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EDE 2012/157230

Recurso contencioso-administrativo de protección de derechos fundamentales: cómputo de plazos
Fecha de la consulta: 2/8/2012

Planteamiento

Respecto del recurso contencioso-administrativo de protección de derechos fundamentales, el art. 115 LJCA dice que cuando se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, el plazo de diez días se iniciará transcurridos veinte días desde la presentación del recurso.

¿Cabe ese recurso contencioso habiendo presentado el recurso de reposición al final del plazo de 1 mes desde la notificación del acto atacado?

Y si cabe, ¿quiere decir el art. 115 que no hay que esperar los 30 días para que resuelva la Administración el recurso administrativo, pudiéndose ir al contencioso tras pasar 20 días?

Y esos plazos de 20 días y de 10 días, ¿se cuentan según la LRJPAC o según LJCA y LOPJ, es decir, contando sábados o no?


Respuesta

El art. 53.2 CE establece que "cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección Primera del Capítulo II, ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional".

Esta previsión constitucional que había sido inicialmente regulada en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, se encuentra regulada actualmente en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -LJCA-.

El art. 114 LJCA determina que el procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el art. 53.2 CE, se regirá, en el orden contencioso-administrativo, por lo dispuesto en este Capítulo (Capítulo I del Título V) y, en lo no previsto en él, por las normas generales de la presente Ley.

Respecto al plazo para interponer el recurso establece el art. 115 que "será de diez días, que se computarán, según los casos, desde el día siguiente al de notificación del acto, publicación de la disposición impugnada, requerimiento para el cese de la vía de hecho, o transcurso del plazo fijado para la resolución, sin más trámites. Cuando la lesión del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, o tratándose de una actuación en vía de hecho no se hubiera formulado requerimiento, el plazo de diez días se iniciará transcurridos veinte días desde la reclamación, la presentación del recurso o el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho, respectivamente".

El art. 128 LJCA declara los plazos son improrrogables y señala que el mes de agosto tendrá carácter de hábil para el procedimiento de protección de los derechos fundamentales.

Por su parte el art. 182 de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial -LOPJ-, determina que:

"Son inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma o localidad. (...)

Son horas hábiles desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, salvo que la ley disponga lo contrario".

Del art. 115 LJCA se desprende que "el plazo para interponer este recurso será de diez días, que se computarán, según los casos, desde el día siguiente al de notificación del acto (...)" y que puede interponerse potestativamente recurso administrativo. Esta redacción no puede interpretarse de una forma restrictiva desde el punto de vista de que estamos ante un procedimiento que supone un plus de protección en materia de libertades y derechos fundamentales y que, por ello, debe interpretarse conforme a aquella finalidad de garantía suplementaria o reforzada. Así cabe, concluir que el recurso administrativo tiene carácter potestativo para el interesado, no siendo incompatible con esta vía procesal especial.

Ahora bien, en el caso de optar por la interposición del recurso habrá que respetar las reglas establecidas en el apartado 2 del art. 115 por lo que el plazo de diez días se iniciará transcurridos veinte días desde la presentación del recurso, con independencia de que la Administración haya resuelto, o no, dentro de ese plazo. Respecto al cómputo, como ya se ha dicho se consideran inhábiles los sábados y domingos, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad. A nuestro juicio una vez transcurridos dichos plazos el interesado podrá esperar a que se resuelva el recurso administrativo, de forma expresa o por silencio administrativo, y utilizar la vía contencioso-administrativa ordinaria; pero en ningún caso el procedimiento especial que nos ocupa.

Para concluir, recalcar que en ningún caso procederá computar los plazos conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cuanto la misma tiene por objeto regular distintos aspectos del funcionamiento de las Administraciones Públicas, no siendo aplicable a la Administración de Justicia en virtud de lo dispuesto en su art. 2. Además, como se ha indicado anteriormente, los días inhábiles a efectos procesales, se determinan en el art. 182 LOPJ.