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Planteamiento 

Un funcionario municipal ha sufrido acoso laboral de forma continuada por parte del Alcalde, por algunos Concejales y por parte del personal administrativo, llevándole a la situación de baja laboral. Estando dentro del año desde la reincorporación al servicio activo en régimen de comisión de servicios en otra Administración, pretende incoar un procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial. El problema se encuentra en el ámbito de la prueba de los presupuestos objetivos que dan lugar a la responsabilidad patrimonial: las funcionarios de su unidad administrativa o bien han participado en el ejercicio de mobbing o se niegan a declarar en su favor por miedo a ser sujetos pasivos del mismo.

¿Tiene posibilidades de prosperar esta reclamación de responsabilidad patrimonial con la simple formulación de los hechos y las fechas en que se ha producido el acoso laboral y la aportación de informes psiquiátricos del médico de cabecera y del médico privado?

¿Son indemnizables las percepciones que se han dejado de percibir por la situación de baja, las facturas del psiquiatra privado, el coste de los medicamentos y el salario en un segundo puesto de trabajo por el que tenía reconocida la compatibilidad?

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