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Documento

 
EDE 2012/153323

Canarias. Solicitud de reducción del 60% en el importe de la multa por infracción urbanística
Fecha de la consulta: 30/7/2012

Planteamiento

Nos encontramos con que existe un procedimiento sancionador por una infracción urbanística, tramitándose paralelamente su legalización por el interesado.

Resulta que, habiendo finalizado el procedimiento de recaudación, el interesado obtiene la legalización y solicita la reducción del 60%, argumentando que, aunque únicamente se puede solicitar la reducción en el periodo voluntario, resulta que él no pudo solicitarlo en plazo puesto que no se había resuelto aún la legalización solicitada.

¿Se le debe denegar la reducción? ¿Puede solicitar la reducción presentando únicamente la solicitud de legalización? ¿Cómo deberá actuar la Administración en ese caso?


Respuesta

En la regulación del restablecimiento del orden jurídico urbanístico perturbado, el DLeg 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias -TRLOTCENC-, dentro de las medidas de disciplina urbanística, en su art. 178, sobre la legalización de los actos de parcelación, urbanización, construcción, edificación o uso del suelo, establece:

"1. La legalización, si procede, de los actos de parcelación, urbanización, construcción, edificación, uso del suelo y subsuelo requerirá el otorgamiento de la licencia urbanística y las autorizaciones previas complementarias, en su caso, que los legitimen.

2. Para la solicitud, tramitación y resolución de la legalización regirán las mismas reglas establecidas para las licencias urbanísticas y otras autorizaciones que deban ser otorgadas, con las adaptaciones que se precisen reglamentariamente. Las resoluciones que se adopten sobre la legalización deberán ser notificadas a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

3. Si, al tiempo de formular la propuesta de resolución o de dictar la resolución definitiva del procedimiento sancionador, se hubiese obtenido la legalización de la edificación o resolución judicial firme suspensoria de la orden de demolición, se propondrá o acordará la multa que deba imponerse, con aplicación sobre la misma de una reducción del sesenta por ciento".

El apartado 3 de este precepto, que contempla esa reducción del 60% sobre la multa a imponer en el paralelo procedimiento sancionador que se tramite frente a la comisión de un ilícito urbanístico, se introdujo en el TRLOTCENC por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación de dicha norma. Según el Preámbulo de esta Ley, con esta medida se trata de suavizar "con carácter permanente las sanciones derivadas de infracciones urbanísticas", pues la situación a la que atiende dicha norma reflejaba, según el legislador, "un severo régimen sancionador de las infracciones, en el que no se tuvo en cuenta la posibilidad de reducir las sanciones previstas con carácter general en aquellas situaciones donde el infractor coopere con la Administración en el restablecimiento del orden jurídico alterado (...)". Junto a esta reducción, y con la misma finalidad, se contemplan otras como la del art. 182.2 TRLOTCENC, también introducido por Ley 4/2006, de 22 de mayo:

"2. Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago".

La reducción de aplicación a la hora de determinar la cuantía de la sanción a imponer al inculpado en el procedimiento sancionador urbanístico, del 60 % de aquélla, como especifica el precepto que comentamos, y al que parece referirse el Ayuntamiento consultante, lo es si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago. Es decir, que la legalización de la edificación debe haberse obtenido tras la imposición de la multa, pero siempre que se solicite por el interesado con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago. En este supuesto, y ya finalizado el procedimiento de recaudación de la multa impuesta en el procedimiento sancionador urbanístico que se tramitó, es cuando el interesado obtiene la legalización y solicita entonces la reducción del 60 % referida, argumentando que, aunque reconoce que únicamente se puede solicitar la reducción en el período voluntario, no pudo hacerlo puesto que no se había resuelto aún la legalización solicitada. De los términos del precepto que comentamos, parece evidente que procede rechazar la solicitud del interesado, denegando esa reducción del 60 %, que es ejercitable y aplicable en los términos que indica dicho precepto, presupuestos que aquí no se dan.

Por otro lado, solicitando la reducción de la sanción y presentando sólo la solicitud de la legalización, hay que tener en cuenta que se establece en este precepto que la legalización en este caso debe ser instada dentro del plazo habilitado al efecto (art. 177.3 TRLOTCENC: "Al suspenderse el acto o el uso y, en otro caso, al incoarse procedimiento sancionador, se requerirá al afectado para que inste la legalización en el plazo de tres meses, prorrogable por una sola vez por otros tres meses en atención a la complejidad del proyecto, o proceda a ajustar las obras al título habilitante en el plazo previsto en el mismo"). Es decir, que la legalización debió ser instada por el interesado en el plazo de tres meses a contar desde el requerimiento efectuado en tal sentido por la Administración actuante al suspender el acto o uso en curso de ejecución o al incoarse el procedimiento sancionador (prorrogable por una sola vez, a solicitud del interesado antes del transcurso de aquellos tres meses que se le concedieron para instar la legalización). Por eso, transcurrido el plazo habilitado al efecto para instar la legalización, como suponemos que aquí acaece (cuando ya se dictó resolución en el procedimiento sancionador, y es durante el procedimiento de recaudación de la multa cuando insta aquella legalización), no resulta aplicable la reducción en la sanción del art. 182.2 TRLOTCENC.

En interpretación de este precepto, podemos citar la Sentencia del TSJ Canarias (Sta. Cruz de Tenerife) de 30 de septiembre de 2008 (EDJ 2008/280258), que señala que para aplicar la reducción del 60 % de la multa que contempla son requisitos necesarios, que se exigen coetáneamente, que el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, y siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago. En el supuesto objeto de dicha sentencia, sólo se cumplía uno de los requisitos, el relativo al momento de la solicitud, pero cuando la misma se efectúa no se había obtenido aún la legalización, y ello aunque fuera previsible, por lo que al no darse la coetaneidad exigida por el art. 182.2 TRLOTCENC, la reducción del 60 % no resulta aplicable.