base en el art. 851.3 de la LECrim. por vulneración del derecho de defensa.

6º.- Se fundamenta en el art. 851.4 de la LECrim. Denuncia la recurrente haber sido condenada por delito de cohecho del art. 419 del C.penal, delito más grave, habiendo sido acusada por un delito del art. 420 del C.Penal.

7º.- Con base en el art. 849.2 de la LECrim Denuncia error del juzgador en la apreciación de la prueba basada en documentos, designando como particulares

8º.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim por indebida aplicación de los artículos 420 y 74, 301 y 74, 305, 436, 428, 308.1 º, y 432, C. Penal.

Recurso de D. Agustin Urbano

1º.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim y arts 305 y 28 del C.Penal., alega que los hechos no sucedieron como figura en el relato de hechos probados.

2º.- Con base en el art. 849.2 de la LECrim. por error en la apreciación de la prueba basada en documentos.

3º y 4º.- Al amparo del art 849.1 y 851 de la LECrim y arts. 21.6 (21.7) 21.4 (21.5) del C.Penal. por inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas,arrepentimiento espontáneo, y reparación de daño.

5º.- Con base en el art. 849.1 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y arts. 25 y 9.3 de la CE, art. 305.1 del CP tras la reforma por LO 7/12 de 27 de Diciembre, así como quebrantamiento de forma 851.4 de la LECrim.

6º.- Al amparo del art. 852 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y art. 24.1 de la CE. Denuncia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.

7º.- Al amparo del art. 852 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y art. 24.1 de la CE., por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.

8º.- Con fundamento en el art. 849.1 de la LECrim, arts 24 y 120 de la CE y arts. 66 y 72 del C.penal.,

Recurso de D. Nemesio Emiliano

1º y 5ª.- Con base en el art. 849.1, 852 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ, 24.1 y 9.3 de la CE.

2º.- Denuncia el recurrente error en la apreciación de la prueba basada en documentos.

3º.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim y arts 21.7 (21.6) del C. Penal y quebrantamiento de forma del art. 851 de la LECrim, por no haberse incluido las dilaciones indebidas en el relato de hechos probados.

4º.- Con base en el art. 849.1 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y arts. 25 y 9.3 de la CE, art. 305.1 del CP tras la reforma por LO 7/12 de 27 de Diciembre, así como quebrantamiento de forma 851.4 de la LECrim.

7º y 8º.- Con fundamento en el art. 852 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y art. 24.1 y 9.3 de la CE, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Recurso de D. Virgilio Cecilio

1º.- Al amparo del art. 852 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y art. 24.2 de la CE., por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

2º.- Con base en el art. 851.1 de la LECrim. por falta de claridad en el factum así como predeterminación del fallo.

3º.- Con justificación en el art. 849.2 de la LECrim. Aduce error del juzgador en la apreciación de la prueba basada en documentos.

4º.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim, por aplicación indebida de los artículos 404 del C. penal, delito de prevaricación; art. 308.1, fraude

subvenciones; art. 390,1, 2 y 4, falsedad en documento público, y art. 432, delito de malversación de caudales públicos del C.penal.

Recurso de D. Desiderio Sabino

1º y 2º.- Al amparo del art. 24.1 de la CE,y arts. 851.3 y 849.1 de la LECrim., por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Recurso de D. Abelardo Marcelino

1º.- Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ, art 24.2 de la CE y art. 849.1 de la LECrim y 301.3 del C. Penal. por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

2º.- Con fundamento en el art.849.1 de la LECrim y art. 131 del C.Penal.

3º.- Con base en los arts. 5.4 de la LOPJ, art. 24.2 de la CE y art. 21.6 del C.Penal. por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

4º.- Con fundamento en el art. 849.1 de la LECrim y art. 31.2 del C.penal.

Recurso de D. Isidro Camilo

1º.- Al amparo del art 851.1 de la LECrim., alega que la sentencia no expresa claramente los hechos que se consideran probados

2º.- Con base en el art. 852 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y art. 24.2 de la CE., vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

3º.- Con justificación en el art. 849.1 de la LECrim y art 429 del C.penal. Alega que la conducta llevada a cabo pudiera ser moralmente reprochable pero nunca constitutiva de delito.

Recurso de D. Humberto Isidro

1º.- Al amparo del art. 851 de la LECrim., alega que los hechos probados quedan contradichos por documentos que figuran en la causa.

2º.- Con base en el art. 851 de la LECrim., las alegaciones realizadas denuncian la valoración de la prueba de forma diferente a la pretendida por el acusado.

3º.- Con fundamento en el art. 849.2 de la LECrim., error del juzgador en la apreciación de la prueba basada en documentos

4º.- Al amparo del art. 852 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y art. 24 de la CE., vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

5º.- Al amparo del art. 852 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y arts 9.3 y 24. 1 y 2 de la CE. La queja del recurrente es por no estar suficientemente motivada la sentencia que le condena por un delito de negociaciones prohibidas.

6º.- Con base en el art. 849.1 de la LECrim y art. 439 del C.penal.

Recurso de D. Romeo Ovidio

1º.- Al amparo del art 851.1 de la LECrim. Denuncia el recurrente que la sentencia consigna en los hechos probados, conceptos que por su carácter jurídico implican predeterminación del fallo.

2º.- Con base en el art. 849.2 de la LECrim., por error del juzgador en la apreciación de la prueba basada en documentos,

3º.- Al amparo del art.852 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y art 24.2 de la CE, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia

4º.- Con fundamento en el art. 849.1 de la LECrim y art. 390.1.4º del C.Penal. por falta de pruebas para su condena por falsedad en documento oficial.

5º (Primero de la 2ª parte del recurso).- Al amparo del art. 851.1 de la LECrim. Denuncia que el relato fáctico de la sentencia no expresa con claridad los hechos probados estando contradichos por documentos obrantes en autos.

6º (Segundo).- Con base en el art. 851 de la LECrim. Aduce el recurrente que la sentencia no resolvió las cuestiones planteadas por su defensa.

7º (Tercero).- Al amparo del art. 849.2 de la LECrim.Denuncia error del juzgador en la apreciación de la prueba basada en documentos.

8º (Cuarto).-Con base en el artículo 852 de la LECrim. al haber sido condenado sin pruebas de su participación en el delito de negociaciones prohibidas.

9º (Quinto).- Con fundamento en el art. 852 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y arts 9.3 y 24 de la CE., por no estar suficientemente motivada la sentencia que le condena por un delito de negociaciones prohibidas.

10º (Sexto).- Con base en el art. 849.1 de la LECrim y art. 439 del C.Penal.

Recurso de D. Alexander Sergio y D. Alexander Norberto

1º.- Al amparo del art. 852 de la LECrim, art. 5.4 4 de la LOPJ y 9.3 y 24.2 de la CE. Alternativamente art. 849.2 de la LECrim; Alternativamente art. 851.1 de la LECrim; alternativamente 5.4 de la LOPJ y art 24.2 de la CE.

2º.- Con base en el art. 849.1 de la LECrim y art. 305 del C. Penal en relación con los arts. 23.1.a) y art. 81.1 del Texto Refundido de la Ley IRPF. por vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y principio de legalidad por existir doble imposición.

3º.- Con fundamento en los arts. 852 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y art. 24.1 CE, alternativamente 849.1 de la LECrim y 305.1 del CP y art. 101.5 de la LIRPF y alternativamente art. 851.3 de la LECrim.

4º y 5º.- Al amparo del art. 852 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y 9.3 y 24.2 de la CE. Alternativamente art. 849.2 de la LECrim; Alternativamente art. 849.21 de la LECrim; alternativamente art 849.1 de la LECrim, art. 305.1 del C.penal y arts. 34, 35 y 101.5 de la LIRPF.

6º.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim y art. 21.5 y 66.2 del C.penal.

Alternativamente art. 851.1 de la LECrim.

7º.- Con base en el art. 849.1 de la LECrim y art. 21.7 (21.6) del C.penal y art. 851.1 de la LECrim., por inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas.

8º.- Con fundamento en el art. 24.2 de la CE, art. 849.1 de la LECrim, 66 y 72 del C. Penal.

Recurso de D. Donato Emiliano, D. Abilio Candido y «EIS Aragón 2008 SL»

1º.- Al amparo del art. 852 de la LECrim y art. 5.4 de la LOPJ. por vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio y al derecho de defensa

2º.- Con base en el art. 852 de la LECrim y art. 5.4 de la LOPJ. por vulneración del derecho de defensa y al juez predeterminado por la ley

3º.- Con fundamento en el art. 849.2 de la LECrim., recurrentes error del juzgador en la apreciación de la prueba basada en documentos obrantes en autos.

4º.- Sin base en precepto procesal alguno sostienen los recurrentes la existencia de contradicción entre los hechos probados.

5º.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim y art. 305 del C. Penal.

Recurso de Dª Esperanza Olga

1º.- Al amparo del art. 851.1 de la LECrim y arts. 24.1 y 120.3 de la CE., por falta de motivación de su condena como responsable civil.

2º.- Con base en los arts. 849.1, 849.2 de la LECrim, art. 852 del mismo texto legal, art. 5.4 de la LOPJ. por infracción de ley por vulneración del art. 2 de la Ley 35/06 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y texto refundido RD 3/04, y arts.131 y 132 del C.penal por estimar que el delito está prescrito.

3º.- Con base en el art. 852 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y arts 9.3, 24.1, 25 y 120.3 de la CE.

4º.- Con fundamento en el art. 852 de la LECrim y art. 5.4 de la LOPJ. Denuncia la recurrente la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley.

Recurso del Ayuntamiento de La Muela

1º.- Al amparo del art. 851 de la LECrim. Manifiesta contradicción entre los hechos probados y predeterminación del fallo.

2º y 3º.- Con base en el art. 849.1 de la LECrim y arts. 109 y 110 del C.penal.

4º.- Con fundamento en el art. 852 de la LECrim y arts. 9.3 y 24 de la CE. Alega que la sentencia vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva por contradicciones.

Recurso de D. Adriano Eleuterio y «Ente Gestor De Nuevas Tecnologias Del Agua SL»

1º.- Al amparo del art. 852 de la LECrim y art. 24 de la CE., por vulneración del derecho de defensa

2º.- Con base en el art. 852 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y art. 24,

1 y 2 de la CE., por vulneración de los derechos de presunción de inocencia, defensa y a la tutela judicial efectiva.

3º.- Con fundamento en el art. 852 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y art. 24 2 de la CE. por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

4º.- Al amparo del art. 852 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y art. 24, 1 y 2 de la CE., denuncia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva

5º y 6º.- Con base en el art. 849.1 de la LECrim y art. 432 del C. Penal

7º y 8º.- Con fundamento en el art. 849.1 de la LECrim y ars. 390 y 74 del C.penal.

8º.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim y art. 308 del C.penal

9º.- Con base en el art. 849.1 de la LECrim y arts. 432 y 308 y 65.3 del C.penal.

10º Al amparo del art. 849.1 de la LECrim. por infracción de ley al aplicar erróneamente un precepeto legal de carácter sustantivo, en concreto el art. 74 del CP.

11º.- Al amparo del art. 852 de la LECrim, art. 5.4 de la LOPJ y arts. 24, 1 y 2 y 120.3 de la CE, arts 8.3, 65.3, 74 y 77 del C. Penal.

12º.- Al amparo del art. 849.2 de la LECrim., por error en la valoración de la prueba basada en documentos.

13º.- Con base en el art. 5.4 de la LOPJ, art. 24.2 de la CE y art. 21.6 del Código Penal., por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

14º.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim, por incorrecta aplicación del art. 116 del C.penal.

15º.- Con base en el art. 849.1 de la LECrim. por incorrecta aplicación del art. 121 de la LECrim.

Recurso del Ministerio Fiscal

Único.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 de la LECrim. por inaplicación indebida de los arts. 109 y 116 del CP, en relación con el art. 436, epígrafe 1 del CP.

SEXTO.- Instruido el Ministerio Fiscal y las demás partes de los recursos interpuestos, la Sala los admitió, quedando conclusos los autos para el señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

SÉPTIMO.- Hecho el señalamiento para la vista, se celebró ésta el día 8 de marzo de 2018, habiéndo concluido la deliberación el 19 de marzo siguiente, en cuya fecha se dictó auto de prórroga del plazo para dictar sentencia por diez días.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Recurso de Dª Irene Herminia y de D. Adriano Eleuterio

PRIMERO.- 1.- Los dos primeros motivos formulados por los recurrentes Dª Irene Herminia y D. Adriano Eleuterio suscitan la cuestión de infracciones de procedimiento de contenido constitucional, cuya trascendencia respecto, no solamente de los demás motivos de sendos recursos, sino de los demás recursos, obliga a un examen prioritario que, por otra parte, dada la identidad de fundamento, deben también examinarse conjuntamente.

Ambos motivos se amparan en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el artículo 24 de la Constitución.

La secuencia de actos del procedimiento que relatan puede enunciarse así:

A) Una primera parte relativa a la formulación de renuncia de la defensa letrada de la acusada.

1ª.- En la sesión inicial de la vista del juicio oral, (15 de diciembre de 2015) limitada al planteamiento y defensa de cuestiones previas, el entonces letrado de Dª Irene Herminia no planteó ninguna, limitándose a contestar a otro letrado en relación con el incumplimiento del protocolo para alcanzar acuerdos de conformidad. 2ª.- Aquel letrado presentó un escrito el día 11 de enero de 2016, por el que comunicaba a la Sala de instancia la renuncia a la defensa por diferencias insalvables con la acusada sobre la línea de defensa. 3ª.- Al día siguiente dio comienzo la sesión de reanudación de las sesiones de juicio oral, explicando el letrado que la diferencia se suscitaba acerca del rechazo por la acusada del pacto de conformidad que el letrado proponía, sin que conste el momento en que la acusada fue informada de tal posibilidad. 4ª.- El Tribunal rechazó la renuncia pese a que a la suspensión que implicaba se añadió la defensa de D. Adriano Eleuterio, ahora también solicitante de la nulidad. Y fundó la Sala de instancia el rechazo en que aquélla implicaba abuso de derecho y fraude de derecho. El letrado asumió permanecer en estrados, pero no ejercitar acto alguno de asesoramiento o de defensa de su cliente.

B) A esa secuencia de actos siguió otra relativa a la declaración de Dª Irene Herminia, que formulan en sendos motivos y no es contradicha por las demás partes.

1º.- A la interpelación de la presidencia al respecto, manifestó que deseaba declarar, pero cuando dispusiera de letrado que ejercitara efectivamente su defensa en estrados, e incluso, ante el apremio de dicha presidencia, llega a solicitar simplemente que se posponga su declaración «para el final». 2º.- Advierte la acusada que su letrado le ha comunicado que no actuará nada más allá de mantenerse en estrados, pese a lo cual es nuevamente interpelada por el Presidente del Tribunal para que diga si declara o no, reiterándose las explicaciones de la acusada y las interpelaciones en el mismo sentido de dicha presidencia, que culminan con la resignada manifestación de la acusada en el sentido de no declarar por sentirse indefensa.

C) Finalmente, alegan los recurrentes y no les contradicen las demás partes, continuó el procedimiento de la vista del juicio oral, en la que se da entrada a una defensa Letrada, de oficio, de la acusada.

1º.- El 1 de febrero de 2016, tras reconsiderar la Sala de instancia su decisión, aceptó instar la designación de oficio de un letrado para defender a Dª Irene Herminia que habría de tener lugar antes del comienzo de las sesiones al día siguiente, ya que anunció que no se suspenderían las sesiones. 2º.-

El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado advirtieron de que la aceptación de la renuncia y solicitud de designación de letrado de oficio implicaba de hecho la admisión de una situación de falta de defensa de la acusada. 3º.- La defensa de oficio recayó en letrado que ya tenía asumida, también de oficio, la de otro acusado (Sr. Virgilio Cecilio) y que aceptó la de la coacusada Dª Irene Herminia, interviniendo por primera vez en tal concepto en la sesión del 2 de febrero de 2016, pese a que ni siquiera dispuso de la posibilidad de entrevistarse con su defendida. 4º.- Para entonces ya había declarado (el día anterior) el coacusado Sr. Pedro Porfirio. 5º.- Pese a reiteradas solicitudes formuladas por la defensa de la acusada Dª Irene Herminia, se le denegó la oportunidad de que Dª Irene Herminia pudiera declarar.

No es ni mucho menos dato baladí que la sentencia no ampliase ni un ápice la escueta fundamentación dada a la denegación de admitir la renuncia del letrado designado, ni a la constancia en acta del resto de decisiones sobre los particulares que dejamos expuestos más arriba.

2.- Alegan los recurrentes que: a) Se vulneró el derecho del letrado a renunciar a la defensa; b) se vulneró asimismo el derecho de la acusada a no sufrir indefensión al llamársela a declarar cuando su letrado acababa de explicitar las razones de su renuncia a continuar en su labor, pese a que en semejantes condiciones no podía tener lugar la declaración de la acusada de una forma mínimamente respetuosa con su derecho a la defensa y c) a que la consignación de las manifestaciones de la acusada como renuncia a declarar era incorrecta dado que se formularon reiteradas peticiones por la defensa de oficio, designada más adelante, en orden a que se oyera en declaración a la acusada.

SEGUNDO.- 1.- Conviene pues recordar aquí nuestra doctrina respecto al contenido, incluso constitucional, del derecho de defensa expuesto en nuestra STS nº 127/2012 de 5 de marzo.

El supuesto procesal allí planteado quedaba definido de la siguiente manera: el penado recurrente denuncia la vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y al proceso con todas las garantías establecido en el artículo 24 de la Constitución. Alega al respecto: a) que las letradas que le habían venido defendiendo comparecieron ante la Audiencia el día 9 de mayo de 2011 manifestando que renunciaban a seguir desempeñando tal función por existir

«diferencias irreconciliables» con su cliente, y que éste aceptó dicha renuncia por escrito; b) que esa voluntad de renuncia se reiteró al comienzo de las sesiones del juicio oral, que comenzaba al día siguiente;

c) la APB (sic, se supone que en referencia a Audiencia Provincial de Barcelona) rechazó la suspensión del juicio por estimar que esa renuncia era una reiteración de los anteriores intentos de suspensión por parte del acusado que ya habían sido rechazados y d) que formalizó la pertinente protesta.

Como doctrina a considerar en el caso dijimos allí: En primer lugar que conforme al artículo 6.3 c) del Convenio de Roma, «todo acusado tiene como mínimo, derecho a defenderse por sí mismo, o solicitar la asistencia de un defensor de su elección y, si no tiene los medios para remunerarlo poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio cuando los intereses de la justicia lo exijan.» En similar sentido cabe invocar el artículo 14.3 d) del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos de 19 diciembre de 1966.

En cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recordábamos allí que la sentencia del caso «Artico», de 13 Feb. 1980, declara el «derecho a la defensa adecuada» y consagra sin duda la preferencia de otorgar la defensa técnica al letrado de libre elección frente a la designación de oficio. Y en la misma sentencia se señala que el derecho se satisface, no con la mera designación, sino con la efectiva asistencia, pudiendo ser comprobada la ineficacia del Letrado por el Tribunal o denunciada por el acusado. Y, como recordábamos en nuestro Auto del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2017 en recurso 10745/2016, destacaba aquel TEDH que la pretensión tenía especial importancia respecto de los derechos de defensa, a la vista del papel prominente que el derecho a un proceso debido tiene en una sociedad democrática ( Sentencia Airey de 9 de octubre de 1979 (TEDH 1979, 3) serie A, núm. 32, pgs. 12-13, aps. 24 y 32 supra). Recordaba la sentencia que el artículo 6.3.c del Convenio, habla de "asistencia" y no de " designación", poniendo de manifiesto que la mera designación de un letrado no garantiza por sí misma la efectividad de su auxilio, dado que el abogado de oficio, no sólo puede perecer o tener un impedimento permanente para el cumplimiento de sus funciones, sino que puede simplemente eludir la atención de sus deberes. Admitir que la asistencia técnica pudiera quedar cumplida por la mera designación de un letrado, entrañaría amenazar con convertir la asistencia letrada gratuita, en una palabra vacía en más de una ocasión; concretándose en la Sentencia Kamasinski contra Austria de 19 diciembre 1989 (TEDH 1989/24, aps. 99 a 103), que la garantía del derecho es plenamente exigible en el trámite casacional. Lo que resulta extensible a la defensa incluso designada por el supuestamente asistido.

La citada sentencia del mismo Tribunal de 19 Dic. 1989, en el caso Kamasinski se establece que le incumbe al Tribunal, una vez descubra por sí o porque se lo pone de manifiesto el acusado, la inefectividad de una defensa, o sustituir al Letrado omitente, o bien obligarle a cumplir su tarea. Pero como cuidadosamente dejamos advertido en ese auto, siquiera allí referido a la defensa de oficio, esa obligación de supervisión no puede, sin embargo, abrir un pasadizo que suponga la intromisión judicial en los detalles de la estrategia defensiva que llegue a desplegarse, pues no sólo resultaría contrario al desempeño de la defensa de oficio en libertad o con la independencia profesional que recoge el artículo 45.3 del Estatuto General de la Abogacía Española (RD 658/2001, de 22 de junio), sino que se enfrentaría a la propia concepción del proceso contradictorio y, finalmente, a la función jurisdiccional que al juez se encomienda. Y es que, añadíamos, el análisis del derecho de defensa, desde la perspectiva jurisdiccional, máxime desde la posición de este Tribunal Supremo al resolver un recurso de casación, debe situarse en un espacio de estricta neutralidad respecto a la labor desempeñada por el abogado defensor, cualquiera que sea su posición en el proceso, y de rigurosa independencia con relación al fondo de la cuestión que se plantea en el mismo.

Conviene recordar que la Directiva 2013/48/UE del Parlamento y del Consejo de 22 de octubre de 2013 sobre, entre otros, el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales, establece en su artículo 3

.1 "Los Estados miembros velarán por que los sospechosos y acusados tengan derecho a ser asistidos por un letrado en el momento y del modo que les permita ejercer sus derechos de defensa en la práctica y de manera efectiva". Y en el apartado 3 del mismo artículo especifica que el derecho a la asistencia de letrado implicará, entre otras cosas, "b) los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado tenga derecho a que su letrado esté presente e intervenga de manera efectiva cuando lo interroguen. Esta intervención será acorde con los procedimientos previstos por la normativa nacional, a condición de que tales procedimientos no menoscaben el ejercicio efectivo ni el contenido esencial del derecho de que se trate. Cuando un abogado intervenga durante un interrogatorio, se hará constar así de conformidad con los procedimientos pertinentes de la normativa nacional;"

Y en lo relativo a la renuncia a ese derecho se cuida la Directiva de establecer en su artículo 9:

1. Sin perjuicio de si la normativa nacional exige la presencia o la asistencia obligatoria de un letrado, los Estados miembros garantizarán que, en lo que se refiere a toda renuncia a un derecho contemplado en los artículos 3 y 10:

a) se haya facilitado al sospechoso o acusado, verbalmente o por escrito, información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las posibles consecuencias de renunciar a él, y

b) la renuncia sea voluntaria e inequívoca.

2. La renuncia, que podrá hacerse por escrito u oralmente, se hará constar, así como las circunstancias de la misma, con arreglo al procedimiento previsto para ello por la normativa del Estado miembro de que se trate.

3. Los Estados miembros garantizarán que todo sospechoso o acusado pueda revocar una renuncia posteriormente en cualquier momento del proceso penal y que el sospechoso o acusado haya sido informado de tal posibilidad. La revocación de una renuncia surtirá efectos desde el momento en que se efectúa.

(énfasis añadidos)

Por otra parte nuestro Tribunal Constitucional ha recogido esa doctrina, entre otras en la Sentencia Tribunal Constitucional nº 162/1999 afirmando que del invocado derecho deriva la garantía de tres derechos al acusado: a defenderse por sí mismo, a defenderse mediante asistencia letrada de su elección y, en determinadas condiciones, a recibir asistencia letrada gratuita, sin que la opción en favor de una de esas tres posible formas de defensa implique la renuncia o la imposibilidad de ejercer alguna de las otras, siempre que sea necesario, para dar realidad efectiva en cada caso a la defensa en un juicio penal ( STC 37/1988, fundamento jurídico 6º).

Ciertamente tal reconocimiento no está exento de la previsión de cautelas, como la de recordar que la necesidad de contar con la confianza del acusado no permite a éste disponer a su antojo el desarrollo del proceso ni elegir, sin restricción alguna, cuándo se retira o se mantiene la misma. Así lo recuerda también la STS nº 128/2015 de 25 de febrero. La razón de esa prevención deriva de la necesidad de un juicio de ponderación de intereses eventualmente en conflicto ( SSTC 11/1981, 37/1987 y 196/1987) ( SSTS 23 de abril de 2000; 23 de diciembre de 1996; 20 de enero de 1995, entre otras).

Este Tribunal Supremo ha perfilado las consecuencias que derivan de la recepción en nuestro sistema de esa garantía.

Por lo que concierne al contenido de la garantía dijimos que comprendido en el derecho de defensa y a la asistencia de letrado se halla el derecho a cambiar de letrado, sustituyendo al de oficio por otro de libre designación, o supliendo al abogado de confianza por otro (Sentencia 1840/2000 de 1 diciembre). Tal derecho de la parte que se convierte en determinados momentos del proceso en un requisito de validez de las actuaciones procesales ( Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1766/2003, de 26 de diciembre).

En la Sentencia TS. nº 1394/2009 de 25 de enero, reiterando la doctrina de la STS 816/2008 de 2 de diciembre, recordábamos que el derecho a la libre designación de Letrado constituye uno de los signos que identifican a un sistema procesal respetuoso con los principios constitucionales que definen la noción de un proceso justo

Como criterios ponderativos y de prevención para detectar ese eventual fraude, se ha llegado a imponer la exigencia de que el acusado formule tempestivamente bien la renuncia al abogado designado de oficio, bien la queja por la indefensión material que le origina su actuación profesional ( STS nº 253/94 de 14.2). Así en algún caso, como en el de la Sentencia TS nº 123/2006 de 9 Febrero, se convalida la decisión de la Sala de instancia que rechazó la pretensión suspensiva de la parte porque se solicitó antes de la vista oral y en el propio acto de la misma, siendo la pretensión de aplazamiento de la vista oral era inatendible dada la fecha de los hechos y la situación de prisión provisional del acusado.

Aquel juicio ponderativo ha de seguir a la adecuada exploración de las circunstancias relativas a la ruptura de la relación de confianza entre Letrado y defendido y debe reflejarse en la motivación de la decisión jurisdiccional que recaiga al respecto. La existencia de una tensión entre Letrado y cliente acusado no es, desde luego, un clima adecuado para la defensa de nadie. En la STS número 1303/04 reprochábamos al Tribunal de la instancia que no hubiera constatado en el procedimiento, de algún modo, la causa de ese cambio de parecer del letrado que se hizo cargo de la defensa en el juicio oral ya que era necesario poner de manifiesto la realidad de lo ocurrido como causa de ese cambio para poder conocer si la defensa del acusado se desempeñó con las debidas garantías. También hemos establecido, en cuanto a la exposición de las causas de ruptura de la confianza que se invoca para instar el cambio de letrado que las discrepancias de fondo pueden no ser revelables sin desvelar el secreto de las comunicaciones entre abogado del cliente ( SSTS 173/2000, 10 de noviembre, 327/2005, 14 de marzo y por el auto 24 de abril de 2003).

No consta que el Tribunal de la instancia promoviera la incoación de ningún procedimiento sancionador a consecuencia de la renuncia que ahora se alega. Lo que significa, implícitamente, que por el Tribunal no se encontró tal renuncia como injustificada. En efecto, en la STS 1989/2000, 3 de mayo, en cuanto a los efectos jurídicos del abandono por parte del Letrado de la defensa de su representado dijimos que es cierto que un Letrado que durante el Juicio Oral abanDª la defensa del acusado por discrepancias con el Tribunal actúa incorrectamente. Así hemos recordado que la profesión de Abogado viene regulada por su Estatuto, aprobado por Real Decreto 658/2001 de 22 de junio, cuyo artículo 26 proclama que: Los abogados tendrán plena libertad de aceptar o rechazar la dirección del asunto, así como de renunciar al mismo en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se produzca indefensión al cliente. De ahí que las eventuales consecuencias de una actuación, que se valore como incorrecta, no deban en principio ir más allá de la imposición de la correspondiente sanción ( STS nº 1989/2000 de 3 de mayo). Al respecto la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé, en su artículo 553, que los abogados y procuradores serán también corregidos disciplinariamente por su actuación ante los juzgados y tribunales:..... Cuando renuncien injustificadamente a la defensa o representación que ejerzan en un proceso, dentro de los siete días anteriores a la celebración del juicio o vistas señaladas. Pero también es verdad que las consecuencias de tal proceder se agotan en las sanciones disciplinarias que correspondan y no pueden mermar el ejercicio del derecho de defensa cuando, consistiendo en designar otra vez al mismo Letrado, se trata de un ejercicio legítimo sin abuso del derecho ni maniobra fraudulenta alguna dirigida a dilatar indebidamente el proceso o cualquier otro ilícito resultado.

Como consecuencia de la estimación de la pretensión de cambio de letrado que defienda al acusado hemos establecido ( STS 327/2005 14 marzo, rec. 299/2004), atendiendo a lo dispuesto en los artículos 745 y 746 Ley de Enjuiciamiento Criminal que constituye uno los supuestos en que el Tribunal puede suspender el juicio oral, ya que, aunque entre aquellos no se incluya la solicitud de cambio de letrado, bien al comienzo o durante las sesiones del juicio oral, una interpretación de los referidos preceptos conforme a la Constitución permite acoger dicha causa de suspensión cuando el Tribunal aprecie que, de algún modo, la denegación de la suspensión para cambiar de letrado pudiera originar indefensión o perjudicar materialmente el derecho de defensa del acusado.

Ahora bien, en algunas resoluciones hemos advertido de la necesidad de llevar a cabo el adecuado juicio de ponderación. Por eso dijimos en esa citada sentencia que para decidir tal suspensión el Tribunal debe contar, al menos, con una mínima base razonable que explique los motivos por los cuales el acusado ha demorado su decisión para cambiar de letrado hasta el mismo comienzo de las sesiones del juicio oral, pudiendo haberlo hecho con anterioridad (con cita de las S.S.T.S. de 23/12/96, 23/03, 10/11 y 01/12/00 y 05/02/02, entre otras).

Por otra parte, en cuanto a los efectos de la no admisión de la renuncia justificada a la defensa por el Letrado o por el acusado por la existencia de diferencias entre ella y el defendido respecto a la estrategia de defensa, y consiguiente ausencia de confianza en la relación entre aquéllos, no constando que existan motivos razonables para tildar de abuso de derecho, determina que la decisión del Tribunal de instancia, no solamente conculca el libre ejercicio de la función de la Abogacía, sino que supone una clara lesión en el derecho de asistencia Letrada en su manifestación de derecho a libre designación de Abogado, infracción del art. 24.2 de la Constitución Española que no exige, por otra parte, que se produzca indefensión a que se refiere el artículo 24.1 de la Constitución Española.

Tal vulneración, que supone lesión de derechos fundamentales, implica la nulidad del juicio llevado a cabo que ha de producir los efectos propios de un quebrantamiento de forma previstos por el art. 901 bis a) Ley de Enjuiciamiento Criminal con devolución de la causa para que se repita el procedimiento a partir del momento en que tal falta se produjo.

En la STS nº 821/2016 de 2 de noviembre, tras una extensa exposición de instrumentos jurídicos, resumimos la doctrina del TEDH, TC y TS sin discrepar de la línea que acabamos de exponer en los siguientes apartados:

1º.- El derecho constitucional de defensa, que incluye el derecho a ser defendido por un abogado de confianza, faculta como regla general al cambio de letrado cuando se ha perdido dicha confianza o cuando el acusado desea renunciar al abogado de oficio y designar uno de confianza por estimarse insuficientemente defendido, dado que la facultad de libre designación implica la de cambiar de Letrado cuando lo estime oportuno el interesado en defensa de sus intereses.

2º.- Este derecho no es ilimitado pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación legal del Tribunal de rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal según el artículo 11.2 de la LOPJ.

3º.- La invocación del abuso de derecho no puede transformarse en un criterio general rutinario para denegar la solicitud de cambio de letrado, pues constituye un límite en el ejercicio de un derecho fundamental, cuyo contenido esencial debe ser respetado.

4º.- Los supuestos en que la solicitud de cambio del abogado designado puede ser desatendida por el Tribunal sobre la base del abuso de derecho son aquellos en que la petición es arbitraria, es decir inmotivada o motivada de forma irrazonable: a) bien porque la defensa de oficio en autos no manifiesta ninguna carencia en su tarea ante el Tribunal,

b) bien porque las carencias o desacuerdos alegados por el propio acusado respecto de la defensa realizada por su abogado aparecen como irrelevantes o manifiestamente injustificadas, c) bien porque se ponga de manifiesto una estrategia dilatoria al demorar injustificadamente la solicitud hasta el propio momento del juicio o d) bien porque se aprecie una calculada desidia a la hora de hacer valer el propio derecho de defensa.

5º.- En todo caso al Tribunal le corresponde explicitar en sentencia la motivación de esa denegación, si se ha realizado en el juicio oral.

6º.- En definitiva, el canon de valoración relevante para determinar si se ha producido o no, vulneración del derecho constitucional de defensa, es la valoración de si el acusado ha dispuesto o no de una «defensa efectiva».

2.- Aplicando tal doctrina al caso enjuiciado del que proviene este recurso, hemos de concluir que se ha vulnerado, no solamente el derecho del letrado inicialmente designado para la defensa de Dª Irene Herminia, sino también el derecho de ésta a una defensa letrada ejercitada de manera efectiva en la práctica.

El reproche de abusiva o fraudulenta atribuido a la renuncia por el letrado no se avala con una argumentación convincente. Y ésta era tanto más necesaria cuanto que el contexto puso de manifiesto una multiplicidad de acuerdos entre las acusaciones y las defensas que determinaron conformidades por parte de éstas, de tal manera que la hipótesis alegada

de que quien actuaba como letrado de Dª Irene Herminia hubiera alcanzado también ese tipo de acuerdo no es inverosímil. Tampoco puede afirmarse cuál fue el tiempo de alcanzarla ni siquiera que entre ese momento y el comienzo de las sesiones del juicio oral la acusada tuviera ocasión de exteriorizar el disentimiento con su letrado y dispusiera de tiempo para conseguir una nueva asistencia letrada en condiciones que ésta fuera viable y efectiva.

Incluso las acusaciones públicas hicieron patente su coincidencia en que se encontraba la acusada en indefensión de hecho.

Lo que era inequívoco en el momento del comienzo de las sesiones de vista de juicio oral era la total pérdida de confianza de la acusada en su letrado. Y lo que era aventurado es atribuir sin más tal situación a una estrategia de letrado y defendida sin otra finalidad que el retraso del enjuiciamiento. Injustificación del reproche que hace más que probable la ausencia de toda razón que pudiera explicar el interés en dicho aplazamiento.

Por otra parte, la previsión de un trámite dentro de las sesiones del juicio oral para que el acusado sea interrogado no constituye solamente ocasión para desenvolver una actividad de naturaleza estrictamente probatoria, por lo demás no prevista como tal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata también de una ocasión para que el acusado, en cuanto a los hechos sobre los que fuere preguntado, pueda personalmente expresar lo que estime oportuno con finalidad defensiva. De ahí que no solamente se le permita renunciar total o parcialmente a dar esas respuestas, sino que ni siquiera se le pueda emplazar a decir verdad bajo juramento o promesa.

Y tal derecho de defensa sería perjudicado si se excluyera la asistencia de letrado durante la declaración. Por eso también resulta lesiva la decisión del Tribunal de privar de tal asistencia a la acusada ante el reiterado intento de aquella en contestar a las preguntas que se le formularan.

Finalmente, la decisión del Tribunal tuvo un indudable efecto colateral de privación del derecho a la utilización de medios de prueba. Por un lado, de la acusada, ya que se llevó a cabo el interrogatorio de otro coacusado cuando el letrado de la recurrente aún no había sido sucedido por otro en el ejercicio de la defensa. Y por otro lado, del recurrente D. Adriano Eleuterio quien también formuló como motivo de su recurso, haber sido privado de la posibilidad de interrogar a Dª Irene Herminia que legítimamente se negó a responder por no ser asistida de su defensa letrada.

Así pues el tan contumaz como injustificado rechazo por el Tribunal de la instancia a aceptar con las debidas consecuencias la sustitución de letrado que asistiera a Dª Irene Herminia supone una causa de nulidad de actuaciones tipificada en el artículo 238. 3 º y 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y, más allá de la mera ilegalidad ordinaria, supone también la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial, tanto en su manifestación de derecho a la asistencia de letrado como a la de utilizar los medios de prueba ( artículo 24.2 de la Constitución), todo ello evitando la indefensión proscrita en el artículo 24.1 de la Constitución.

TERCERO.- Antes de entrar a examinar las consecuencias que han de establecerse en relación con los diversos recursos por razón de esa declaración de nulidad, debemos examinar el motivo segundo formulado por D. Adriano Eleuterio, al amparo dl artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por violación del derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva. Y ello, en palabras del recurrente, con causa en que, pese a las peticiones de las partes, la policía judicial no ha incorporado a los autos el soporte completo y original de las escuchas telefónicas realizadas en virtud del Auto de autorización y de los subsiguientes Autos de prórroga de la medida.

La Sala de instancia argumentó: En lo relativo al cuestionamiento que de las escuchas se efectúa por la defensa, la vanalidad (sic) y nula fuerza del argumento esgrimido es evidente: En efecto, una cosa es que existan

transcripciones cuya copia en soporte escrito o digital no se haya incorporado a las actuaciones -ya lo dice la Policía a través de la expresión de «no resultar de interés para la causa», (piénsese vgr. en contenidos del todo ajenos a la investigación o que, incluso, pudieran afectar a la privacidad o a cualquier otra suerte de derechos de alguna de las partes o de terceros sin conexión alguna con el objeto de investigación), y otra muy distinta, como es obvio, que todo el material recabado, incorporado o no a la causa, se encuentre a disposición de las partes si así lo interesan tal y como queda siempre reflejado a través de la correspondiente diligencia del Letrado de la Administración de Justicia a la que indefectiblemente tienen acceso las partes personadas.

De tal texto de la sentencia deriva: a) Que, en relación con el resultado de las escuchas telefónicas, hay transcripciones cuya copia en soporte escrito o digital no se ha incorporado a las actuaciones; b) que la selección fue efectuada por la policía que intervino en las escuchas y c) que lo que denomina material «recabado» (¿quiere decir obtenido por la escucha?) está a disposición de las partes «si así lo interesan».

Al folio 78.792 y siguientes de la causa se incorpora escrito de la defensa de D. Torcuato Hector en el que tras prolija exposición de la situación sobre el traslado a la causa de los soportes continentes de la totalidad de conversaciones grabadas, solicita que se «remita» a esa parte y a las demás, «el soporte físico de absolutamente todas las conversaciones remitidas por la Brigada de Blanqueo de Capitales...» y que se dirija oficio a esa Brigada solicitándole «copia de absolutamente todas las actuaciones realizadas por dicha Brigada en relación con el Sumario Molinos, y que le remita todas las demás grabaciones que no habrían sido incorporadas al Sumario....». Invoca los artículos 281 y 579 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Al folio 78.806 figura providencia respuesta ordenando remitir oficio recaband, no que la Brigada aludida remita más soportes, sino que respecto del soporte físico de todas las grabaciones remitidas la Dirección General de la Administración de Justicia disponga lo necesario para obtener copia de aquellos soportes. Al folio 78.904 la parte ahora recurrente solicitó una copia pero en relación a lo que ya había sido remitido y ya unido a la causa.

En el folio 79.189, que recoge parte dispositiva del auto de apertura del juicio oral, se difiere la entrega de copia a alguna de las partes de las grabaciones efectuadas por la Brigada a que venimos refiriéndonos al momento en que se disponga de la herramienta necesaria.

En los folios 81.121 y siguientes de la causa (tomo 231) se recoge el escrito de denfensa del Sr. Torcuato Hector en el cual, además de una singular concepción del escrito desde la perspectiva de su regulación legal, se recoge un elenco, no poco curioso de los medios de prueba que solicitó para el juicio oral, en el que llega a instar que por el Juzgado (aunque se puntualiza Secretaría) se emita un «informe» sobre «el modo exacto y concreto en que se ha realizado el control judicial del contenido de las grabaciones con...» una serie de datos tan exóticos en el ámbito procesal como personas que lo efectuaron, tiempo dedicado y duración, por indicar algunos. Lo que no se solicita es la remisión de soportes de grabaciones diferentes de los que ya habían sido remitidos por la Brigada de Blanqueo de Capitales al Juzgado de Instrucción (folio 81.165).

Por otra parte ese imputado, que había suscitado en la instrucción diversas pretensiones de nulidad sin éxito, se conformó con la sentencia dictada en la instancia.

Lo que nos lleva a examinar si el recurrente D. Adriano Eleuterio mostró, en relación con las conversaciones intervenidas, alguna actitud de denuncia de ausencia de contenidos de grabados y no remitidos al Juzgado. Pues bien, además del escrito antes reseñado, observamos su escrito de defensa a los folios 80715 y siguientes. En el mismo, no solamente no se efectúa denuncia alguna acerca de la disponibilidad de acceso a aquellos contenidos grabados de conversaciones intervenidas, sino que, al formular los medios de prueba que solicita en dicho escrito, se observa la más clamorosa ausencia de cualquier petición relacionada con las conversaciones intervenidas y grabadas. Firma el escrito de defensa el mismo ilustre letrado que suscribe el recurso de casación. Y en éste también indica que formalizó solicitud de nulidad en el trámite de informe - es decir ya cerrada la fase de prueba- sin que ni tan siquiera alegue haber expuesto protesta al tiempo en que en dicho plenario se llevó a cabo la práctica de cualquier medio de prueba a través del cual se «instrumentalizara», en expresión del recurrente, las grabaciones de dichas conversaciones intervenidas.

Como constatación de la indefensión que se derivaría, alega unos textos entrecomillados -no dice si como contenido de lo que el acusado declaró en el juicio oral o como transcripción de conversaciones telefónicas existentes pero de las que no se habría remitido su grabación- respecto de los cuales cabe decir: a) que, si son textos de la supuesta conversación, el acusado dispuso del mismo y pudo por ello aportarlo y b) que, en todo caso, resultan redundantes respecto de lo que los demás medios de prueba ya aportaron, lo que aleja la más mínima sombra de indefensión.

Finalmente cabe recordar que la invocación que se hace de los artículos 588 en sus diversos apartados, no eran de aplicación a la tramitación en la fase de instrucción de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley Orgánica 13/2015 que dispuso: 1. Esta ley se aplicará a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor. 2. La Ley se aplicará también a las diligencias policiales y fiscales, resoluciones y actuaciones judiciales que se acuerden tras su entrada en vigor en procedimientos penales en tramitación. La entrada en vigor de dicha ley fue a los dos meses de su publicación en octubre de 2015.

Por todo ello el motivo se rechaza.

CUARTO.- 1.- Debemos pues ahora determinar cuales sean las concretas consecuencias que tal conclusión acarrea, no solamente en relación con los recursos de Dª Irene Herminia y D. Adriano Eleuterio y de NTA, sino, incluso, respecto a los demás recursos, y aún, respecto de los acusados no recurrentes, absueltos o penados.

No es ocioso recordar a estos efectos la consabida diferenciación, al menos doctrinal, entre los conceptos de procedimiento y proceso. Suele decirse que aquél hace referencia a aspectos puramente formales o externos, y a éste concierne lo relativo a los presupuestos de validez o los efectos jurídicos de los actos a través de los cuales se realiza la andadura procedimental. Sin desconocer que otros sectores doctrinales se decantan por el término «juicio» como más definidor de la esencia de la función (lógica desplegada por el juez) jurisdiccional, lo que ahora queremos resaltar es que un único procedimiento puede albergar pluralidad de procesos. Cabe así que en aquél se simultaneen una pluralidad de pretensiones, incluso antitéticas, referidas a diversos objetos condicionados por sendos presupuestos específicos y que puede concluir con plurales decisiones. O, más nítidamente, porque procedimientos iniciados como separados se acumulen confluyendo en un único sin que a eso siga la reducción a unidad de los correspondientes objetos de aquéllos.

Esa diversidadde condicionamientos y la perspectiva de diferentes contenidos de cada decisión, permite también constreñir a uno de los procesos, con indemnidad para otros, las consecuencias que deban anudarse a defectos en los presupuestos objetivos y subjetivos del correspondiente proceso que no concurren en los de otro proceso. Y también cuando se trata de defectos formales del procedimiento, si los mismos son independientes de los actos por los que se desarrolla el que atañe a otro de los objetos del mismo procedimiento.

En esos casos es de aplicación lo que establece el artículo Artículo 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en sus aparatados 1 y 2: 1. La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos que fueren independientes de aquél ni la de aquéllos cuyo contenido hubiese permanecido invariado aun sin haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad. 2. La nulidad parcial de un acto no implicará la de las partes del mismo independientes de la declarada nula.

Resulta necesario para ello establecer el criterio que nos permita identificar cada proceso, aun cuando los diversos sigan su andadura bajo la unidad de procedimental.

El objeto de la acusación y del proceso, decía la doctrina procesalista clásica, no es ni un delito ni un efecto jurídico-penal determinado sino un hecho individualizado considerado como delito, Individualizado, entre otras circunstancias, por su atribución o pertenencia a alguien concreto. Ese hecho y ese sujeto inculpado determinan la litispendencia y el alcance de la cosa juzgada y la congruencia entre acusación y fallo.

En el caso que ahora juzgamos estableceremos las consecuencias de la nulidad que declaramos bajo las antes expuestas motivaciones, atendiendo al contenido de la decisión recaída en la instancia respecto de diversos grupos de hechos y acusados.

2.- Respecto de los acusados absueltos y en relación con los cuales no se ha formulado recurso alguno por parte de las acusaciones.

Se recogen en la parte dispositiva de la sentencia de instancia:

« Irene Herminia : a).- Del delito de prevaricación administrativa que aparece descrito en el epígrafe C-5 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada. b).- Del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe C-5 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada. c).- Del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada. d).- Del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe F-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada. e).- Del delito de tráfico de influencias que aparece descrito en el epígrafe B-1 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada.f).- Del delito de tráfico de influencias que aparecen descritos en el epígrafe C-5 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada. g).- Del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada. h).- Del delito de uso de información privilegiada del que aparece acusada por el Ayuntamiento de La Muela y del que resulta acusada.

Se declaran de oficio las 8/147 partes de las costas causadas.

En cuanto al delito de exacciones ilegales que aparece descrito en el epígrafe C del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada, y viene absuelta se estará a lo que expondremos sobre el recurso interpuesto por la acusación.

«BANTIERRA» (antigua «CAJALON») del delito de blanqueo de capitales que aparece descrito en el epígrafe A-4 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal.

Se declaran de oficio la 1/147 parte de las costas causadas.

Humberto Isidro a).- Del delito de prevaricación administrativa que aparece descrito en el epígrafe E-1 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado. b).- Del delito de prevaricación administrativa que aparece descrito en el epígrafe F-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado. c).- Del delito de falsedad documental que aparece descrito en el epígrafe E-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado. d).- Del delito de fraude de subvenciones que aparece descrito en el epígrafe E-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio las 4/147 partes de las costas causadas.

Desiderio Sabino : a).- Del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe C-5 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio las 1/147 partes de las costas causadas.

Respecto del delito de fraude y exacciones ilegales que aparece descrito en el epígrafe C del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado y viene absuelto se estará a lo que expondremos sobre el recurso interpuesto por la acusación.

Isidro Camilo : a).- Del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe C-5 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.b).- Del delito de fraude y exacciones ilegales que aparece descrito en el epígrafe C del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio las 2/147 partes de las costas causadas.

Anselmo Victorino del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Anselmo Victorino del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por la acusación particular ostentada por el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Hipolito Evelio del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Victor Carlos del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Victor Carlos del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Cornelio Ricardo del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Cornelio Ricardo del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Nicolas Norberto del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe f-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Pedro Porfirio del delito de fraude y exacciones ilegales que aparece descrito en el epígrafe C del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado y viene absuelta se estará a lo que expondremos sobre el recurso interpuesto por la acusación.

Pedro Porfirio del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Pedro Porfirio del delito de tráfico de negociaciones prohibidas a los funcionarios que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Mariano Oscar del delito de tráfico de influencias que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Romeo Ovidio : a).- Del delito de prevaricación administrativa que aparece descrito en el epígrafe F-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado. b).- Del delito de tráfico de influencias que aparece descrito en el epígrafe C-5 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado. c).- Del delito de tráfico de influencias que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado. d).- Del delito de falsedad documental que aparece descrito en el epígrafe B-1 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio las 4/147 partes de las costas causadas.

Torcuato Hector : a).- Del delito de tráfico de negociaciones prohibidas a los funcionarios que aparece descrito en los epígrafes B-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado. b).- Del delito de tráfico de influencias que aparece descrito en el epígrafe B-1 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado. c).- Del delito de tráfico de influencias que aparece descrito en el epígrafe C del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado. d).- Del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA.

Se declaran de oficio las 4/147 partes de las costas causadas.

Serafin Nicolas del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios que aparece descrito en los epígrafes B-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 partes de las costas causadas.

German Nicolas del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios que aparece descrito en los epígrafes B-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Jacobo Marcos del delito de tráfico de negociaciones prohibidas a los funcionarios que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Jacobo Marcos del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Anselmo Victorino del delito de falsedad documental del que es acusado por la acusación particular ostentada por «DE BROSSE PROMOCION Y GESTIÓN INMOBILIARIA S.A. VEREDA DE LA DEHESA S.L Y BROCOVER PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.»

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Anselmo Victorino del delito de estafa del que es acusado por la acusación particular ostentada por «DE BROSSE PROMOCION Y GESTION INMOBILIARIA S.A. VEREDA DE LA DEHESA S.L Y BROCOVER PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.».

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Sergio Victorino del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por la acusación particular ostentada por el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Cornelio Ricardo del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por la acusación particular ostentada por el AYUNTAMIENTO DE LA MUELA.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Onesimo Leovigildo del delito contra la Hacienda Pública relativo al IRPF en el ejercicio 2.003 del que resulta acusado por el Abogado del Estado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Onesimo Leovigildo del delito contra la Hacienda Pública relativo al IRPF en el ejercicio 2.004 del que resulta acusado por el Abogado del Estado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Onesimo Leovigildo del delito contra la Hacienda Pública relativo al IRPF en el ejercicio 2.005 del que resulta acusado por el Abogado del Estado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Onesimo Leovigildo del delito contra la Hacienda Pública relativo al IS en el ejercicio 2.005 del que resulta acusado por el Abogado del Estado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Onesimo Leovigildo del delito contra la Hacienda Pública relativo al IVA en el ejercicio 2.005 del que resulta acusado por el Abogado del Estado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Marino Hector, del delito de cohecho del que venía acusado y a "PROMOCIONES BALZOLA S.A." de los pedimentos civiles contra ella deducidos, y con relación a los hechos relatados en la letra F.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Alexander Norberto por delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios señalados en la letra D y por delito de tráfico de influencias

Se declaran de oficio 2/147 partes de las costas causadas.

Alexander Sergio por delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios señalados en la letra D y por delito de tráfico de influencias

Se declaran de oficio 2/147 partes de las costas causadas.

Ricardo Torcuato por delito de blanqueo de capitales imputado en la letra A.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas. Julio Iñigo por el delito de cohecho apartado F. Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

Bartolome Victorino por un delito de falsedad en documento mercantil del artículo 392 del Código Penal, en relación el 390 apartados 1 ó 2, o subsidiariamente un delito de falsedad en documento privado de artículo 395 del Código penal, en concurso con un delito continuado de estafa agravada atendido el valor de la defraudación y al aprovechamiento de su credibilidad empresarial de los artículos 74, 77, 248, 249, 250 5º.

Se declaran de oficio 2/147 partes de las costas causadas. Jacinto Bernardino por el delito de tráfico de influencias. Se declaran de oficio 1/147 partes de las costas causadas.»

3.- Respecto de los acusados absueltos de todas o algunas pretensiones de las acusaciones y en relación con cuyas absoluciones aquellás (Ministerio Fiscal y Ayuntamiento de La Muela) formularon recurso.

3.1.- Tales recursos fueron formalizados por el Ministerio Fiscal (motivo primero) y el Ayuntamiento de La Muela (motivo primero, por quebratammiento de forma, y segundo por infracción de ley) en relación a los acusados Dª Irene Herminia y D Pedro Porfirio por los hechos descritos en el apartado B-1 de los hechos probados por el delito de fraude y exacciones ilegales, aunque solamente en lo relativo a la responsabilidad civil de la que vienen absueltos.

El hecho fundamento de esos recursos la sentencia lo describe como probados así:

A instancias de la Alcaldesa de La Muela en sesión extraordinaria de 20 de marzo de 2.003 el Pleno del Ayuntamiento de La Muela adoptó el acuerdo de transmisión a la "SOCIEDAD URBANISTICA DE LA MUELA" (en adelante "SULM') de determinadas fincas de propiedad municipal. Las parcelas de las que era titular el Ayuntamiento integraban los bienes con aprovechamiento urbanístico del proyecto de Reparcelación de la antigua Zona Norte, Sector U-19, sector I del P.G.O.U. de La Muela. Las fincas resultantes sobre la aportación municipal tenían los números de orden de proyecto 14.6. a; 14.7; 25.3; 31.1; 31.2; 36.5; 37.1; 37.2; 38-39; 40-41; 43-44-45-46-47-48; 50.2; 50.3; 57.2; y 57. 3. y las fincas de cesión obligatoria tenían los números de orden: 10-11-12-13; 28-29-30; y 33-34.

Todo ello se hizo sobre la base de que las mismas ostentaban la naturaleza de bienes patrimoniales, integrados automáticamente en el patrimonio público de suelo, y que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 89-1 de la Ley 5/99, los bienes de patrimonio público de suelo tenían que ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social, estableciéndose que el producto de la enajenación de estos bienes se destinaba a la financiación de obras de interés social ciudad, deportiva y construcción de la nueva Casa Consistorial Centro de Interpretación de la Energía Eólica.

De esta forma y al amparo del artículo 92 de la Ley 5/99 se procedió a la transmisión directa de las fincas municipales por un recio de 2.253.795,95 ? y cuyo acuerdo adoptado de transmisión directa a /a Sociedad Urbanística La Muela S.A. fue comunicado a a Diputación General de Aragón a los efectos del artículo 186 de la ey 7/99, otorgándose la autorización de transmisión por el departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, publicándose la orden de fecha 28 de abril de 2.3 en el Boletín Oficial de Aragón de fecha 7-5-2003 y estableciéndose que estando los bienes a enajenar por el Ayuntamiento de La Muela integrados en el patrimonio municipal de ese municipio y de acuerdo con el artículo 118 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, dicha enajenación se regiría por su normativa específica, contenida en el artículo 92 de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón, que preveía la transmisión directa de terrenos entre los Ayuntamientos y sus respectivas sociedades instrumentales, con fines de promoción pública de viviendas, construcción de equipamiento comunitario u otras instalaciones de uso público o interés social, finalidad que se entendía acreditada en la documentación remitida por el ayuntamiento de La Muela. Sin embargo, dicha orden fue codificada por la de 2 de julio de 2.003, publicada en el BOA de echa 18-7-2003 por la que aplicándose la excepción legal referida codificaba la anterior, haciéndose constar la aplicación de la excepción prevista en el artículo 89.2 del mismo texto legal, en elación con el destino de dichos bienes, por ser incompatible la finalidad de la construcción de viviendas de protección pública con l planeamiento de aplicación por las circunstancias existentes de situación, precio y costes de urbanización, según quedaba reflejado n el Informe del Arquitecto Municipal Cecilio Claudio remitido por I Ayuntamiento. El artículo 89.2 de la Ley 5/1.999 aplicado establecía no obstante que la enajenación de los bienes acogidos a excepción debería ser mediante subasta pública No ha quedado acreditado que el arquitecto municipal Sr. Cecilio Claudio hubiera efectuado deliberadamente el indicado informe con a finalidad de favorecer los intereses de la Sra. Irene Herminia, así como tampoco, que esta última ejerciera presión alguna sobre dicho arquitecto para que emitiera su informe en un determinado sentido

Tampoco ha sido posible acreditar que dicho acusado faltara propiamente a la verdad, ni que albergara la intención de hacerlo, en la emisión de su informe.

Sin embargo y contrariamente a ello, parte de estas fincas (concretamente las num. NUM114 - NUM046 - NUM064 - NUM054 - NUM115 y NUM117) no fueron objeto de subasta pública, como si lo fueron el resto de parcelas transmitidas a la "SULM" por el acuerdo del Ayuntamiento, sino que se enajenaron directamente el 2 de agosto de 2.004 por la "SOCIEDAD URBANÍSTICA" representada en el citado acto por Irene Herminia y previo acuerdo de Pedro Porfirio y Irene Herminia, produciéndose tal enajenación al margen del procedimiento establecido en la normativa urbanística y por un precio inferior al de terrenos subastados en el mismo sector, a la mercantil "EBROGAN S.L..", con CIF B-50150481 cuyo administrador único lo era el acusado ya fallecido Bernabe Hernan.

Asimismo, las fincas en cuestión fueron vendidas a un precio muy inferior (las pérdidas para el Ayuntamiento derivaban de los bajos precios en que se le vendió cuya media fue de 49,25 ? el metro cuadrado) y con el exclusivo propósito de favorecer los intereses particulares de la Alcaldesa y de los Sres. Bernabe Hernan y Pedro Porfirio, siendo de significar que las parcelas num. NUM114 - NUM046 NUM064 - NUM054, NUM115, y NUM115 que se enajenaron directamente a "EBROGAN" fueron vendidas el mismo día de su adquisición, tras una segregación y un préstamo en protocolos notariales continuos, a la entidad "ARANADE", mercantil de Pedro Porfirio, quien tal y como se expone en el apartado A de estos hechos probados se encargaba de la gestión de la "SOCIEDAD URBANÍSTICA" y que de esta forma veía favorecidos sus intereses al ser colindantes con otras fincas de su propiedad.

Las cinco fincas descritas, como procedentes del Patrimonio Público del Suelo del Ayuntamiento de La Muela, estaban sujetas a los derechos legales de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento de La Muela, previsto en el artículo 93 bis de la Ley 5/1.999 de 25 de marzo, Urbanística de Aragón. A pesar de que se advirtió por el Notario que no se había justificado que el Ayuntamiento,hybiera, tenido conocimiento de la venta a "ARANADE", y,r,-edeeMP' citado derecho, se comunicó por los apoder"\, ambas mercantiles que la venta se había puesto en conocimiento del Ayuntamiento Consta en la escritura que solicitaron al Notario que o fue aquel quien notificó la escritura de compraventa al yuntamiento y que serían las mercantiles quienes lo comunicarían, in que la citada comunicación se realizara. Irene Herminia, onocedora de esta situación, no informó al Ayuntamiento de la enta ni convocó el pleno correspondiente, evitando de esta forma ue el Ayuntamiento pudiera reivindicar su derecho.

Torcuato Hector intervino como mediador o comisionista n las citadas operaciones percibiendo en concepto de comisiones a cantidad de 1.297.690,79 ? Para justificar su existencia el Sr. Torcuato Hector ordenó confeccionar y presentó a la parte compradora una erie de facturas cuyos conceptos nada tenían que ver con la omisión contando para ello, entre otros, con la colaboración del acusado Agustin Urbano que emitió en nombre de la entidad "ARTEBIT" las facturas de fechas 20 de mayo de 2.4 por importe de 135.000 ? y de 21 de mayo de 2.004 por importe de 08.000 ?. Además presentó seis facturas más a nombre de diferentes personas físicas o jurídicas las cuales desconocían su existencia, ascendiendo lo así facturada a un total de 726.517,68 ? ás IVA.

No consta que el Acusado Torcuato Hector hubiera ejercido presión alguna sobre la Alcaldesa para hacer posible su intervención como comisionista en las mencionadas cooperaciones inmobiliarias.

3.2.- Respecto del objeto penal constituido por este hecho (B.1) ha de distinguirse la parte de la resolución que se refiere a la penada Dª Irene Herminia de la parte que se refiere al penado aquietado Sr. Pedro Porfirio. En relación con aquella nulidad, que solicitó y se estimó, alcanza también a esa imputación, aunque los recurrentes (Ministerio Fiscal y Ayuntamiento) nada insten al respecto. En relación al penado Sr. Pedro Porfirio ha de decidirse en el mismo sentido que indicaremos al estudiar el siguiente grupo (3) de penados por conformidad.

Respecto de la resolución en la instancia absolviendo a ambos acusados de la responsabilidad civil, los recursos dejan aquélla sin efecto de cosa juzgada. Pero no podemos sin embargo entrar a examinar la pretensión contra Dª Irene Herminia ya que pende decidir en la instancia su eventual responsabilidad penal a consecuencia de la nulidad acordada.

En cuanto a la responsabilidad civil del Sr. Pedro Porfirio el Ministerio Fiscal interesa que se fijen las bases para su concreción en ejecución. Y el Ayuntamiento entiende, en el motivo primero, que la sentencia incurre en defecto de forma al amparo del artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Alega que existe una «contradicción notoria», que estima se revela evidente al reparar en que el Sr Pedro Porfirio se conformó con la pena y responsabilidades civiles que contra él reclamaba el Ministerio Fiscal. Pero, como el mismo motivo del recurso transcribe, el escrito que reflejaba tal conformidad por el Sr Pedro Porfirio concluía con la advertencia de que se efectuaba «siempre que tales extremos coincidan exactamente con las del Ministerio Fiscal, y dicho, claro está, en el ámbito de la participación de mi representado.». Y en el motivo segundo, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estima que se vulnera la norma que en el Código Penal (109 y 116) regula la responsabilidad civil por razón de la responsabilidad penal.

Coinciden ambos recursos, el motivo primero del Ministerio Fiscal y segundo del Ayuntamiento, en ser formulados al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora bien, esa responsabilidad civil instada respecto al Sr. Pedro Porfirio lo sería de manera solidaria con la de la otra acusada Dª Irene Herminia. Por ello no podrá ser diverso el contenido de la decisión para cada uno de sendos obligados a reparar ex delicto.

La declaración de nulidad en relación con la condena de Dª Irene Herminia implica que la declaración de si el hecho ha de ser tenido por probado alcanzará también al Sr. Pedro Porfirio. Ciertamente, en cuanto a éste, en lo penal -como veremos al examinar el siguiente (·3) grupo- no podrá derivársele empeoramiento de la condena que le fue impuesta ya en la instancia. Pero, en la medida que la responsabilidad civil deriva de la penal y la condena de Dª Irene Herminia se ha dejado sin efecto, el recurso del Ministerio Fiscal, y por ello el del Ayuntamiento, no pueden ser resueltos ya que es presupuesto de ello que antes sea dictada la nueva sentencia en la instancia, como habrá de hacerse por la estimación de la Sra. Begoña Emma y el Sr. Adriano Eleuterio

3.3.- En segundo lugar formaliza el Ministerio Fiscal recurso en relación a Dª Irene Herminia, D. Pedro Porfirio y D. Desiderio Sabino al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción de los artículos 436 del Código Penal y 109 y 116 del mismo, en relación al hecho C de los declarados probados, circunscrito en concreto a la operación relativa a la denominada Parcela NUM067, y en cuanto fueron absueltos del delito de fraude a la Administración, y pide su condena penal, así como la declaración de responsabilidad civil de las entidades Aranade SL y Sagain SL.

Por su parte el Ayuntamiento de La Muela formalizó recurso, por quebrantamiento de forma (motivo primero) e infracción de ley (motivo tercero) y de precepto constitucional (motivo cuarto), solicitando también que se condene por el delito de fraude y exacciones ilegales a Dª Irene Herminia, D. Pedro Porfirio y D. Desiderio Sabino a la pena solicitada en su escrito de conclusiones definitivas, y a la consiguiente condena al pago de la responsabilidad civil al Ayuntamiento de La Muela, en relación al Hecho C, Epígrafe C (Sagain), y a la parcela NUM051 del Polígono NUM066, respondiendo subsidiariamente de esta cantidad las mercantiles ARANADE, S.L y CONSTRUCCIONES SAGAIN,S.L..

Y asimismo, insta que se condene por el delito de fraude y exacciones ilegales a Dª Irene Herminia, D. Pedro Porfirio y D. Desiderio Sabino a la pena solicitada en su escrito de conclusiones definitivas, y a la consiguiente condena al pago de la responsabilidad civil al Ayuntamiento de La Muela, ?, en relación al Hecho C, Epígrafe C (Sagain), y a la parcela NUM067 del POLÍGONO000, respondiendo subsidiariamente de esta cantidad las mercantiles ARANADE, S.L y CONSTRUCCIONES SAGAIN,S.L. Ciertamente la articulación de estos motivos genera no poca perplejidad. Así, dos (primero y cuarto) de los motivos, de ser estimados, acarrearían inexorablemente la reposición de actuaciones al momento de la infracción procedimental o constitucional alegados, pese a lo cual se suplica que, de procederse a tal estimación, se dicte segunda sentencia en casación estimando las pretensiones de la parte recurrente en la instancia. Esa es sin duda una incoherencia entre lo que se pide -la estimación y dictar segunda sentencia- y sus propios fundamentos -quiebras de forma o lesión del derecho a la tutela judicial-; lo que no impide que se examine, en primer lugar, la denuncia de vulneración constitucional.

Agregando los hechos a los que los motivos se refieren -por más que el del Ministerio Fiscal sea más limitado al referirse solamente a la parcela NUM067 - cabe describir de manera extractada acotando los siguientes particulares:

Tal y como se ha expuesto en el epígrafe A, "la Sociedad Urbanística de la Muela" estaba gestionada por la mercantil "ARANADE", representada y administrada por el acusado Pedro Porfirio, constituyéndose la misma como cualquier entidad pública para gestionar de una forma más eficaz y criterios más profesionales los intereses del Ayuntamiento de la Muela, tratando de evitar que la excesiva burocratización de los trámites administrativos perjudicasen los intereses económicos del Ayuntamiento, siendo en definitiva el objeto de su gestión fondos, suelos públicos, de cuyo rendimiento positivo se debía beneficiar el Ayuntamiento de La Muela. En este sentido, la Sociedad Urbanística estaba obligada a respetar los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia que presiden el derecho público.

Por su parte " CONSTRUCCIONES SAGAIN SL", con CIF B20641080, fue constituida en virtud de escritura otorgada en San Sebastián el 22-10- 1998, siendo una sociedad familiar y nombrándose administrador único al acusado Desiderio Sabino. Como objeto social de la misma se establecía la promoción de planes generales parciales de ordenación urbana, el saneamiento y urbanización de fincas; la construcción, compraventa y arrendamiento de fincas rústicas y urbanas y la edificación de toda case de edificios, pabellones industriales, viviendas y locales comerciales.

...Así las cosas, mediante escritura de 29-11-2004 "CONSTRUCCIONES SAGAIN SL" representada por su administrador único Desiderio Sabino adquirió de la "SOCIEDAD URBANÍSTICA LA MUELA S.A." representada por la Dª Irene Herminia, con CIF A-50727114, por un valor declarado a fictos fiscales de 1.752.816,50 Euros y por un precio escriturado e 150,25 euros/m2 la finca con referencia catastral NUM116 (polígono NUM066, parcela NUM051) la cual pertenecía la "SULM" por compra a Don Ivan Manuel, según escritura de 8-3-2001, apareciendo descrita en la escritura de compraventa como : "Olivar secano en término municipal de La Muela, partida DIRECCION003, con una superficie de 1 hectárea, 16 'reas y 66 centiáreas (11.666 m2)". Dicha finca, que se encontraban en fase de urbanización en el momento de su transmisión, tenía, en cuanto a una porción de 5.746,57 m2 la calificación urbanística de suelo urbano consolidado, y en cuanto a la restante porción, de 5- 19,43 m2, la calificación urbanística de suelo urbano no consolidado.

De dicha finca matriz, "CONSTRUCCIONES SAGAIN SL", segregó posteriormente una porción con una superficie de 5.746 2, con calificación urbanística de suelo urbano consolidado, valorándose dicha segregación en 4.750.153 Euros, y cuya parte segregada fue a su vez transmitida a la sociedad PROMOCIONES NMOBILIARIAS LANUZA S.A, mediante escritura otorgada el 18 de nero de 2005, actuando el acusado Desiderio Sabino en nombre y representación de la compañía mercantil `CONSTRUCCIONES SAGAIN SL" por un valor declarado a efectos fiscales de 4.750.153 euros que la parte vendedora manifestó haber recibido íntegramente de la compradora "PROMOCIONES ANUZA", reconociendo aquella haber recibido de la sociedad compradora el importe correspondiente al IVA que ascendió a760.024,48 euros. El precio medio pagado, sin incluir el IVA, a "CONSTRUCCIONES SAGAIN SL" por parte de "PROMOCIONES INMOBILIARIAS LANUZA S.A" en esta compra fue de 826,69 e u ros/m 2.

De la misma forma, la parte del suelo que quedó y que tenía calificación urbanística no consolidado y una superficie de 5.920 m2 (4.736 m2 de techo edificable) fue vendida mediante escritura de fecha 3-2-2005 por "CONSTRUCCIONES SAGAIN SL", representada por Desiderio Sabino, por un valor a efectos fiscales de 2.134.546.64 Euros, a la mercantil " PROMOCIONES LANUZA S.A", manifestando la parte vendedora haber recibido íntegramente de la compradora el precio y el importe correspondiente al IVA que ascendió a 341.527,46 Euros. El precio medio pagado, sin incluir el IVA a "CONSTRUCCIONES SAGAIN SL" por parte de "PROMOCIONES LANUZA" en esta compra fue de 360,56 euros/m2.

En ninguna de estas dos operaciones aparece acreditado que hubiera mediado concierto previo entre los acusados Irene Herminia, Pedro Porfirio, Desiderio Sabino y Isidro Camilo con la finalidad de perjudicar los intereses del Ayuntamiento de La Muela.

Ambas parcelas se encontraban integradas dentro de la Unidad de Ejecución n° 14 del PGOU de La Muela.

La plusvalía generada en esta operación a favor de "SAGAIN" fue de 5.131.883,14 Euros en dos meses y 4 días.

Asimismo Irene Herminia en solitario y en representación de la SOCIEDAD URBANÍSTICA", suscribió un contrato privado con el acusado Desiderio Sabino, en representación de SAGAÍN" de fecha 25 de octubre respecto de la parcela NUM067 de nueva creación en el ámbito del plan parcial del sector 4 a la SOCIEDAD URBANÍSTICA DE LA MUELA SA", 200.000 m2, por n precio de 72,12 Euros m2, en total 14.424.000 Euros, comunicando Desiderio Sabino en fecha 19-10- 2004 a dicha sociedad la aceptación enviada a Irene Herminia, de la misma rma que ésta, Irene Herminia y Pedro Porfirio, a través de ARANADE, le comunicaban (a Desiderio Sabino) una vez suscrito el contrato los gastos que se reclamaban directamente a SAGAIN".

En el contrato privado se estableció un pago de 500.000 uros en el momento de la suscripción del contrato privado, la entrega de un pagaré por 2.000.009 euros con vencimiento el 25-1005, la entrega de un pagaré por 2.000.009 euros con vencimiento l 25-4-2005, el pago de 1.506.000 euros al 75% de las obras de la urbanización, el pago de 1.506.000 euros al 100% de las obras de la urbanización y el pago de 6.894.000 en el momento de la escritura e subrogación del préstamo que gravaba el suelo. En definitiva, mediante el pago así pactado, "SAGAIN" sufragaba las obras de urbanización y posteriormente pagaba el préstamo, de tal forma que I beneficio obtenido por la "SOCIEDAD URBANÍSTICA" no queda ien determinado.

La mercantil "CONSTRUCCIONES SAGAIN SL", el 24-5005, representada por su administrador único Desiderio Sabino, escrituró la compra de la parcela NUM067 de nueva creación en el ámbito del plan parcial del sector 4 a la "SOCIEDAD URBANÍSTICA DE LA MUELA SA", 200.000 m2 de suelo, por un precio declarado a efectos fiscales de 14.424.000 euros (precio medio de 72,12 euros/m2) y vendió el 17-2-2006 (apenas 9 meses después) esa misma finca a "INVERSIONES AGUINA SL" por un importe de 26.444.532,59, es decir a 132,22 euros/m2. Dicho precio fue inferior en 593.874 euros al valor que se le había dado a la finca en el mes de julio de 2003 que era de 15.017.874 euros, cuando se constituyó hipoteca sobre ésta y 8 fincas más, a favor de "CAJA RIOJA", en garantía de un préstamo de 24.000.000 euros, perjudicando a la sociedad y con ella al Ayuntamiento como único socio y favoreciendo con ello a Desiderio Sabino.

La finca aparece descrita en la escritura de compraventa como PARCELA NUM067 (INDUSTRIAL DE EDIFICACIÓN AISLADA). Parcela de nueva creación en el ámbito del Plan Parcial del Sector 4-1 de suelo urbanizable de uso industrial aislado, divisible, de 200.238,20 m2 según título, si bien su superficie real según medición realizada fue de 200.000 m2. La finca pertenecía a la "SOCIEDAD URBANÍSTICA DE LA MUELA SA" por adjudicación en el Proyecto de Reparcelación del plan Parcial del Sector 4-1 de Suelo Urbanizable industrial de la Muela, aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 27-8-2003.

La finca estaba afecta, con carácter real, a favor del Ayuntamiento de La Muela, al pago del saldo de la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de Reparcelación del plan Parcial del Sector 4-1 de Suelo Urbanizable e Industrial de La Muela en una cuantía de 7.114.367,39 euros y le correspondía una cuota en el pago de la liquidación definitiva por los gastos de urbanización el 22,34%.

Además estaba sujeta por razón de procedencia de las fincas portadas a la reparcelación del Sector 4 del Polígono Industrial del plan Parcial de suelo urbanizable de La Muela, a los derechos de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento de la Muela, previsto en el artículo 93 bis de la Ley 5/1999 de 25 de marzo urbanística de Aragón

En el momento de su venta la finca estaba gravada, junto con otras fincas, con una hipoteca a favor de "CAJA RIOJA", en garantía de un préstamo de 26.999.000 ? en total, de los que la finca objeto de esta escritura respondía, como consecuencia de la distribución de responsabilidad hipotecaria formalizada en escritura autorizada el 7-5- 2004 por importe de 6.894.000 ? de principal, más otras cantidades de intereses, costas y otros gastos; siendo esa cantidad, 6.894.000 ?, el saldo pendiente del préstamo en el momento de la venta.

El precio acordado por las partes para la transmisión de esta finca fue de 14.424.000 ?, de los que la parte vendedora reconoció haber recibido antes de ese acto, 7.530.000 ? mientras que los estantes 6.894.000? los retuvo la parte compradora para satisfacer el débito hipotecario que gravaba la finca objeto de la transmisión en el que se subrogó la parte compradora, consintiendo en ello los representantes de "CAJA RIOJA" que también concurrieron al otorgamiento de esta escritura

La parte vendedora reconoció haber recibido de la compradora el importe correspondiente al IVA que grava la compraventa que se formalizó en ese contrato al tipo del 16% sobre la base del precio de venta.

La acusada Irene Herminia, en representación de la "SOCIEDAD URBANÍSTICA DE LA MUELA S.A" en la escritura de venta se obligó en nombre de la sociedad al pago de la totalidad de los gastos de urbanización correspondientes a la finca que se vendía, conforme a las previsiones del Planeamiento Municipal del Ayuntamiento de La Muela a "CONSTRUCCIONES SAGAIN SL".

Como ya se ha expuesto, la finca estaba afecta con carácter real a favor del Ayuntamiento de La Muela al pago del saldo de la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial del Sector 4-1 de Suelo Urbanizable e Industrial de La Muela en cuantía 7.114.367,39 ? y le correspondía una cuota en el pago de la liquidación definitiva por los gastos de urbanización del 22,34%.

Conforme a lo estipulado era la SULM la que asumía el pago de los gatos de urbanización que, por otra parte, estaba concluida según la certificación de 22-4- 2005.

De este modo se perjudicaron los intereses económicos del Ayuntamiento y por ello no se redactó en la escritura la existencia de los contratos privados anteriores ni la forma de pago.

3.4.- El Ministerio Fiscal solicita la condena penal en segunda sentencia a dictar por esta Sala, partiendo de los hechos (bloque C en relación con la Parcela NUM111) tal como son declarados probados. El Ayuntamiento, parte de que aquella declaración no es coherente por recoger afirmaciones contradictorias

Dado que su estimación implicaría, en la medida que corresponda, la anulación del procedimiento en la instancia, con reposición de actuaciones al momento de la infracción causante de la nulidad, comenzaremos, sin embargo, por examinar el motivo cuarto de los formulados por el Ayuntamiento. Este también parte del relato de hechos probados. Pero, a diferencia del otro recurrente público, estima que ese relato de la sentencia de instancia dice, a la vez, dos cosas irreconciliables desde la coherencia lógica: que la SULM estaba obligada a respetar los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia, al enajenar las fincas a las que alude el relato probado expuesto, y, sin embargo, excluye el delito porque considera que no concurren los elementos del tipo penal de fraude, pese a que aquellos principios se proclaman vulnerados. La exclusión del elemento «concierto» entre particular y autoridad o funcionario no eliminaría la contradicción ya que, dice el recurrente, las ventas suponen un contrato y éste un concierto.

No parece muy afortunado este argumento. El «concierto» del tipo penal del artículo 436 es bien diverso del que está ínsito en el «acto de las modalidades de contratación pública». Por eso el artículo 436 el Código Penal recoge ambas referencias.

No obstante, tiene un indudable mayor interés la puesta en evidencia de las ausentes explicaciones que justifiquen que a un mismo tiempo se afirme, como hace la sentencia, las exigencias procedimentales de aquellos actos de venta con los beneficios reportados y se niegue la existencia de un pacto delictivo entre el funcionario que abdica de observar tales principios y el particular tan reprochablemente beneficiado.

Porque esa ausencia de explicación no es un defecto de motivación. Eso es una ausencia total de motivación, es decir de lo que realmente debería motivarse en cuanto determinante de la absolución.

Lo que supone vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Y estimamos este motivo antes que el propuesto por el Ministerio Fiscal porque la premisa del recurso de esta acusación pública parte de que el relato de lo probado es suficiente e inequívoco respeto a la concurrencia de todos los elementos del tipo de fraude del artículo 436 del Código Penal. Y es que tal tesis del Ministerio Fiscal choca con la expresión en la sentencia de que no medió el concierto espurio entre funcionario y particulares en los actos de venta de las fincas NUM051 y NUM067, sin el cual elemento del delito no concurre.

La estimación de este motivo de los del Ayuntamiento no puede, sin embargo, llevar a dictar una sentencia de condena a seguir de la de casación. Sino a la reposición al momento de dictarse la sentencia por el Tribunal de la instancia. Ahora bien, dado que respecto del hecho base de la condena el recurso interpuesto por Dª Irene Herminia exige la repetición de todo el juicio oral en lo relativo a las acusaciones formuladas contra ella, también para los otros acusados absueltos tendrá tal alcance la reposición del procedimiento. Y eso tanto en cuanto a las responsabilidades penales como a las civiles que de ellas se derivan.

4.- Otro grupo se constituye por los penados no recurrentes, cuya condena se funda en el reconocimiento por ellos de los hechos imputados y en su conformidad con las penas solicitadas, y respecto de los cuales tampoco se ha interpuesto recurso por las acusaciones

Son estos los que enumera la sentencia de instancia: D. Onesimo Leovigildo, D. Pedro Porfirio, así como sus tres mercantiles, D. Felipe Ovidio, D. Sergio Victorino, D. Gines Segundo, D. Jacobo Marcos, D. Saturnino Leandro, D. Angel Humberto, Dª Begoña Emma, Dª Gregoria Florinda, D. Bartolome Victorino, D. Anselmo Victorino (excepto de la acusación formulada por «Vereda de la Dehesa», que no se reitera en la casación), D. Leon Eleuterio, D. Alexis Teodoro y D. Torcuato Hector (excepto del delito de tráfico de influencias que tampoco es objeto de recurso de casación).

En la medida que los mismos se aquietaron con la sentencia de instancia y tampoco se formula por las acusaciones ninguna impugnación, no podrá perjudicarles en medida alguna la resolución que se dicte por la Audiencia en la instancia a partir de la reanudación impuesta como consecuencia de la nulidad declarada de actuaciones.

Ahora bien, ello no impedirá, por el contrario, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 903 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la nueva sentencia pueda extender respecto de los mismos los efectos que les resulten favorables como consecuencia de la nueva sentencia de instancia.

5.- Por lo que concierne a las responsabilidades civiles y a quienes fuera obligados por su imposición, tampoco podrá afectar la nueva sentencia a los que hayan contraído aquella por razón de los hechos por los que fueron declarados penalmente responsables los penados aquietados con la sentencia de instancia.

6.- Finalmente cabe agrupar los penados recurrentes. Respecto de ellos habrá de considerarse, al examinar los respectivos recursos, en qué medida cabe entrar o no a su consideración, atendiendo a los efectos de la estimación de los recursos indicados en el primero de los fundamentos jurídicos de esta sentencia. El criterio no puede ser otro que el ya indicado en supuestos anteriores: la escindibilidad, o no, de la declaración de los hechos probados fundamento de sus respectivas condenas en relación con el eventual resultado probatorio que se haya de establecer en la nueva sentencia de instancia a dictar como consecuencia de la reposición del procedimiento inherente a la estimación de los dos recursos indicados en el fundamento jurídico primero de esta sentencia de casación.

Recurso de D. Agustin Urbano

QUINTO.- 1.- La sentencia fundó su condena en haber estimado probado que el Sr. Torcuato Hector, no recurrente, intervino como mediador o comisionista en las operaciones, descritas en apartado B.1 de los hechos probados, percibiendo en concepto de tal la cantidad de 1.297.690,79 ?, de tal suerte que para justificar su existencia el Sr. Torcuato Hector ordenó confeccionar y presentó a la parte compradora una serie de facturas cuyos conceptos nada tenían que ver con la Comisión, contando para ello, entre otros, con la colaboración del acusado D. Agustin Urbano, quien emitió en nombre de la entidad «ARTEBNIT» las facturas de fechas 20 de mayo de 2.004 por importe de 135.000 ? y de 21 de mayo de 2.004 por importe de 108.000 ?

Además, la sentencia también declaró probado, como fundamento de la condena del Sr. Torcuato Hector que éste presentó seis facturas más a nombre de diferentes personas físicas o jurídicas las cuales desconocían su existencia, ascendiendo lo así facturado a un total de 726.517,68 ? más IVA. (penúltimo párrafo del relato en el epígrafe B.1)

2.- Ciertamente aquellas operaciones serán objeto de nuevo enjuiciamiento por ser hechos en los que se fundan los recursos formulados por el Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento de La Muela. Así lo hemos expuesto en el fundamento jurídico cuarto apartado 3 de esta sentencia. Pero ello en relación solamente a cómo se llevaron a cabo las mismas y que calificación merece la eventual intervención en ellas de los acusados Dª Irene Herminia, D. Adriano Eleuterio y D. Pedro Porfirio.

Pero ese objeto procesal, constituido por los hechos del epígrafe B-1, en cuanto soporte de la condena de tales acusados, es totalmente diferenciable del comportamiento atribuido al Sr. Torcuato Hector, condenado por delito fiscal como consecuencia de la ocultación fraudulenta de los reales importes percibidos en concepto de comisión en aquellas ventas en las que medió, y a las que se refiere dicho epígrafe.

Con mayor razón, si cabe, ha de tenerse por diversa e independiente del hecho imputado a Dª Irene Herminia y a D. Pedro Porfirio, la imputada contribución del Sr. Agustin Urbano a la ocultación fraudulenta de la base imponible del Sr. Torcuato Hector y del resultado de evasión fiscal imputada a éste. Lo que nos autoriza a entrar en el examen del recurso del Sr. Agustin Urbano ya que la responsabilidad penal del mismo es ajena a la suerte que corra la reiteración del juicio oral impuesta por la declaración de nulidad parcial a que nos venimos refiriendo.

SEXTO.- 1.- Formula el primero de los motivos al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Alega que ha sido indebidamente aplicado el artículo 305 en relación con el 28, ambos del Código Penal, con inaplicación de las leyes tributarias, relativas al impuesto sobre la renta de las personas físicas del año 2004. Art.64 y 75 del texto refundido de la ley del IRPF (RD legislativo 3/2004 de 5 de marzo.

Recuerda que desde el primer momento de elaborar las facturas falsas se arrepintió de los hechos y a la primera oportunidad que tuvo ante la Inspección de Hacienda, reconoció la emisión de las mismas, habiendo declarado el Tribunal de instancia prescrita su responsabilidad penal por el delito de falsedad.

Niega cualquier admisión de la responsabilidad por razón de un delito fiscal. Ni siquiera como cooperador. Invoca la doctrina que denomina del «doble dolo». Primero porque no fue consciente de que cooperase con la persona (el penado Sr. Torcuato Hector) que le encargó librar las facturas, estimando absurdo indagar la razón de tal pedimento. En todo caso en quien pensaría como «beneficiario» fiscal de las facturas sería «EBROGAN», entidad contra la que se libraban, pero no en el peticionario de las facturas. Y desde luego el recurrente no cobró el importe facturado.

Tal formulación del motivo implica una divergencia sobre el relato de hechos probados. La sentencia recurrida afirma el elemento subjetivo del tipo porque razona (página 264 y siguiente de la sentencia) que en otro procedimiento -PA nº 336/11 del Juzgado de lo Penal nº 5 de Zaragoza- los hechos describían el mismo modo de operar y el sujeto acusado era el mismo Sr. Torcuato Hector, del que se considera al recurrente cooperador necesario. Y establece una diferencia entre aquel procedimiento (culminado en sentencia absolutoria) y éste en el dato relativo al importe de la cuota defraudada, que allí era inferior a 120.000 euros, pero aquí sería superior. Y ese precedente lo valora la sentencia como hecho concluyente del que se ha de inferir que el recurrente sabía que el destino era la defraudación del sujeto pasivo fiscal, el tal Sr. Torcuato Hector.

En este primero motivo, acaba protestando que la sentencia vulnera la garantía de presunción de inocencia, al afirmar la voluntad consciente del recurrente para cooperar, no con la destinataria de la facturación («EBROGAN»), sino con ese Sr. Torcuato Hector. La protesta, desde esa perspectiva, derivaría de que, dice el motivo, es casi imposible que supiera ni imaginara que EBROGAN necesitaba y utilizaba las facturas para acreditar la supuesta comisión entregada al Sr. Torcuato Hector y, que además, éste no la declarase en su IRPF del año 2004.

2.- Y también manifiesta que ignoraba, o al menos no ha quedado acreditado que tuviese conocimiento de ello, que hubiese otras personas, trabajadores autónomos, elaborando facturas y mucho menos el montante de la presunta cantidad total que, como coste facturado que aminorase la base imponible, sería declarada a Hacienda, fuera o no por el Sr. Torcuato Hector en sus impuestos. Por otra parte, las facturas del Sr. Agustin Urbano, por si solas, nunca hubiesen constituido delito fiscal alguno, al no constituir base imponible suficiente para implicar una cuota eludida cuya cuantía supere el mínimo típico.

3.- Tales argumentaciones serán objeto de examen a los efectos de otros motivos. Pero, en cuanto implican alteración del relato de hechos probados, no puede canalizarse la protesta por el cauce del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este cauce procesal solamente autoriza a debatir la subsunción del hecho probado, pero exactamente y solo tal como se describe en el relato de lo probado que efectúa en el apartado correspondiente la sentencia de instancia.

Por haberse extravasado esa habilitación, debemos rechazar este motivo.

SÉPTIMO.- 1.- En el segundo de sus motivos, al amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se impugna el resultado probatorio. Ciertamente por cauce también inadmisible, al no tener el documento invocado la condición de tal a los efectos casacionales de aquel precepto procesal.

El documento invocado es precisamente la sentencia recaída en aquel PA 336/2011 del Juzgado de lo Penal nº 5 de Zaragoza. Reconoce que el caso era «idéntico» pues se trataba de la emisión de una factura por parte del recurrente, que sirvió de base al sr. Torcuato Hector, para desgravarse un gasto por una venta que realmente no se había producido y acabó en absolución. Y añade el recurrente que la absolución se fundó, no en la cuantía, atípica, de la cuota defraudada, como dice la sentencia aquí recurrida, sino porque el juzgador en aquel caso estimó que no se considera que se haya probado suficientemente que el acusado Agustin Urbano, confeccionase esa factura que no se correspondía con una operación mercantil real con la finalidad de ayudar a Torcuato Hector precisamente a desgravarse ese gasto en el impuesto de sociedades.

2.- En efecto de esa sentencia no cabe inferir, sin añadiduras retóricas, que el acusado ignoraba, también al emitir las facturas que funda la acusación en el proceso que nos ocupa, el destino y trascendencia tributaria de la falsa facturación.

Aquella sentencia por sí sola no proclama por sí solo que el dato que la sentencia aquí recurrida proclama, respecto de esa consciencia y voluntad de cooperación consciente, y al que se refería el motivo anterior, sea erróneo.

Y esa suficiencia es imprescindible para poder aspirar a la modificación del hecho probado en el ámbito de la casación formulada con amparo en el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

OCTAVO.- 1.- EL motivo sexto se formula por infracción de precepto constitucional al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva e interdicción de la indefensión del artículo 24.1 de la Constitución, y articulo

5.4 Ley Orgánica del Poder Judicial. Se alega que se vulneran por la sentencia recurrida las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia incurriendo en falta de razonabilidad en la vinculación entre la actividad probatoria y las inferencias que se establecen.

Esas conclusiones no son inferibles de manera no arbitraria a partir, ni de la admisión de su culpabilidad por el coacusado Sr. Torcuato Hector, ni es lo que puede avalar el importe de la suma de las dos facturas aportadas por este recurrente.

Y esa debilidad argumental de la sentencia implica, según alega el motivo, pese a la inicial invocación del derecho a la tutela, una «condena sin pruebas» o sin las necesarias para destruir la «presunción de inocencia». Tanto más cuanto, según deriva de la multa que se impone, la responsabilidad atribuida al recurrente se hace desde la atribución del hecho constituido por la utilización por el autor de la defraudación fiscal de otras facturaciones hasta alcanzar una cuota defraudada para la que no bastaría el importe de la factura puesta a su disposición por el penado recurrente.

2.- El motivo séptimo vuelve sobre la garantía de presunción de inocencia reiterando el argumento de que el importe de la multa que se fija como pena. Parece estimar el motivo, siquiera implícitamente, que tal fijación implica vincular el comportamiento del recurrente, no solamente con las cuantías de las facturas que emite, sino con la defraudación a través de otras facturaciones. Y respecto de ello denuncia la ausencia de mínima prueba.

El recurso de casación no es el escenario para la actividad de reconstrucción del pasado en relación a los hechos imputados. En la casación no se practica prueba. La función de este recurso es determinar si la que se lleva a cabo en las resoluciones recurridas se acomoda a las exigencias de aquella garantía constitucional. En definitiva si existen razones que legitimen lo imputado y la decisión.

Suele decirse que ello se lleva a cabo mediante lo que se considera un triple juicio: a) El «juicio sobre la prueba», para constatar si existió prueba de cargo; b) «El juicio sobre la suficiencia», referido a la consistencia que tiene la virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia y c) «El juicio sobre la motivación y su razonabilidad», sobre si se explicitaron los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia.

Todo ello para determinar si la decisión alcanzada por el Tribunal sentenciador es lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos.

Pero una tal construcción quizás puede considerarse insuficiente.

La garantía de presunción de inocencia implica, en efecto, una determinada relación, lógica o científica, entre el resultado de la actividad probatoria y la certeza que el tribunal que condena debe tener respecto a la verdad de la imputación formulada contra el penado.

Esa relación exige, como presupuesto, que aquella actividad probatoria se constituya válidamente por la producción de medios obtenidos de fuentes con respeto de las garantías constitucionales de los derechos fundamentales y libertades constitucionales. Y, además, que la actividad probatoria se haya llevado a cabo en juicio celebrado con publicidad y bajo condiciones de contradicción, sin quiebra del derecho a no sufrir indefensión.

La justificación de la conclusión probatoria establecerá los datos de procedencia externa aportados por medios cuya capacidad persuasoria será tributaria de la credibilidad del medio de prueba directo y de la verosimilitud de lo informado. Siquiera el juicio acerca de esa credibilidad y verosimilitud no se integra ya en la garantía de presunción de inocencia a no ser que tales juicios se muestren arbitrarios o contrarios al sentido común.

La justificación interna de la decisión emplaza a una aplicación del canon que suministran la lógica y la experiencia o ciencia, de tal suerte que pueda decirse que desde aquellos datos se deba inferir que la afirmación de los hechos en los que se sustenta la condena, los elementos objetivos, pero también los subjetivos, son una conclusión coherente que, con absoluta prescindencia de la subjetividad del juzgador, generen una certeza que, por avalada por esos cánones, debe calificarse de objetiva.

En definitiva la argumentación de la conclusión probatoria debe partir de proposiciones tenidas por una generalidad indiscutidamente como premisas correctas (justificación externa) y desde aquéllas las inferencias (justificación interna) se debe acomodar al canon de coherencia lógica y a la enseñanza de la experiencia, entendida como «una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes».

Y es que, devenido claramente inconstitucional el limitar la valoración de la prueba resultante a la conciencia del juzgador o a su íntima convicción, por notoriamente insuficiente como garantía del ciudadano, aquella objetividad es la única calidad que hace merecer la aceptación de los ciudadanos, sean parte o no en el proceso, y con ello confiere legitimidad a la decisión de condena.

La certeza alcanzada puede, sin embargo, no excluir dudas, por lo demás consustanciales al conocimiento humano. Ciertamente las dudas pueden surgir por un lado respecto de aquella justificación interna, si la conclusión asumida no es la única posible, y, por otro lado, de la razonabilidad de inferencias a partir de otros datos externos con los que cabe construir tesis alternativas excluyentes de la imputación.

Suele decirse que no corresponde a este Tribunal seleccionar entre inferencias o conclusiones valorativas alternativas. Y que la de instancia debe ratificarse si es razonable. Incluso si lo fuere la alternativa. Sin embargo esa hipótesis resulta conceptualmente imposible desde la perspectiva de la garantía constitucional. Porque si la objeción a la inferencia establecida o la hipótesis alternativa a la imputación es razonable, también son razonables las dudas sobre la afirmación acusadora. Y entonces falta la suficiente certeza objetiva. El tribunal, cualquiera que sea su convicción subjetiva, está en ese caso obligado constitucionalmente a dudar.

Sin que aquella duda sea parangonable tampoco a la duda subjetiva del juzgador, que puede asaltarle pese al colmado probatorio que justificaría la condena. Esta duda también debe acarrear la absolución, pero, y de ahí la relativización antes mencionada, fuera ya del marco normativo de exigencias contenidas en el derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Y es que, desde la perspectiva de la garantía constitucional de presunción de inocencia, no importa si el Tribunal dudó o no, sino si debió dudar.

No es acorde a nuestra Constitución mantener una condena en el escenario en que se presentan con no menos objetividad la tesis de la imputación que la alternativa absolutoria.

3.- La sentencia dictada en la instancia condenatoria de este recurrente parte del expreso reconocimiento por el Sr. Torcuato Hector de que las facturas elaboradas por el Sr. Agustin Urbano eran falsas, lo que no se discute por el recurso. Pero acude aquélla como elemento probatorio del «animus defraudatorio», a los que considera «facta concludentia» ( sentencias de 27 de diciembre de 1.990, 3 de diciembre de 1.991 y 24 de febrero de 1.993) en referencia a actos anteriores, como lo fue la defraudación cometida en el ejercicio anterior objeto de tratamiento en sentencia de fecha 6 de septiembre de 2.012 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 5 de

esta ciudad en P.A. num.336/11 e íntegramente ratificada por la misma Sala que dictó la sentencia aquí recurrida. Reconoce ésta que no nos encontrarnos ante un supuesto de «cosa juzgada», ya que el hecho allí juzgado se refiere a un ejercicio anterior. Pero resalta que se da la circunstancia de la total y absoluta coincidencia tanto en cuanto al «modus operandi» cuanto a la persona del «intraneus», el Sr. Torcuato Hector, y advierte de que, aunque en aquel caso la respuesta fue absolutoria, se debió ello a que la defraudación cometida por el Sr. Torcuato Hector no resultó probada y, además, la cuota defraudada no alcanzaba los 120.000 ?, mientras, insiste la sentencia ahora recurrida, en el caso que nos ocupa sucede todo lo contrario.

4.- Los datos que de manera directa resultan probados no van más allá, en primer lugar, del reconocimiento prestado por el Sr. Torcuato Hector en cuanto a su ocultación fraudulenta de una importante cuantía de ingresos, mediante su atribución falsa a otros supuestos perceptores. Y, en segundo lugar, de la admisión por el recurrente de que, de manera objetivamente funcional a aquel objetivo del que sería real perceptor, emitió facturas a nombre de quien (la entidad «ARTEBIT») no era acreedora de la comisión devengada por el Sr. Torcuato Hector, contra el deudor de la comisión, la entidad compradora en la venta en la que aquel mediara. Se abría al Sr. Torcuato Hector la posibilidad de hacerse -por entrega de quien emitía la factura no veraz- con su importe de manera opaca para Hacienda. Ahora bien, desde ese admitido resultado probatorio aportado externamente, el razonamiento interno que desde el mismo quiere llegar a la conclusión, con vocación persuasoria de veracidad e inequivocidad, según la cual el recurrente sabía, no solo de la vocación de defraudación fiscal, sino de que la cuantía de ésta, es decir la cuota eludida, superaría los 120.000 euros exigiría otros argumentos basados en resultados probatorios distintos de los dichos. Particularmente habría sido exigible que algún medio probatorio proporcionara el dato externo de que el recurrente conocía que el Sr. Torcuato Hector disponía de concluyentes aportaciones de otras personas para lograr incrementar la cuota evadida más allá de lo que lo permitían los importes de las facturas libradas por el recurrente.

En ausencia de tales complementos probatorios la inferencia se muestra desprovista del aval de la lógica y de la experiencia. Llega a la conclusión postulada para la condena de manera poco firme e inequívoca, pues desde el hecho base cabe inferir alternativas innúmeras.

Por ello la certeza obtenida por el Tribunal de instancia no merece la consideración de objetiva y de corrección asumida por la generalidad. Es decir, es una mera convicción subjetiva insuficiente para ser constitucionalmente legítimo fundamento de una condena penal.

Lo que nos lleva a estimar estos dos motivos y a relevarnos del examen de los demás que quedan así, ante la obligada absolución del acusado, sin objeto.

Recurso de D. Nemesio Emiliano

NOVENO.- 1.- El primero de los motivos se ampara en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estimando infringidos los artículos 305 y 28 del Código Penal. No obstante, en su fundamentación, se expone que no asume ningún tipo de cooperación o colaboración en un delito contra la Hacienda Pública cometido por el Sr. Torcuato Hector, porque nunca existió dicha colaboración y, si la hubo, jamás fue consciente y voluntaria. El ahora recurrente nunca pensó que colaborase en un delito y mucho menos que lo hiciera para favorecer al Sr. Torcuato Hector.

2.1.- El hecho probado que fundó su condena en la sentencia se recogía en el Epígrafe B.2. La sentencia fundamenta la imputación al Sr. Nemesio Emiliano (págs. 111 y ss) afirmando como hecho probado que D. Torcuato Hector (que habría presentado declaración individual del IRPF 2.004 con un resultado a pagar de 100.171,39 ?.), a través de la mercantil «PVL VIVIENDAS ESPAÑA S.L»., percibió cantidades no declaradas por importes de 2.605.582 ? correspondientes a su actividad de intermediación en la compraventa de las parcelas NUM045, NUM046 y NUM047 del polígono NUM048 que adquirió finalmente la mercantil «NYESA VIVIENDAS ZARAGOZA S.L.» el día 24 de septiembre de 2.004.

En la fundamentación jurídica extracta el resto de lo declarado en el epígrafe B-2 (págs. 265 y ss): a) La entidad «PLV VIVIENDAS ESPALA S.L.» se constituyó el 26 de febrero de 1.995 por tres socios...nombrándose administrador de la misma el 7 de mayo de 1.998 al acusado D. Nemesio Emiliano que por escritura inscrita el 14/3/04 adquirió la totalidad de las participaciones sociales; b) respecto de la indicada mercantil no se conocían medios materiales ni personales para el desarrollo de actividad alguna; c) dicha mercantil apertura en el «CAJALON» una cuenta corriente que registró ciertos movimientos bancarios; c-1) se ingresan dos cheques emitidos por «SAGAIN», en concepto de pago inicial de tres parcelas; c-2) D. Nemesio Emiliano en nombre de dicha mercantil y por orden de D. Torcuato Hector, dado que no conocía a los propietarios de las parcelas que adquiría «SAGAIN», emitió tres cheques nominativos para pagar a los propietarios de las parcelas la señal correspondiente....; d) ingresados dos cheques por «NYESA» en la cuenta de «PVL» (que así pagaba los derechos sobre las fincas de «SAGAIN» que había adquirido de ésta) el Sr. Nemesio Emiliano retira fondos de la cuenta mediante cheque al portador...; f) no consta ningún pago o cuenta abierta a nombre de D. Nemesio Emiliano, quien no posee bienes ni oficina donde desarrollar su actividad, ni medios materiales o humanos para ello, no siendo más que un testaferro de D. Torcuato Hector, que es quien realmente cobró el dinero.

Pese a que el origen de parte de esos movimientos sea el coacusado D. Desiderio Sabino y el destino de parte de los fondos recibidos por «PVL» sea la misma Dª Irene Herminia, es lo cierto que el hecho sustancial que motiva la condena recurrida es la emisión de facturas en nombre de «PVL» que lleva a cabo el acusado a fin de que no aparezca como perceptor de las mismas el Sr. Torcuato Hector para que éste pudiera minorar su base imponible ocultando los ingresos derivados de actividad mediadora en las citadas adquisiciones y ventas de fincas.

Tal hecho es totalmente ajeno al hecho cuyo enjuiciamiento ha de reiterarse como consecuencia de la estimación de la pretensión de nulidad formulada por los acusados Dª Irene Herminia y D. Adriano Eleuterio. Lo que permite examinar el recurso formulado por el Sr. Nemesio Emiliano en referencia a la condena del mismo fundada en el hecho que hemos transcrito.

3.- Ciertamente el motivo incurre en el vicio de plantear a debate bajo amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no la calificación de los hechos que la sentencia declara probados, sino precisamente esta misma declaración, tratando de que se excluya de tal relato los que fundan la condena: la colaboración con el Sr. Torcuato Hector y que en cualquier caso que la misma fuera consciente a los fines de la defraudación fiscal.

Por las mismas razones que el paralelo motivo del anterior recurrente, debemos desestimar este motivo. El precepto invocado no ampara alegatos como el expuesto para fundarlo. Sin perjuicio de su consideración al examinar otros motivos del recurso que buscan la misma consecuencia interesada en éste.

DÉCIMO.- El segundo de los motivos, amparado en el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia lo que considera un error evidenciado por el documento constituido por la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 5 de los de Zaragoza en P.A. 336/2011. Pretende el motivo que el objeto procesal allí juzgado y el que lo es en la sentencia origen de esta casación eran idénticos. Sin embargo, los diversos juzgadores concluyen de manera diferente. En un caso absolviendo, porque no se considera que se haya probado suficientemente que el acusado confeccionase una factura que no se correspondía con una operación mercantil real con la finalidad de ayudar a D. Torcuato Hector precisamente a que desgravase ese gasto en el impuesto de sociedades. Y en el ahora enjuiciado se estime esa colaboración consciente por el mismo método a la defraudación del tal Sr. Torcuato Hector.

Es evidente que aquella sentencia no puede por sí sola acreditar el error de una valoración de medios probatorios diversos, producidos en la causa de que procede esta casación, careciendo en consecuencia de los requisitos exigidos en el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo que hace inadmisible el cauce casacional elegido. Y en este trance debemos rechazarlo.

DÉCIMO PRIMERO.- 1.- Es en el quinto de los motivos donde vuelve a cuestionar la premisa fáctica de la justificación de la condena. alega que aquélla se estableció vulnerando garantías constitucionales, que invoca al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ignorando que, ya desde el año 2000, el cauce adecuado es el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Justifica el recurrente el motivo tachando de contraria a las reglas de la lógica y la experiencia la vinculación inferencial entre el resultado de la actividad probatoria y el relato fáctico de lo que se declara probado.

Así discrepa del argumento de la sentencia por el que ésta considera probado que el expreso reconocimiento de los hechos por parte del Sr. Torcuato Hector implicaba la inculpación del recurrente como cooperador necesario, lo que también afirma al considerar una serie de movimientos bancarios llevados a cabo.

Niega que de ello derive como conclusión razonable que el recurrente colaborase en un delito y menos que lo hiciera para favorecer a la persona que le encargó la facturación

Por ello en el motivo séptimo reitera la misma queja de vulneración de precepto constitucional que garantiza la tutela judicial y la presunción de inocencia: no motivar sus conclusiones la sentencia recurrida.

2.- La línea argumental de este recurso es paralela a la expuesta por el anterior recurrente. Negar la concurrencia del doble dolo característico de la participación como cooperador necesario. Éste exigiría la consciencia y voluntad del acto en que consiste la cooperación y también en la de que tal acto contribuya al compartido designio delictivo del autor del fraude fiscal.

La realidad de los movimientos bancarios y del libramiento de los cheques y facturas constan documentados sin que ni siquiera sean combatidos en su autenticidad por el recurrente. Y la voluntad de emisión de documentos base de los movimientos bancarios y de la realización de éstos no parece cuestionable. El debate se centra en la consciencia de que con ello se contribuía a que aquel autor (Sr. Torcuato Hector) pudiera eludir fraudulentamente los pagos que le incumbían del IRPF del año 2004, al disimular las percepciones por su intermediación en las ventas de las fincas que se indicaron más arriba.

3.- La sentencia (pág. 267) justifica el ánimo defraudador mediante lo que estima «facta concludentia» o juego de inferencias derivado en este caso concreto, tal y como proclama la jurisprudencia, de actos anteriores, coetáneos y posteriores.

Como tal se refiere, además de a las facturas y movimientos bancarios ya indicados, a una sentencia dictada por Juzgado de lo Penal 5 de Zaragoza en diligencias P.A. 336/11. Lo que no nos dice la sentencia es el enlace lógico entre ese proceso y la conclusión de que el recurrente conocía el destino de defraudación fiscal de las facturas emitidas. No especifica la sentencia si el Sr. Nemesio Emiliano resultó allí condenado por delito, no ya de falsedad, sino de cooperación al fraude fiscal. Y como dice la defensa las hipótesis alternativas a la inferencia asumida en la sentencia recurrida son múltiples y no carentes de razonabilidad:

No obstante la apertura por el recurrente de la cuenta a nombre de «PVL» y la gestión del dinero en ella ingresado, en el contexto de la absoluta falta de actividad de tal entidad y de la justificación de tales movimientos como seguimiento de indicaciones del Sr. Torcuato Hector constituye un dato que debe valorarse razonablemente como relacionados con la actividad de éste, pues no se entiende aquel seguimiento de sus instrucciones sin mediar la oportuna explicación por el mismo a quien actúa evidentemente como su testaferro. Y esa relación de datos permite desde la más elemental lógica inferir que el acusado recurrente conocía la finalidad defraudadora por disimulación del real operador económico que se ocultaba así a la Hacienda. Y, si con tal conocimiento lleva a cabo lo que se le indica, pone de manifiesto, además de aquella consciencia, una decidida voluntad de cooperar en la defraudación. O, si se quiere, se acredita así la consciencia y voluntad, no solarmente del acto de participación, sino también de contribuir al logro defraudador para el que era funcional la aportación. Y esa conclusión se obtiene con certeza que calificamos, conforme a la doctrina expuesta sobre la presunción de inocencia, de objetiva e inalterable por sospechas que merezcan ser calificadas de razonables sobre una conclusión alternativa.

Es aquí donde surge la diferencia con lo que advertíamos en el caso del anterior recurrente. El Sr Nemesio Emiliano también conocía la entidad económica comprometida en los diversos movimientos bancarios y de facturación. Por ello no podía ignorar que los mismos eran suficientes por sí solos para ocultar una base imponible que daría lugar a una cuota evadida superior a la exigida por el tipo penal (120.000 euros). Así bastaría el cobro en efectivo con cargo a la cuenta abierta a nombre de «PVL» de 2.000.000 de euros en billetes de 500 el 28 de septiembre de 2004, dejando constancia mediante su DNI de que era el recurrente quien obtuvo tal reintegro a medio de cheque al portador en la entidad bancaria. Asimismo ese cobro bancario se efectuó una vez ingresado aquel mismo día por la compradora «NYESA» los dos cheques por importe sumado de 2.675.871,72 euros, en relación con la factura nº NUM049 que emitiera el recurrente a nombre de «PVL» contra «NYESA» en concepto de intermediación que en realidad había devengado el coacusado Sr. Torcuato Hector.

La declaración de éste, aun siendo coacusado, debe entenderse corroborada por tales documentos.

Por ello debemos rechazar los motivos quinto y séptimo (no hay sexto formulado) del recurso. Ello en la medida que la valoración de prueba en la sentencia de instancia se acomodó a las exigencias de las garantías de tutela judicial, por atinada justificación en la motivación expresada, y de presunción de inocencia por razonabilidad de las inferencias expuestas. Por lo que cabe tener por objetiva la certeza del tribunal, más allá de la mera convicción subjetiva, y de aceptable por la generalidad respecto tanto de los actos de colaboración con el defraudador fiscal, como la cuantía de la base imponible sustraída fraudulentamente al conocimiento de la Hacienda y de la cuota del IRPF del año 2004 defraudada en el año 2004, así como sobre la consciente voluntad del recurrente de llevar a cabo tal colaboración con el autor,

DÉCIMO SEGUNDO.- El tercero de los motivos se formula por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1º Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error en la no aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas del articulo 21.7 o 21.6 del Código Penal y la consiguiente inaplicación de la regla 2ª del articulo 66 del mismo Texto Legal. Y por quebrantamiento de forma del 851.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal por no incluirse en los hechos probados que la causa estuvo paralizada.

Desde luego la no proclamación de un hecho como probado no constituye el defecto de forma a que se refiere el artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuyo texto no se refiere a tal hipótesis.

Y en cuanto a la atenuante el recurso se limita a hacer dos alegatos bien breves: Desde la fecha de los hechos la «AEAT» dejó pasar cerca de 5 años y desde que se comenzó a instruir han pasado otros 5 años, lo que supone que se deba incluir como atenuante propia o analógica.

Reiteradamente hemos advertido que a los efectos de estimación de tal atenuante ni es de aplicación el tiempo transcurrido entre el hecho criminal y su denuncia, sino el utilizado en la tramitación del procedimiento. Y, por otra parte, que tampoco basta la duración de tal tramitación sino precisa y concretamente las paralizaciones de tal tramitación que deben reunir dos características esenciales: su desmesura y la falta de justificación. Pero para valorar la concurrencia de estas notas es preciso que quien alega la infracción de la norma penal que erige ese dato en atenuante, debe identificar cuáles sean los momentos concretos de paralización y la las razones de considerarla injustificada. El recurrente omite esa indicación. Basta ello para el rechazo del motivo.

DÉCIMO TERCERO.- El cuarto de los motivos denuncia lo que califica de indebida aplicación retroactiva del articulo 305.1 del Código Penal actual tras la reforma del mismo en virtud de la Ley Orgánica 7/12 de 27 de diciembre, Alega que el articulo 305 del Código Penal a la fecha de los hechos no contemplaba la imposición de la pena de privaciones del derecho a obtener subvenciones ayudas públicas, incentivos y beneficios fiscales constituyendo una infracción de ley o quebrantamiento de forma.

Basta recordar que esa consecuencia estaba ya vigente durante todo el año 2004, incluso antes de la entrada en vigor de la reforma del artículo por Ley Orgánica 15/2003.

Por ello el motivo se desestima.

DÉCIMO CUARTO.- En el motivo octavo se invoca una infracción de mera legalidad en relación con los artículos 66 y 72 del Código Penal. Siquiera ahora centra la objeción en la especificación de la pena que se impone en la recurrida. Tanto la de prisión como la de multa, que considera incongruente (sic) con aquélla. También denuncia la falta de motivación de la extensión de la responsabilidad civil a cuyo pago se le condena, pues la sentencia no explica, alega, porque se le asocia a otros penados al pago de la cantidad que dice la sentencia.

2.- En cuanto a la pena ciertamente, pese a ser el título de condena el de cooperador necesario con el autor de la defraudación del IRPF por el año 2004, la sentencia no dedica ni una línea a justificar el no uso de la facultad que le confiere el artículo 65 en su apartado 3 del Código Penal. Examinando el hecho probado (pág. 116 de la sentencia), se observa que la determinación del importe de la cuota defraudada por el Sr. Torcuato Hector en el ejercicio 2004 del IRPF resulta de la suma de varios servicios de mediación por los que devengaba la comisión. Así se dice en el folio 116 que recoge hechos probados. La cuota que ese autor material del delito defraudó ascendió a 2.032.001,93 euros. Al cálculo contribuyeron las operaciones de mediación en una venta a «BROCOVER», compra a «ORDISA» y otra compra a «CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES», más los rendimientos por capital mobiliario. El hecho imputado al aquí recurrente

D. Nemesio Emiliano se refiere a la base imponible defraudada por el Sr. Torcuato Hector en aquel tributo con ocasión de su mediación en la venta de las fincas NUM045, NUM046 y NUM047 a la entidad «NYESA» en cuya ocasión percibió ese autor

2.605.582 euros (pág. 111 de la sentencia). Ahora bien, la sentencia no especifica que parte del total de cuota defraudada deriva de esa percepción. En consecuencia, no podemos tener por acreditada otra mayor que la que por sí sola daría lugar a estimar que la defraudada alcanza solamente el mínimo de la necesaria para satisfacer el tipo penal: 120.000?.

Así, ante la denunciada falta de motivación de la recurrida, pero con la matización que deriva de sus hechos probados, debemos acoger el motivo en el sentido de rectificar tanto las penas como la responsabilidad civil declarada, lo que haremos en la segunda sentencia a dictar a partir de esta casacional.

Recurso de D. Romeo Ovidio

DÉCIMO QUINTO.- 1.- Un primer bloque de motivos conciernen a la condena por delito de falsedad. El hecho fundamento de tal imputación se describe en la sentencia en el bloque C epígrafe C-5 (pág. 132 de la sentencia): «El acusado y arquitecto municipal Romeo Ovidio extendió un documento de fecha 11 de noviembre de 2.008 que dio en llamar sin serlo realmente «acta de alineaciones y rasantes» y que fue adjuntado a la petición presentada por el también acusado Isidro Camilo ante el Ayuntamiento de La Muela en fecha 11 de diciembre de ese mismo año para delimitar el suelo, quien la cursó a la Diputación General de Aragón, todo ello con la intención de favorecer al mismo acusado Sr. Isidro Camilo para conseguir que la Comisión de Urbanismo cambiara de criterio e informara favorablemente la delimitación. De dicha acta se desprendía claramente, cuando ello no era cierto, que la constructora «INBISA» había comenzado con las obras de urbanización, lo que resultaba imprescindible para que la Comisión emitiera su informe favorable, al expresar literalmente que...» Encontrándose aprobado el PROYECTO DE URBANIZACIÓN URBANA EN SUELO URBANIZABLE GENÉRICO COLINDANTE CON CENTROVÍA, que ha sido promovido por INBISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L., y habiendo sido realizadas las verificaciones oportunas de replanteo general y alineaciones exteriores, SE INFORMA FAVORABLEMENTE.»

2.- Tal hecho guarda una cierta relación con la imputación a los acusados Dª Irene Herminia y D. Isidro Camilo de sendos delitos de tráfico de influencias cometidas tras la adquisición por «SAGAIN SL» de la finca denominada « DIRECCION004 ». El Sr. Isidro Camilo, según la sentencia de instancia, como apoderado verbal de la adquirente habría intentado influir en la recalificación urbanística, hablando al efecto con Dª Irene Herminia, con la que coincidía en interés. De suerte, dice la sentencia, que ambos «se espetaban mutuamente para que el asunto fuera de nuevo a la Comisión», habiendo emitido la Ponencia Técnica informe desfavorable a la «delimitación de los sectores SR-1 SR-2 y SR -3», aunque posteriormente se aprobara pero solamente la de «SR-1».

Dice la sentencia (folio 131) que previo informe favorable del arquitecto D. Cecilio Claudio la Alcaldesa Sra. Irene Herminia dictó el Decreto de Alcaldía de 23 de septiembre de 2.008 por el que se acordaba la aprobación definitiva del proyecto de urbanización condicionada a la aprobación definitiva de la modificación del plan parcial, estableciéndose que... «las obras de urbanización por ende se entienden condicionadas y por tanto no se podrán iniciar hasta que se alcance dicho hito, a excepción del movimiento de tierras que se entiende autorizado con la presente».

En sede de fundamentación jurídica (págs. 231 y ss.) se justifica la imputación de sendos delitos de tráfico de influencias a los acusados Dª Irene Herminia y D. Isidro Camilo. Pero es de subrayar que en ese mismo lugar (pág. 233) expresamente se justifica la absolución de Igual imputación de tráfico de influencias que se atribuía al recurrente D. Cecilio Claudio. Y parte al efecto de las conversaciones de éste con la coacusada Dª Irene Herminia para no estimar probado ninguna actividad de influir en los miembros de la Comisión.

Por ello debemos entender que la imputación de falsedad es totalmente ajena al enjuiciamiento de los delitos imputados a aquellos otros dos acusados.

Por lo que procederemos al examen de este recurso no obstante la nulidad procedimental parcial derivada de la estimación de los recursos primeros que hemos examinado.

2.- Aunque un orden aparentemente lógico debería llevar a examinar los motivos por el orden propuesto en el recurso -quebrantamiento de forma al consignar como probado lo que no es un hecho sino un concepto predeterminante del fallo y error en la valoración probatoria acreditado por documentos que se relacionan- abordaremos el motivo tercero que, con invocación del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia vulneración de la garantía constitucional de presunción de inocencia en la medida que su estimación deja, con beneficio para el recurrente, sin efecto los demás.

El dato de hecho cuya afirmación incurre en dicha vulneración constitucional viene constituido según el motivo por las «intencionalidades» (sic) que se atribuye en la sentencia al documento que tilda de falso. Y ello porque cuestiona el hecho base desde el cual la sentencia infiere aquéllas.

Así, se alega que el acta no tiene el contenido que el Tribunal de instancia le atribuye. Por lo que es ilógico y arbitrario erigirlo en hecho base desde el que se pueda construir la conclusión de tales intenciones.

Para tal motivo central del recurso se impugna antes -motivo primero- la sentencia por incluir en el relato histórico dos conclusiones que serían de naturaleza jurídica y predeterminantes del fallo:

a).- Que del documento examinado -Acta de Alineaciones y Rasantes, obrante al Tomo 197, Folio 68.614- «se desprendía claramente, cuando ello no era cierto, que la constructora «INBISA» había comenzado con las obras de urbanización...», b) «...lo que resultaba imprescindible para que la Comisión emitiera su informe favorable...»

Aun cuando en rigor tales enunciados no constituyen conceptos ajenos a lo histórico y son de naturaleza meramente descriptiva, sí que la argumentación del motivo resulta funcional a los objetivos del tercero: no poder afirmarse que la extensión del acta se acomode a la previsión típica del comportamiento falsario. Desde esa perspectiva examinaremos el motivo.

Y lo mismo cabe decir del motivo segundo que tilda de errónea la valoración probatoria de la sentencia «no sólo por cuanto entiende lo que el documento no dice, sino también por cuanto consta en la documentación obrante en los autos el carácter «previo al comienzo de las obras de urbanización» del Acta de Alineaciones y Rasantes, en la que la Sala halla la falsedad documental ideológica por la que se condena a mi representado.».

El enunciado concreto de los hechos probados tildado de erróneo es en el que la sentencia proclama, como dejamos dicho más arriba, que: «De dicha acta se desprendía claramente, cuando ello no era cierto, que la constructora «INBISA» había comenzado las obras de urbanización, lo que resultaba imprescindible para que la Comisión emitiera su informe favorable».

Como documentos demostrativos del error se indican en primer lugar precisamente el acta con la que la sentencia funda la consideración como un comportamiento falsario el del recurrente al extenderla. Describe como texto literal del acta:

«ACTA DE ALINEACIONES Y RASANTES

Encontrándose aprobado el PROYECTO DE URBANIZACIÓN que desarrolla el PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANA EN SUELO URBANIZABLE GENÉRICO COLINDANTE CON CENTROVÍA, que ha sido promovido por INBISA GRUPO EMPRESARIAL S.L., y habiendo sido realizadas las verificaciones oportunas de replanteo general y alineaciones exteriores, se INFORMA FAVORABLEMENTE.

La Muela, 11 de Noviembre de 2.008 EL TECNICO MUNICIPAL.»

Para la interpretación del real contenido de tal documento se invocan los particulares de la tramitación administrativa del procedimiento en el que aquella se incorpora. Además de otros elementos de juicio, como declaraciones testificales, de las cuales no cabe predicar la condición de documento casacional a los efectos del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal invocado en este motivo.

Advierte el recurrente que, al contrario, el Informe favorable emitido por la COMISION PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO no dependía del inicio de la ejecución de las obras de la fase 5ª, sino de que no existía obstáculo alguno para llevarlas a cabo, poniendo así de relieve el error padecido por la Sala de Instancia en la apreciación de la prueba

A su vez todas estas impugnaciones de la premisa fáctica se orientan a establecer la base sobre la que funda el motivo cuarto, por infracción de ley: No concurre la falsedad denunciada por cuanto en el caso presente no concurre ninguno de los tres requisitos exigidos por la Jurisprudencia. Así, ni se falta a la verdad en la narración de los hechos (elemento objetivo) por cuanto nada de lo que en él se afirma es inexacto o incierto; ni afectaría, en todo caso, a los elementos esenciales del negocio jurídico, ya que ninguna incidencia tuvo en la aprobación por la COMISIÓN PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO de la delimitación de la Fase 6ª del Polígono «CENTROVÍA», en cuyo expediente fue aportado, ni produjo perjuicio alguno para la Administración, ni para los promotores de la fase 5ª (INBISA) o 6ª (SAGAIN); ni existe tampoco la concurrencia del elemento subjetivo (dolo falsario).

3.- Comenzaremos, pues, por examinar si existen elementos de juicio o prueba bastantes para poder afirmar las premisas fácticas en que la sentencia funda la condena: faltar a la verdad en el documento firmado por el recurrente e intencionalidad al escribir en aquella tal frase.

Respecto a si el documento afirmó, o no, que las obras de referencia se habían iniciado, la sentencia razona: que «lo que se escondía» bajo un encabezamiento que rezaba con la frase «ACTA DE ALINEACIONES Y RASANTES» era una auténtica «afirmación o declaración oficial de que habían sido realizadas las verificaciones oportunas de replanteo general y alineaciones exteriores, cuando ello no era cierto» (pág. 250 de la sentencia).

Y a tal conclusión llega (ibídem) porque parte de la consideración de que tal documento «no era en realidad un acta de alineaciones y rasantes ni un acta de replanteo» sino el soporte físico de una afirmación falaz. Y, se añade, con trascendencia en el mundo jurídico: influir en el criterio de la Comisión.

No obstante, conviene aquí recordar que lo que se tiene por afirmación falaz como presupuesto típico del delito imputado no es que se afirmaran hechas las verificaciones de replanteo, sino que de esa afirmación se desprendiera otra, no escrita en el acta: que las obras habían dado comienzo.

Para tal argumentación la sentencia parte, eso sí implícitamente, de una premisa que justificaría las inferencias que asume: no cabría llevar a cabo las verificaciones de rasantes -horizontales- y alineaciones - verticales- si no se han ejecutado obras.

Desde luego el replanteo no es sino una operación de mero traslado sobre el terreno las medidas de los distintos elementos constructivos que están en los planos: cimientos, pilares. o, como dice el diccionario RAE:

«trazar sobre el terreno o sobre un plano de cimientos la planta de una obra ya proyectada».

En cuanto a las alineaciones y rasantes, prescindiendo del dudoso acierto de vincularlos respectivamente a lo vertical y horizontal, como hace la sentencia, es lo cierto que el acta afirma en su texto que lo verificado es exactamente «el replanteo general y las alineaciones exteriores». Lo que a todas luces no solamente no presupone el comienzo de las obras sino, muy al contrario, que aquéllas no han comenzado, precisamente, para que cuando comiencen se atengan a las marcas sobre el terreno.

Por ello, la inferencia de la recurrida que, tomando como base el exacto texto del acta suscrita por el recurrente, infiere que con la misma se envía un mensaje implícito (las obras han comenzado), no resulta avalado ni por la lógica ni por la técnica relativa a esas actuaciones de replanteo. Y lo mismo cabe decir de la afirmación más o menos explícita en la sentencia, de que el disimulo del mensaje implícito tiene por finalidad engañar acerca de la realidad (las obras no habrían comenzado).

Lo que desautoriza la argumentación de la sentencia recurrida en cuanto al presupuesto empírico de comparar el texto real, que constituye el contenido del documento, con la realidad física histórica. En consecuencia, la declaración del hecho probado que la sentencia proclama se lleva a cabo con menoscabo del canon impuesto por la garantía constitucional de presunción de inocencia. Lo que nos lleva a estimar los tres motivos que se formalizan en los términos antes descritos.

4.- El segundo motivo del recurso concierne a la imputación del delito por el que es también penado, consistente en la realización de negociaciones prohibidas. Los hechos que fundan esa condena coinciden en lo sustancial con los que la sentencia invoca para condenar también a D. Humberto Isidro. De la misma manera que ambos penados llevan a cabo una estrategia defensiva en sus impugnaciones sustancialmente coincidentes, como asumieron sus defensas letradas en la vista del recurso de casación. Por ello examinaremos ambos motivos conjuntamente al estudiar en la siguiente fundamentación jurídica sendas condenas y recursos formulados contra ellas.

Recurso de D. Humberto Isidro

DÉCIMO SEXTO.- 1.- El hecho que en la sentencia funda la condena por negociaciones prohibidas se relata en el epígrafe B-3 de la declaración de hechos probados (pag 121 y s de la sentencia). A saber:

La sociedad «INVERSIONES EN ACTIVOS INMOBILIARIOS CASTELONOVO S.A». se constituyó mediante escritura pública el día 17 de septiembre de 2.004. Fueron socios constituyentes de la misma D. Torcuato Hector, D. Serafin Nicolas y D. German Nicolas, designándose administradores solidarios a los tres, y estableciéndose como domicilio fiscal la oficina de D. Onesimo Leovigildo. También formaban parte D. Romeo Ovidio y D. Humberto Isidro, Arquitecto y Secretario del Ayuntamiento respectivamente, si bien estos últimos no figuraban formalmente como socios dada su condición de técnicos del Ayuntamiento de La Muela.

La citada sociedad adquirió el día 1 de marzo de 2.005, de D. Arcadio Sergio y su esposa, una porción de terreno rústico ubicada en el polígono NUM048, parcela NUM061, de 1.572 m2 por un valor declarado de 90.000 ? Sobre la parcela originaria, y en la misma escritura de compra, se procedió a segregar la parcela NUM062 que aparecía unida a la anterior y en la que se encontraba ubicada una vivienda unifamiliar, cuya segregación se hizo sin la oportuna licencia municipal conforme al informe realizado por el Secretario del Ayuntamiento y acusado D. Humberto Isidro y con el visto bueno de Dª Irene Herminia como Alcaldesa del municipio.... El 1 de julio de 2.005, la mercantil, representada por D. German Nicolas adquirió otras dos fincas más,...... siendo el real comprador de las fincas

«INVERSIONES EN ACTIVOS PRODUCTIVOS CASTELONOVO», pero interponiendo a otra mercantil.

Todas las fincas adquiridas por «INVERSIONES EN ACTIVOS PRODUCTIVOS CASTELONOVO» se integraron en la Unidad de Ejecución número 12 de La Muela, que tras la correspondiente reparcelación, dieron lugar a las fincas números NUM064 - NUM054 - NUM053. De ellas, en fecha 19 de abril de 2.007 fue enajenada la número NUM064 a la mercantil «URBANIZACIÓN CRISÁLIDA» por un precio escriturado de 1.406.179 ? más IVA.......

D. Cecilio Claudio y D. Humberto Isidro, conocedores del proyecto de reparcelación y utilizando su cargo, participaron en la mercantil que se constituyó para el fin descrito....... siendo asimismo conscientes de que por razón del cargo que ambos ostentaban en el Ayuntamiento de la Muela y debido a su condición de funcionarios públicos debían abstenerse de participar en la citada iniciativa, siendo esta la razón por la que no aparecían como accionistas de la sociedad.

En sede de fundamentación jurídica (pág. 285 de la sentencia) se califica ese hecho de negociación prohibida del artículo 439 del Código Penal el cual sanciona a la autoridad o funcionario público que debiendo informar por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones. De tal delito considera que aquellos dos recurrentes serían autores absolviendo de la acusación de cooperadores a otros acusados no funcionarios. (Sres. German Nicolas, Serafin Nicolas y Torcuato Hector).

2.- Las circunstancias fácticas descritas y su constatación probatoria aparecen totalmente ajenas a los hechos atribuidos a la acusada Dª Irene Herminia y a D. Adriano Eleuterio, así como a las pruebas utilizadas para la condena de éstos. En consecuencia, hechos y sujetos recurrentes configuran un objeto del proceso que, incluido en el mismo procedimiento de que trae causa este recurso, es diverso y autónomo en relación con el objeto del proceso afectado por la declaración de nulidad justificada en los primeros fundamentos jurídicos de esta sentencia.

Lo que hace abordable el recurso de ambos acusados en cuanto a los hechos del epígrafe B.3, y del título de imputación por el que ambos son penados como autores de un delito de negociaciones prohibidas.

3.- Las paralelas impugnaciones de ambos penados recurrentes se orientan a un argumento sustancial: negar que tanto el arquitecto como el secretario municipal «formaran parte de la sociedad «CASTELNOVO»» y ni siquiera que la asesoraran.

La contraria conclusión, de la que parte la sentencia, es objeto de cuestionamiento desde diversas perspectivas: a) en el motivo primero se

dice que se incurre en insuficiencia narrativa por no expresar cuales son las actuaciones concretas de tal entidad que supusieron «intervención por razón de su cargo» de los acusados, junto a otras tachas menos relevantes; b) en el motivo segundo se alega que no se resuelve sobre todos los argumentos de las defensas, como el de la innecesariedad de expedición de licencia, respecto de la cual, se advierte, no se requería un «informe» sino una certificación, la cual, además, no fue a instancia de

«CASTELNOVO» sino de otros ciudadanos particulares; c) por más que con amparo en el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el motivo tercero se discute la racionalidad de la inferencia que lleva al juzgador de instancia a proclamar la integración de los penados en la mercantil «CASTELNOVO SL».

Pero todo ello para conducir el discurso a una conclusión: 1º.- Negar la pertenencia de D. Cecilio Claudio y de D. Humberto Isidro a la sociedad «CASTELONVO» como socios integrantes de la misma, y 2º.- que no consta la participación, directa o por persona interpuesta, en un negocio o actuación que sea de aquellos en los que como funcionario tiene el deber de informar. En ningún momento la sentencia recoge la intervención como particular en un asunto de la clase de aquellos en los que por su cargo público tenía el deber de informar.

Consideran que las afirmaciones contrarias por la sentencia de instancia sobre tales elementos objetivos del tipo penal imputado no se acomodan al canon probatorio que exige la garantía constitucional de presunción de inocencia. Con mayor o menor corrección en el discurso, se viene a decir que la vinculación entre los hechos base de los que parte el juzgado y la conclusión representada por aquellas dos afirmaciones son puramente subjetivas sin que exista coherencia lógica.

Aún más, tal conclusión sobre el hecho objeto del proceso, se omite en el relato de lo que se concluye como probado (motivo primero). Ni se indica el asesoramiento que se realizó, ni la causa o motivo por el que se entiende que se realizaron aportaciones a la sociedad.

También se tildan de no concluyentes las inferencias a partir de los indicios (narrados en el motivo tercero). 1.- Utilización de un plural mayestático por el Sr. Humberto Isidro en una conversación telefónica. 2.- Hallazgo de apuntes en el despacho profesional del Arquitecto, Sr. Cecilio Claudio. 3.- Manifestaciones inculpatorias del asesor fiscal y también acusado Sr. Onesimo Leovigildo. 4.- Análisis de cinco aportaciones bancarias (tres efectuadas por el Sr. Torcuato Hector, Sr. Serafin Nicolas y Sr. German Nicolas y dos innominadas).

4.- El título de condena de ambos recurrentes constituido por el delito de negociaciones prohibidas del artículo 439 del Código Penal exige: a) en cuanto al sujeto activo que sea: 1º.- Autoridad o funcionario público. 2º.- Que, debiendo informar, por razón de su cargo, en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad; b) como comportamiento que se aproveche de tal circunstancia c) que el objetivo de tal aprovechamiento sea para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones.

Así pues, la condena por tal título pasa, en primer lugar, por enunciar como conclusiones fácticas por el relato de tales datos de hecho, sin las cuales resulta ocioso examinar las razones de la declaración de los mismos como probados, desde la perspectiva del acomodo de aquéllas al canon de la presunción de inocencia.

Al respecto del discurso del epígrafe B-3 se colige que la sentencia de instancia declara la condición de los acusados recurrentes de arquitecto y secretario municipales del Ayuntamiento de La Muela. También declara la sentencia que existía en ese Ayuntamiento un Proyecto de reparcelación de la Unidad de ejecución nº 12 del PGOU. Que en el ámbito de esa proyectada reparcelación se integraron determinadas fincas. En concreto todas las adquiridas por la mercantil «INVERSIONES EN ACTIVOS PRODUCTIVOS CASTELNOVO». El acusado D. Humberto Isidro, según se describe como hecho probado en aquel epígrafe, realizó un informe respecto a la licencia para poder segregar la denominada parcela NUM062 de una de esas fincas, la parcela NUM061 del polígono NUM048, que se integró en la reparcelación citada. Y se afirma también como hecho probado, la utilización de su condición de funcionarios, que el tipo penal sanciona, para aprovechando aquella lograr «formar parte», por más que encubierta, de la sociedad mercantil citada.

A salvo la referencia expresa al informe del recurrente D. Humberto Isidro en el asunto de la reparcelación, no se describe ningún acto concreto más de éste y ninguno del arquitecto D. Romeo Ovidio. La sentencia presupone que las competencias que les incumben por los cargos descritos conllevan inexorablemente su intervención en los procedimientos administrativos que el Proyecto de reparcelación exige, y la mención de éste adquiere sentido precisamente para describir la actividad en que los acusados «deben» intervenir, elemento del tipo que no exige que efectivamente llegue a tener lugar.

Lo que nos lleva a rechazar el primero de los motivos que, en ambos recursos, al amparo del artículo 851.1 instan la nulidad procedimental.

5.- Tampoco la «omisión» que los recurrentes reprochan, en el motivo segundo, a la resolución impugnada tiene el alcance que pretenden. Se dice en los recursos que la Sentencia no recoge cuestiones planteadas por la defensa y que resultan transcendentes y fundamentales, que fueron puestas de manifiesto y que, a su entender, resultan ilustrativas para concluir que no existió informe alguno por parte del secretario municipal en ningún asunto relacionado con «CASTELONOVO». Y aun se precisa que la segregación de la parcela NUM062 no requería licencia municipal, siendo suficiente la declaración de no necesidad de licencia, al estar ya autorizada previamente la segregación en el PGOU tras la ejecución de la variante de la carretera Zaragoza-Madrid. O que, además, el certificado de no necesidad se emitió a petición de los propietarios D. Arcadio Sergio y Dª Irene Herminia, en fecha 1 de noviembre de 2004, antes de la venta a la sociedad «CASTELONOVO».

La denominada incongruencia omisiva a que se refiere el artículo 851 ha sido objeto de precisas advertencias por la Jurisprudencia como pone de manifestó recientemente la STS nº 10/2018 de 15 de enero : que el verdadero ámbito de este motivo de impugnación no es el de la omisión de elementos de hecho, sino el de pretensiones jurídicas, de modo que no puede reconducirse a tal argumento la no constatación o inclusión narrativa de aquellos datos de hecho que las partes quieran ver reflejados en la sentencia, cuya falta habría de integrarse, en su caso, por la vía del art. 849.2 ( SSTS 603/2007, de 25-6; 54/2009, de 22-1; 248/2010, de 9-3; y 754/2012, de 11-10). Estas pautas jurisprudenciales han de ser complementadas con la reciente interpretación que está haciendo esta Sala sobre la aplicación del art. 851.3º de la LECr., al otorgarle un carácter subsidiario con respecto a los recursos de aclaración que prevé el art. 267 de la LOPJ.

Por su parte, el Tribunal Constitucional reitera en sus sentencias sobre esta materia la importancia de distinguir entre las alegaciones aducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas. Respecto a las primeras, no sería necesaria para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales. Más rigurosa es la exigencia de congruencia respecto a las pretensiones, siendo necesario para poder apreciar una respuesta tácita - y no una mera omisión- que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución judicial pueda deducirse razonablemente no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino, además, los motivos que fundamentan la respuesta tácita ( SSTC 95/1990, 128/1992, 169/1994, 91/1995, 143/1995, 58/1996, 223/2003 y 60/2008).

La exigencia o no de licencia no es más que un argumento o alegación para fundar la pretensión de los recurrentes, afirmando la inexistencia de actividad en la que los recurrentes estuvieran obligados a intervenir. Esa

actividad es referida de manera más o menos implícita con la indicación por la sentencia de la global actuación administrativa de reparcelación ya indicada. Indicación que implicaba la previsibilidad de intervenciones de los recurrentes en sus cargos. Además, aquella innecesariedad de licencia no es el objeto de una pretensión. Solamente un argumento para excluir el concurso de la exigencia del tipo penal de que los sujetos intervengan en una actividad administrativa de su incumbencia. La intervención sí sería objeto de la pretensión, la referida al contenido del hecho probado. Pero la tesis tan reiterada por sendos motivos no pasa de ser una alegación para justificar la pretensión. Y, además, bastante intrascendente en la medida de que la intervención sugerida por la sentencia es de mucho más amplio espectro.

Por ello tampoco podemos estimar el motivo segundo.

6.- Lo que nos emplaza a examinar los dos motivos que impugnan el acierto de la narración de lo probado (motivo tercero al amparo del artículo 849.2) y la compatibilidad (motivo cuarto al amparo del artículo 852) de tal declaración con el canon constitucional de presunción de inocencia.

El primero de tales motivos es inadmisible en la medida que no se invoca un documento que por sí solo acredite que no es verdad ninguno de los enunciados a que hicimos referencia en el apartado 2 de este Fundamento Jurídico.

Para que prospere el motivo de casación amparado en el art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe fundarse en una verdadera prueba documental y no de otra clase, como las pruebas personales, por más que estén documentadas. Y, además, también se requiere que el documento evidencie el error de algún dato o elemento fáctico o material de la sentencia de instancia, evidencia que ha de basarse en el propio poder demostrativo directo del documento (lo que algunas sentencias califican como a autosuficiencia o literosuficiencia del documento); es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones. A lo que ha de sumarse que no se halle en contradicción con lo acreditado por otras pruebas y que los datos que proporciona el documento tengan relevancia para la causa por su capacidad modificativa de alguno de los pronunciamientos del fallo de la sentencia recurrida ( SSTS de 1653/2002, de 14-10; 892/2008, de 26-12; 89/2009, de 5-2; 109/2011, de 22-9; 207/2012, de 12-3; 474/2016, de 2-6; y 883/2016, de 23-11, entre otras).

El motivo que los recurrentes quieren amparar en ese precepto argumenta, no tanto sobre la conclusión directamente derivada del texto de un documento, cuanto sobre las inferencias que a partir de medios probatorios cabe obtener. Esgrime una argumentación que, por más que no atinente al cauce elegido, no dejaremos de tomar en consideración siquiera en la medida que atañe al motivo (cuarto) central: si las conclusiones de la sentencia son o no acordes a las exigencias de la presunción de inocencia, con el contenido respecto de tal garantía que expusimos más arriba.

7.- Y ello en relación ya al dato esencial de si los funcionarios recurrentes forzaron o facilitaron su participación en los negocios o actuaciones de la reparcelación. Para entender esa participación ha de advertirse de que, tal como exige la jurisprudencia para dar por tipificable el comportamiento, la participación ha de ser, no solamente como intervención efectiva en el «contrato, asunto, operación o actividad», sino que la misma pueda suponer, lo logre o no lo logre, algún beneficio o compensación para el funcionario, sin lo cual el delito no podría darse por cometido, tal como se expone en el motivo sexto de ambos recursos.

Al respecto debemos convenir con los recurrentes en lo que concierne a las inferencias proclamadas por la recurrida a partir de los cuatro hechos base indicados en el motivo tercero (apartado 3 in fine de este Fundamento Jurídico).

La intervención considerada típica la dibuja la sentencia recurrida de la siguiente manera: a) la empresa Inversiones en activos productivos «CASTELNOVO» adquiere fincas que se integran en la Unidad de Ejecución nº 12 del Municipio de La Muela. b) Los recurrentes, aprovechándose de su condición de arquitecto y secretarios municipales, se integran en aquella sociedad en connivencia con los socios aparentes de la misma y siguiendo la iniciativa del Sr. Torcuato Hector ante la posibilidad de beneficio que ofrecía la forma en que se gestionaba el desarrollo urbanístico de La Muela. (Epigrafe B-3). c) Ciertamente no describe ninguna actuación ya hecha efectiva en los procedimientos administrativos, salvo la casi irrelevante, y meramente indicada como ejemplo, certificación sobre no necesidad de licencia para la segregación de una de las fincas de la mercantil; pero parte de que aquella actuación de los dos funcionarios era de previsible e ineludible realización.

La cuestión esencial es pues si existe, o no, prueba suficiente para afirmar que los acusados se integraron en la sociedad mercantil de tal suerte que los beneficios de ésta podrían repercutir a favor también de los recurrentes.

La sentencia se refiere a la enorme profusión de conversaciones habidas entre dos funcionarios públicos en relación con licencias o procedimientos exclusivamente relacionados con esta mercantil los cuales por razón de su cargo debían informar en cualquier proyecto urbanístico del municipio de La Muela, debe ser valorada como hecho base revelador de algo que no resultaba en absoluto normal.

Ciertamente tales extractos de esas conversaciones aludidos en la sentencia (folio 288) quizás por su excesivo acotamiento, no permiten inferir que los recurrentes, inequívocamente, forman parte de la titularidad real de la empresa, siendo insuficiente el uso del plural por los interlocutores para tal conclusión, por no acreditarse en aquel plural «nos» ni denotación ni siquiera connotación inclusiva. Lo que no se escapa a la propia sentencia, que remite al refuerzo de sus conclusiones a partir de otros indicios.

En concreto el hecho objetivo del hallazgo de la «libreta azul» en el despacho del arquitecto del Ayuntamiento. Rechaza la exculpación de éste en el sentido de que incluía notas necesarias para responder a cuestiones que plantaban los socios de la mercantil, atribuyendo la sentencia además a esa «explicación» defensiva la virtualidad de permitir inferir la existencia de un «asesoramiento indebido» y, además, concluye que esas anotaciones no describían un problema sino hechos concretos, las compras de las parcelas, a quien se compraron, dinero pagado, dinero pagado en B etc..., siendo la conclusión a obtener que todo ello no se compadece con un mero asesoramiento. Aunque compartiéramos la eventual irreprochabilidad de tales informaciones del funcionario al particular, todavía el enlace entre ello y la afirmación de que dichos funcionarios están integrados en la sociedad particular y a la espera de subsiguientes beneficios se muestra escasamente concluyente.

Más significativo es el hallazgo de determinada documentación contable que se dice era el seguimiento de la actividad social de la mercantil, porque esa referencia no se compadece con el ejercicio de las funciones de los recurrentes.

Y ya sugieren especial atención al devenir empresarial de la mercantil la posesión, en un ordenador ocupado en el estudio del arquitecto acusado, de una memoria sobre la construcción de una urbanización en las parcelas de «CASTELONOVO», tratándose de un proyecto de futuro, la Unidad de ejecución 12 para construir viviendas, y sobre el que había hablado por teléfono con D. Torcuato Hector tal y como reveló una de las escuchas en cuya unidad se hallaban las parcelas de «CASTELONOVO» sobre las que se supone tenía que informar, intervenir en la recepción las obras, aprobar las licencias, informar las segregaciones en caso del secretario, etc.

Aun cuando se insista en la supuesta debilidad de tales inferencias no puede negársele la trascendencia como «elemento corroborante» de la directa imputación proporcionada por el coacusado Sr. Onesimo Leovigildo que, en sede de plenario, aseguró que ambos recurrentes se encontraban presentes en la reunión promovida para la constitución de la sociedad «CASTELNOVO» y que, incluso, hubo de hacer la advertencia sobre la irregularidad de tal presencia ante el régimen de incompatibilidades que les afectaba.

Se queja el recurrente de que su incriminación por lo declarado por el Sr. Onesimo Leovigildo no pudo someterse a la contradicción al negarse éste en juicio oral a dar respuesta salvo a las preguntas del Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado y su propia defensa. Por lo que se impidió al recurrente la posibilidad de contradecir las manifestaciones del coacusado. Queja que, si bien priva a ese testimonio de la virtualidad para enervar la presunción de inocencia, si fuere el único elemento de cargo, no elimina su validez como corroboración de aquellos otros elementos probatorios.

De todo ello extrae la sentencia recurrida la conclusión de que los acusados intervinieron veladamente en los entresijos de la dirección y gestión de la mercantil mediante el ejercicio de las mismas atribuciones propias de los que ostentaban la condición de socios, interviniendo en asuntos en los que lógicamente debían no hacerlo debido a su cargo.

Y es que esa toma de interés en el devenir de la explotación empresarial de la mercantil es una conclusión que se acomoda a pautas de experiencia y lógica, pues no de otra manera adquieren sentido los datos que, como base de la inferencia, se acaban de exponer.

Y no dan lugar a una duda razonable que determinados sujetos nieguen esa integración en la surte económica de «CASTELONOVO». En particular el Sr. Torcuato Hector, que produjo precisamente la idea de todo ello y estaba interesado en disimular la participación de los acusados para garantizar su contribución. O los Srs. German Nicolas y Serafin Nicolas más preocupados en negar que de tales acusados recurrentes recibieran ningún tipo de información privilegiada, lo que afecta a su credibilidad razonablemente desechada por el Tribunal de instancia.

8.- Pero también ha de examinarse si efectivamente, además de compartir los acusados, si no el riesgo, sí la ventura económica de la empresa, esa participación no era lícita porque se había obtenido desde la perspectiva, trascendente para que se claudicaran los demás socios ante la pretensión de los funcionarios, de una actuación de ambos recurrentes como tales funcionarios en los procedimientos de los que aquel riesgo y ventura de la mercantil eran tributarios.

Ya dimos cuenta de la queja de falta de expresa descripción concreta en la recurrida de tales actuaciones como funcionarios en los correspondientes procedimientos administrativos relacionados con la reparcelación proyectada en la Unidad de ejecución nº 12 del PGOU de La Muela. No obstante, sin perjuicio de lo que expondremos al examinar el motivo del recurso por infracción del artículo 439, debemos rechazar lo que los recurrentes exponen en el motivo quinto formulado al amparo del artículo 852 por vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y de interdicción de la arbitrariedad de los artículos 24 y 9.3 de la Constitución Española, en relación con el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se alega allí que la reparcelación se llevaría a cabo de forma privada sin intervención de los funcionarios recurrentes. Una unidad de ejecución viene fijada por el PGOU del municipio y, determina una porción de terreno que puede ser urbanizada por los particulares, mediante la gestión privada por un sistema de compensación. El Ayuntamiento no participaría en la gestión del sistema de compensación. La Junta de compensación lleva a cabo las obras de urbanización, tras las cuales las parcelas aportadas pasan a ser las resultantes.

Es evidente que la regulación de ese sistema de urbanización privado en la ejecución del plan urbanístico, aunque confiere a los particulares el proyecto de compensación y la responsabilidad en la urbanización de la unidad de ejecución, confiere al Ayuntamiento unas nada escasas atribuciones en lo relativo a las facultades de dirección y control del proceso, cuyo ejercicio implicaría la ineludible intervención de ambos funcionarios.

Por todo ello desestimamos los motivos primero a quinto de sendos recursos.

DÉCIMO SÉPTIMO.- El motivo sexto se formula al amparo de lo dispuesto en el artículo 849 apartado primero, por Infracción de precepto penal de carácter sustantivo, al haberse infringido el artículo 439 del Código Penal vigente en el momento de los hechos no resultando la conducta probada una conducta típica de dicho artículo.

Una vez ratificada la premisa fáctica de la decisión recurrida, por desestimación de los precedentes motivos, nos corresponde ahora considerar si son o no subsumibles los hechos declarados probados en el tipo penal que la sentencia erige en título jurídico de la condena: el citado artículo 439 del Código Penal.

El artículo 439 del Código Penal castiga a la «autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones».

Este delito ha sido modificado por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con entrada en vigor a partir del 23-12-2010, sustituyendo la expresión «debiendo informar» por «debiendo intervenir».

Como se recordaba en nuestra STS nº 765/2014 de 4 de noviembre, el bien jurídico protegido es la imparcialidad de los integrantes de la Administración Pública. Para ello, con la finalidad de no llevar a cabo lo que se han venido denominando «zonas de confluencia», sanciona, en realidad, su falta de abstención por la vía penal, pues se comprende dentro de dicho precepto la conducta de aquella autoridad o funcionario que teniendo que informar, hoy ( LO 5/2010) intervenir, en cualquier asunto público, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones (art. 439).

Esto es, se trata de obtener por parte del funcionario un aprovechamiento ¬que la ley lo denomina «forma de participación»¬ mediante el informe o la intervención en asuntos de toda clase, con tal que sean de su incumbencia pública.

Pues bien, la actividad en que había de intervenir uno y otro recurrente era la que por medio de ellos llevaría a cabo el Ayuntamiento en relación con el sistema de gestión por compensación. Por otra parte, el tipo penal no exige que ya se haya desplegado esa «información» o «intervención», sino que basta que haya de efectuarse y sea en atención a ello o prevaliéndose de ello que el funcionario logre un aprovechamiento.

El aprovechamiento fue lograr que los particulares se comprometieran a hacerles partícipes de los eventuales beneficios por la explotación de los terrenos afectos al sistema de ejecución urbanística, y que fueran obtenidos por la entidad «CASTELNOVO», siquiera se ocultara ello eludiendo asumir la condición de socios formales de la misma, pero manteniéndoles como partícipes en los resultados económicos de la sociedad.

Los recurrentes advierten de que la acusación imputaba la comisión del delito del artículo 439 del Código Penal y que, en su parecer, la sentencia condenaría por el tipo del artículo 441, lo que supondría frontal quiebra del principio acusatorio. Además, dicen, la pena tampoco sería la correspondiente a este último tipo, sino que entraría en la del artículo 439.

A ello le conduce el primer párrafo del fundamento jurídico que examina la imputación por el hecho del epígrafe B.3 de los hechos declarados probados. Allí se dice que ese delito de negociaciones prohibidas se encuentra regulado en el artículo 441 del Código Penal. Pero el error se desvanece si deparamos en el último párrafo de la página 285 de la sentencia cuando se funda en derecho la condena en el delito del artículo 439 por el que se dice son acusados los recurrentes. Y precisamente la premisa fáctica que fundan la condena en dicho fundamento no es la descrita en el artículo 441 sino la del artículo 439 que antes expusimos.

Ciertamente yerra notablemente la sentencia al imponer la pena. Impone solamente la de multa y omite imponer la de prisión de seis meses a dos años. No cabe rectificar sin embargo dicha pena ya que ello incurriría en una reforma a peor para la recurrente vetada en nuestro sistema penal.

El motivo por todo ello se desestima.

Recurso de D. Donato Emiliano, D. Abilio Candido y

«EIS ARAGÓN 2008 SL»

DÉCIMO OCTAVO.- 1.- El hecho delimitador de los diversos delitos de defraudación a la Hacienda Pública, que se le imputan, viene descrito en los epígrafes B.2.1.a; B.2.1..a.a y B.2.1.a.b.

Cabe entresacar de tales epígrafes los siguientes enunciados: Los acusados D. Donato Emiliano y D. Abilio Candido actuando en nombre de la entidad «CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES» y en su condición de administradores solidarios de la misma tenían que pagar por cuenta de la mercantil por la compra de unas parcelas al también acusado D. Torcuato Hector, sobre la cantidad oficial escriturada de 945.733 ?, otra suma más por importe de 1.518.657,00 ? y para poder financiar la expresada operación solicitaron un préstamo a la CAI para la mercantil por el importe total de la venta, esto es, 2.464.390 ?, del cual detrajeron la suma de 945.733 ? para hacer frente al pago del precio escriturado y quedándose los restantes 1.518.657,00 ?. Ese resto se pasa a los socios instrumentado al efecto un préstamo simulado de fecha 19 de noviembre de 2.003 que su propia sociedad «CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES» les concedía a cada uno de ellos y que fue presentado a la DGA el 21 de febrero de 2.005, de tal manera que cada uno de ellos se comprometía a devolver su mitad, esto es, la suma de 759.328,5 ?. La remanencia de tal cantidad de 1.518.657,00 ? intentó justificarse ante la Agencia Tributaria aduciéndose que la necesitaban para hacer inversiones inmobiliarias en Rumania y que también ello se debía a que el comprador Torcuato Hector les rebajó el precio de la venta en la indicada cantidad de 1.518.657,00 ? porque se había producido un error y les vendía 2.087 m2 más........

En relación con el IRPF de los ejercicios 2.005 y 2.006 no consta acreditada la procedencia u origen de las cantidades con las que ambos acusados amortizaron las cantidades correspondientes al préstamo simulado......

D. Donato Emiliano defraudó al erario público en el IRPF 2.006 la cantidad de 142.166,37 ? y en el 2.007 la cantidad de 122.252,77 ?. D. Abilio Candido en el IRPF de 2.006 defraudó al erario en una cantidad superior a los 120.000 En el Impuesto de Sociedades de la mercantil

«CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES» ejercicios tributarios de 2.006 y 2.007, los acusados D. Abilio Candido y Donato Emiliano como administradores de la mercantil, presentaron declaraciones tributarias en las que en el ejercicio 2.006 defraudaron al erario público en la cantidad de 684.966,04 ? y en el ejercicio 2.007 defraudaron al erario público en la cantidad de 194.451,12 ?

En definitiva, como exponen los recurrentes, el objeto del proceso propuesto por la acusación se centra en que: a) La empresa de aquéllos adquirió una serie de fincas en los años 2003 y 2004; b) por lo que a los recurrentes afecta, la pieza nuclear es la determinación de si existió o no existió un pago de sobreprecio real respecto del escriturado a favor del Sr. Torcuato Hector, que lo percibiría de manera opaca, o si debe estarse a la tesis de la defensa que presentó una explicación del origen del dinero que fueron devolviendo a la empresa durante los años 2005 a 2007, que ha dado lugar a la condena por delitos fiscales tanto por impuesto de IRPF como por impuesto de Sociedades; c) conforme a la misma es real el contrato de préstamo que la sociedad «EIS ARAGON 2008 SL», efectuó a sus socios, los hoy recurrentes, con fecha de 21 de Octubre de 2004, que fue aportado a las actuaciones mediante escrito de 14 de Marzo de 2016, al amparo de lo dispuesto en el artículo 729 3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como también la documentación acreditativa de los viajes a Rumania.

2.- Es claro pues que los hechos que configuran el objeto tanto del proceso como, más ampliamente, del debate seguido en el procedimiento que culminó con la sentencia objeto de este recurso de casación, son totalmente diversos en lo sustancial, de aquellos otros hechos que configuraron el objeto del proceso y debate por razón de las acusaciones formuladas contra Dª Irene Herminia y D. Adriano Eleuterio.

Por ello la declaración de nulidad de la parte del procedimiento que albergaba sus respectivos objetos de acusación en nada trasciende a la que alberga el objeto aquí descrito en relación con el recurso de D. Donato Emiliano, D. Abilio Candido y la entidad «EIS ARAGÓN 2008 SL».

Por ello pasamos a analizar los motivos de este recurso.

DÉCIMO NOVENO.- 1.- El primero de los motivos se formula por vulneración de derecho fundamental, al amparo de lo dispuesto en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y concretamente por vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio y al derecho de defensa.

Se sostiene en el motivo la nulidad radical del registro efectuado por funcionarios de la Agencia Tributaria, en el domicilio social de la entidad «EIS ARAGÓN 2008 SL» con fecha de 18 de Marzo de 2009 que se realizó sin orden judicial.

En ese momento se hallaba detenido D. Donato Emiliano, administrador solidario de la entidad «EIS ARAGÓN 2008 SL» que no fue requerido y el registro fue efectuado en presencia del otro administrador D. Abilio Candido Se admite por los recurrentes que D. Abilio Candido es también administrador solidario de la entidad, que se halla consternado por los hechos que se están produciendo, y que sin saber los derechos que pueden asistirle en ese momento nada hace respecto de la entrada y registro que se produce en su presencia. Aunque se añade en el motivo que sin que éste contara con asistencia letrada alguna para asesorarse sobre la autorización de tal registro llegando el motivo a proclamar que era víctima de una intimidación ambiental. El registro se efectuó por agentes de la Agencia Tributaria y en el mismo se ocupó la documentación que la Sala sentenciadora ha utilizado para condenar a ambos recurrentes.

Protestan que de esa manera se vulneró el derecho a la inviolabilidad del domicilio y del derecho de defensa de los recurrentes incluida obviamente la propia mercantil titular privándoles del derecho que tenían a contar con asistencia letrada al objeto de dar o no su autorización para la entrada y registro que efectivamente se llevó a cabo

2.- Basta la propia exposición del motivo para determinar su fracaso. Admite que los inspectores de la Agencia Tributaria se personaron en la sede de la entidad «CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES» el 18 de marzo de 2009, que en aquella se encontraba D. Abilio Candido que, con D. Donato Emiliano, es administrador solidario de tal entidad. Que nada objetó dicho administrador de la entidad sometida a inspección para el examen de documentación que allí pudiera haber. Como recuerda el Ministerio Fiscal en su impugnación del motivo, al folio 14954 (tomo 41 y no 42 como cita dicho Ministerio Fiscal) existe una diligencia dentro del Anexo 30 en la que reza que el 15 de abril de 2009 se constituyó la Inspección en las oficinas de la empresa «EIS ARAGON SL» (antes «CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES») para obtener información, se recuerda que se trata de la continuación de las «actuaciones de comprobación e investigación tributaria» -no pues dentro de un procedimiento penal- iniciadas el día 18 de marzo de 2009, fecha de la diligencia impugnada ahora en el recurso, y que, ante aquella Inspección comparecen los dos recurrentes D. Donato Emiliano y D. Abilio Candido, acompañados del letrado que les asiste. Es entonces cuando D. Donato Emiliano hace una detallada exposición de hechos. D. Donato Emiliano solicita copia de la documentación de la que la Inspección se hizo cargo con anterioridad a tal fecha y la Inspección notifica que la diligencia que examinamos será incorporada al expediente administrativo. Ni los comparecientes ni el letrado formularon protesta alguna.

El artículo 113 de la Ley General Tributaria 58/2003 vigente al tiempo de los hechos establece: Cuando en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración tributaria deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial.

Esta intervención judicial solamente es necesaria por ello si faltase aquel consentimiento, que el recurso admite que fue prestado. Las referencias al estado del D. Abilio Candido no se muestran con contenido que permita considerarle incapaz para comprender el sentido de sus actos. Ni se encontraba detenido. Por otra parte tampoco es dudoso que la actuación inspectora entraba en el marco autorizado por los artículos 131 y siguientes y 136 y siguientes de aquella Norma Tributaria.

Así pues, la licitud de la obtención de datos resulta incuestionable. Incluso sin necesidad de invocar la ruptura que con la eventual antijuridicidad derivada de lo actuado el 18 de marzo de 2009, supuso la comparecencia, de ambos administradores, aquí recurrentes, que declararon con total plenitud en la asistencia de letrado.

VIGÉSIMO.- 1.- En el segundo motivo se alega que, versando la causa única y exclusivamente sobre delitos de defraudación a la Hacienda Pública, el Juzgado competente para la instrucción de la causa, no era el Juzgado de Instrucción de La Almunia, sino el Juzgado de Instrucción de Zaragoza, y así mismo el órgano de enjuiciamiento no era la Ilma. Audiencia Provincial de Zaragoza, sino el Juzgado de lo Penal de Zaragoza. Por ello alega, al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la vulneración del derecho al Juez Predeterminado por la ley.

2.- Sabido es que la Jurisprudencia constitucional y la de este Tribunal Supremo ha reiterado que el contenido constitucional del juez predeterminado no se vulnera cuando se resuelve por órgano del que sólo se discute su competencia, salvo que se trate de aplicación arbitraria de la norma que la atribuye.

Lo recuerda nuestra STS 781/2017 del 30 de noviembre : el derecho al Juez ordinario legalmente predeterminado, que expresamente contempla el artículo 24.2 de la Constitución Española (CE), supone que: a) el órgano judicial haya sido creado previamente por una norma jurídica; b) esté investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial de que se trate; y c) su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional ( STC 47/1983). De modo que al venir su composición previamente determinada por la Ley, se preste la debida garantía de independencia e imparcialidad del llamado a juzgar.

Como ya ha tenido ocasión de establecer esta Sala (entre otras STS nº 1980/2000, de 25 de enero de 2001; STS nº 132/2001, de 16 de febrero; STS nº 129/2004, de 9 de febrero, y STS nº 269/2004, de 8 de marzo), la mera existencia de una discrepancia interpretativa sobre la normativa legal que distribuye la competencia sobre los órganos de la jurisdicción penal ordinaria, no constituye infracción del derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la Ley.

El mismo criterio es sostenido por el Tribunal Constitucional, el cual ha señalado ( STC 35/2000, entre otras), que las cuestiones de competencia reconducibles al ámbito de la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de dicha competencia entre órganos de la jurisdicción ordinaria no rebasan el plano de la legalidad careciendo por tanto de relevancia constitucional, salvo casos de patente arbitrariedad.

Ciertamente uno de los efectos malhadados de la institución procesal de la conexión ha sido la conformación de macro procesos, tantas veces tributarios de razones no claras. Aunque afortunadamente recientes reformas procesales pueden poner coto a esas extravagantes consecuencias, lo cierto es que la tramitación de la causa de que procede este recurso no se apartó del marco legal derivado de dicha conexión entre los múltiples objetos procesales, por más que tampoco se habría apartado una diversa interpretación de los artículos 17.5 y 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por ello no cabe en ningún caso ni tildar de arbitraria la acumulación procedimental ni, mucho menos, vulnerando el derecho al juez predeterminado que se invoca en el motivo que, por ello, rechazamos,

VIGÉSIMO PRIMERO.- 1.- El tercero de los motivos alega error en la apreciación de la prueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, basado en documentos, obrantes en las actuaciones que pretende que demuestran la equivocación del Juzgador.

Invoca como documentos a tales efectos el contrato de préstamo que la sociedad «EIS ARAGON 2008 SL», efectuó a sus socios los hoy recurrentes, con fecha que señala el motivo de 21 de octubre de 2004 fecha que coincide con el otorgamiento de la segunda escritura de venta de parcelas, y, por otra parte, la documentación acreditativa de los viajes a Rumania que fue aportada a la Administración Tributaria y ésta remitió a las actuaciones.

La sala de instancia viene a destacar que el préstamo era un préstamo simulado, por cuanto se dice, recogiendo afirmaciones del actuario de la agencia tributaria, que no se pactó plazo alguno ni intereses, de donde se deduce que no era un verdadero préstamo y que no ha sido acreditada documentalmente la realidad de tales viajes a Rumania.

Pues bien, ambos extremos los tilda el motivo de incorrectos y ve que vienen manifiestamente contradichos por la documental obrante en las actuaciones. La defensa sostuvo que no se hizo ningún pago de sobreprecio al Sr. Torcuato Hector, sino que se utilizó el dinero sobrante de las operaciones, recibido de un crédito bancario, para realizar un préstamo para socios por parte de la sociedad «EIS ARAGÓN 2008 SL».

Afirma que, del documento que instrumenta el préstamo, deriva que consta perfectamente consignado un plazo de devolución del crédito de 28 años, con un plazo de 3 años de carencia y un plazo de amortización de 25 años, por lo que no sería cierto que no se hubiera pactado plazo de devolución. Igualmente es claro en el documento que se determina un interés del 4% anual, estableciéndose las cuotas mensuales y fijando un interés de demora del 10%. Y, en cuanto a los viajes a Rumania, consta a los folios 74.908 a 74.919 toda una serie de facturas de avión a Bucarest facturas de hotel en Rumania y desplazamientos al aeropuerto.

Con ello se desvirtuarían los hechos base que permitieron al Tribunal inferir que el dinero que los socios van devolviendo a la mercantil es de origen desconocido. En efecto, por un lado, no procedería de un sobrante del préstamo bancario cuyo total importe se habría entregado al vendedor de las parcelas cuyo valor real era superior al escriturado. Y por otro lado no consta cual pudiera ser el origen, diverso de aquÉl, del efectivo que periódicamente los acusados entregaban, como ficticios prestatarios a título personal, a la mercantil como también ficticia prestamista.

2.- La Sala de instancia, para conformar su convicción sobre el origen desconocido de las entregas (supuestas devoluciones de préstamo) de los recurrentes a la mercantil, cuenta con el dato no combatido en el recurso de que las mismas se llevaron a cabo en efectivo (pág. 279 de la sentencia) en los años 2006 y 2007 D. Donato Emiliano (325.165,26 euros y 285.428,77 respectivamente) y 2006 (325.165,26 euros) el Sr Abilio Candido. Tales importes no declarados implican un concepto patrimonial, a integrar en la base de IRPF de tales contribuyentes, y suponen una cuota defraudada por tal concepto que supera los 120.000 euros.

El precio real de la venta de las parcelas lo justifica la Sala partiendo de los detalles de la misma se explicitaban a los folios 16.921 v. y siguientes, en los que la Agencia Tributaria da cuenta de los hallazgos de documentos intervenidos el 18 de marzo de 2009 en las sedes de «CONSTRUCCIONES NUEVO HOGARES» («AIS») que instrumentan contratos privados por los que se transmitían a dicha entidad las fincas reseñadas. A ello se une lo que la sentencia denomina «manuscrito dos» intervenido por la Agencia y en el que se recoge expresamente que parte del precio de las parcelas se pagó en «B». Sobre la diferencia entre los precios reales de venta y los declarados en dos escrituras públicas volveremos al examinar el motivo quinto en el Fundamento Jurídico Vigésimo Tercero de esta sentencia.

La consideración del préstamo del ente mercantil a sus socios como ficticio deriva de la necesidad de los vendedores de dar cobertura a la diferencia entre el precio real de las seis fincas vendidas (3.786 376 euros) y la suma de los figurados en las dos escrituras públicas (2.267.719). esa diferencia era, como veremos de 1.518.657 euros.

El examen de la documentación (folios 16920 y siguientes de la causa) a la que remite la sentencia permite constatar:

Por escritura pública de 27 de noviembre de 2003 se venden (simulando hacerlo el Sr. Andres Angel) las fincas NUM046, NUM051 y NUM056 a AIS por el precio de 1.321.986,22 euros entregado a la firma del contrato.

Por escritura pública de 21 de octubre de 2004 se vende (ya por el Sr. Torcuato Hector y esposa) a la misma compradora las fincas NUM053, NUM054 y NUM055 por el precio de 945.733 euros que se confiesa recibido con anterioridad. En relación con esta venta se aportó a la inspección un contrato privado de fecha 27 de noviembre de 2003 figurando el mismo precio.

El precio real de las operaciones era superior. Como se verá al contestar al motivo quinto, el precio real era de 3.786.376 euros lo que resulta de la documentación intervenida el 18 de marzo de 2003, resultado de la suma de 1.321.988 que es el precio que consta en el documento fechado también en 19 de noviembre de 2003 sin firmar habido en el fichero informático de «PUYADAS EMBID SERVICIOS SL» que relata la venta de las fincas NUM046, NUM051 y NUM056 y que coincide con el precio escriturado el día 27 siguiente y 2.464.390 euros referido para las fincas NUM054 y NUM053 en contrato privado de 19 de noviembre de 2003.

Para abonar este último precio de las fincas NUM054 y NUM053, al tiempo del otorgamiento de la escritura pública, en la que se confiesa recibido el precio ficticio allí dicho de 945.733 euros, la entidad «CONSTRUCCIONES NUEVOS HORAGORES» obtuvo una ampliación del préstamo concedido por la «CAI» en un importe de 2.500.000 euros.

Entonces surgía una discrepancia entre el precio real y el que figuraba en las escrituras. La diferencia entre lo que consta en escritura y el precio real es la que deriva del precio inferior al real que se hizo constar en la segunda operación: (2.464.390 menos 945.733= 1.518.657 euros). El importe de la diferencia había sido entregado realmente a los vendedores. Pero era necesario justificar el destino dado al dinero que en octubre de 2004 quedaba a disponibilidad de la compradora que solamente justificaba haber dispuesto de 945.733 euros de los 2.500.000 euro recibido de CAI.

Es para ello que se confeccionan dos documentos. El primero de 27 de octubre de 2003 para como contrato privado aparentar que el precio que se escrituraría en 2004 era el real pactado. Y el supuesto préstamo por la entidad a los socios por la diferencia entre ese precio y el crédito bancario recibido.

El dinero obtenido del préstamo bancario fue entregado en su totalidad como precio a los vendedores, tal como se reitera en el folio 121, donde se declara que dos pagos de 759.328,50 euros (que suman el precio figurado en escritura de 1.518.657,50 euros) los efectuó la mercantil por más que transmitiendo tales cantidades antes a los dos socios acusados. Y se argumenta «tal como se refleja en el manuscrito dos intervenido con motivo de la personación de la Agencia Tributaria». Por ello es evidente que el dinero que los socios devolvieron a la sociedad, en efectivo, tenía que ser de origen desconocido por no declarado y, en consecuencia, el préstamo era una pura ficción para simular la licitud de la obtención de sus parciales importes por los socios.

En consecuencia, los datos, también considerados por la sentencia de instancia, sobre la existencia en el contrato de plazos de devolución o interés a pagar por el prestatario, no son sino otras aportaciones argumentales, pero en absoluto las únicas respecto a la prueba de lo que se declara hecho sustancial probado: que tales «devoluciones» de dinero tenían origen desconocido y oculto a Hacienda.

Es decir que los documentos invocados, incluso de ser veraces sus particulares señalados en el motivo, ni son suficientes por sí solos para excluir esa conclusión ni son los únicos elementos de los que para ésta dispuso el Tribunal. Es decir, carecen de los requisitos que exige el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en que pretende ampararse el motivo.

Por ello éste se desestima.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- El cuarto motivo se formula alegando contradicción entre los hechos que se consideran probados.

Se indica como contradicción que en la página 113 del factum afirma, que: «Así las cosas Torcuato Hector pactó con los representantes legales de «CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES S.L» Abilio Candido y Donato Emiliano la venta de las citadas fincas por un precio conjunto de 3.786.376,22 ?»....... mientras que en la página 121 del factum afirma que: «Consta acreditada la operación de compraventa de las parcelas del polígono NUM052 en los años 2003 y 2004 por la que el Sr. Torcuato Hector y su esposa transmitían a AIS las dos fincas en cuestión por el precio de 2.464.390 ?.»

El primero de aquellos párrafos (folio 113), donde se habla del pecio de «las citadas fincas» obliga a identificar cuales sea éstas. Y lo son las que se dicen en el párrafo anterior: tres de ellas - NUM046. NUM051 y NUM056 -del polígono NUM052, con venta escriturada el 27 de noviembre de 2003 por importe oficial de 1.321.986,22 ?. Y las otras tres, también del polígono NUM052, las de venta escriturada el 21 de octubre de 2004, por importe oficial de 945.733 ?.

En los folios 114 y 115, dentro del epígrafe B-2, común en referencia a la responsabilidad de D. Donato Emiliano y D. Abilio Candido, se alude al hallazgo de varios documentos privados que asignan precios diversos. Por un lado, a las tres fincas NUM046, NUM051 y NUM056. a las que se le indican precio 3.760.000 ? (documento de fecha 28 de octubre de 2003). Por otro lado, a la NUM054 y NUM053.A. a las que se le asignan en un documento de 19 de noviembre de 2003 exactamente la cantidad de 2.464.390 ?.

Esta es la cantidad que se refiere en el apartado B.2.1.a como suma del precio oficial y el opaco fijado para la venta escriturada en 2004, que se refiere a las fincas NUM054, NUM053 y NUM055. Y también es la cantidad que se reitera en el folio 121 en el epígrafe B.2.1.a.b siquiera ahí con poca fortuna se dice que corresponde a dos fincas cuando en realidad eran tres ( NUM054, NUM053 y NUM055 aquellas cuya venta dio lugar a ese precio). Ciertamente las ventas ocurrieron en 2003 y 2004. En 2003 en documento privado no simulado de 19 de noviembre y en documento simulado por el inferior precio de 945.733 euros, y en escritura pública de 2004 por el precio pre-configurado en ese documento mendaz de los citados 945.733 euros. Todo ello como resulta del examen de aquellos documentos a los que remite la sentencia (folios 16.920 y siguientes). No hay pues más error irrelevante que el de que las fincas que justificaron ese precio eran tres y no dos.

Por otra parte lo afirmado inequívocamente y sin contradicción entre ambos asertos es que el precio escriturado (no el real) de las seis fincas asciende a 2.267.719 y el precio considerado efectivamente pactado es de 3.786.376,22 como se concluye en el folio 115., de los cuales los 2.464.390 corresponde a las fincas NUM054, NUM053 y NUM055, todas del polígono NUM052.

La irrelevancia del error (refiriese a dos fincas donde debería decir tres) nos lleva pues a rechazar este motivo.

VIGÉSIMO TERCERO.- El quinto motivo se formula por inaplicación del principio «in dubio pro reo», y por aplicación indebida del artículo 305 del Código Penal.

1.- Se sostiene en el motivo que, por una parte, no hay justificación alguna para condenar por cooperación necesaria respecto del delito imputado al Sr. Torcuato Hector respecto del IRPF del año 2003, y por otra que, dada la jurisprudencia existente respecto de la valoración de la prueba en los delitos contra la Hacienda Pública, debió absolverse a los acusados en aplicación del principio «in dubio pro reo».

La pieza nuclear es la determinación de su existió o no existió un pago de sobreprecio a favor del Sr. Torcuato Hector como consecuencia de la compraventa realizada con el mismo en escritura de fecha de 21 de octubre del año 2004 de varias parcelas del Polígono NUM064 de La Muela y en la compraventa formalizada por «EIS ARAGÓN 2008 SL» con D. Andres Angel de fecha de 27 de noviembre de 2003.

Entienden los recurrentes que sería razonable considerar que el precio total de todas las compraventas no fue más que 2.464.390 ?.

Entrando a la operación de 27 de noviembre de 2003, (testaferro Sr. Andres Angel) es claro, con pleno respeto al factum, que no existió sobreprecio alguno, pues la Sentencia viene a afirmar que fue formalizada la escritura por el precio de 1.321.986,22 ?, efectivamente éste fue el precio que se pagó.

La sentencia estima que el sobreprecio existió en la compraventa del año 2004, en la que pese a escriturarse por 945.733 ?, en realidad se pagó la cantidad de 2.464.390. Se pagó el precio que se escrituró con total transparencia. Como consecuencia de ello, carece de trascendencia a los efectos que afectan a esta parte por cuanto carecería de sentido condenar como se ha hecho como cooperadores necesarios del delito fiscal respecto al IRPF del Sr. Torcuato Hector, delito por el que desde luego debería dictarse sentencia absolutoria.

Respecto de la segunda compraventa, la del 2004, no existe, según los recurrentes, en realidad prueba alguna de que efectivamente existiera sobreprecio alguno en la operación.

2.- La sentencia parte, en efecto, de que existió un sobreprecio en las ventas de seis fincas por la entidad «CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES» (después «EIS») ideando el coacusado Sr. Torcuato Hector las actuaciones fraudulentas dirigidas a ocultar las respectivas bases imponibles de diversos tributos con la consiguiente falta de pago de cuotas correspondientes. Y describe la sentencia cuales eran los precios reales de las operaciones y cuales los que se simularon ante la Hacienda. Y lo hace con indicación de las fuentes probatorias que avalan tales conclusiones.

Nos corresponde ahora examinar si los medios procedentes de aquellas fuentes permiten una certeza objetiva sobre la veracidad de tales conclusiones traducidas en el relato de hechos probados que fundan las condenas combatidas en este motivo.

3.- Por lo que se refiere a la cuantificación del precio real de las ventas de las seis fincas (por un lado las nº NUM046, NUM051 y NUM056, y por otro lado las NUM054 y NUM053, además de la NUM055, todas del polígono NUM052) los documentos privados intervenidos en las inspecciones llevadas a cabo en las oficinas de «PUYADAS EMBID» y en las de «CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES», reflejan diversos precios. Los documentos privados fechados en 19 de noviembre de 2003 señalan, para el grupo de dos fincas ( NUM054 y NUM053) el precio de 2.464.390 euros y para el de otras tres ( NUM046; NUM051 y NUM056) el precio de 1.321 986 euros. La suma alcanza los 3.786.376 que la sentencia da como precio real. En realidad, habría que añadir el de la finca NUM055 que queda fuera de ese cómputo. Esa cifra no difiere en exceso de la resultante de los documentos privados de fecha 28 de octubre anterior. Respectivamente 23.374 y 3760.000, que arrojarían un total de 3.783,376.

Como precio simulado para Hacienda se recoge la suma de los figurados en las dos escrituras públicas de 27 de noviembre de 2003 para las fincas NUM046; NUM051 y NUM056, que se corresponde con el figurado en el documento privado de 19 del mismo mes antes indicado, y la escritura de 21 de octubre de 2004 para las fincas NUM054 y NUM053, más la nº NUM055, que refleja un total de 945.733 euros. Es decir que el precio aparente total, suma de esos otros dos, fue el de 2.267,717 euros.

En consecuencia, la cuantía de precio oculta ascendió a 1.518,657 euros. Diferencia que sería mucho mayor si atendemos a los datos también dados por probados conforme a los cuales las fincas NUM046, NUM051 y NUM056 aparecen compradas ante el mismo notario el mismo 27 de noviembre de 2003 por quien se los va a vender a «CONSTRUCCIONES» y que los adquiere de

«FRENOS ZARAGOZA» por 701.019,92 euros. O que cuando se otorga la escritura de 21 de octubre de 2004 de venta de las fincas NUM054, NUM053 y NUM055, la compradora obtuvo una ampliación de préstamo anterior por 2.500.000 euros.

Y frente al resultado reflejado por esos medios probatorios ningún otro elemento de juicio es aportado que pueda hacer cuestionar de manera razonable la anterior conclusión.

4.- El motivo cuestiona también que concurran los elementos para calificar el comportamiento de los mismos de cooperación con el coacusado Sr. Torcuato Hector en el delito fiscal correspondiente al IRPF de éste en el año 2003.

Parte el hecho probado del aserto de que fue precisamente el Sr. Torcuato Hector quien ideó la estrategia de fraude. Y para ello contó con la conformidad prestada a tal imputación por el propio coacusado. Y esa paladina admisión cuenta como corroborante con la intervención de tales contratos: el de las fincas NUM046; NUM051 y NUM056, que aparenta vendida por el Sr. Andres Angel a «CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES» representada por el recurrente D. Donato Emiliano, no solamente en la escritura pública de 27 de noviembre de 2003, sino en un ejemplar, fechado el 28 de octubre, intervenido en las oficinas de la compradora, y otro fechado el 19 de noviembre, en las oficinas del coacusado, también conformado, Sr Onesimo Leovigildo y, advierte la sentencia, éste era gestor que actuaba al servicio del Sr. Torcuato Hector y nunca del Sr. Andres Angel. Otro corroborante lo constituye el contrato privado, ese sí otorgado por el Sr. Torcuato Hector, relativo a las fincas NUM054 y NUM053 en el que el recurrente D. Donato Emiliano actuaba en nombre de la entidad compradora citada y en el que el precio figurado es muy inferior al real.

Tales datos predican una base fáctica desde la que la inferencia de que la compradora, representada por D. Donato Emiliano, conocía que de tal diferencia derivaba un fraude a la Hacienda es inequívoca conforme a experiencia común. Por otra parte debe inferirse la información y aquiescencia del coacusado D. Abilio Candido, solidario en la administración de aquella entidad, y sin cuya aquiescencia no se concibe una operación de esa envergadura económica.

La desestimación de todos los motivos, con el contenido que venían formulados, determina la desestimación de todo el recurso, con mantenimiento de todas las condenas, incluidas las que se deriva del fraude en relación con los IRPF de los recurrentes, más allá de la cooperación con el fraude del Sr. Torcuato Hector y, también, en relación con el Impuesto de sociedades de la entidad de la que eran administradores solidarios.

Recurso de Dª Esperanza Olga

VIGÉSIMO CUARTO.- 1.- El primero de los motivos se formula por quebrantamiento de forma al amparo de lo dispuesto en el artículo 851.1 de la Ley Enjuiciamiento Criminal al no expresarse en la sentencia clara y terminantemente los hechos considerados probados.

Además, se alega ausencia de motivación que vulnera los artículos 24.1 y 120.3 Constitución Española.

Se reprocha su «olvido» en la instrucción, afirmando no haber sido citada hasta que formuló acusación la Abogacía del Estado y en la sentencia no existe motivación o fundamentación alguna que permita inferir en la Sra. Esperanza Olga existencia de responsabilidad civil, incurriendo en el defecto de absoluta falta de motivación. Nada se hace constar sobre el régimen matrimonial de la Sra. Esperanza Olga y el Sr. Abilio Candido, y es que tal y como consta en las actuaciones y así lo reconoce la Agencia Tributaria, el mismo es de separación absoluta de bienes pactado en escritura pública autorizada ante el Notario D. José Cortés Valdés de fecha 19 de Octubre de 1993.

2.- Este motivo exige como precisiones previas para su resolución las siguientes: a) Que la recurrente fue condenada solamente como responsable civil; b) que la sentencia proclama como hecho para fundar su condena (pág. 120 de la sentencia) que el coacusado D. Abilio Candido -su esposo- presentó «junto» con la recurrente la declaración de IRPF correspondiente al ejercicio del año 2006; c) que dio como resultado la devolución de 5.454, 61 euros; d) que en esa declaración no se incluyeron determinados conceptos como el dinero ingresado por D. Abilio Candido en la mercantil «AIS»; e) y que lo defraudado era una cantidad «superior» a 120.000 euros que se concreta en 131.654,37 como incremento patrimonial no declarado puesto de manifiesto por aquellas entregas de D. Abilio Candido a la mercantil.

3.- La sentencia omite toda fundamentación jurídica de la imposición de responsabilidad civil a la recurrente. En su impugnación al recurso la Abogacía del Estado invoca el artículo 86 de la ley de IRPF, cuyo texto vigente al tiempo de los hechos, anterior a la regulación por ley 35/2006, establecía las normas aplicables a la declaración conjunta, 1. En la tributación conjunta serán aplicables las reglas generales del impuesto sobre determinación de la renta de los contribuyentes, determinación de las bases imponible y liquidable y determinación de la deuda tributaria, con las especialidades que se fijan en los apartados siguientes. 2. Los importes y límites cuantitativos establecidos a efectos de la tributación individual, se aplicarán en idéntica cuantía en la tributación conjunta, sin que proceda su elevación o multiplicación en función del número de miembros de la unidad familiar.

Ciertamente en el mismo artículo se añade: 6. Todos los miembros de la unidad familiar quedarán conjunta y solidariamente sometidos al impuesto, sin perjuicio del derecho a prorratear entre sí la deuda tributaria, según la parte de renta sujeta que corresponda a cada uno de ellos.

Ahora bien, una cosa es la determinación de la cuota tributaria y otra la responsabilidad civil que cabe reclamar como consecuencia de la comisión de un delito. Ésta puede exigirse de manera subsidiaria respecto de la responsabilidad criminal de la persona por la que se ha de responder civilmente ( artículo 120 del Código Penal) o bien porque se ha obtenido un beneficio por participar a título lucrativo de los efectos del delito ( artículo 124 del mismo Código Penal).

La sentencia no expone cual es el título por el que debería responder la recurrente en este concreto marco del proceso penal. Ni en los hechos probados se describen datos que permitan justificar uno u otro título de imposición de tal responsabilidad civil. Desde luego la eventual consideración como sujeto pasivo del tributo, que es a lo que se refiere la norma invocada por la Abogacía del Estado, no satisface esa necesidad de acreditar el presupuesto de los preceptos del Código Penal indicados, como podría decirse si la recurrente viniera penada como criminalmente responsable.

Nos encontramos por ello, ante una infracción que no se reduce a la de la legalidad ordinaria causante del quebratammiento de forma del artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La infracción tiene contenido constitucional en la medida que esa oscuridad respecto del fundamento de la pretensión civil de la acusación arrastrada a la sentencia supone una indefensión para la destinataria de aquélla. Y esa indefensión no es enmendable sin una rectificación del hecho probado. Por lo que avoca necesariamente a la absolución de la recurrente a la que no cabe someter a una segunda ocasión de acusación.

Lo que implica la estimación del motivo sin necesidad de examinar los demás alegados por falta ya de objeto, siendo procedente declarar absuelta a la recurrente en la segunda sentencia a dictar tras esta de casación.

Recurso de D. Alvaro Claudio

VIGÉSIMO CUARTO.- 1.- Viene condenado por tres delitos fiscales por defraudación a la Hacienda Pública en la declaración del IRPF correspondiente a los ejercicios 2005, 2006 y 2007 por los hechos descritos en los epígrafes C-2, C-3 y C-4.

Este acusado en sus conclusiones definitivas mostró su conformidad en cuanto a la condena por los citados hechos. No obstante, hubo de aclarar que no se conforma con las tres penas de un año de prisión cada una que vienen solicitadas por las acusaciones, sino que considera que, dada la consideración de cooperador necesario del Sr. Desiderio Sabino, procede rebajar en un grado la pena prevista en el artículo 305.1 del Código penal e imponer al mismo tres penas de seis meses de prisión cada una.

Los citados hechos pueden describirse en lo esencial de la siguiente manera: D. Desiderio Sabino como administrador de «SAGAIN», pactó con D. Torcuato Hector en un contrato firmado por ambos acusados el día 13 de diciembre 2.005. la simulación de un préstamo para justificar los 500.000 ? que D. Torcuato Hector no declaró a la Hacienda Pública en el IRPF de 2.005.

De la misma forma suscribieron en fecha 2 de febrero de 2.006 otro contrato de préstamo firmado entre Desiderio Sabino como administrador de «SAGAIN» y D. Torcuato Hector para justificar la entrega de 300.000 euros en la cuenta de éste que no fue declarado por dicho acusado en el IRPF de 2.006. A la vez que se redactó la supuesta concesión del préstamo se redactó otro documento en el que se reconocía la inexistencia de tal préstamo.

Igualmente, en una declaración complementaria presentada por D. Torcuato Hector en el mes de diciembre de 2.008 respecto al IRPF de 2.006, se introdujo la declaración de 275.229,36 ? más IVA, según se dice, por intermediación inmobiliaria (factura NUM069) justificando el ingreso en efectivo de 300.000 ?, manifestando posteriormente el Sr. Torcuato Hector que el ingreso se debía al préstamo citado. La factura NUM070 alegada resultó ser una factura pagada por construcciones «SAGAIN» por su labor de intermediación en la compra de unas parcelas en La Puebla y que fue abonada por ingreso en la cuenta de «CAJALÓN» de 327.000 ? 16 de febrero, comprobándose que en el libro de facturas no existe ninguna con la nomenclatura NUM043.

D. Torcuato Hector actuó de comisionista en la venta de una mitad indivisa de la finca registral nº NUM071 propiedad de «SAGAIN» a «CAJALON», lo que se hizo mediante escritura de fecha 30 de marzo de 2.007. Su comisión quedaba determinada en 870.000 ? emitiendo para su cobro una factura que no iba a su nombre y tampoco contra «SAGAIN» sino contra otra empresa de su grupo denominada «AURRERRABIRE SL» quien emitió un cheque por importe de 947.586,60 ? ingresado a la cuenta de la simulada emitente de la factura. Como quiera que la gestión efectuada por El Sr. Torcuato Hector respecto de la venta de la citada parcela lo fuera a título personal, la comisión obtenida por la misma integraba el concepto de renta de tal suerte que a través de su ingreso en una sociedad pantalla, pasaba desapercibida para Hacienda permitiendo la impunidad fiscal ante la ausencia de declaración.

2.- Estos hechos mantienen una plena autonomía en relación con los que constituyen los objetos respecto de los cuales se declaró la nulidad. Por ello, cualquiera que sea la decisión que se adopte tras la reposición del procedimiento por razón de aquella anulación, las responsabilidades declaradas por estos hechos en relación con el recurrente Sr. Desiderio Sabino, permanecerá inalterada.

Por ello estudiaremos los motivos de este recurso.

VIGÉSIMO QUINTO.- 1.- El recurso se queja de que la sentencia omitió pronunciarse en forma alguna acerca de la procedencia de aplicar a mi representado el artículo 65.3 del Código Penal.

En efecto el primero de los motivos se funda en la alegada vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( artículo 24.1 de la Constitución Española) por incurrir la sentencia bien en incongruencia omisiva al no pronunciarse acerca de la procedencia de aplicar o no el artículo 65.3 del Código Penal, bien en absoluta falta de motivación al respecto; con el consiguiente quebrantamiento de forma, a que se refiere el también alegado artículo 851 30 Ley de Enjuiciamiento Criminal por esa misma razón.

Se protesta que la defensa del recurrente hizo uso de la facultad que le confería el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a lo que el Tribunal de instancia respondió por auto de 26 de octubre de 2016 que no había lugar a aclaración o complemento alguno de la sentencia al respecto. Se estimó fundamento de tal decisión la conformidad prestada con la acusación.

2.- No obstante, como invoca el recurrente, en la página 89 de la sentencia observamos que se deja constancia de que la defensa del penado mostró, ciertamente, la conformidad con la acusación de delito fiscal, pero, dice expresamente la sentencia, «solicitó por aplicación del artículo 65.3 del Código Penal se rebajara la pena de prisión y de multa.....», así como la disconformidad con el resto de las calificaciones pidiendo la absolución respecto de los delitos en ellas contemplados.

Y efectivamente la sentencia le absuelve de los delitos de cohecho y fraude y exacciones ilegales. Y le condena por tres delitos fiscales por cooperador necesario del autor Sr. Torcuato Hector. Le impone al recurrente idéntica pena que al autor (por los hechos de los epígrafes C-2; C-3 y C-4) tanto de prisión como de multa. Sin embargo, no justifica esa identidad de tratamiento.

En realidad no cabe estimar que haya concurrido la incongruencia omisiva que se denuncia. Ésta solamente puede predicarse en relación con la decisión sobre las pretensiones. Pero no puede predicarse cuando decidiendo sobre aquéllas, aunque sea implícitamente en el fallo, si después se expresa reiterándola la misa decisión.

Lo que no impide examinar la procedencia de lo resuelto, siquiera ya en el ámbito del siguiente motivo.

VIGÉSIMO SEXTO. El segundo de los motivos alega, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, infracción de ley por inaplicación del artículo 65.3 del Código penal, pese a tener D. Desiderio Sabino la condición de cooperador necesario (como se establece en la propia sentencia recurrida) en los tres delitos contra la Hacienda Pública por los que viene condenado y por los que se le han impuesto, sin embargo, exactamente las mismas penas de prisión y multa que al autor material y contribuyente D. Torcuato Hector.

En nuestra STS 400/2017 de 1 de junio recordábamos la doctrina ya expuesta en la STS 508/2015, Fundamento Centesimonoveno 2, en la que se dijo: «efectivamente nuestra jurisprudencia afirma que se trata de una facultad del Tribunal la rebaja de la pena en estos casos; igualmente hemos señalado que en principio la regla general debe ser favorable cuando se trata de no funcionarios precisamente porque no cabe predicar de los mismos la infracción de un deber especial; y que la no aplicación debe ir precedida de una motivación especial y suficiente». En el presente caso no se ha tomado en consideración por la Audiencia la posible aplicación del precepto mencionado. Pues bien, teniendo en cuenta la regla general y no teniendo la condición de funcionario el acusado, pues dejó de serlo con anterioridad en los hechos enjuiciados, no se advierten razones que impidan su aplicación pues no concurre en el mismo la infracción del deber específico que obliga a los funcionarios, en este caso a los agentes policiales.

Aplicando esta doctrina en el caso que ahora juzgamos, la ausencia de toda motivación por la sentencia recurrida de la no aplicación de la previsión del artículo 65.3 del Código Penal ya la deja incursa en una vulneración, cuando menos, del artículo 72 del mismo capítulo del Código Penal que aquel otro precepto.

Por otra parte el juicio de reproche al cooperador que no es sujeto pasivo del impuesto defraudado, debe reducírsele proporcionadamente la respuesta sancionadora en relación a la dada al autor en el que la conducta es más reprochable.

El motivo se estima.

Recurso de D. Isidro Camilo

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- 1.- El primero de los motivos este recurrente denuncia lo que considera contradicción entre los hechos que se declaran probados en la sentencia objeto del presente recurso. Reprocha a la resolución de instancia que niegue que existieran presiones de ningún tipo sobre los miembros de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio (CPOT), pero en el Epígrafe C-5 del Fundamento Jurídico Primero (folio 233 de la sentencia de instancia) se indique que «b).- Aunque evidentemente la Comisión es un órgano colegiado, es igualmente evidente que se consumaría el delito sin necesidad de ejercer presión sobre la integridad de sus miembros o sobre todos y cada uno de los mismos, cual acaece en este caso en el que la presión pretende dirigirse sobre su Presidente. Y, por otra parte se afirme en hechos probados que la Sra. Irene Herminia solicitara al Sr. Isidro Camilo que « Bartolome Belarmino hiciera fuerza ante la Comisión y en sede de Fundamentos Jurídicos, cambie tal consideración, para entender que la persona que habría influido en la Comisión de Urbanismo (CPOT) no sería ya nuestro representado en interés de Dª Irene Herminia, sino al contrario, según se recoge al folio 233, sería el Sr. Isidro Camilo el que supuestamente, según la sentencia de instancia, se habría servido de la Sra. Irene Herminia para, en su propio interés «influir» en los miembros de la Comisión.»

2.- Ese Fundamento Jurídico de la sentencia recurrida, cuando analiza el apartado C-5 de los hechos expone que el acervo probatorio producido en juicio puso en efecto de manifiesto el interés mostrado por la acusada Sra. Irene Herminia en su condición del Alcaldesa del municipio zaragozano de La Muela durante los años señalados en la narración de hechos probados para que se llevara a cabo la aprobación, tanto de los sectores SR-1, SR-2 y SR-3 del Plan General, como la referida a la delimitación de la denominada Sexta Fase,...............

...En cuanto a la primera de las indicadas fases se refiere y que parece ceñirse a los intentos llevados a cabo por la Alcaldesa para conseguir la aprobación del sector SR-1 del Plan General, la única alusión a tal cuestión aparece reflejada en el párrafo sexto del epígrafe C-5 del escrito de acusación del Ministerio Fiscal en los términos de que ésta... «llegó a pedir ayuda a Francisco Vidal, amigo de Sebastian Fabio, para que intercediera por la delimitación del SR-1». En tal sentido, la prueba de cargo es abundante y se concreta en la prueba documental integrada por el contenido de las conversaciones telefónicas habidas entre la Alcaldesa y el Sr. Isidro Camilo y que inconcusamente ponían de manifiesto tanto la coincidencia de intereses en la prosperabilidad de sus aspiraciones urbanísticas como la recíproca influencia ejercida para la consecución de tal finalidad.

Dentro de este mismo epígrafe C-5 abordaremos -dice la sentencia en ese Fundamento Jurídico- seguidamente la cuestión relativa y absolutamente ligada a la anterior, a los intentos llevados a cabo por el acusado D. Isidro Camilo para conseguir que «el tema» (recalificación de sus terrenos) se introdujera en el orden del día de la Comisión tal y como resume el Ministerio Público en el epígrafe C-5 de su escrito de conclusiones definitivas y que califica como de otro delito de tráfico de influencias en la modalidad contemplada ex. artículo 429 el Código Penal que sanciona al particular que influyere en un funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.

Conforme al expresado epígrafe el expresado acusado, interesado en que se produjera un cambio en la calificación urbanística del suelo que la entidad «SAGAIN» había adquirido para que pasase a ser suelo industrial delimitado, presionó a la Alcaldesa a fin de que presentase su delimitación ante la Comisión, presentando la petición para la delimitación del suelo ante el Ayuntamiento de La Muela en fecha 21 de mayo de 2.008, si bien tras una serie de avatares administrativos la Comisión entendió no justificada tal petición.

3.- En relación con esa misma imputación al recurrente, éste formaliza el motivo segundo en el que denuncia lo que denomina vacío probatorio sobre el ejercicio de presión o influencia sobre los miembros de la Comisión, ni por sí mismo ni a través de ninguna otra persona y reitera el calificativo de contradictorio para la identificación del Sr. Isidro Camilo como la persona de la que supuestamente pretendería servirse la Sra. Irene Herminia para llegar a la Comisión de Urbanismo a que lo llevaría, dice el motivo, al absurdo de que resultarían dos coautores cuando mal se puede influir o presionar a quién se tiene en sentencia por coautor. Tampoco las actuaciones desplegadas por la Sra. Irene Herminia, como Alcaldesa del municipio de La Muela, pueden incardinarse como una consecuencia de ningún tipo de presión o influencia ejercitada por parte del Sr. Isidro Camilo

En el motivo tercero el recurrente denuncia indebida aplicación del tipo penal del artículo 429 del Código Penal, alegando que, si la finalidad de la influencia es el Decreto de la Alcaldía de 23 de septiembre de 2008, por el que se acordaba la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización que afecta al Sector denominado «Suelo urbanizable no delimitado colindante con el POLÍGONO000 de La Muela al «P.G.O.U.» de la Muela, promovido por «IMBISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.»», recuerda que éste es considerado por el Tribunal de instancia como una resolución ajustada a Derecho, lícita y correcta en cuanto a su contenido, sin que ningún reproche de antijuridicidad pueda derivarse del dictado de la misma (folio 170 de sentencia). A lo que añade el argumento de que si la finalidad de la influencia es una resolución exigible y lícita podría considerarse socialmente adecuada, como razón que excluyera la antijuridicidad, en la medida que, exenta de lo espurio, la resolución no vulneraría el bien jurídico protegido, ya que con la sanción se busca la imparcialidad en cuanto instrumental para la salvaguarda de la corrección jurídica de las decisiones.

4.- Es pues evidente que, como la misma sentencia de instancia proclama, la decisión de las cuestiones suscitadas por el recurso del Sr. Isidro Camilo es absolutamente inescindible de la respuesta dada al que planteó la coacusada Dª Irene Herminia.

Por ello debemos remitir este recurso a la misma reposición de actuaciones a que condujo el recurso de su coacusada.

Recurso de D. Alexander Sergio y D. Alexander Norberto

VIGÉSIMO OCTAVO.- 1.- Con amplia amalgama de invocación de normas, que implican confusión sobre la naturaleza de los proteicos motivos invocados contra la exigencia de nítida separación, estos recurrentes fundan su impugnación, en lo que ahora interesa, en la puesta en cuestión del relato de hechos probados de que parte la recurrida.

Los particulares más relevantes de impugnación de aquel relato, ora bajo protesta de denegación de tutela en cuanto a la motivación, ora por estimar que los documentos acreditan el error, ora por considerar que entre unos y otros de los tenidos por probados concurre contradicción, son: a) Que el pago de 303.000 euros a Dª Virginia no fue efectuado por los recurrentes, sino por su padre y con cargo a fondos de «ARANADE» y niegan que, en cualquier caso, tal pago fuera en concepto de sobreprecio de las participaciones, que con tal entrega se recibían de la entidad «TIG»;

b) esa entrega se habría utilizado, a la vez, como puesta de manifiesto de renta en los recurrentes a efectos de sus respectivos IRPF y también como base imponible en el impuesto de sociedades de «ARANADE»; c) la transmisión de las participaciones por los recurrentes a su hermana Dª María habría evidenciado una alteración patrimonial para los vendedores.

La sentencia de instancia condena a ambos recurrentes imputándoles un delito contra la Hacienda en relación con su IRPF del año 2006 por razón de los hechos descritos en el epígrafe D-1. Y la calificación jurídica se justifica en las páginas 271 y siguientes de la sentencia. Parte del informe de la inspección de «AEAT». Allí se identifica como «mecanismo evasor» el generado por las operaciones de compra y venta de las participaciones de la entidad «TUDELA INMOBILIARIA DE GESTIÓN». El fraude derivaría de las diferencias no declaradas entre el precio de venta al matrimonio Jacobo Marcos Irene Herminia y el precio de la recompra de las mismas a tal matrimonio. La diferencia, dice la sentencia, ascendió a 1.775.217,22 euros pagados con fondos ocultos de la entidad «ARANADE».

A su vez, el precio de recompra vendría determinado, según se explica en la sentencia, siguiendo el informe de la inspección obrante, en este particular, al folio 75.544 (tomo 217), por el precio logrado al vender los terrenos TIG, porque ese precio sería la referencia que marcaría el verdadero valor de las participaciones en dicha mercantil.

Añade como contenido defraudado la plusvalía generada por la transmisión (fuese venta o fuese Dación) de sus participaciones a la hermana Dª María. Lo que supuso para los transmitentes una renta no declarada de 1.402.573,889 euros. Esa plusvalía derivaría de la diferencia de valor del suelo (patrimonio de TIG) ya no era de 6 euros sino de 5.988,65 euros por metro.

2.- Ciertamente los hechos recogidos en el apartado D) no justifican en la sentencia la condena de Dª Irene Herminia, ya que a ella por tales hechos se le imputa en la sentencia recurrida solamente el delito de tráfico de influencias. No obstante, su intervención en la actividad que justifica la condena de los hermanos aquí recurrentes es, como dejamos expuesto, trascendente. A Dª Irene Herminia se le imputa la compra, primero, y la reventa, después, de las participaciones en TIG como parte del fundamento fáctico del delito de cohecho por el que fue condenada. La eventual exclusión de éste podría afectar a la consideración de la recompra como acto que hizo aflorar la renta de los hermanos recurrentes imputable al ejercicio de 2006. Como para ellos es relevante el interrogatorio de dicha coacusada -que podrá llevarse a cabo tras la reposición del procedimiento al comienzo del juicio oral- a los efectos de prueba de los hechos que se le atribuyen a ellos para justificar su condena por delito fiscal. Porque si ellos pagaron o no los 606.000 euros es, sin duda, un elemento esencial. Como lo es para determinar la renta o las alteraciones patrimoniales de los recurrentes fijar el contenido económico real de las relaciones del matrimonio Jacobo Marcos Irene Herminia con los recurrentes y la empresa «ARANADE».

Que la cuota evadida, según la imputación que justifica la condena, se derive de otra operación, como la transmisión de participaciones a la hermana Dª Sonsoles Marisa, y ello pueda entenderse que justifica por sí solo la condena por delito fiscal, no impide que la determinación de aspectos relevantes, como el importe de la multa o la cuantificación de la responsabilidad civil, resulte vinculada a los resultados probatorios de la reanudación procedimental que se impone a consecuencia de la nulidad declarada a partir de los recursos de Dª Irene Herminia y D. Adriano Eleuterio. Por ello no podemos entrar a examinar plenamente el recurso de estos penados. El objeto procesal queda pues a expensas de esa reposición de actuaciones siquiera con la advertencia de que la decisión que se adopte no podrá perjudicarles respecto del contenido de la condena que ellos recurren.

En esa parcial medida de dejar sin efecto su condena, estimamos este recurso.

Recurso de D. Virgilio Cecilio VIGÉSIMO NOVENO.- 1.- El primero de los motivos cuestiona la declaración de hechos probados alegando que aquella no respetó las exigencias del canon de presunción constitucional de inocencia.

Los hechos a que se refiere son los descritos en los epígrafes siguientes:

A).- E-1 referido al acuerdo del Pleno Municipal de 20 de julio de 2007 del que formaba parte el recurrente como concejal al que siguió el Decreto de la Alcaldesa, la coacusada Dª Irene Herminia, convocando procedimiento negociado son publicidad y culminó con acuerdo de la mesa de contratación adjudicando el servicio de aguas al coacusado D. Adriano Eleuterio. Respecto de los mismos se condenó a la coacusada Dª Irene Herminia por delito de prevaricación del cual el recurrente fue penado como cooperador ya que el rescate del servicio y la adjudicación a «NTA» fueron resoluciones arbitrarias y caprichosas de la Sra. Irene Herminia, ejecutadas con la colaboración del concejal de obras (Sr. Gines Segundo) v del concejal de aguas (Sr. Virgilio Cecilio).

Se alega también por el recurrente que no tuvo ocasión de formular pregunta alguna a la acusada Sra. Irene Herminia, ya que ésta no fue oída en el plenario pese a haberse solicitado su declaración por su defensa de oficio en varias ocasiones

B).- El epígrafe E-3 recoge el apartado de hechos probados atribuidos a este recurrente en su condición de Concejal. Firmó 26 de las 27 certificaciones correspondientes a las facturas presentadas, en reflejo de que el trabajo reflejado en las facturas se había hecho y se había cumplido la finalidad de la subvención y el motivo alega que, en cuanto al delito de fraude no se ha probado que el recurrente tuviera conocimiento alguno del supuesto concierto que se dice trabado entre la Sra. Irene Herminia y el Sr. Adriano Eleuterio en el año 2005 y, en cuanto al delito de falsedad, tampoco se ha probado que supiera o debiera haber sabido que los certificados técnicos que se le entregaron con las facturas que visó, no reflejaban en todos los casos obras realizadas u obras completamente realizadas.

C).- Según el epígrafe E-4 fue el recurrente penado como cooperador de la coacusada Dª Irene Herminia por delito de malversación, alegando el recurrente que no consta acreditado que consintiera la malversación que en este concepto se imputa a la Sra. Irene Herminia como autora y que se funda como hecho probado en que la acusada Dª Irene Herminia durante su mandato como Alcaldesa de La Muela destinó recursos públicos cuya tenencia y capacidad de disposición ostentaba en su calidad de Alcaldesa, para adquirir bienes y realizar gastos de naturaleza particular. Entre ellos, se dice como hecho probado en aquel epígrafe, Dª Irene Herminia adquirió a cargo del Ayuntamiento dos teléfonos móviles, marca «Iphone» a la mercantil «CIC COMUNICACIONES» que luego regaló a sus familiares y lo hizo con la anuencia y colaboración del concejal también acusado D. Virgilio Cecilio.

2.- Así pues la eventualidad de la responsabilidad de este recurrente se vincula inescindible a la de Dª Irene Herminia, en lo material, por ser el título de su condena la de cooperador necesario de ésta, y en lo procesal, porque, como ella misma denuncia, se denegó indebidamente la posibilidad de oír la declaración den juico de la coacusada, imprescindible elementos de defensa del recurrente.

En consecuencia procede también en relación a este penado dejar sin efecto la sentencia y someter la decisión que corresponda a la reiteración del enjuiciamiento de este objeto triple del proceso, con la advertencia de que aquélla no podrá ser más gravosa para el recurrente que la de instancia que ha traído ante nosotros por vía de esta casación.

Recurso de D. Abelardo Marcelino

TRIGÉSIMO.- 1.- El primero de los motivos se formula por infracción de ley con base a lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al haber vulnerado la sentencia recurrida el artículo 24.2 de la Constitución Española, condenando a D. Abelardo Marcelino como autor de un delito imprudente de blanqueo de capitales del art. 301.3 del Código Penal, sin que, según el recurrente, exista prueba de cargo suficiente para enervar la constitucional presunción de inocencia que le ampara en relación a los requisitos jurisprudenciales exigidos para la apreciación del tipo penal imprudente del art. 301.3 del Código Penal que ha servido de base a su condena, realizando por ello la sentencia recurrida su aplicación indebida.

2.- El hecho imputado para justificar la condena por delito de blanqueo imprudente se narran en el epígrafe A-4 (pág. 103) de los hechos probados de la sentencia.

La sentencia afirma que a través de la colaboración del acusado D. Abelardo Marcelino los miembros de la familia Jacobo Marcos Irene Herminia efectuaron los ingresos fraccionados, que reseña, en diferentes cuentas bancarias con la única intención de ocultar la entidad real de lo ingresado y así evitar las normas relativas al control del blanqueo de capitales.

Tal aluvión de opacos ingresos y que en su inmensa mayoría provenían de la antecedente dinámica delictiva resultó asimismo extensible, como miembro del clan familiar, a la también acusada y hermana de la Alcaldesa, Dª Begoña Emma, titular de la caja de seguridad número 223, de la que estaba autorizada Dª Irene Herminia

Igualmente consta que el 2 de febrero de 2.006, D. Abelardo Marcelino autorizó el ingreso de 300.000 ? en la cuenta NUM042, abierta en la sucursal de «CAJALÓN» en La Muela, a nombre de D. Torcuato Hector, apareciendo como ordenante «CONSTRUCCIONES SAGAÍN». D. Torcuato Hector, primo de Dª Irene Herminia, actuó de intermediario en compraventas de suelo en La Muela en donde han intervenido «BROCOVER S.L», «SULM», «EBROGAN S.L», «SAGAIN SL», Dª Irene Herminia y su marido y otras más. La falta de identificación adecuada y con todas las garantías del ordenante del citado ingreso imposibilitó el adecuado seguimiento del origen del mismo, del que además no se dio cuenta conforme a la normativa de prevención de blanqueo de capitales.

El acusado D. Abelardo Marcelino, desde el año 1.991 hasta el año 2.009 ostentó la condición de director de la sucursal de La Muela de la entidad «CAJALON». Durante este tiempo los ingresos efectuados por el entorno de Dª Irene Herminia en la citada entidad bancaria fueron los siguientes:

En sede de fundamentación jurídica la sentencia (pág. 213 y ss) recuerda que para cumplir las exigencias típicas en este tipo de delito es preciso: en primer lugar, acreditar que el dinero tenía un origen delictivo, y, en segundo lugar, que el acusado lo conocía o lo debía conocer, dadas las circunstancias, y, si por lo tanto, pretendía ayudar a ocultar ese origen.

En relación a la modalidad imprudente del delito de blanqueo establecida en el art. 301.3 del Código Penal, ésta ha de ser grave, aunque no es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sino que por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerlas sólo con observar las cautelas propias de su actividad y, sin embargo, haya actuado al margen de tales cautelas o inobservando los deberes de cuidado que le eran exigibles y los que, incluso, en ciertas formas de actuación, le imponían normativamente averiguar la procedencia de los bienes o abstenerse de operar sobre ellos, cuando su procedencia no estuviere claramente establecida.

Concluye la sentencia que el cuadro probatorio producido en juicio, documental y testifical, arroja como resultado la participación del acusado D. Abelardo Marcelino en un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave ex. artículo 301-3 del Código Penal ante el patente incumplimiento de las expresadas obligaciones de comunicación a los servicios de Prevención de Blanqueo e identificación del cliente.

3.- Es obvio que el delito imputado, en la medida que exige la proclamación de la ilicitud del dinero de cuyo blanqueo se acusa al recurrente, no puede ser atribuido prescindiendo del enjuiciamiento de los hechos origen de la disponibilidad del dinero que se dice blanqueado por el recurrente.

Por ello, como en los casos similares antes expuestos, aquí la parcial estimación del recurso, a consecuencia de la nulidad procedimental declarada por estimación de los recursos de Dª Irene Herminia y D. Adriano Eleuterio, exige reconducir también el enjuiciamiento del objeto del proceso atribuido a este penado al nuevo enjuiciamiento tras la reposición del procedimiento al momento del comienzo de las sesiones del juicio oral. Con la advertencia de que la decisión sobre dicho objeto no podrá hacer la condena eventual de este acusado más gravosa que la establecida en la sentencia traída a esta casación.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Se imponen las costas de este recurso a aquellos cuyos recursos han sido totalmente desestimados, declarándose de oficio las derivadas de los demás recursos.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.- Estimar, con el alcance que indicaremos en cada caso, los siguientes recursos formulados contra la sentencia dictada por la Sección primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza en fecha 23 de septiembre de 2016.

El recurso formulado, subsidiariamente por Dª Irene Herminia, declarando la nulidad del procedimiento en lo relativo al enjuiciamiento de los delitos a ella imputados, con la excepción del que concierne a los delitos por los que viene absuelta en la instancia. En consecuencia, tal procedimiento se repondrá al momento del comienzo de las sesiones de la vista del Juicio Oral, que se celebrará por el Tribunal de la instancia con una composición personal que excluirá a los Ilustrísimos Señores Magistrados que dictaron la sentencia aquí casada. Al igual que respecto del delito de exacciones ilegales que aparece descrito en el epígrafe C del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada.

Desestimar parcialmente el recurso de esta penada en cuanto solicita la absolución, con declaración de oficio de las costas derivadas del mismo.

2.- Estimar el recurso formulado subsidiariamente por D. Adriano Eleuterio y el «ENTE GESTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (NTA)», con igual declaración de nulidad del procedimiento en lo relativo al enjuiciamiento de los delitos imputados y responsabilidad civil exigida a estos recurrentes. En consecuencia, tal procedimiento se repondrá al momento del comienzo de las sesiones de la vista del Juicio Oral. Se declaran de oficio las costas derivadas de su recurso de casación.

3.- Se ratifica la sentencia de instancia en lo relativo a los acusados absueltos y en relación con los cuales no se ha formulado recurso por las acusaciones.

4.- Se ratifica la sentencia de instancia en lo relativo a los acusados penados y en relación con los cuales no se ha formulado recurso por las acusaciones ni por los penados cuya condena se funda en la conformidad prestada por ellos.

Respecto de todos estos penados podrá aplicarse extensivamente los eventuales resultados favorables del reiterado enjuiciamiento sin así procediera por concurrir los requisitos del artículo 903 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

5.- Estimar el recurso formulado por D. Agustin Urbano, casando y anulando la sentencia recurrida en cuanto condena a este penado, con las consecuencias que establecemos en la segunda sentencia a continuación de esta casacional. se declaran de oficio las costas derivadas en casación de este recurso.

6.- Estimar el recurso formulado por D. Desiderio Sabino anulando y dejando sin efecto la sentencia de instancia en los términos que se dirán en la segunda sentencia limitados a la individualización de la pena. Se declaran de oficio las costas derivadas en casación de este recurso.

7.- Estimar el recurso formulado por D. Isidro Camilo, casando y anulando la sentencia en los mismos términos respecto a este penado que declaramos la nulidad de procedimiento a instancia de Dª Irene Herminia y D Adriano Eleuterio. En consecuencia, se repone el procedimiento para el enjuiciamiento de las acusaciones contra este penado al momento de inicio de las sesiones de la vista del Juicio Oral. Se declaran de oficio las costas de este recurso.

8.- Estimar el recurso formulado por D. Alexander Norberto y D. Alexander Sergio anulando la sentencia en los mismos términos respecto a estos penados que declaramos la nulidad de procedimiento a instancia de Dª Irene Herminia y D. Adriano Eleuterio. En consecuencia, se repone el procedimiento para el enjuiciamiento de las acusaciones contra estos penados al momento de inicio de las sesiones de la vista del Juicio Oral. Se declaran de oficio las costas derivadas de este recurso.

9.- Estimar el recurso formulado por D. Cornelio Evelio, anulando la sentencia en los mismos términos respecto a este penado que declaramos la nulidad de procedimiento a instancia de Dª Irene Herminia y D Adriano Eleuterio. En consecuencia, se repone el procedimiento para el enjuiciamiento de las acusaciones contra este penado al momento de inicio de las sesiones de la vista del Juicio Oral. Se declaran de oficio las costas derivadas de este recurso.

10.- Estimar el recurso formulado por D. Abelardo Marcelino anulando la sentencia en los mismos términos respecto a este penado que declaramos la nulidad de procedimiento a instancia de Dª Irene Herminia y D. Adriano Eleuterio. En consecuencia, se repone el procedimiento para el enjuiciamiento de las acusaciones contra este penado al momento de inicio de las sesiones de la vista del Juicio Oral. Se declaran de oficio las costas derivadas de este recurso.

11.- Estimar el recurso formulado por D. Romeo Ovidio, casando y anulando la sentencia de instancia en cuanto condena a este recurrente por delito de falsedad, dictándose al respecto segunda sentencia a continuación de esta de casación, y se desestima en lo demás el recurso ratificando la condena por el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. Se declaran de oficio las costas derivadas de este recurso.

12.- Desestimar el recurso formulado por D. Luis Ramírez Martínez, confirmando su condena en la instancia como autor responsable de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios descrito en el epígrafe B-3 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de dieciséis meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuota impagadas e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años. Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas en la instancia y las derivadas de este recurso de casación

13.- Desestimar el recurso formulado por D. Nemesio Emiliano confirmando su condena en la instancia como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.004 descrito en el epígrafe B-2 de los hechos probados del que resulta acusado en grado de cooperador necesario con

D. Torcuato Hector.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas en la instancia y las derivadas de este recurso de casación.

14.- Desestimar los recursos formulados por D. Donato Emiliano y D. Abilio Candido y la entidad «EIS ARAGON 2008 SL» confirmando sendas condenas de la instancia a D. Donato Emiliano, y a D. Abilio Candido y a la entidad «EIS ARANGÓN 2008 SL», con imposición de las costas sus recursos.

15.- Estimar el recurso de casación en su día formulado por Dª Esperanza Olga, dejando sin efecto alguno la imposición de responsabilidad civil a su cargo. Se declaran de oficio las costas derivadas de su recurso

16.- Desestimar el recurso formulado por el Ministerio Fiscal en lo relativo a la pretensión de imposición de responsabilidad civil a Dª Irene Herminia y D. Pedro Porfirio por el hecho del apartado B-1 sobre la que habrá de resolverse en la nueva sentencia a dictar en la instancia a resultas de la reposición del procedimiento al comienzo de las sesiones del Juicio Oral.

Estimar parcialmente el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal en lo relativo a la pretensión que se formula por los hechos del apartado C referida a los acusados Dª Irene Herminia, D. Pedro Porfirio y D. Desiderio Sabino, en el sentido de lo que al respecto se resuelve por estimación parcial del recurso del Ayuntamiento de Las Muela. Declarando de oficio las costas derivadas de su recurso.

17.- Desestimar parcialmente el recurso del Ayuntamiento de La Muela en lo relativo a la pretensión de imposición de responsabilidad civil a Dª Irene Herminia y D Pedro Porfirio por el hecho del apartado B-1 sobre la que habrá de resolverse en la nueva sentencia a dictar en la instancia a resultas de la reposición del procedimiento al comienzo de las sesiones del Juicio Oral.

Estimar parcialmente el recurso del Ayuntamiento de La Muela en lo relativo a la pretensión que se formula por los hechos del apartado C referida a los acusados Dª Irene Herminia, D. Pedro Porfirio y D. Desiderio Sabino, respecto del que se deja sin efecto lo decidido en la instancia pero sobre la que habrá de resolverse en la nueva sentencia a dictar en la instancia a resultas de la reposición del procedimiento al comienzo de las sesiones del Juicio Oral. Se declaran de oficio las costas de este recurso de casación.

18.- En lo relativo a la responsabilidad civil, comiso, imposición de costas causadas a la acusación particular y compensación de medidas cautelares se determinará el alcance de las estimaciones de los recursos en la segunda sentencia que se dictará a continuación de esta de casación.

Comuníquese dicha resolución y la que se dicte a continuación a la mencionada Audiencia, con devolución de la causa en su día remitida.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recursos e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

RECURSO CASACION núm.: 2471/2016

Ponente: Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

SEGUNDA SENTENCIA 

Segunda Sentencia

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Andrés Martínez Arrieta

D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

D. Luciano Varela Castro

D. Antonio del Moral García Dª. Ana María Ferrer García

En Madrid, a 7 de mayo de 2018.

Esta sala ha visto la causa rollo nº 46/2014, seguida por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, dimanante del Procedimiento Abreviado nº 91/2008, instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de la Almunia de Dª Godina, por delitos de estafa, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, falsedad, exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a los funcionarios, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, estafa, tenencia ilícita de armas e información privilegiada, contra Dª Irene Herminia, nacida en Zaragoza, el día NUM118 de 1.957, con D. N. I. n° NUM119, hija de Estanislao Fulgencio y de Cristina Petra, D. Adriano Eleuterio, nacido en Zaragoza, el día NUM120 de 1.978, con D. N. I. n° NUM121 hijo de Armando Horacio y de Tania Lina, D. Julio Iñigo, nacido en La Rasa-Burgo de Osma (Soria), el día NUM122 de 1.952, con D. N. I. n° NUM123 hijo de Camilo Efrain y de Esperanza Yolanda, D. Felipe Ovidio, nacido en Huesca, el día NUM124 de 1.970, con D. N. I. n° NUM125, hijo de Demetrio Efrain y Justa Alicia, D. Gines Segundo, nacido en Zaragoza, el día NUM126 de 1.966, con D. N. I. nº NUM127, hijo de Valentin Anselmo y Camino Sonsoles, D. Anselmo Victorino, nacido en Zaragoza, el día NUM128 de 1.969, con D. N. I. nº NUM129, hijo de Sixto Segismundo y Palmira Apolonia, D. Hipolito Evelio, nacido en Madrid el día NUM130 de 1.959, con D. N. I. n° NUM131, hijo de Carmelo Pelayo y Valle Inocencia, D. Sergio Victorino, nacido en Zaragoza, el día NUM132 de 1.980, con D. N. I. nº NUM133, hijo de Jacobo Marcos y de Irene Herminia, D. Jacinto Bernardino, nacido en Zaragoza el día NUM134 de 1.973, con D. N. I. n° NUM135, hijo de Jacinto Bernardino y de Catalina Mariana, D. Humberto Isidro, nacido en Guadalajara el día NUM136 de 1.953, con D. N. I. n° NUM137, hijo de Donato Conrado y Salome Benita,

D. Donato Emiliano, nacido en Utrera (Sevilla), el día NUM138 de 1.953, con D. N. I. n° NUM139, hijo de Inocencio Gumersindo y Sagrario Justa, D. Romeo Ovidio, nacido en Madrid el día NUM140 de 1.944, con D. N. I. n° NUM141, hijo de Lazaro Victor y de Azucena Adela, D. Torcuato Hector, nacido en Zaragoza el día NUM142 de 1.952, con D. N. I. n° NUM143, hijo de Eugenio Prudencio y Gemma Delia, con domicilio en Zaragoza, D. Isidro Camilo, nacido en Alegia, (Guipúzcoa) el día NUM144 de 1.949, con D. N. I. n° NUM145, hijo de Genaro Nemesio y Sara Regina, 15º).- D. Jacobo Marcos, nacido en Villasayas (Soria) el día NUM146 de 1.947, con D. N. I. n ° NUM147, hijo de Genaro Nemesio y Loreto Angeles, D. Pedro Porfirio, nacido en La Muela (Zaragoza) el día NUM148 de 1.950, con D. N. I. n° NUM149, hijo de Luis Torcuato y Justa Alicia, D. Bartolome Victorino, nacido en Madrid el día NUM150 de 1.973, con D. N. I. n° NUM151, hijo de Sixto Segismundo y Palmira Apolonia, D. Ricardo Torcuato, nacido en Madrid el día NUM152 de 1.944, con D. N.I. n° NUM153, hijo de Carlos Ovidio y Eulalia Juliana, D. Victor Carlos, nacido en Olivenza (Badajoz) el día NUM154 de 1.971, con D. N. I. n° NUM155, hijo de Dimas Samuel y Esperanza Yolanda, D. Cornelio Ricardo, nacido en Granada el día NUM156 de 1.948, con D. N. I. n° NUM157, hijo de Julian Genaro y de Palmira Apolonia, D. Mariano Oscar, nacido en Madrid el día NUM158 de 1.948, con D. N. I. nº NUM159, hijo de Juan Lazaro y de Edurne Jacinta, D. German Nicolas, nacido en Daroca (Zaragoza) el día NUM160 de de 1.949, con D. N. I. nº NUM161, hijo de Camilo Efrain y de Luisa Sonsoles, D. Serafin Nicolas, nacido en Santa Cruz de Grió, el día NUM162 de 1.955, con D. N. I. n ° NUM163, hijo de Romualdo Felipe y de Palmira Apolonia, D. Virgilio Cecilio, nacido en Zaragoza el día NUM164 de 1.959, con D. N. I. n° NUM165, hijo de Argimiro Bernardino y de Ines Barbara, D. Nicolas Norberto, nacido en Zaragoza el día NUM166 de 1.956, con D.N.I. n° NUM167, hijo de Angel Gervasio y de Africa Gregoria, D. Marino Hector, nacido en Zaragoza el día NUM168 de 1.958, con D. N. I. n° NUM169, hijo de Angel Gervasio y de Africa Gregoria, Desiderio Sabino, nacido en Donostia el día NUM170 de 1.954, con D. N. I. nº NUM171, hijo de Epifanio Leoncio y de Tamara Isidora, D. Abilio Candido, nacido en Sotillo Del Rincón (Soria) el día NUM172 de 1.950, con D. N. I. nº NUM173, hijo de Teodosio Isidro y de Begoña Violeta, D. Nemesio Emiliano, nacido en Gallur (Zaragoza) el día NUM174 de 1.954, con D. N.I. n° NUM175, hijo de Aurelio Rafael y de Aida Carmen, D. Agustin Urbano, nacido en Zaragoza el día NUM176 de 1.971, con D. N. I. n° NUM177, hijo de Modesto Artemio y de Esperanza Yolanda, D. Abelardo Marcelino, nacido en Épila (Zaragoza), el día NUM178 de 1.964, con D. N. I. n° NUM179, hijo de Benjamin Ovidio y de Palmira Apolonia, Dª Begoña Emma, nacida en Zaragoza el día NUM180 de 1.966, con D. N. I. n° NUM181, hija de Estanislao Fulgencio y de Cristina Petra, D. Saturnino Leandro, nacido en Zaragoza el día NUM182 de 1.986, con D. N. I. nº NUM183, hijo de Justiniano Rodolfo y de Constanza Sagrario, D. Angel Humberto, nacido en Zaragoza el día NUM184 de 1.979, con D. N. I. n ° NUM185, hijo de Justiniano Rodolfo y de Constanza Sagrario, Dª Gregoria Florinda, nacida en Calatayud (Zaragoza), el día NUM186 de 1.974, con D. N. I. n° NUM187, hija de Armando Horacio y de Jacinta Elisenda, D. Alexander Norberto, nacido en Zaragoza el día NUM188 de 1.976, con D. N. I. n° NUM189, hijo de Ernesto Ruben y de Gabriela Zaira, D. Alexander Sergio, nacido en Zaragoza el día NUM190 de 1.974, con D. N. I. n ° NUM191, hijo de Ernesto Ruben y Gabriela Zaira, D. Onesimo Leovigildo, nacido en Zaragoza el día NUM192 de 1.950, con D. N. I. nº NUM193, hijo de Sixto Segismundo y de Juana Isidora, D. Leon Eleuterio, nacido en La Muela (Zaragoza) el día NUM194 de 1.962, con D. N. I. n° NUM195, hijo de Rafael Moises y de Camino Sonsoles, D. Alexis Teodoro, nacido en La Muela, el día NUM196 de 1.954, con D. N. I. n° NUM197, hijo de Demetrio Efrain y de Maite Araceli, y como responsables civiles subsidiarios: «El Ayuntamiento de La Muela», «Activos Productivos Mirasol», «Emcozasa», «Aranade Proyectos E Invesiones S.L.U.», «Aragón Navarra de Gestión S.L.», «Tudela Inmobiliaria y Gestión S.L.U.», «Construcciones y Promociones Balzola S.A.», «Caja Rural De Aragón S.C.C. (Cajalon)», «Ferdergroup Brothers Inversiones S.L.», Ferdegroup Brothers House S.L., Construcciones Sagain S.L., Dª Amanda Martina, «Inmuebles El Raso S.L.», «Ente Gestor De Nuevas Tecnologias Del Agua S.L.», «Brocover S.A.», «Concilio Construcciones y Contratas S.L.», «PVL Viviendas De España S.L.,» y «Comofer S.L.», «Eis Aragón, S.L.» y Dª Esperanza Olga, en la cual se dictó sentencia por la mencionada Audiencia con fecha 23 de septiembre de 2016, que ha sido recurrida en casación y ha sido casada y anulada parcialmente por la dictada en el día de la fecha por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. anotados al margen.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Se acepta la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia recurrida con las siguientes advertencias y modificaciones:

a) No se considerarán probados ninguno de dichos hechos en la medida que afecte a los acusados respecto de cuyo enjuiciamiento se anula el procedimiento con reposición al momento de inicio de las sesiones de la vista del juicio oral: Dª Irene Herminia, D. Alexander Norberto, D. Alexander Sergio, D. Cornelio Evelio, D. Adriano Eleuterio, «ENTE GESTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA», D. Abelardo Marcelino y D. Isidro Camilo.

b) Tampoco los hechos atribuidos a D. Agustin Urbano en cuanto predican que el mismo conociera el destino a fraude fiscal de cantidades superiores a la suma del importe de las facturas que se dicen materialmente emitidas por él o por su indicación a nombre de «ARTEBIL».

c) Tampoco se estima probado que D. Romeo Ovidio, indicara, ni expresa ni implícitamente, en el acta que extendió el 11 de noviembre de 2008 que a esa fecha ya hubieran dado comienzo las obras de urbanización ni que tal acta fuera dirigida a lograr con consciencia de ilicitud que la Comisión de Urbanismo mudara su criterio en cuanto a la delimitación del suelo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- 1.- Los hechos imputados al acusado D. Agustin Urbano no son constitutivos de cooperación en el delito fiscal por el que venía penado y del que, por ello, conforme justificamos en la sentencia de casación, debe ser absuelto.

2.- Tampoco los hechos a que se refiere el Antecedente de Hecho c) que acabamos de exponer en el apartado anterior, permite considerar a D. Romeo Ovidio, como justificamos en la sentencia de casación, criminalmente responsable del delito de falsedad del que venía acusado.

3.- Por las razones expuestas en la sentencia de casación precedente debemos individualizar la pena a imponer a D. Desiderio Sabino rebajando en un grado la prevista para el autor en cada uno de los tres delitos por los que fue condenado en la instancia.

Tal como resulta de la instancia el importe de la cuota fiscal defraudada fue en los tres supuestos respectivamente de 406.225,50; 285.903,01 y 167.337,84 euros correspondientes respectivamente a los ejercicios de 2005, 2006 y 2007 del IRPF del que era sujeto pasivo D. Torcuato Hector. Fijamos tales importes porque son los señalados como multa en la hoja 342 de la sentencia y como responsabilidad civil en la hoja 356 de la sentencia, en el segundo caso como cuota evadida de la que responderán los penados civilmente y, por ello, en la multa porque se impuso como mínimo el tanto de aquella cuota evadida. Por ello debemos ahora imponer las multas en la mitad de tales cantidades que es el mínimo correspondiente al rebajar un grado la pena impuesta al autor.

4.- Las responsabilidades civiles, que venían declaradas en la sentencia aquí recurrida, deben sufrir las modificaciones que derivan de los hechos en la medida que en este momento quedan ratificados como probados respecto de cada acusado y con la salvedad que se indica en la parte dispositiva de esta segunda sentencia en cuanto a cada parte objeto de tal pretensión.

En lo concerniente a la responsabilidad civil impuesta a D. Desiderio Sabino por los hechos del epígrafe B-2, solidariamente con D. Torcuato Hector, D. Nemesio Emiliano, D. Agustin Urbano, D. Donato Emiliano y D. Abilio Candido, solidariamente y subsidiariamente las mercantiles, «PVL VIVIENDAS ESPAÑA, S.L.» y «CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES, S.L.» (ACTUALMENTE «EIS ARAGÓN 2.008 S.L.»), pese a que no se impone al Sr. Desiderio Sabino responsabilidad penal, al no haber hecho objeto esa condena de su recurso, nada procede modificar en esta segunda sentencia al respecto.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.- Absolver a D. Agustin Urbano, del delito fiscal por el que venía acusado con la relevación subsiguiente de responsabilidad civil al respecto declarada en la instancia. Se declara de oficio 1/147 parte de las costas de instancia.

2.- Absolver a D. Romeo Ovidio del delito de falsedad por el que venía acusado. Se declara de oficio 1/147 parte de las costas de instancia.

3.- Condenar a D. Desiderio Sabino, como autor responsable de: a) Un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.005 descrito en el epígrafe C-2 de los hechos probados como cooperador necesario de D. Torcuato Hector del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica de reparación del daño a la pena de nueve meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 203.1112,25 euros, con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de tres meses y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios por tiempo de un año y seis meses. Del pago de la multa deberá responder conjunta y solidariamente la entidad

«SAGAIN»; b).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.006 descrito en el epígrafe C-3 de los hechos probados como cooperador necesario de D. Torcuato Hector del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño a la pena de nueve meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 142.951,50 euros con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de tres meses y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios por tiempo de un año y seis meses. Del pago de la multa deberá responder conjunta y solidariamente la entidad «SAGAIN»; c).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.007 descrito en el epígrafe C-4 de los hechos probados del que resulta acusado como cooperador necesario de Torcuato Hector y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño a la pena de nueve meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 83.668, 92 euros con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de tres meses y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios por tiempo de un año y seis meses. Del pago de la multa deberá responder conjunta y solidariamente la entidad «SAGAIN».

Asimismo deberá abonar las 3/147 partes de las costas causadas en la instancia.

4.- Ratificar las absoluciones de:

- Irene Herminia : a).- Del delito de prevaricación administrativa que aparece descrito en el epígrafe C-5 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada; b).- Del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe C-5 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada; c).- Del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada; d).- Del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe F-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada; e).- Del delito de tráfico de influencias que aparece descrito en el epígrafe B-1 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada; f).- Del delito de tráfico de influencias que aparecen descritos en el epígrafe C-5 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada; g).- Del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada; h).- Del delito de uso de información privilegiada del que aparece acusada por el Ayuntamiento de La Muela y del que resulta acusada.

Se declaran de oficio las 9/147 partes de las costas causadas.

Respecto del delito de fraude y exacciones ilegales que aparece descrito en el epígrafe C del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y del que resulta acusada se deja sin efecto la condena reponiéndose el procedimiento al momento de inicio de las sesiones del juicio oral.

- «BANTIERRA» (antigua «CAJALON») del delito de blanqueo de capitales que aparece descrito en el epígrafe A-4 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal. Se declaran de oficio la 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Humberto Isidro : a).- Del delito de prevaricación administrativa que aparece descrito en el epígrafe E-1 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado; b).- Del delito de prevaricación administrativa que aparece descrito en el epígrafe F-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado; c).- Del delito de falsedad documental que aparece descrito en el epígrafe E-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado; d).- Del delito de fraude de subvenciones que aparece descrito en el epígrafe E-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio las 4/147 partes de las costas causadas en la instancia.

- D. Desiderio Sabino, del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe C-5 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio las 1/147 partes de las costas causadas en la instancia.

Respecto del delito de fraude y exacciones ilegales que aparece descrito en el epígrafe C del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado se deja sin efecto la condena reponiéndose el procedimiento al momento de inicio de las sesiones del juicio oral.

- D. Isidro Camilo; a).- Del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe C-5 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado. b).- Del delito de fraude y exacciones ilegales que aparece descrito en el epígrafe C del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio las 2/147 partes de las costas causadas en la instancia.

- D. Anselmo Victorino, a) del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado;

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas.

- D. Anselmo Victorino del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por la acusación particular ostentada por el Ayuntamiento de La Muela.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Hipolito Evelio, del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Victor Carlos, del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Victor Carlos, del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por el Ayuntamiento de La Muela.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Cornelio Ricardo, del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Cornelio Ricardo, del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por el Ayuntamiento de La Muela.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Nicolas Norberto, del delito de cohecho que aparece descrito en el epígrafe F-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Pedro Porfirio, respecto del delito de fraude y exacciones ilegales que aparece descrito en el epígrafe C del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado, se deja sin efecto la condena reponiéndose el procedimiento al momento de inicio de las sesiones del juicio oral.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Pedro Porfirio, del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por el Ayuntamiento de La Muela.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Pedro Porfirio, del delito de tráfico de negociaciones prohibidas a los funcionarios que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Mariano Oscar del delito de tráfico de influencias que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Romeo Ovidio : a).- Del delito de prevaricación administrativa que aparece descrito en el epígrafe F-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado; b).- Del delito de tráfico de influencias que aparece descrito en el epígrafe C-5 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado; c).- Del delito de tráfico de influencias que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado; d).- Del delito de falsedad documental que aparece descrito en el epígrafe B-1 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio las 4/147 partes de las costas causadas en la instancia.

- D. Torcuato Hector : a).- Del delito de tráfico de negociaciones prohibidas a los funcionarios que aparece descrito en los epígrafes B-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado; b).- Del delito de tráfico de influencias que aparece descrito en el epígrafe B-1 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado; c).- Del delito de tráfico de influencias que aparece descrito en el epígrafe C del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado; d).- Del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por el Ayuntamiento de La Muela.

Se declaran de oficio las 4/147 partes de las costas causadas en la instancia.

- D. Serafin Nicolas, del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios que aparece descrito en los epígrafes B-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 partes de las costas causadas en la instancia.

- D. German Nicolas, del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios que aparece descrito en los epígrafes B-3 del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Jacobo Marcos, del delito de tráfico de negociaciones prohibidas a los funcionarios que aparece descrito en el epígrafe D del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Jacobo Marcos, del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por el Ayuntamiento de la Muela del que resulta acusado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Anselmo Victorino, del delito de falsedad documental del que es acusado por la acusación particular ostentada por «DE BROSSE PROMOCION Y GESTIÓN INMOBILIARIA S.A.», «VEREDA DE LA DEHESA S.L» y «BROCOVER PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.».

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Anselmo Victorino, del delito de estafa del que es acusado por la acusación particular ostentada por «DE BROSSE PROMOCION Y GESTIÓN INMOBILIARIA S.A.», «VEREDA DE LA DEHESA S.L» y «BROCOVER PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.».

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Sergio Victorino del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por la acusación particular ostentada por el Ayuntamiento de La Muela.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Cornelio Ricardo, del delito de uso de información privilegiada del que es acusado por la acusación particular ostentada por el Ayuntamiento de La Muela.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Onesimo Leovigildo, del delito contra la Hacienda Pública relativo al IRPF en el ejercicio 2.003 del que resulta acusado por el Abogado del Estado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Onesimo Leovigildo, del delito contra la Hacienda Pública relativo al IRPF en el ejercicio 2.004 del que resulta acusado por el Abogado del Estado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Onesimo Leovigildo, del delito contra la Hacienda Pública relativo al IRPF en el ejercicio 2.005 del que resulta acusado por el Abogado del Estado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Onesimo Leovigildo, del delito contra la Hacienda Pública relativo al IS en el ejercicio 2.005 del que resulta acusado por el Abogado del Estado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Onesimo Leovigildo, del delito contra la Hacienda Pública relativo al IVA en el ejercicio 2.005 del que resulta acusado por el Abogado del Estado.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Marino Hector, del delito de cohecho del que venía acusado y a «PROMOCIONES BALZOLA S.A.» de los pedimentos civiles contra ella deducidos, y con relación a los hechos relatados en la letra F.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Alexander Norberto, por delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios señalados en la letra D y por delito de tráfico de influencias.

Se declaran de oficio 2/147 partes de las costas causadas en la instancia.

- D. Alexander Sergio, por delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios señalados en la letra D y por delito de tráfico de influencias.

Se declaran de oficio 2/147 partes de las costas causadas en la instancia.

- D. Ricardo Torcuato, por delito de blanqueo de capitales imputado en la letra A.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Julio Iñigo, por el delito de cohecho apartado F.

Se declaran de oficio 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

- D. Bartolome Victorino, por un delito de falsedad en documento mercantil del artículo 392 del Código Penal, en relación el artículo 390 apartados 1 ó 2, o subsidiariamente un delito de falsedad en documento privado de artículo 395 del Código penal, en concurso con un delito continuado de estafa agravada atendido el valor de la defraudación y al aprovechamiento de su credibilidad empresarial de los artículos 74, 77, 248, 249, 250 5º.

Se declaran de oficio 2/147 partes de las costas causadas en la instancia.

D. Víctor Royo Velilla, por el delito de tráfico de influencias.

Se declaran de oficio 1/147 partes de las costas causadas en la instancia.

5.- Asi mismo ratificamos las condenas impuestas a los penados conformes

D. Onesimo Leovigildo; a).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública como cómplice respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.006 descrito en el epígrafe C.3 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia modificativas de la responsabilidad criminal de confesión a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de ciento ochenta y cinco mil ochocientos treinta y seis euros (185.836 ?) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios fiscales por tiempo de un año. b).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública como cómplice respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.7 descrito en el epígrafe C.4 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia modificativas de la responsabilidad criminal de confesión, a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de ciento ocho mil setecientos sesenta y nueve euros (108.769 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios fiscales por tiempo de un año.

Asimismo deberá abonar las 2/147 partes de las costas causadas en la instancia.

D. Pedro Porfirio, así como sus tres mercantiles; a).- Como autor responsable de un delito de cohecho continuado descrito en el epígrafe A de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de atenuante analógica de confesión y reparación del daño, a la pena de veintidós meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de tres millones setecientos ochenta mil, trescientos dieciséis euros (3.780.316 ?.) con la responsabilidad personal subsidiaria de un año de privación de libertad en caso de impago y accesoria de inhabilitación para el cargo de administrador, apoderado o representante de cualquier mercantil, sociedad, fundación o de cualquier otra persona jurídica o física por tiempo de ocho años; b).- Como autor responsable de un delito de blanqueo de capitales descrito en el epígrafe A de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica de confesión, a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de ciento treinta y ocho mil euros (138.000 ?.) con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de tres meses de privación de libertad; c).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública en concepto de cooperador necesario con Irene Herminia respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.005 descrito en el epígrafe A-3 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño, a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de trescientos veintiún mil ochocientos cincuenta y tres euros (321.853 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de tres meses y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios fiscales por tiempo de seis años debiendo responder directa y solidariamente de su pago «ARANADE S.L.» conforme al art. 31.2 del Código Penal vigente al momento de los hechos; d).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública en concepto de cooperador necesario con D. Jacobo Marcos respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.005 descrito en el epígrafe A-3 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño, a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de ciento cuarenta y cuatro mil novecientos veintiún euros con veintidós céntimos (144.921,22 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de tres meses y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios fiscales por tiempo de un año y seis meses debiendo responder directa y solidariamente de su pago «ARANADE S.L.» conforme al art. 31.2 C. Penal vigente al momento de los hechos. e).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del impuesto de sociedades («ARANADE S.L.») correspondiente al ejercicio 2.005 descrito en el epígrafe A-5 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica de confesión a la pena de dos años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de un millón doscientos mil euros (1.200.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios por tiempo de cuatro años y seis meses debiendo responder directa y solidariamente de su pago «ARANADE S.L.» conforme al art. 31.2 Código Penal vigente al momento de los hechos; f).- Como autor responsable de un delito de fraude y exacciones ilegales descrito en el epígrafe B-1 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica de confesión, a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y seis años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público y accesoria de dos años de inhabilitación para el cargo de administrador, apoderado o representante de cualquier mercantil, sociedad, fundación o de cualquier persona jurídica o física.

Asimismo deberá abonar las 6/147 partes de las costas causadas en la instancia.

D. Felipe Ovidio, como autor responsable de un delito de malversación de caudales públicos concertado con D. Gines Segundo, descrito en el epígrafe E-2 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal de reparación y atenuante analógica de confesión a la pena de seis meses de prisión, que se sustituye por la pena de doce meses de multa con cuota diaria de seis euros, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público durante un año.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

D. Sergio Victorino, como autor responsable de un delito de blanqueo de capitales descrito en el epígrafe A-4 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de nueve meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de doscientos cincuenta y dos mil noventa y cinco euros (252.095 ?.) con la responsabilidad personas subsidiaria de tres meses de privación de libertad en caso de impago.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

D. Gines Segundo; a).- Como autor responsable de un delito continuado de fraude de subvenciones descrito en el epígrafe E- 3 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de cuatrocientos treinta y tres mil euros (433.000 ?), la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad en caso de impago y pérdida el derecho a obtener subvenciones y ayudas públicas durante cuatro años e indemnización al «INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA» conjunta y solidariamente con Dª Irene Herminia, D. Luis Ramíres Martínez y D. Virgilio Cecilio, en la suma de cuatrocientos treinta y dos mil setecientos treinta y siete euros con sesenta y un céntimos (432.737,61 ?.) debiendo asimismo indemnizar al Ayuntamiento de La muela, por las cantidades que éste haya indemnizado al «INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA» y que se detraigan de la indemnización inicial. b).- Como autor responsable de un delito continuado de prevaricación ex arts. 419 y 74 Código Penal descrito en el epígrafe E-1 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de diez años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público. c).- Como autor responsable de un delito continuado de prevaricación ex arts. 419 y 74 C. Penal descrito en el epígrafe F-3 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de diez años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público. d).- Como autor responsable de un delito de cohecho descrito en el epígrafe E-2 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal de reparación y atenuante analógica de confesión a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de diecisiete mil euros (17.000 ?), con la responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad en caso de impago e inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público por tiempo de seis años. e).- Como autor responsable de un delito de malversación de caudales públicos concertado entre D. Adriano Eleuterio y D. Gines Segundo descrito en el epígrafe E-2 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal de reparación y atenuante analógica de confesión a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta durante seis años. f).- Como autor responsable de un delito de malversación de caudales públicos concertado entre D. Gines Segundo y D. Felipe Ovidio descrito en el epígrafe E-2 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal de reparación y atenuante analógica de confesión a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta durante tres años. g).- Como autor responsable de un delito de tenencia ilícita de armas descrito en el epígrafe G de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y privación del derecho a la tenencia del porte y uso de armas durante tres años.

Asimismo deberá abonar las 7/147 partes de las costas causadas en la instancia.

D. Jacobo Marcos; a).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto de la defraudación del IS del año 2.008 descrito en el epígrafe A-1 de los hechos probados por cooperación necesaria del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de ciento catorce mil quinientos cuarenta y dos euros con noventa y siete céntimos (114.542,97 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad en caso de impago y la privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas publicas, incentivos y beneficios fiscales por tiempo de un año. b).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto de la defraudación del IRPF del año 2.003 descrito en el epígrafe A-3 de los hechos probados por cooperación necesaria del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal atenuante analógica de confesión a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de ciento cuarenta y cuatro mil novecientos veintiún euros con veintidós céntimos (144.921,22 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad en caso de impago y la privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios fiscales por tiempo de un año y seis meses. c).- Como autor responsable de un delito de blanqueo de capitales descrito en el epígrafe A de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal atenuante analógica de confesión a la pena de dos años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de tres millones cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos veintiseis euros (3.495.226 ?.) con la responsabilidad personas subsidiaria de seis meses de privación de libertad en caso de impago.

Asimismo deberá abonar las 3/147 partes de las costas causadas en la instancia.

D. Saturnino Leandro, como autor responsable de un delito de blanqueo de capitales descrito en el epígrafe A-4 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena nueve meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial pàra el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de doscientos veintidós mil seiscientos cincuenta y seis euros (222.656 ?.) con la responsabilidad personas subsidiaria de seis meses de privación de libertad en caso de impago.

Asimismo deberá abonar 1/146 parte de las costas causadas en la instancia.

D. Angel Humberto, como autor responsable de un delito de blanqueo de capitales descrito en el epígrafe A-4 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y tres con ochenta y cuatro euros (654.593,84 ?.) con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad en caso de impago.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

Dª Begoña Emma, como autora responsable de un delito de blanqueo de capitales descrito en el epígrafe A-4 de los hechos probados del que resulta acusada y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de cuarenta y cinco mil doscientos noventa y siete euros con setenta y siete céntimos (45.297.77?) con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad en caso de impago.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

Dª Gregoria Florinda, como autora responsable de un delito de tráfico de influencias descrito en el epígrafe F-1 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de veintidós mil euros (22.000 ?.) con la responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de prisión en caso de impago.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

D. Bartolome Victorino, como autor responsable de un delito de blanqueo de capitales descrito en el epígrafe A-2 de los hechos probados del que resulta acusada y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de doscientos cincuenta mil euros (250.000 ?.) con la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53.3 c. penal de tres meses de privación de libertad en caso de impago de la multa.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

D. Anselmo Victorino, como autor responsable de un delito de blanqueo de capitales descrito en el epígrafe A-2 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de doscientos cincuenta mil euros (250.000 ?.) con la responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad en caso de impago de la multa.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

D. Leon Eleuterio, como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del I.S. correspondiente al ejercicio 2.8 descrito en el epígrafe A-1 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal atenuante analógica de confesión y atenuante de reparación del daño a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de ciento catorce mil quinientos cuarenta y dos euros con noventa y siete céntimos (114.542,97 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios fiscales por tiempo de un año. conforme al art. 31-2 C. Penal vigente al momento de los hechos «EIS SL» responderá directa y solidariamente del pago de la multa.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

D. Alexis Teodoro, como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del I.S. correspondiente al ejercicio 2.008 descrito en el epígrafe A-1 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal atenuante analógica de confesión y atenuante de reparación del daño a la pena de seis meses de prisión con la accesoria inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de ciento catorce mil quinientos cuarenta y dos euros con noventa y siete céntimos (114.542,97 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios fiscales por tiempo de un año. Conforme al art. 31-2 C. Penal vigente al momento de los hechos «EIS S.L.» responderá directa y solidariamente del pago de la multa.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas en la instancia.

y D. Torcuato Hector, a).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio 2.005 descrito en el epígrafe C-1 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica de confesión a la pena de dos años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de un millón quinientos mil euros (1.500.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de un año de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios por tiempo de cuatro años y seis meses. La entidad «ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL» responderá directa y solidariamente de la multa solicitada a D. Torcuato Hector, conforme al art. 31.2 C. Penal vigente al momento de los hechos. b).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IVA correspondiente al ejercicio del año 2.005 descrito en el epígrafe C-1 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño a la pena deun año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de doscientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta y cinco euros con cincuenta y tres céntimos (282.555,53 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas publicas, incentivos y beneficios por tiempo de tres años. La entidad «ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL» responderá directa y solidariamente de la multa solicitada a D. Torcuato Hector, conforme al art. 31.2 C. Penal vigente al momento de los hechos. c).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.003 descrito en el epígrafe B-2.1 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño, a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de un millón quinientos mil euros (1.500.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de un año de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios por tiempo de cuatro años y seis meses. d).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.004 descrito en el epígrafe B-2 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de tres millones de euros (3.000.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de un año de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas publicas, incentivos y beneficios por tiempo de cuatro años. e).- como autor responsable de un delito contra la hacienda pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.005 descrito en el epígrafe C-2 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de cuatrocientos seis mil doscientos veinticinco euros con cincuenta céntimos (406.225,50 ?) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios por tiempo de tres años. f).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.006 descrito en el epígrafe C-3 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de doscientos ochenta y cinco mil novecientos tres euros con un céntimo (285.903,01 ?) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios por tiempo de tres años. g).- como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.007 descrito en el epígrafe C-4 de los hechos probados del que resulta acusado y concurriendo la circunstancia atenuante analógica reparación del daño a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de ciento sesenta y siete mil trescientos treinta y siete euros con ochenta y cuatro céntimos (167.337,84 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas publicas, incentivos y beneficios por tiempo de tres años. h).- Como autor responsable de un delito de falsedad documental descrito en el epígrafe B-2 de que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de veintiún meses y un día de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa doce meses con una cuota diaria de seis euros y la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

Asimismo deberá abonar las 8/147 partes de las costas causadas en la instancia.

Ahora bien, ello no impedirá, por el contrario, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 903 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la nueva sentencia pueda extender respecto de los mismos los efectos que les resulten favorables como consecuencia de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en dicho precepto será necesario que, por el Tribunal de instancia, como efecto y consecuencia de lo dispuesto por este Tribunal de la casación, valore que concurre el presupuesto de aquella norma. Es decir que los acusados conformes, que acabamos de relacionar, «se encuentren en la misma situación que los recurrentes» nuevamente juzgados por razón de la estimación de sus respectivos recursos, «y les sean aplicables los motivos alegados (por esos recurrentes) por los que se declare la casación de la sentencia».

La nueva sentencia solamente extenderá sus efectos a estos penados en lo que les resulte favorable bajo la condición, además, de la identidad de situación.

6.- Ratificamos la condena de D. Nemesio Emiliano, como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.004 descrito en el epígrafe B-2 de los hechos probados del que resulta acusado en grado de cooperador necesario con D. Torcuato Hector y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de dos años de prisión con la accesoria deinhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de tres millones de euros (3.000.000 ?) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria un año de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios por tiempo de tres años.

Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas.

7.- Ratificamos la condena de D. Donato Emiliano y D. Abilio Candido y la entidad «EIS ARAGON 2008 SL» confirmando sendas condenas de la instancia a D. Donato Emiliano. a).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.003 como cooperador necesario de D. Torcuato Hector, descrito en el epígrafe B.2.1 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de setecientos treinta y tres mil euros (733.000?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de un año de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios fiscales por tiempo de seis años. b).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.004 como cooperador necesario de D. Torcuato Hector, descrito en el epígrafe B.2 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de dos millones treinta y dos mil un euros con noventa y tres céntimos (2.032.001,93 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de un año de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios fiscales por tiempo de seis años. c).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del I.S. correspondiente al ejercicio 2.006 («NUEVOS HOGARES») descrito en el epígrafe B.2.1.a. de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de seiscientos ochenta mil euros (680.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de nueve meses de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios fiscales por tiempo de tres años. d).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del I.S. correspondiente al ejercicio 2.007 («NUEVOS HOGARES») descrito en el epígrafe B.2.1.a. de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de ciento noventa y cinco mil euros (195.000?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios fiscales por tiempo de tres años. e).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.006 descrito en el epígrafe B.2.1.a. de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de ciento cuarenta y tres mil euros (143.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios fiscales por tiempo de tres años. f).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.007 descrito en el epígrafe B.2 1.a.a. de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de ciento veintitrés mil euros (123.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios fiscales por tiempo de tres años.

Asimismo deberá abonar las 6/147 partes de las costas causadas y las derivados de su recurso de casación.

Y a D. Abilio Candido, a).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.003 como cooperador necesario de D. Torcuato Hector, descrito en el epígrafe B.2.1 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de setecientos setenta y tres mil euros (773.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de un año de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios fiscales por tiempo de seis años. b).- Como autor responsable de un delito contra la hacienda pública respecto del irpf correspondiente al ejercicio 2.004 como cooperador necesario de D. Torcuato Hector descrito en el epígrafe B.2. de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de dos millones treinta y dos mil un euros con noventa y tres céntimos (2.032.001,93?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de un año de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios fiscales por tiempo de seis años. c).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del I.S. correspondiente al ejercicio 2.006 descrito en el epígrafe B.2.1.a. de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de ciento noventa y cinco mil euros (195.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios fiscales por tiempo de tres años. d).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del I.S. correspondiente al ejercicio 2.007 descrito en el epígrafe B.2.1.a. de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de ciento noventa y cinco mil euros (195.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas publicas, incentivos y beneficios fiscales por tiempo de tres años. e).- Como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.006 descrito en el epígrafe B.2.1.a.b. de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de ciento treinta y dos mil euros (132.000 ?.) con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad en caso de impago y privación del derecho de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos y beneficios fiscales por tiempo de tres años.

Asimismo deberá abonar las 5/147 partes de las costas causadas en la instancia.

8.- Los acusados, como consecuencia de las resoluciones que acabamos de establecer en relación con los recursos formulados, deberán indemnizar a las personas que se mencionarán en las siguientes cantidades:

Indemnizaciones interesadas por el Ayuntamiento de La Muela

- D. Gines Segundo, indemnizará conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de La Muela en la cantidad de doscientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta euros con cuarenta y un céntimos (298.950,41 ?.), con Dª Irene Herminia, D. Virgilio Cecilio y D. Adriano Eleuterio, éstos en la medida que, en su caso, se establezca en la nueva sentencia a dictar en la instancia y respondiendo subsidiariamente, en la medida que, en su caso, se establezca en la nueva sentencia a dictar en la instancia la entidad «ENTE GESTOR NUEVAS TECNOLOGIAS DEL AGUA, SL», sin que respecto de los mismos el importe de su responsabilidad pueda exceder de la fijada para D. Gines Segundo.

- D. Gines Segundo, indemnizará conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de La Muela en la suma a la que ascendieron los gastos provocados por el ejercicio de la acción de nulidad a determinar en ejecución de sentencia con Irene Herminia y D. Adriano Eleuterio, éstos en la medida que, en su caso, se establezca en la nueva sentencia a dictar en la instancia.

- Dª Irene Herminia, indemnizará al Ayuntamiento de La Muela, en la en la medida que, en su caso, se establezca en la nueva sentencia a dictar en la instancia que no podrá superar la suma de dos mil setecientos cincuenta y tres euros con diecisiete céntimos (2.753,17 ?.) más intereses legales, de cuyos primeros mil ochocientos ochenta y un euros (1.881 ?.) responderá, si así se determina y en la medida que se haga en la nueva sentencia a dictar en la instancia conjunta y solidariamente con aquélla D. Virgilio Cecilio, como cooperador necesario.

Indemnizaciones interesadas por el «INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA».

- D. Gines Segundo, deberá indemnizar al «INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA» en la cantidad de noventa y nueve mil novecientos veintinueve euros con sesenta y ocho céntimos (99.929,68 ?.) conjunta y solidariamente con Dª Irene Herminia, D. Virgilio Cecilio, y D. Adriano Eleuterio, en la medida que, en su caso, se establezca en la nueva sentencia a dictar en la instancia respondiendo subsidiariamente el Ayuntamiento de la Muela y también en la medida que, en su caso, se establezca en la nueva sentencia a dictar en la instancia la entidad «NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA SL (NTA)» debiendo incrementarse en los intereses de demora aplicables conforme al artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- D. Gines Segundo, por razón del hecho E-3 deberá indemnizar al «INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA» en la cantidad de cuatrocientos treinta y dos mil setecientos treinta y siete euros con sesenta y un céntimos (432.737,61 ?.) debiendo asimismo indemnizar al Ayuntamiento de La Muela en las cantidades que éste haya indemnizado al «INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA» y que se detraigan de la indemnización inicial, responderán con aquél en la medida que, en su caso, se establezca en la nueva sentencia a dictar en la instancia D. Virgilio Cecilio, conjunta y solidariamente con Dª Irene Herminia, sin que por tal concepto responda en ningún caso

D. Humberto Isidro.

Indemnizaciones interesadas por la «AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA»

Los acusados que a continuación se indican, deberán indemnizar a la «AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA» en las cantidades defraudadas que respectivamente se señalan, más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria :

D. Torcuato Hector, D. Nemesio Emiliano, D. Desiderio Sabino, D. Donato Emiliano y D. Abilio Candido, solidariamente, y subsidiariamente las mercantiles, «PVL VIVIENDAS ESPAÑA, S.L.» Y «CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES, S.L.» (actualmente «EIS ARAGÓN 2.008 SL») deberán indemnizar a la «AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA» en la cantidad de dos millones treinta y dos mil un euros con noventa y tres céntimos (2.032.001,93 ?.) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Se absuelve de dicha responsabilidad a D. Agustin Urbano.

- D. Pedro Porfirio, solidariamente, y subsidiariamente las mercantiles «TUDELA INMOBILIARIA Y GESTIÓN, SL» y las sucesoras de «ARAGÓN NAVARRA DE GESTIÓN, Sl» («ARAGÓN NAVARRA DE GESTION SLU» y «ARANADE PROYECTOS E INVERSIONES S.L.U») deberán indemnizar a la «AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA» en la cantidad de trescientos veintiún mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con catorce céntimos (321.853,14 ?.) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Responderá en la medida que, en su caso, se establezca en la nueva sentencia a dictar en la instancia Dª Irene Herminia.

- D. Jacobo Marcos y D. Pedro Porfirio, solidariamente, y subsidiariamente las mercantiles «TUDELA INMOBILIARIA Y GESTIÓN, SL» y las sucesoras de «ARAGÓN NAVARRA DE GESTIÓN, SL» («ARAGÓN NAVARRA DE GESTIÓN SLU" y «ARANADE PROYECTOS E INVERSIONES S.L.U»), deberán indemnizar a la «AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA» en la cantidad de doscientos veintidós mil novecientos cincuenta y cinco euros con sesenta y dos céntimos (222.955,72 ?) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Cantidad que ya ha sido satisfecha.

- D. Alexander Norberto, y subsidiariamente las mercantiles «TUDELA INMOBILIARIA Y GESTIÓN, SL» y las sucesoras de «ARAGÓN NAVARRA DE GESTIÓN, SL» («ARAGON NAVARRA DE GESTION SLU» y «ARANADE PROYECTOS E INVERSIONES S.L.U») deberá indemnizar a la «AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA», en la medida que, en su caso, se establezca en la nueva sentencia a dictar en la instancia.

- D. Alexander Sergio, y subsidiariamente las mercantiles «TUDELA INMOBILIARIA Y GESTIÓN, SL» y las sucesoras de «ARAGÓN NAVARRA DE GESTIÓN, SL» («ARAGÓN NAVARRA DE GESTION SLU» y «ARANADE PROYECTOS E INVERSIONES S.L.U»), deberá indemnizar a la «AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA», en la medida que, en su caso, se establezca en la nueva sentencia a dictar en la instancia.

- D. Torcuato Hector, y subsidiariamente la mercantil «ACTIVOS PRODUCTIVOS MIRASOL, SL», deberán indemnizar a la «AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA» en la cantidad de un millón sesenta y ocho mil sesenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos (1.068.072,48 ?.); (785.516,95 + 282.555,53) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

- D. Torcuato Hector, D. Donato Emiliano y D. Abilio Candido, solidariamente, y subsidiariamente la mercantil «CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES, SL» (actualmente «EIS ARAGÓN 2.008, SL»), deberán indemnizar a la «AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA» en la cantidad de setecientos veintidós mil trescientos dos euros con cincuenta y cuatro céntimos (722.302,54 ?.) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

- D. Donato Emiliano y D. Abilio Candido, solidariamente, y subsidiariamente la mercantil «CONSTRUCCIONES NUEVOS HOGARES, SL» (actualmente «EIS ARAGÓN 2008, SL»), deberán indemnizar a la «AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA» en la cantidad de ochocientos setenta y nueve mil cuatrocientos diecisiete euros con doce céntimos, (879.417,12 ?); (684.966 + 194.451,12) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

- D. Abilio Candido, Abilio Candido deberá indemnizar a la «AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA» en la cantidad de ciento treinta y un mil seiscientos cincuenta y cuatro euros con treinta y siete céntimos (131.654,37 ?.) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Se absuelve de dicha responsabilidad civil su esposa, Dª Esperanza Olga.

- D. Donato Emiliano, deberá indemnizar a la «AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA» en la cantidad de doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos diecinueve euros con catorce céntimos (264.419,14 ?). (142.166,37 + 122.252,77) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

- D. Torcuato Hector y D. Desiderio Sabino, solidariamente, y subsidiariamente la mercantil «CONSTRUCCIONES SAGAIN, SL», deberán indemnizar a la «AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA» en la cantidad de ochocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y seis con treinta y cinco céntimos (859.466,35 ?.) (406.225,50 + 285.903,01+ 167.337,84) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Es responsable civil igualmente Dª Amanda Martina, con carácter solidario respecto de la cantidad de seiscientos noventa y dos mil ciento veintiocho euros con cincuenta y un céntimos (692.128,51 ?) 406.225,50 + 285.903,01) más los intereses de demora.

Es responsable civil también, con carácter subsidiario, el acusado D. Onesimo Leovigildo, respecto de la cantidad de cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta euros con noventa y cinco céntimos (453.240,85 ?.) (285.903,01+ 167.337,84) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

- D. Pedro Porfirio, y subsidiariamente las mercantiles «ARAGÓN NAVARRA DE GESTIÓN, S.L.U.» y «ARANADE PROYECTOS E INVERSIONES, S.L.U.» deberán indemnizar a la «AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA» en la cantidad de ochocientos veinte mil setecientos setenta y dos euros con noventa y tres céntimos (820.772,93 ?.) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. y en la medida que, en su caso, se establezca en la nueva sentencia a dictar en la instancia responderán D. Alexander Norberto y D. Alexander Sergio.

- D. Leon Eleuterio, D. Alexis Teodoro y D. Jacobo Marcos, solidariamente, y subsidiariamente la mercantil «INMUEBLES EL RASO, SL», deberán indemnizar a la «AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA» en la cantidad de ciento setenta y seis mil doscientos diecinueve euros con noventa y seis céntimos (176.219,96 ?.) más el interés de demora, previsto en la disposición adicional novena, apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Dicha cantidad ya ha sido abonada a la «AEAT» con carácter previo al inicio del juicio. En la medida que, en su caso, se establezca en la nueva sentencia a dictar en la instancia Dª Irene Herminia.

- D. Donato Emiliano, por la defraudación del I.S. del año 2.006 indemnizará a la HACIENDA PÚBLICA en la suma de seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y seis euros con cuatro céntimos (684.966,04 ?.) e intereses legales, respondiendo conjunta y solidariamente D. Abilio Candido, siendo responsable civil subsidiario la entidad «EIS SL» sucesora de «NUEVOS HOGARES». Conforme al art. 31-2 C. Penal vigente al momento de los hechos «EIS SL» responderá directa y solidariamente del pago de la multa.

- D. Donato Emiliano, por la defraudación del I.S. del año 2.007 indemnizará a la HACIENDA PÚBLICA en la suma de seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y seis euros con cuatro céntimos (684.966,04 ?.) e intereses legales, respondiendo conjunta y solidariamente D. Abilio Candido, siendo responsable civil subsidiario la entidad «EIS SL» sucesora de «NUEVOS HOGARES». Conforme al art. 31-2 C. Penal vigente al momento de los hechos «EIS SL» responderá directa y solidariamente del pago de la multa.

- D. Donato Emiliano, respecto de la defraudación del IRPF correspondiente al ejercicio 2.006 indemnizará a la HACIENDA PÚBLICA en la suma de ciento cuarenta y dos mil ciento sesenta y seis euros con treinta y seis céntimos, (142.166,36 ?.) e intereses legales.

- D. Donato Emiliano, respecto de la defraudación del IRPF correspondiente al ejercicio 2.007 indemnizará a la HACIENDA PÚBLICA en la suma de ciento veintidos mil doscientos cincuenta y dos euros con setenta y siete céntimos (122.252,77 ?.) e intereses legales.

- D. Abilio Candido, respecto de la defraudación del respecto del I.S. correspondiente al ejercicio 2.006 indemnizará a la HACIENDA PÚBLICA en la suma de ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y un euro con doce céntimos (194.451,12 ?.) e intereses legales, respondiendo conjunta y solidariamente D. Donato Emiliano, siendo responsable civil subsidiario la entidad «EIS SL» sucesora de «NUEVOS HOGARES». Conforme al art. 31-2 C. Penal vigente al momento de los hechos «EIS SL» responderá directa y solidariamente del pago de la multa.

- D. Abilio Candido, respecto de la defraudación del respecto del I.S. correspondiente al ejercicio 2.007 indemnizará a la HACIENDA PÚBLICA en la suma de ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y un euros con doce céntimos (194.451,12 ?.) e intereses legales, respondiendo conjunta y solidariamente D. Donato Emiliano, siendo responsable civil subsidiario la entidad "EIS S.L." sucesora de «NUEVOS HOGARES». Conforme al art. 31-2 C. Penal vigente al momento de los hechos "EIS S.L." responderá directa y solidariamente del pago de la multa.

- D. Abilio Candido, respecto de la defraudación del respecto del IRPF correspondiente al ejercicio 2.006 indemnizará a la HACIENDA PÚBLICA en la suma de ciento treinta y un mil seiscientos cincuenta y cuatro euros con treinta y siete céntimos (131.654,37 ?.) e intereses legales.

- D. Onesimo Leovigildo, respecto de la defraudación del IRPF correspondiente al ejercicio 2.006 indemnizará a la HACIENDA PÚBLICA en la suma de doscientos ochenta y cinco mil novecientos tres euros con un céntimo (285.903,01 ?.) de la que responderá como cómplice subsidiariamente respecto de D. Desiderio Sabino y D. Torcuato Hector.

Asimismo, el importe de dichas indemnizaciones deberá incrementarse en los intereses y forma previstos por el artículo 576.1 Ley de Enjuiciamiento Civil.

9.- Absolver a Dª Irene Herminia y a D Pedro Porfirio, de la responsabilidad civil contra ellos solicitada por razón de los hechos del apartado B-1 por el que, sin embargo, fueron penados, cualquiera que sea el resultado que se establezca en cuanto a la responsabilidad penal en la segunda sentencia dictada en la instancia por razón de la nulidad que aquí hemos declarado.

10.- Respecto de la responsabilidad civil de Dª Irene Herminia, D. Pedro Porfirio y D. Desiderio Sabino, por razón de los hechos del apartado C por el que habían sido absueltos, se estaría a lo que se decida en la segunda sentencia que se dice en la instancia por la reiteración del enjuiciamiento que hemos ordenado en esta sentencia.

11.- A quienes se les confirma la condena en esta sentencia y sin perjuicio de lo que, además, se establezca en la segunda sentencia a dictar en la instancia respecto de los demás acusados cuya absolución no haya sido confirmada en esta de casación se hace expresa imposición de las costas causadas por la Abogacía del Estado y por el Ayuntamiento de La Muela, quedando excluidas las de la Acusación Particular ostentada por el «INSTITUTO DEL AGUA».

12.- Se ratifica el comiso del dinero y de los cuatro lingotes de oro intervenidos, así como el de los inmuebles de Sotogrande y la República Dominicana, del local comprado a «INMUEBLES EL RASO» el 29 de junio de 2.006 y de los ocho aparcamientos comprados a «INMUEBLES EL RASO» el 30 de septiembre de 2.008.

Respecto de los restantes bienes cuyo comiso se interesa por el Ministerio Fiscal quedan sujetos a resultas de la causa, incluido lo que pueda decidirse en la segunda sentencia a dictar en la instancia.

13.- Compensación de medidas cautelares

Asimismo, deberán compensarse las medidas cautelares impuestas durante la instrucción de la causa de comparecer apud-acta los días 1 y 15 de cada mes a razón de un día de abono por cada diez comparecencias, totalizando nueve días de abono de la pena de prisión si fuera impuesta en la segunda sentencia a dictar en la instancia impuesta a Dª Irene Herminia; doce días de abono respecto de la impuesta a D. Gines Segundo y dos días de abono respecto de la impuesta a D. Anselmo Victorino.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 76 del C. Penal, el cumplimiento de las penas impuestas no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que hayan incurrido los culpables, declarándose extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo que no podrá exceder de 20 años.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

VOTO PARTICULAR  

CONCURRENTE QUE FORMULA EL EXCMO SR. D. Antonio del Moral García A LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL RECURSO DE CASACIÓN Nº 2471/2016.

Mi discrepancia respecto de la laboriosa y de magnífica factura sentencia que precede estas líneas se refiere a un extremo muy puntual, accesorio, y, me atrevo a decir, de innecesaria mención: la referencia al art. 903 LECrim que se proclama aplicable a la sentencia que recaiga tras el nuevo juicio a celebrar respecto de los acusados afectados por la nulidad parcial declarada. Aunque en el momento actual tal alusión no significa nada inmediato, aunque puede suscitar alguna duda en la forma de afrontar ese nuevo juicio, esconde -en mi opinión- un germen de problemas que podrán aparecer o no. Pero si surgen serán consecuencia de esa alusión cuya desaparición postulé -sin encontrar eco- en la deliberación. Como prevención frente a esos futuribles me ha parecido conveniente dejar constancia de mi disentimiento.

Mi visión queda plasmada con un aserto de extremada sencillez: la eficacia extensiva de un recurso de casación consagrada en el art. 903 LECrim se agota con la resolución del recurso; no se alarga subsistiendo para sucesivas sentencias recaídas tras nuevos juicios a celebrar como consecuencia de una nulidad parcial. Ir más lejos sobredimensiona ese efecto. Esa desmesurada amplitud de la eficacia extensiva, además de no ser lógica, puede resultar perturbadora.

Resumida, la situación procesal es la siguiente:

a) Una sentencia que afecta a múltiples acusados: pluralidad subjetiva de partes pasivas. Unos son condenados y recurren; otros son condenados y se aquietan (su condena es fruto de una conformidad oficiosa); algunos, finalmente, son absueltos.

b) Son estimados algunos recursos. Entre ellos uno que implica la nulidad y repetición del juicio aunque solo respecto de un grupo de acusados.

Y la cuestión debatida se concreta en un interrogante:

¿La nueva sentencia -y en su caso el eventual recurso- podrá desplegar alguna eficacia en la situación de los sentenciados que se aquietaron con su condena y respecto de los que la sentencia ganó firmeza?

Dice el art. 903 LECrim : Cuando sea recurrente uno de los procesados, la nueva sentencia aprovechará a los demás en lo que les fuere favorable siempre que se encuentren en la misma situación que el recurrente y les sean aplicados los motivos por los que se declare la casación de la sentencia. Nunca les perjudicará en lo que les fuere adverso.

La previsión conecta con la contenida en el art. 861 bis b); Cuando el recurso hubiere sido preparado por uno de los procesados, podrá llevase a efecto la sentencia, desde luego, en cuanto a los demás sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 903.

Tiene toda su lógica esa previsión:

a) Para quien no recurre, la sentencia ha ganado firmeza. Puede ejecutarse. Eso no le impide personarse en la casación si conviene a su derecho.

b) Si la estimación de otro recurso le fuese de aplicación, por ser idéntica su posición, razones de justicia obligan a proyectar sobre él ese beneficio.

Si tras un juicio, se dicta sentencia y ésta es corregida a instancia de un recurrente, esa corrección debe proyectarse sobre los no recurrentes en lo favorable. Es natural que esa eficacia sea automática, lo que no significa que no precise de una declaración expresa que suele hacer esta Sala.

Cuando el recurso de casación desemboca en una nulidad que comporta la necesidad de repetir el juicio, en mi opinión queda cortada esa eficacia horizontal extensiva. El nuevo juicio y la nueva sentencia afectarán exclusivamente a aquellos respecto de los que se ha celebrado. No a terceros; al menos directamente. Entre otras cosas porque la nueva sentencia será fruto de una actividad probatoria que no tiene por qué coincidir (es más nunca será por definición la misma:

podrán ser los mismos testigos pero nunca las mismas declaraciones; y algunos que antes fueron acusados si declaran lo harán con otra condición). Podría, además, ser valorada por otro Tribunal diferente con criterios diferentes.

Si en el primer juicio esos acusados aceptaron los hechos y se aquietaron con la condena, al comparecer en el nuevo juicio en esa calidad híbrida de testigo/acusado ya enjuiciado, podrían negarlos. Si se llegase a un pronunciamiento contradictorio en alguno o algunos puntos la solución no ha de venir de la mano del art. 903 LECrim, sino en su caso a través de una revisión, si es que procediese (por haber aparecido de verdad elementos de prueba nuevos; no si sencillamente han fallado algunos elementos de prueba, como podría ser esa retractación ya realizada cómoda y relajadamente en la seguridad de que lo que salga de esa segunda oportunidad que se les brinda solo podrá repercutir en su beneficio. El techo está en la condena que aceptaron).

A la hora de buscar analogías, la situación descrita no parece equiparable a la del recurso interpuesto contra la misma sentencia que condenaba al coacusado. Se trata de otra sentencia tras otro juicio. Este es dato esencial. Un nuevo juicio, aunque sea sobre los mismos hechos, supone un escenario procesal radicalmente distinto. Más bien podría asimilarse ese escenario al que aparece en casos de un sentenciado que más tarde ve cómo se enjuicia por los mismos hechos a quien estaba rebelde; o a los casos de enjuiciamientos sucesivos por la formación de piezas separadas. La segunda sentencia fruto de un juicio distinto carece de eficacia extensiva sobre la anterior. Eso no obsta a que pueda habilitarse un cauce, siempre excepcional, como es la revisión si concurre uno de los supuestos que franquean esa estrecha puerta.

Declarar que la nueva sentencia tras el nuevo juicio puede variar la posición de aquellos cuya condena ya es firme, aunque nunca in peius lleva de la mano a una problemática procesal cuya respuesta no se me antoja sencilla: ¿ha de concedérseles la facultad de intervenir con plenitud de derechos en el nuevo juicio en cuanto que podría afectarles aunque solo para mejorar su situación?

Mi respuesta es obviamente negativa: ellos tuvieron su juicio con todas las garantías. Su camino procesal está finiquitado.

Si se proclama, como hace la mayoría, que la nueva sentencia puede incidir en su situación me parecía aconsejable, al menos, una indicación o sugerencia sobre la forma de afrontar ese nuevo juicio (¿con o sin intervención de esos condenados?). La solución no me parece ni simple, ni evidente. A fin de cuentas se está prolongando su propio enjuiciamiento con una segunda convocatoria aunque solo con posibilidad de subir nota.

Por lo demás, comparto la solución ofrecida por este Tribunal al entramado de problemas que se han traído a casación y que son abordados con profundidad en la sentencia que he firmado con el orgullo de ver plasmado mi nombre tras esa sólida y bien armada motivación.

Antonio del Moral García.

AUTO ACLARATORIO 

ATS Sala 2ª de 25 junio de 2018

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-Con fecha 7 de mayo de 2018, esta Sala dictó sentencia nº 213/2018, en el recurso de casación nº 2471/16 , interpuesto por D. Donato Emiliano , D. Abilio Candido , Dª Esperanza Olga y la entidad«Eis Aragon 2008 SL», D. Alexander Norberto y D. Alexander Sergio , D. Cornelio Evelio , D. Adriano Eleuterio , D. Abelardo Marcelino y la entidad «Ente Gestor De Nuevas Tecnologias Del Agua SL» (NTA), Dª Irene Herminia , D. Agustin Urbano , D. Alvaro Claudio , D. Isidro Camilo , D. Nemesio Emiliano , D. Romeo Ovidio , D. Humberto Isidro , El Ayuntamientode La Muelay porEl Ministerio Fiscal,contra la sentencia dictada por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, con fecha 23 de septiembre de 2016 .

SEGUNDO.-Notificada dicha resolución a las partes se solicitaron aclaración de dicha sentencia por el procurador D. Roberto Granizo Palomeque, que lo es de D. Alexander Norberto y D. Alexander Sergio , en el sentido desubsanar el punto 8 del fallo de la primera sentenciaen la que se ha omitido el nombre de D. Alexander Sergio , y,eliminarde las condenas futuras porresponsabilidad civila sus representados.

Y por la procuradora Dª Esperanza Azpeitia Calvin en nombre delAyuntamiento de la Muela,rectificar en el punto12 del fallo de la primera sentenciael primer apellido de D. Humberto Isidro .

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.-El artículo 267.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , dispone la posibilidad de rectificar en cualquier momento los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales.

SEGUNDO.-Tal como indican la partes solicitantes de la aclaración, por evidente error de transcripción en el punto 8 del fallo de la primera sentencia de casación se ha omitido del nombre de D. Alexander Sergio , y en el punto 12 del mismo, error en el apellido de D. Humberto Isidro . Por ello procede su rectificación.

TERCERO.-Sin embargo la pretensión de D. Alexander Norberto y D. Alexander Sergio sobre la referencia a una eventual resolución en la sentencia que habrá de tratarse en la instancia, solamente sería admisible si se «impusiera» ahora el sentido de esa nueva sentencia a dictar, lo que aquí no ocurre. Sin embargo, la previsión, condicionada a la hipótesis de que sea de condena acota los efectos que la sentencia que dictamos puede tener.

Por ello la petición ni está justificada porque no lesiona derecho alguno, ni es de aclaración sino de mutación del fallo, fuera ya de lo que autoriza el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial antes citada.

FALLO 

LA SALA ACUERDA:Recitificar el punto 8 del fallo de la primerasentencia nº 213/2018, dictada por esta Sala en el recurso de casación nº 2471/16 de fecha 7 de mayo de 2018 , debiendo quedar redactado de la siguiente manera:

«8.- Estimarel recurso formulado porD.Alexander Norberto y D. Alexander Sergio anulando la sentencia en los mismos términos respecto a estos penados que declaramos lanulidad de procedimientoa instancia de Dª Irene Herminia y D. Adriano Eleuterio . En consecuencia, sereponeel procedimiento para el enjuiciamiento de las acusaciones contra estos penados al momento deinicio de las sesiones de la vista del Juicio Oral.Se declaran de oficio las costas derivadas de este recurso.»

Rectificar el punto 12 del fallo de la primera sentencia,debiendo quedar redactado de la siguiente manera:

«12.- Desestimarel recurso formulado porD. Humberto Isidro , confirmandosu condena en la instancia comoautor responsable de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionariosdescrito en el epígrafe B-3 de los hechos probados del que resulta acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena dedieciséis meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuota impagadas e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años. Asimismo deberá abonar 1/147 parte de las costas causadas en la instancia y las derivadas de este recurso de casación»

No ha lugara lo demás solicitado por el procurador D. Roberto Granizo Palomeque en nombre y representación de D. Alexander Sergio y D. Alexander Norberto .

Así se acuerda y firma.

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079120012018100198