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Documento

 
EDE 2009/150754

Impugnación de Decreto dictado por el Alcalde
Fecha de la consulta: 28/7/2009

- OBSERVACIONES
Téngase en cuenta que con posterioridad al planteamiento de esta consulta y su repuesta, se ha dictado Sentencia de 25 de febrero de 2011,  de la Sala Tercera del TS por la que se establece como doctrina legal que “A los efectos del art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el computo del plazo de quince días para formular el requerimiento previo se computará a partir de que la Administración estatal o autonómica reciban de la Entidad Local la comunicación del acuerdo, en cumplimiento de lo establecido en el art. 56.1 de la Ley”



Planteamiento

Interesa conocer cuáles serían las fases de un expediente completo para presentar recurso de reposición y posteriormente recurso contencioso-administrativo contra un Decreto dictado por el Alcalde. Interesa conocer la legislación que lo regula.


Respuesta

Las competencias del Alcalde se encuentran reguladas en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, en el art. 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de Disposiciones legales vigentes de Régimen Local, y en el art. 41 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

Contra los actos dictados en el ejercicio de tales competencias, ya sean resoluciones que pongan fin a la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o ya sean actos o resoluciones de trámite que reúnan alguna de las características a que se refiere el art. 107.1 LRJPAC, podrá interponerse el recurso potestativo de reposición regulado en los arts. 116 y 117 del citado texto legal.

El art. 116 LRJPAC dispone que:

“1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.”

Por su parte, el art. 117 regula los plazos, estableciendo:

Art. 117. Resolución: “1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.

3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.”

No obstante lo anterior, que constituye la regla general, vamos a detenernos en dos peculiaridades que presenta el procedimiento en este punto. Por una parte, la impugnación de los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, y por otra parte, aquellos supuestos en los que el litigio surja entre dos Administraciones.

El art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contempla una especialidad del procedimiento en materia tributaria local, y dispone:

“Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición que a continuación se regula.”

Como podemos observar, en este supuesto el recurso de reposición tiene carácter obligatorio, a diferencia de la norma general que establece su carácter potestativo. Según establece el apartado ñ) del citado art. 14.2 TRLHL:

“Contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso, pudiendo los interesados interponer directamente recurso contencioso-administrativo, todo ello sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la interposición de reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales.”

Por lo demás, el citado art. 14.2 TRLHL expone extensa y pormenorizadamente las restantes características y requisitos del recurso de reposición interpuesto contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales.

En cuanto a los litigios surgidos entre Administraciones Públicas, dispone el art. 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que no cabe interponer recurso administrativo alguno, si bien, y con carácter previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, la Administración impugnante podrá requerir a la otra para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada. Al establecer el art. 44.4 LJCA que queda a salvo lo dispuesto sobre esta materia en la legislación de régimen local, hay que estar a lo establecido en el art. 65 LRBRL, que introduce modificaciones en los plazos pero mantiene el carácter potestativo del requerimiento.

Una vez expuesto el procedimiento de impugnación en vía administrativa, pasamos a analizar la interposición del recurso contencioso-administrativo. Según dispone el art. 25 LJCA dicho recurso es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, siendo asimismo admisible contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en la citada LJCA.

Los trámites del procedimiento se encuentran regulados en los arts. 45 y ss de la LJCA, a los que nos remitimos, si bien conviene realizar una matización al plazo de seis meses que el art. 46.1 establece para el caso de que el acto fuese presunto.

La STC 72/2008, de 23 de junio,  y en el mismo sentido, entre otras, la STC de 15 de diciembre de 2008  establecen que no pueden considerarse extemporáneos los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra un acto presunto de la Administración, aunque dicha interposición se haya realizado una vez transcurridos los seis meses previstos en el art. 46.1 LJCA, y así:

“En relación con el control constitucional de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados, existe ya una consolidada doctrina de este Tribunal, que arranca de la STC 6/1986, de 21 de enero , y que confirman y resumen, entre otras, las SSTC 188/2003, de 27 de octubre , y 220/2003, de 15 de diciembre, y, recientemente, la STC 3/2008, de 21 de enero . Se ha venido reiterando, conforme a esta jurisprudencia constitucional, que el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración; se ha declarado que, frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos.

Bajo estas premisas, este Tribunal ha concluido que deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable -y menos aún, con arreglo al principio pro actione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art. 24.1 CE, al primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa.”

Para finalizar, resumiremos brevemente el procedimiento hasta ahora indicado:

1.- Decreto de la Alcaldía.

2.- Impugnación en vía administrativa:

2.1.- Norma general: recurso de reposición potestativo (art. 116 LRJPAC).

2.2.- Excepciones a la norma general:

2.2.1.- Recurso de reposición obligatorio, en el caso del art. 14.2 TRLHL.

2.2.2.- Requerimiento potestativo, si es otra Administración (art. 44 LJCA).

3.- Impugnación en vía contencioso-administrativa:

3.1.- Supuestos (art. 25 LJCA).

3.2.- Tramitación (arts. 45 y ss. LJCA).