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EDE 2012/108893

Procedimiento abierto de licitación de obras: consecuencias jurídicas del incumplimiento del plazo de adjudicación
Fecha de la consulta: 15/6/2012

Planteamiento

Licitada una obra, habiéndose presentado empresas con ofertas, habiendo abierto los sobres, estando en trámite de informe técnico de valoración de las ofertas, se está incumpliendo de largo el plazo para que la Mesa proponga, al órgano competente de contratación, la empresa adjudicataria.

¿Cuáles son las consecuencias jurídicas?

¿Es causa suficiente para impugnar todo el proceso por parte de las empresas que se han presentado y las que se deriven?


Respuesta

Si estamos ante un procedimiento abierto de licitación, como regula el art. 157 y ss del RDLeg 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP-, tendremos que estar a lo dispuesto en el art. 161 de dicha norma, que determina lo siguiente:

"1. Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

2. Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3.

4. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición."

Como vemos, el art. 161.4 TRLCSP determina que, en caso de que haya transcurrido el plazo máximo de dos meses (o, en su defecto, el máximo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares), los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición, lo que implica que no tengan, necesariamente, por qué recurrir el proceso.

No obstante, en aras de evitar la posible exigencia de responsabilidades derivadas de una omisión del deber exigido a los técnicos municipales para emitir el correspondiente informe en los plazos legalmente previstos, recomendamos reconducir la situación cuanto antes para resolver de modo expreso el referido expediente administrativo en un sentido u otro.