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EDE 2012/100440

Baleares. Aplicación del Decreto-ley 5/2012 a la Administración Local
Fecha de la consulta: 7/6/2012

- OBSERVACIONES
Téngase en cuenta que con posterioridad al planteamiento de esta consulta y su respuesta, el Decreto Ley 10/2012 ha modificado la Disp. Adic. 6ª del Decreto Ley 5/2012, ampliando su ámbito de aplicación al resto de órganos estatutarios a los que, en su caso y por razón de su autonomía, no resulten de aplicación directa las medidas que contiene el citado Decreto ley.

Posteriormente, la Ley 15/2012 ha añadido un segundo párrafo a la Disp. Adic. 6ª.2 del Decreto Ley 5/2012 ordenando la remisión de la información necesaria en materia de gastos de personal y, en general, de ejecución presupuestaria para que el Gobierno Balear pueda cumplir con las previsiones contenidas en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Así mismo, el Decreto de 19 de octubre de 2012, atendiendo al Decreto Ley 5/2012, ha aprobado medidas para el personal funcionario y laboral del Consejo de Mallorca y de sus organismos autónomos respecto a reducción voluntaria de jornada, excedencia voluntaria especial y licencia especial para asuntos propios.



Planteamiento

Examinados los apartados 1º y 4º del art. 1 y la Disp. Adic 8ª del D-ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la reducción del déficit público del sector público de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de otras instituciones autonómicas, y puesto en relación con el art. 190 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Islas Baleares, nos surgen determinadas dudas sobre la aplicabilidad y extralimitación del indicado D-ley, fundamentalmente con relación al alcance y contenido de la Disp. Adic 8ª al contemplar un mandato a las administraciones locales para que adopten "los acuerdos necesarios para garantizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación efectiva de medidas equivalentes a las establecidas en el presente decreto ley."

Por otra parte, entendemos que en algunos aspectos no guarda el debido respeto a los preceptos legales de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por todo ello, se formulan las siguientes cuestiones:

1ª.- Si el D-ley 5/2012 resulta directamente aplicable al personal al servicio de la Administración local, sin necesidad de adoptar acuerdos municipales que contemplen medidas equivalentes a las contempladas en el D-ley.

2ª.- Cuáles son o cómo determinar las "medidas equivalentes" a las establecidas en el D-ley 5/2012, que debe acordar el Ayuntamiento para dar cumplimiento al mismo.

3ª.- Si el Ayuntamiento no adopta acuerdo alguno, o deja transcurrir un plazo indeterminado sin adoptar acuerdo alguno, cuáles son las actuaciones y las obligaciones del Secretario e Interventor al inaplicar las medidas previstas en el dicho D-ley para los funcionarios de la Comunidad Autónoma, sobre todo si se propone la concesión de incentivos de productividad o la aprobación de gratificaciones extraordinarias por trabajos necesarios realizados fuera del horario laboral.

4ª.- Cuál es el plazo del que dispone el Ayuntamiento para acordar las medidas equivalentes.

5ª.- Si la Disp. Adic 8ª tiene visos de vulnerar la autonomía local, al afectar al núcleo esencial de sus propias competencias.


Respuesta

A la vista de la consulta que se nos plantea, parece obligado aclarar como cuestión previa a su resolución que las disposiciones contenidas en el D-ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la reducción del déficit público del sector público de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de otras instituciones autonómicas, parecen claramente enmarcados en competencias estatutarias, tal y como refiere el art. 1.4 del propio D-ley, aunque no hubiese estado de más la expresa invocación de los concretos preceptos de la LO 2/1983, del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en que se amparan las mismas.

Respecto de la pregunta de si el D-ley 5/2012 resulta directamente aplicable al personal al servicio de la Administración local, sin necesidad de adoptar acuerdos municipales que contemplen medidas equivalentes a las contempladas en el D-ley, la respuesta debe ser negativa.

El propio D-ley, tras haber fijado en el cuerpo central de la norma las medidas de aplicación directa a todos los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma y su sector público, para hacer extensivas las mismas a otras instituciones como son el legislativo autonómico y las entidades de él dependientes, la universidad balear y los consejos insulares y administraciones locales de las Illes Balears, se remite a los términos previstos en concretas disposiciones adicionales especificas.

En lo que respecta a Consejos Insulares y el resto de administraciones locales, la Disp. Adic 8ª formula un mandato a los órganos competentes de unos y otras para adoptar "los acuerdos necesarios para garantizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación efectiva de medidas equivalentes a las establecidas en el presente Decreto-ley".

De tal manera que, si bien el objeto y finalidad de la norma debe ser atendido por todas y cada una de las administraciones y el conjunto del sector público balear, las concretas medidas contenidas en el D-ley solo tendrían aplicación directa estricta en la administración autonómica y su respectivo sector público, en tanto que en el resto de las administraciones del territorio balear que gozan de autonomía reconocida constitucional y estatutariamente, como son el parlamento y sus instituciones, la universidad y las entidades locales, y por esa misma condición, corresponderá a los respectivos órganos competentes en materia de personal adoptar "medidas equivalentes" a las establecidas en el D-ley, el cual se habría dictado, como de manera muy gráfica señala su propio preámbulo, atendiendo a una "situación de emergencia económica".

Interpretación que refuerza la dicción literal del apartado 5 del art. 1 del repetido D-ley cuando, tras remarcar la idea del "impacto equivalente" de las medidas a adoptar, establece como responsabilidad directa "de las personas titulares de los órganos competentes en materia de personal de cada entidad, ente u órgano asegurar su aplicación efectiva y garantizar el cumplimiento de esta equivalencia".

Respecto de la segunda cuestión planteada, resulta innegable que la tan repetida "equivalencia" no deja de ser un concepto jurídico de difícil determinación. Aún así, la única respuesta posible acerca de la concreta verificación de la mayor o menor adecuación de las disposiciones y actos que, en cumplimiento del D-ley, adopten y/o dicten los entes autónomos a que se refieren las Disp. Adic. 6ª, y del mismo, es que dicho examen tan sólo deberá poder ejercerse a través de los procedimientos ordinarios de control de la adecuación al ordenamiento jurídico, del que ya forma parte el propio D-ley 5/2012, de cualesquiera disposiciones y actos administrativos.

Atendiendo a la cuestión planteada en tercer lugar, para el supuesto de que el ayuntamiento no adoptase acuerdo alguno o dejase transcurrir un plazo indeterminado sin adoptarlo, creemos que la inacción sería objeto de una eventual responsabilidad meramente política, sin perjuicio de que nada obsta a por parte de la Secretaría e Intervención pueda elevarse un informe aclaratorio acerca de las implicaciones generales que la entrada en vigor del D-ley comporta para las entidades locales.

No obstante, en el caso concreto de que una concreta entidad pretendiese la adopción de actos o acuerdos del tipo que fueren y que contraviniesen la finalidad perseguida por el D-ley 5/2012, aún cuando aquella no hubiese adoptado en su respetivo ámbito medidas equivalentes a las establecidas en el D-ley para la administración autonómica y su sector público, entendemos que en el informe ordinario que, por razón de la tramitación del concreto expediente, hubieran de emitir el Secretario e Interventor de la Corporación no pueden dejar de señalar la ausencia de adopción de tales medidas por el órgano competente, a los efectos de las responsabilidades a que pudiera haber lugar.

En orden a la cuestión del plazo para la adopción autónoma por otras administraciones de medidas equivalentes a las fijadas en el D-ley para la administración autonómica y su sector público, no parece estar contemplado en la norma. No obstante, puede deducirse de la identificada como "finalidad esencial" de las medidas contempladas en el D-ley (art. 1.2) que, en tanto deben servir para "asegurar el cumplimiento del objetivo de déficit público para los años 2012 y 2013", los parámetros temporales para la adopción de medidas equivalentes en otras administraciones públicas baleares deberán ser adoptadas en la forma y plazos que razonablemente puedan servir a ese fin.

Por último, como ya podrá deducirse de lo hasta aquí expuesto, no parece que la Disp. Adic 8ª del repetido D-ley, redactada con expresa invocación de "las respectivas competencias" y sin poner en cuestión el régimen orgánico propio, esto es dejando a los órganos competentes de cada entidad la facultad originaria para determinar en primera instancia el contenido y alcance de la "equivalencia" que deben guardar las medidas a adoptar y aplicar en su propia administración, tenga visos de vulnerar la autonomía local por cuanto no parece afectar al núcleo esencial de la misma.