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EDE 2012/89068

Acuerdo plenario inicial y otro posterior, elevándolo a definitivo, sobre modificación de plantilla: plazo de interposición y cuantía de recurso contencioso-administrativo en su contra
Fecha de la consulta: 28/5/2012

Planteamiento

En un expediente de modificación de plantilla se ha adoptado acuerdo plenario inicial creando una nueva plaza, se han efectuado alegaciones por un grupo municipal y se ha adoptado nuevo acuerdo plenario desestimando las mismas. El citado grupo municipal ha votado en contra en los dos acuerdos plenarios.

El citado grupo municipal pretende recurrir por vía judicial.

¿Cuál sería el plazo para recurrir ente la jurisdicción contenciosa?

Al tratarse de un expediente con acuerdo inicial y otro posterior elevándolo a definitivo, considero que el plazo de dos meses para interponer recurso contencioso administrativo se contaría a partir del segundo acuerdo al ser el que eleva a definitivo el primero. ¿Cuál es vuestra opinión?

Teniendo en cuenta la nueva regulación de las costas procesales, si se impugna la creación de una plaza en la plantilla en base a una supuesta nulidad de actuaciones, ¿la cuantía del recurso consideráis que vendría determinada por el coste anual de la plaza creada?


Respuesta

Como bien se señala en la cuestión planteada, si el primer acuerdo era un acto por el que se procedía a la aprobación inicial de la modificación y consiguiente sometimiento a exposición al público a los efectos de presentar alegaciones contra lo acordado, obviamente no entra en juego en dicha fase la interposición de recurso administrativo alguno, por cuanto no hay acto firme en vía administrativa.

Así, respecto al acuerdo de desestimación de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación, cabe recurso contencioso-administrativo, tal y como lo recoge el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa -LJCA-, que dispone:

"1. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa especifica, se produzca el acto presunto.

2. En los supuestos previstos en el artículo 29, los dos meses se contarán a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos señalados en dicho artículo.

3. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si no hubiere requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho.

4. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.

5. El plazo para interponer recurso de lesividad será de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.

6. En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento regulado en los tres primeros apartados del artículo 44, el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado."

Por tanto, el plazo de interposición de dicho recurso contencioso-administrativo sería de dos meses desde que el concejal en cuestión tuvo conocimiento del contenido del acto, esto es, desde el día siguiente a la celebración de la sesión plenaria en la que estuvo presente y se acordó dicho punto, o, en su defecto, desde el día siguiente a la recepción de la notificación de dicho acuerdo al Sr. Concejal en cuestión.

Respecto a la cuestión relativa a una posible cuantificación del recurso, debemos remitirnos al contenido de los arts. 40 y ss LJCA.

Así, el art. 40 de dicha norma señala que es el Secretario judicial quien fijará la cuantía del recurso contencioso-administrativo una vez formulados los escritos de demanda y contestación, en los que las partes podrán exponer, por medio de otrosí, su parecer al respecto.

A tal efecto, el art. 41 LJCA señala lo siguiente:

"1. La cuantía del recurso contencioso-administrativo vendrá determinada por el valor económico de la pretensión objeto del mismo.

2. Cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor económico de la pretensión deducida por cada uno de ellos, y no a la suma de todos.

3. En los supuestos de acumulación o de ampliación, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquéllas, pero no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación"

Para el caso que nos ocupa, además, es de especial importancia el contenido del art. 42 LJCA, que fija las normas a tener en cuenta para fijar la cuantía del recurso:

"1. Para fijar el valor económico de la pretensión se tendrán en cuenta las normas de la legislación procesal civil, con las especialidades siguientes:

a) Cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, se atenderá al contenido económico del mismo, para lo cual se tendrá en cuenta el débito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de éstos fuera de importe superior a aquél.

b) Cuando el demandante solicite, además de la anulación, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, o cuando solicite el cumplimiento de una obligación administrativa, la cuantía vendrá determinada:

Primero. Por el valor económico total del objeto de la reclamación, si la Administración pública hubiere denegado totalmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante.

Segundo. Por la diferencia de la cuantía entre el objeto de la reclamación y el del acto que motivó el recurso, si la Administración hubiera reconocido parcialmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante.

2. Se reputarán de cuantía indeterminada los recursos dirigidos a impugnar directamente las disposiciones generales, incluidos los instrumentos normativos de planeamiento urbanístico, los que se refieran a los funcionarios públicos cuando no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoración económica, así como aquéllos en los que junto a pretensiones evaluables económicamente se acumulen otras no susceptibles de tal valoración.

También se reputarán de cuantía indeterminada los recursos interpuestos contra actos, en materia de Seguridad Social, que tengan por objeto la inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, cobertura de la prestación de incapacidad temporal, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores."