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EDE 2012/76449

Canarias. Posibilidad de delegar la tramitación y recaudación de las sanciones municipales por infracción a las normas de tráfico
Fecha de la consulta: 15/5/2012

- OBSERVACIONES
Téngase en cuenta que con posterioridad al planteamiento de esta consulta y su respuesta, la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, ha establecido en su art. 32 el régimen jurídico de las encomiendas de gestión.

Téngase en cuenta también que el RD 1558/2012, de 15 de noviembre, ha modificado el art. 2 RGR sin que se vea afectado el contenido de la respuesta.



Planteamiento

¿Puede el ayuntamiento delegar la competencia al Cabildo en materia de tramitación y recaudación de las sanciones municipales por infracción a las normas de tráfico?


Respuesta

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -LRJPAC-, en su art. 127.2 determina que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario, precisando el art. 10.2 del RD 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, que en el ámbito de la Administración Local son órganos competentes para la resolución los Alcaldes u otros órganos, cuando así esté previsto en las correspondientes normas de atribución de competencias.

En este punto, resulta obligado señalar que, si bien inicialmente el citado art. 127.2 prohibía la delegación en materia sancionadora, dicha limitación ha de entenderse suprimida por la modificación que de dicho precepto realizó la Ley 4/1999, de 13 enero, con la supresión del inciso correspondiente y, como manifiesta expresamente en su exposición de motivos, "con el objeto de favorecer la descentralización en aras del principio de eficacia, se suprime la prohibición de la delegación del ejercicio de la potestad sancionadora".

Igualmente, el art. 10.3 del RD 1398/1993 regula la desconcentración de competencias sancionadoras, señalando que "los Alcaldes y los Plenos de las Entidades Locales, mediante la correspondiente norma de carácter general, podrán desconcentrar en las Comisiones de Gobierno, los Concejales y los Alcaldes las competencias sancionadoras que tengan atribuidas. Esta desconcentración estará sometida a los mismos límites y requisitos establecidos en el párrafo anterior. La norma de desconcentración se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento o medio de publicación equivalente".

Específicamente, en materia de tráfico el RDLeg 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, en su art. 71.4 determina que la sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá a los respectivos Alcaldes, los cuales podrán delegar esta facultad de acuerdo con la legislación aplicable.

A estos efectos, y respecto al ámbito que se plantea la consulta, ha de estarse como legislación aplicable:

- El art. 7.1 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-.

- El art. 15 LRJPAC.

- El art. 8 del RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación -RGR-.

Dichos preceptos no se refieren a la delegación interorgánica respecto a órganos de la misma Administración (art. 13 LRJPAC) sino interadministrativa entre distintas Administraciones Públicas).

Ha de precisarse que el art. 15 LRJPAC sólo supone en este ámbito una regulación próxima en la medida en que define la encomienda de gestión entre distintas Administraciones Públicas, pero limitadas en cuanto a su alcance. Así ,establece que por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño, una Administración podrá encomendar a otra "la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios" precisando que la encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

El supuesto objeto de consulta se reconduce a una encomienda de gestión pero en la que incluye la transferencia de la competencia-potestad y, por tanto, corresponde a la Administración Insular dictar los actos o resoluciones que afectan al procedimiento sancionador y posteriormente al recaudador.

Dicho esquema es el que se deriva de la habilitación prevista, con carácter general, para los ingresos de carácter tributario, en el art. 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, y en el art. 7 TRLRHL a favor de comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas -de ámbito superior según el art. 106.3 LRBRL.

Respecto a las multas -ingresos de derecho público no tributarios-, igualmente el art. 7 TRLRHL se refiere a la posibilidad de delegación de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los restantes ingresos de Derecho público.

Desde el punto de vista fiscal, y específicamente en cuanto al ámbito de la recaudación, igualmente el art. 8 RGR señala que corresponde a las entidades locales y a sus organismos autónomos la recaudación de las deudas cuya gestión tengan atribuida -deudas que, de acuerdo con lo previsto en los arts. 1 y 2, incluyen tanto las tributarias como demás que deriven de recursos de naturaleza pública (el art. 1.1 señala que "el Reglamento regula la gestión recaudatoria de los recursos de naturaleza pública en desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y de las demás leyes que establezcan aquellos"; el art. 2, al definir la gestión recaudatoria, determina que "consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás recursos de naturaleza pública", considerándose como deudas "todos los créditos de naturaleza pública").

Desde este punto de vista, la recaudación se podrá realizar "directamente" por las entidades locales o "por otros entes territoriales a cuyo ámbito pertenezcan"cuando así se haya establecido legalmente, cuando con ellos se haya formalizado el correspondiente convenio o cuando se haya delegado esta facultad en ellos, con la distribución de competencias que, en su caso, se haya establecido entre la entidad local titular del crédito y el ente territorial que desarrolle la gestión recaudatoria.

Por tanto, cabe concluir que existe habilitación tanto para delegar el ejercicio de la potestad sancionadora, a través de la instrucción de los correspondientes expedientes, como la recaudación de las multas que de ellos se derivan.