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Planteamiento 

Nos encontramos con que existe un procedimiento sancionador por una infracción urbanística, tramitándose paralelamente su legalización por el interesado.

Resulta que, habiendo finalizado el procedimiento de recaudación, el interesado obtiene la legalización y solicita la reducción del 60%, argumentando que, aunque únicamente se puede solicitar la reducción en el periodo voluntario, resulta que él no pudo solicitarlo en plazo puesto que no se había resuelto aún la legalización solicitada.

¿Se le debe denegar la reducción? ¿Puede solicitar la reducción presentando únicamente la solicitud de legalización? ¿Cómo deberá actuar la Administración en ese caso?

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