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EDE 2012/85377

Andalucía. Obligación de facilitar alojamiento por parte del Ayuntamiento a una familia desalojada
Fecha de la consulta: 21/5/2012

Planteamiento

Una familia va a ser desalojada de una vivienda que no es propiedad del ayuntamiento y que ocupan ilegalmente. Ante la situación de desamparo en la que puede encontrarse la familia, ¿el Ayuntamiento tiene la obligación de facilitarles, aunque sea temporalmente la utilización de algún inmueble que se encuentre vacante?


Respuesta

La cuestión que se plantea debe ser analizada en función de la asignación de competencias municipales que establece la normativa de régimen local y teniendo en cuenta la distinción entre las actuaciones obligatorias y las necesarias. Es una situación en la que, por desgracia, a consecuencia de la actual situación económica, los vecinos se encuentran cada vez con mayor frecuencia y que termina inexorablemente siendo un problema para el Ayuntamiento por su papel secular de Administración más cercana al ciudadano.

El haz de competencias municipales aparece en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local -LRBRL-, en atención a los habitantes de cada municipio y en particular para Andalucía (en desarrollo del art. 92 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía) en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía -LAULA, en cuyo art. 9 aparece la relación de las competencias municipales entre las que se incluye los servicios sociales. A este respecto existe una cierta discusión doctrinal acerca de la forma de compatibilizar las leyes estatales y autonómicas, dada la diferente técnica empleada al no fijar escalones en función de los habitantes. Así la prestación de los servicios sociales de manera obligatoria sólo se prevén en la LRBRL en los municipios de más de 20.000 habitantes.

Por lo tanto para saber si la actuación que pretende el Ayuntamiento es o no viable, y si es o no obligatoria debemos ver si tienen encaje en ese conjunto de competencias, y la respuesta en cuanto a la posibilidad es claramente positiva. Solucionar el asunto demanda una actuación que puede tener su amparo tanto en política de viviendas como sobre todo en el campo de los servicios sociales comunitarios. Y desde luego de una forma genérica entra en la potestad de promover las condiciones para que la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Así, aunque exista una deriva en la normativa sobre vivienda y debamos comprobar también la normativa patrimonial, el núcleo duro de lo que estudiamos tiene su razón de ser en los servicios sociales comunitarios, puesto que se trata de atender una situación de emergencia ante un desahucio.

Vemos que los servicios sociales comunitarios no llegan a tener el carácter de servicio básico ya que el art. 31 LAULA sólo reserva ese carácter a los recogidos en el art. 92.2.d) del Estatuto de Autonomía entre los que no se encuentran los servicios sociales comunitarios que aparecen en el apartado c).

El concepto de servicios sociales comunitarios lo vemos en la Ley 2/1988, de 4 de abril, de servicios sociales, en su art. 19 donde se dispone cómo se actúa en beneficio de la comunidad sin que se lleguen a detallar cuáles son los medios para hacerlo. No existe una relación de medidas concretas entre las que esté la obligación de proporcionar alojamiento en todo caso, cosa obvia por otra parte dado que el derecho a la vivienda pese a recogerse en la Constitución no aparece como Derecho fundamental sino como uno de los principios rectores de la vida política y social al ubicarse el art. 47 en el Capítulo III. Así, no existe esa obligación al alojamiento lo que no implica que no pueda hacerse, y de hecho es una medida que de forma transitoria forma parte de la práctica habitual de las políticas sociales municipales. Es sabido que cada Diputación aprueba el plan de servicios sociales comunitarios con los diferentes programas que permiten la intervención en las familias que lo demandan y ciertamente es habitual que una de las primeras medidas que se toman son en relación con la vivienda, su habitabilidad, la existencia de menores, la administración de los recursos de que disponga la familia etc. Hay que partir de la dificultad con que se encontrarían los profesionales de los servicios sociales para trabajar con una familiar en riesgo de exclusión si no tiene un alojamiento más o menos estable, de ahí que sea una de las primeras ayudas que se conceden para hacer frente al alquiler y al pago de suministros básicos como luz y agua. Facilitar la vivienda no es una de las prestaciones de los servicios sociales pero sí uno de los elementos del proyecto de intervención que pone en práctica el equipo de profesionales.

Sin embargo ese sistema de ayudas depende del plan provincial y de cada municipio puesto que la ley no puede descender a esos detalles, pero sí que es lógico que se adopten medidas oportunas para poner fin al problema sea mediante una ayuda o proporcionando un inmueble de forma transitoria. Por tanto nada impide que una de las medidas que se aprueben sea esa pero ello no se convierte en una obligación sino una posibilidad de acción si se poseen los recursos oportunos para ello.

Si en lugar de la ayuda que vemos se trata de permitir un uso transitorio de una vivienda, debemos acudir a la legislación patrimonial integrada por la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y su reglamento aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, y encontramos que de manera excepcional se pueden adjudicar la cesión de viviendas sin acudir al concurso como recoge el art. 37.3.c) de la citada ley. Recordemos que la ley establece que los fines de carácter social actúen como moderador del criterio de rentabilidad económica del patrimonio local.

Sin embargo parece más adecuado utilizar la vía de la cesión en precario que recoge el art. 41 de la Ley y autorizar el alojamiento transitorio en un inmueble municipal que por la sencillez de su tramitación permite atender estas situaciones de urgencia. El desarrollo de ese precepto lo vemos en el art. 79 del Reglamento aprobado por Decreto 18/2006.

En conclusión:

Primero.- No existe obligación de facilitar alojamiento por parte del Ayuntamiento a la familia desalojada. No obstante nada impide que se haga así o se preste la ayuda económica necesaria, en el marco siempre de una actuación de los servicios sociales comunitarios para lo cual se debe seguir la pauta marcada por los profesionales de ese área en la que se fijarán los compromisos adoptados por la familia intervenida.

Segundo.- En caso de que se opte por facilitar un inmueble en lugar de otorgar una ayuda la vía más aconsejable es la del precario temporal con una duración máxima de un año previsto en la legislación patrimonial citada.